Elecciones en Ecuador | Cómo están los derechos de las mujeres y la agenda feminista en las propuestas de Arauz y Lasso
Lasso y Arauz: ¿Cómo están los derechos de las mujeres y la agenda feminista en sus propuestas?
Por Víctor Hugo Carreño
Las propuestas de Arauz y Lasso para garantizar derechos de las mujeres se fueron ampliando desde el inicio de la campaña. Los ofrecimientos son similares en temas como erradicación de la violencia o eliminación de la brecha salarial, pero los derechos sexuales y reproductivos no han tenido la misma prioridad.
Durante la campaña electoral, los candidatos presidenciales Andrés Arauz (UNES) y Guillermo Lasso (CREO-PSC) han pulido sus propuestas relacionadas a derechos de las mujeres. Ambos, coinciden en temas como la erradicación de la violencia, la eliminación de la brecha salarial o facilidades para la compra de artículos sanitarios, pero son cautelosos en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, principalmente la despenalización del aborto en otras causales, además de las ya existentes.
Derechos sexuales y reproductivos, y aborto
En sus planes de gobierno presentados al Consejo Nacional Electoral (CNE), ni Arauz ni Lasso, quienes enfrentan la segunda vuelta el 11 de abril, mencionaron los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Sin embargo, en comunicados públicos, sí lo hicieron, aunque sin planes específicos.
Antes de la primera vuelta, Arauz difundió una carta pública en la que se comprometía a impulsar políticas para garantizar el derecho a la salud de las mujeres, incluida la salud sexual y reproductiva, y para la erradicación de la violencia sexual y la prevención del embarazo adolescente.
Lasso, tras la primera vuelta, firmó un compromiso en el que indica que las políticas relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos estarán motivadas por una ética laica. Además, que no someterá a consulta popular ninguna materia sobre derechos humanos.
Según el Estudio Costos de Omisión en Salud Sexual y Salud Reproductiva en Ecuador, el costo estimado de omisión en Salud Sexual y Salud Reproductiva en el país ascendió, en 2015, a 473 millones de dólares.
Pero en ambos comunicados, ninguno de los dos candidatos mencionó explícitamente impulsar reformas para la despenalización del aborto en casos de violación, pese a que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomendó a Ecuador, en julio de 2016, revisar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para introducir excepciones adicionales a la interrupción voluntaria del embarazo.
Virginia Gómez de la Torre, directora de Fundación Desafío, considera que en los planes de trabajo de los dos candidatos hubo omisiones como planteamientos respecto al aborto o asignación de recursos para la salud sexual y reproductiva de las mujeres. “Ahora hay declaraciones, pero no más de eso”, señala.
Thalíe Ponce, gestora de Incidencia Política de CEPAM Guayaquil, señala que los derechos sexuales y reproductivos no han sido prioritario para los candidatos. “Un plan de gobierno con estas propuestas hubiera demostrado el compromiso de los candidatos con los derechos de las mujeres”, agrega.
El Código Orgánico Integral Penal permite el aborto en varias causales: si la vida o la salud de la mujer está en peligro, y si una mujer con discapacidad mental fue violada.
En dos ocasiones la Asamblea debatió el aborto en casos violación pero no logró aprobarlo. En 2013 el entonces presidente Rafael Correa amenazó con renunciar si el bloque de Alianza PAIS impulsaba aumentar la mencionada causal a las existentes. En 2019, en las reformas al COIP, llegó a votación al pleno, pero faltaron apenas cinco votos para su aprobación. Tras la votación, el Relator sobre el Derecho a la Salud pidió el respectivo veto para que la legislación permita el aborto por violación, pero el Ejecutivo, con Lenin Moreno a la cabeza, vetó parcialmente, delegando la decisión a la Corte Constitucional.
Arauz señaló en una entrevista en el portal digital GK que está a favor de la despenalización del aborto en casos de violación, pero debe haber un debate en la sociedad que incluya “la diversidad de posiciones”, y no criticó explícitamente la censura política que Correa impuso en su bloque legislativo en 2013.
En 2019, Lasso se opuso públicamente a la inclusión de nuevas causales para un aborto no punible, una de ellas el aborto por violación, cuando la Asamblea debatió las reformas al COIP ; y en 2020 pidió, en un comunicado, el veto al Código Orgánico de Salud (COS) porque -entre varias razones- se establecía un artículo que buscaba garantizar la atención médica a mujeres con abortos en curso En ese comunicado, Lasso calificó al aborto como “un crimen”.
Compromisos presidenciales a medias
Para que el próximo presidente se comprometa a garantizar los derechos de las mujeres de manera integral, la Coalición Nacional de Mujeres de Ecuador propuso un Pacto Político Fiscal a los candidatos presidenciales.
Con este pacto, varios colectivos feministas solicitaron a los candidatos que si llegan al poder se comprometan a una asignación presupuestaria para varias áreas. Entre ellas, una política integral para la plena vigencia de los derechos sexuales y reproductivos, y prevención del embarazo adolescente y despenalización del aborto en casos de violación. Además, presupuesto para crear un sistema nacional de cuidados, rentas básicas de las mujeres jefas de hogar, aplicar la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la prevención de la violencia contra las mujeres y niñas, y la prevención y erradicación del embarazo en niñas y adolescentes.
Pese a que Arauz y Lasso coinciden con algunas de las propuestas del documento del Pacto propuesto por la Coalición Nacional de Mujeres, ninguno de los dos ha firmado el compromiso. Con el primero hubo conversaciones a través de su equipo de campaña, pero finalmente no se concretó un encuentro para la firma. Con el segundo, no hubo respuesta a las solicitudes.
El candidato Andrés Arauz, en el plan de trabajo presentado al Consejo Nacional Electoral (CNE), propone la implementación de un plan de lucha contra las violencias y discriminación, y asimismo, refugios y redes de prevención. Además, la creación de un sistema nacional de cuidados. En la carta abierta difundida antes de la primera vuelta, detalla otras propuestas, como la creación de la Secretaría de las Mujeres (con rango de ministerio) o eliminar el IVA para los artículos sanitarios. De igual manera, menciona la prevención y erradicación de la violencia sexual y prevención del embarazo de niñas y adolescentes.
Mientras, Lasso, en su plan presentado al CNE, presenta propuestas como “leyes concretas y una Fiscalía preparada con personal idóneo” para que los casos de violencia de género no queden en la impunidad. Además, de promover, tanto en el sector público como privado, la flexibilización de horarios laborales para las mujeres que son madres e impulsar unaeducación sexual integral en los centros educativos.
Lasso, en el compromiso que firmó tras la primera vuelta, amplió sus propuestas para las mujeres. Entre ellas, ofrecimientos relacionados a la violencia de género, como botones de pánico y apoyar casas de acogida. En el campo educativo, una educación sexual integral laica y establecer protocolos en el sistema educativo para erradicar e identificar el abuso de niñas, niños y adolescentes.
Virginia Gómez de la Torre, de Fundación Desafío (organización que forma parte de la Coalición Nacional de Mujeres), considera que la despenalización del aborto es un tema incómodo para los candidatos, por lo que no han firmado el pacto. Además, que los ofrecimientos que llegaron después de la primera vuelta “es un baratillo de ofertas”. “Tras los resultados, se dieron cuenta que hay un electorado interesado en derechos de las mujeres que votó por otros candidatos”.
Thalíe Ponce, de CEPAM Guayaquil, señala que algunas propuestas de los candidatos sí están direccionadas a alcanzar la autonomía de las mujeres, pero no se ha incorporado intereses de otros grupos de mujeres para cumplir con el enfoque de interseccionalidad. Por ejemplo, mujeres afroecuatorianas, indígenas y de las diversidades sexuales.
Violencia, deuda histórica
Los candidatos han mencionado medidas para erradicar la violencia, como asignación de recursos para la implementación de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres o casas de acogida.
Según un informe del INEC, 65 de cada 100 mujeres ha experimentado algún tipo de violencia en su vida. El año pasado, hubo más de 100 femicidos, según Fundación Aldea.
Para Virginia Gómez y Thalíe Ponce, lo primordial es la asignación de recursos para aplicar la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer. “El tema de femicidios está ligado a la falta de presupuesto para el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, falta aplicación para que los agentes estén capacitados en enfoque de género, eso no se cumple. Esta capacitación debe ser sostenida”, explica Ponce
Además, una de las obligaciones pendientes para el Estado es la adopción de medidas para la prevención de la violencia sexual en el ámbito educativo, tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Paola Guzmán Albarracín, una estudiante que en 2002 se suicidó tras sufrir acosos y violencia sexual de parte del vicerrector del colegio en el que estudiaba. Además de reparaciones para la madre de Paola Guzmán, Petita Albarracín, una de las disposiciones de la Corte para Ecuador fue la identificación y adopción de medidas para tratar la violencia sexual en el ámbito educativo.
CEPAM acompañó a la madre de Paola Guzmán en el caso. Thalíe Ponce, de CEPAM Guayaquil, explica que con esta sentencia el Estado debe levantar estadísticas sobre casos de violencia sexual en escuelas y colegios porque las actuales son un subregistro y no los casos reales. Además, agrega, el Estado debe implementar mecanismos y protocolos para denunciar estos casos, pues por la ausencia de ellos los perpetradores quedan en la impunidad, y políticas para garantizar una educación sexual integral.
Cuidados y brecha laboral, temas pendientes
Los candidatos Arauz y Lasso han presentado políticas para los cuidados y eliminar brechas en el campo laboral. Virginia Gómez de la Torre, de Fundación Desafío, señala que en cuidados las mujeres subsidian al Estado con el trabajo no remunerado que ejercen. Por ello, considera que el próximo gobierno debe crear un Sistema Nacional de Cuidados y establecer una renta básica para mujeres jefas de hogar.
En el campo laboral, las propuestas están enfocadas en la eliminación de la brecha salarial y la discriminación. Según el último informe del INEC, el ingreso laboral promedio de un hombre es de US$ 329, mientras que el de una mujer es US$ 281. Además, el desempleo golpea más a las mujeres, según el mismo reporte: el índice para ellas es de 7,3% y para hombres 4,6%. “Todas las decisiones que se toman en medidas económicas y derechos laborales, siempre va a afectar más a las mujeres”, sostiene Thalíe Ponce.
Pero más allá de las propuestas, producto de la campaña para captar votos, Virginia Gómez señala que tanto Arauz como Lasso comparten una visión ideológica y patriarcal. “Cualquiera que gane (en las elecciones del domingo), tendría que demostrar que ha cambiado”.
