Desplazamiento forzado en Colombia | Más de 27 mil personas debieron dejar sus hogares este año, 96% más que en 2020
Más de 27.000 personas han sido víctimas de desplazamiento en 2021: Defensoría
La Defensoría del Pueblo comparó la estadística con 2020 y encontró que hay un aumento del 96 % en víctimas de desplazamiento forzado. Las cuentan hablan de 27.435 personas que han abandonado sus hogares a la fuerza en lo que va del año.
Uno de los flagelos del conflicto armado colombiano que durante 2021 ha crecido a niveles alarmantes es el desplazamiento forzado. De acuerdo con el último boletín de la Defensoría del Pueblo, entre el 1° de enero y el 31 de marzo de este año, alrededor de 27.435 personas han sido obligadas a movilizarse contra su voluntad. La estadística representa un crecimiento del 96 % en relación con el mismo periodo en 2020.
Según la entidad, en lo que va corrido del año se han registrado 65 eventos masivos de desplazamiento forzado en Colombia. En total 8.982 familias han salido de sus casas, todo para evitar quedar en medio de enfrentamientos entre las autoridades y los grupos armados ilegales, o entre las mimas organizaciones terroristas.
“En el 2020 entre enero y marzo se presentaron 33 eventos de desplazamiento masivo, lo que significa que en el 2021 hay un aumento del 96% ya que en el mismo periodo se vienen presentado 65 hechos de desplazamiento masivos, afectando a 8.982 familias / 27.435 personas, de los cuales el 53.2% son población étnica”, agregó la Defensoría.
De acuerdo con el último informe, los departamentos más afectados son, por orden de eventos, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Cauca y Nariño. Además, el departamento de Chocó ha presentado los índices más altos de confinamiento, pues 11 comunidades tuvieron que cerrar sus puertas ante el gobierno de facto que se presenta allí, por el Clan del Golfo, en una de las regiones más olvidadas por el Estado.
De la misma manera el confinamiento forzado creció de manera exponencial. Mientras entre enero y marzo de 2020 se presentaron 15 eventos, en el mismo periodo en este año las estadísticas crecieron a 53. Se trata de un aumento del 253 %, cuyas víctimas han sido 111 comunidades étnicas y campesinas a lo largo del territorio nacional.
“Las causas de la movilidad forzada son amenazas, homicidios, reclutamiento forzado, presencia de artefactos explosivos, restricciones a la movilidad impuestas por los grupos armados ilegales (que buscan el control territorial y social, y persiguen su interés estratégico sobre las riquezas naturales, los cultivos para uso ilícito (coca) y la disputa por el control del narcotráfico y de las rutas de contrabando) y los enfrentamientos entre grupos armados ilegales organizados”, agregó la entidad.
El último desplazamiento masivo se está viviendo desde el corregimiento El Plateado, en Argelia (Cauca). El pasado 26 de marzo, 2.185 personas fueron obligadas a trasladarse por enfrentamientos entre el Eln, el Ejército y la disidencia de las Farc Carlos Patiño. Durante tres días, alrededor de 950 familias llegaron a ocho sectores de Argelia, entre la cabecera municipal y las veredas.
Por otro lado, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios alertó, el pasado 23 de marzo, que más de 4.000 personas han tenido que salir desplazadas del municipio El Charco (Nariño). De acuerdo con las autoridades, allí operan grupos armados organizados que buscan hacerse con las rutas de narcotráfico de la zona, pues El Charco tiene salida al océano Pacífico.
Mientras tanto el Clan del Golfo, el grupo armado organizado con mayor presencia en el país, representó toda una pesadilla para 46 personas del casco urbano del municipio de Ituango (Antioquia), en febrero pasado. Las 20 familias, que durante días estuvieron confinadas por otra de las agrupaciones delincuenciales, fueron obligadas a desplazarse por esa organización ilegal, la cual tomó el control de la zona y, entre otras armas, está recurriendo a la instalación de minas antipersonales.
[gview file=»https://www.nodal.am/wp-content/uploads/2021/04/Portada-Primer-Boletin-Terminado-FINAL-1619448541761.pdf»]ONU pide al gobierno proteger a la población ante asesinato de líderes y ex Farc
La ONU condenó los recientes asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las Farc perpetrados en diferentes partes del país. Debido a la situación, solicitó al gobierno proteger a la población.
“Estos hechos violentos, con serios impactos en la vida de las personas y de las comunidades, están ocurriendo en territorios con presencia de grupos armados ilegales y organizaciones criminales, economías ilícitas, donde se da el reclutamiento de menores y con una limitada presencia del Estado”, manifestaron.
Desde la organización señalaron que concretamente la situación en el Cauca es de suma gravedad y requiere atención inmediata por cuenta del asesinato de la gobernadora indígena Sandra Peña y el ataque armado a su comunidad que dejo decenas de heridos cuando erradicaban cultivos de coca.
“Se evidencia el deterioro de la situación de derechos humanos y seguridad con desplazamientos forzados y ataques en contra de comunidades y autoridades étnicas, así como afectaciones a la fuerza pública”, señaló la ONU.
Sobre el recrudecimiento de los asesinatos a excombatientes de las Farc (siete en la última semana) también señalaron su preocupación.
Piden al presidente encabezar reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad
Por medio de una carta ocho representantes de organizaciones sociales le solicitaron al presidente Iván Duque que lidere la próxima reunión mensual de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, para abordar la crítica situación de orden público que afrontan varios departamentos como el Cauca, y el asesinato de excombatientes de las Farc (7 en los últimos 7 días). De acuerdo con los peticionarios, es urgente que el jefe de estado esté presente así como varios de sus ministros, como lo ordena el decreto que dio vida a esa Comisión.
En sus estadísticas manifiestan que en 38 meses de gobierno, solamente se han reunido seis veces y el gobierno envía funcionarios de «cuarta o quinta categoría».
«Lastimosamente esa Comisión no ha venido funcionando de la forma en que ha sido establecida legalmente, lo que ha hecho el gobierno es crear unas supuestas sesiones técnicas en donde van funcionarios de cuarta o quinta categoría, no solamente desconocedores de temas sino sin los avales de las carteras que representan», indicó Franklin Castañeda, delegado de las plataformas de derechos humanos en la Comisión.
Expresaron que hay asuntos como la declaración de la canciller Claudia Blum ante la ONU, (quien dijo que las disidencias de las Farc eran un incumplimiento del partido Comunes) los cuales deben ser abordados por la Comisión con suma prontitud.
«Dicha declaración debe ser objeto de análisis por parte de la CNGS, para lo cual es indispensable una explicación previa y detallada por parte del Gobierno acerca del fundamento que tenga para hacer dicha afirmación, y la manera como ello incide en la política pública y criminal de desmantelamiento de organizaciones criminales «, se lee en la misiva.
Asimismo consideran de gran importancia resolver las denuncias contra miembros de la fuerza pública por supuestos abusos y detenciones arbitrarias a líderes de comunidades campesinas.
