Continuidad vs. ruptura: Keiko Fujimori y Pedro Castillo disputan la presidencia – Por Matías Caciabue, especial para NODAL
Por Matías Caciabue*El Covid-19 fue, sin dudas, el catalizador que permitió develar la profunda crisis económica, política y social que vive el pueblo peruano. Al igual que en Chile, la estabilidad financiera y el crecimiento sostenido del PBI no implican márgenes de equidad y justicia social para las mayorías sociales. El fujimorismo, esa particular combinación de violencia dictatorial, neoliberalismo económico y farandulización de la política, no es un pasado reciente. Es, más bien, un presente continuo a través del protagonismo de su hija, Keiko. Sus prácticas políticas corruptas y autoritarias han colonizado a buena parte del sistema político. Dicho a la Argentina, el fujimoriato era una particular combinación de la dictadura de Videla y la piza con champán de Menem. Todo junto, en un explosivo y violento “2×1”. Pedro Castillo, un dirigente sindical docente de origen campesino, irrumpió sorpresivamente en la primera vuelta electoral del país y podría sintetizar una importantísima ruptura con un proyecto de país que no se ha modificado, sustancialmente, desde 1990. Crisis institucionalLuego de la tormenta desatada por la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, todo parecía volver a la normalidad. Sin embargo, tras las apariencias, sólo se estabaen una tensa calma.En septiembre de 2020, durante una sesión parlamentaria, se hizo público un audio del presidente Martin Vizcarra en los que pedía a dos colaboradoras, Miriam Morales y Karem Roca, que mintieran en una investigación parlamentaria sobre su relación con un antiguo asesor, el cantante y presentador Richard Cisneros, investigado por los contratos irregulares en el Ministerio de Cultura. En el audio se escucha a Vizcarra afirmando “primero hay que ver lo que es, y luego lo que se dirá. Hay que decir que entró dos veces [en lugar de las cinco]. Lo que está claro es que en esta investigación estamos todos involucrados”.Manuel Merino De Lama, presidente del Congreso de la República,convocó una sesión con los líderes de los partidos para evaluar si se debía solicitar una comisión de investigación o promover la dimisión de Vizcarra por “incapacidad moral”.Martin Vizcarra por entonces se defendió diciendo que todo se trataba de un “complot contra la democracia”.El 13 de septiembre, Keiko Fujimori, rechazó el pedido para destituir al presidente, Martín Vizcarra. La hija del padre peruano del neoliberalismo acudía en la defensa de Vizcarra, miembro del Partido Morado, una expresión política otrora reconocida por su prédica anti-fujimorista. “Hasta hoy no existen elementos suficientes ni procedimientos necesarios para vacar [destituir] al presidente.Si en el camino aparecen otros elementos adicionales que nos demuestren que esta medida es indispensable, no dudaremos en apoyarla. Hasta que ello suceda, debemos agotar otras posibilidades”. Cuatro días después, el 17 de septiembre, el Tribunal Constitucional de Perú rechazó, por cinco votos en contra y dos a favor, la medida cautelar que interpuso Vizcarra para evitar que el Congreso votara al día siguiente el pedido de vacancia que podría punto final a su mandato. Sin embargo, esa primera moción de vacancia en el Congreso salió a favor de Vizcarra, 87 votos a 32. El 22 de septiembre, por otro lado, el Tribunal Constitucional de Perú decidió rechazar una modificación al Código Tributario del país que favorecía a 158 empresas transnacionales y locales, las cuales se hubieran visto exoneradas de pagar impuestos. El Estado peruano habría dejado de facturar aproximadamente 3.000 millones de dólares. Entre las empresas que se podrían haber beneficiado con dicha medida, y que presentan las mayores deudas, se encuentran las del sector minero Minas Buenaventura, Antapaccay, Las Bambas, Cerro Verde, pero también las empresas de telefonía, LATAM y Scotiabank Perú, entre otras.Hacia el 10 de octubre,Daniel Soria, titular del Ministerio Publico de Perú, dictaminó la apertura de investigación a Martin Vizcarra por delitos de tráfico de influencias y obstrucción en el caso de Richard Cisneros. Por entonces afirmó que la medida tenía “como fin fortalecer el sistema presidencialista y la institución presidencial -al margen de quién sea la persona que ejerce el cargo- con el fin de evitar situaciones de inestabilidad política”.Rafael Vela, coordinador del equipo de fiscales encargados de investigar casos de corrupción de empresas en Perú, declaró el 20 de octubre pasado que un nuevo testigo acusó al presidente peruano, Martin Vizcarra, de recibir sobornos. Ante esto, el Congreso de la Republica de Perú acordó que el debate y votación de la admisión a trámite de la segunda moción de vacancia presidencial en contra de Martin Vizcarra, presentada por Unión Por El Perú –UPP, el partido ligado al ex militar nacionalista Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala, que permanece preso desde 2005 por encabezar el levantamiento armado denominado “
