Colombia | Amplio repudio a decreto de Iván Duque que permite la fumigación con glifosato
Atención: Regresa la fumigación con glifosato a Colombia
Con la firma del presidente Iván Duque al decreto que reglamenta la aspersión con glifosato para combatir los cultivos de usos ilícito, ya es solo un asunto de trámite para que la fumigación entre a operar nuevamente en el país. Esta era una prioridad para el gobierno, casi una obsesión. Sin embargo, las demandas que se interpusieron por los riesgos que representa el glifosato, tenía frenado ante la Corte Constitucional cualquier intento de fumigación hasta tanto no se cumplieran unas condiciones de seguridad para la vida, la salud y el medio ambiente.
Varios intentos ha hecho el Gobierno para poder retomar la aspersión, pero en todos a fracasado, y aunque la tendencia creciente de hectáreas cultivadas con mata de coca se quebró, eran muy pocos los avances que se lograban en cuanto a la disminución, pues peses a que el año pasado fueron erradicadas cerca de 130 mil hectáreas, la resiembra ha hecho que la reducción sea casi nula.
Firmado el decreto, es cuestión de días para que los aviones cargados de glifosato empiecen con la aspersión, y con ellos los reclamos de las comunidades, ambientalistas, organizaciones no gubernamentales, y críticos de la medida, que, como ha ocurrido en el pasado, acudirán a los tribunales para intentar frenar la fumigación. Incluso se esperan las denominadas “tutelatones”, pero el Gobierno, con otro decreto, ya parece haber establecido el blindaje.
Se trata del Decreto 333, del 6 de abril de 2021, firmado por el presidente Duque, que en el numeral 12, señala que cuando un ciudadano presente una acción de tutela contra decisiones tomadas por el mandatario, la única instancia que la resolverá será el Consejo de Estado.
Decreto 380 Del 12 de Abril… by Semana
“Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la República, incluyendo las relacionadas con seguridad nacional, así como, las actuaciones administrativas, políticas, programas y/o estrategias del Gobierno nacional, autoridades, organismos, consejos o entidades públicas relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos, serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, al Consejo de Estado”, dice el decreto.
Es decir, en las zonas donde se va a realizar la aspersión con glifosato se podrán radicar acciones de tutela contra la medida, pero estas serán objeto de reparto y llegarán al Consejo de Estado donde se tomará la decisión final. Este decreto ha sido duramente cuestionado por constitucionalistas que consideran que es un intento de limitar la tutela.
El decreto
Esa es una de las preocupaciones de las comunidades, pues, según el nuevo decreto, la consulta previa deberá adelantarse cuando la ejecución del programa de erradicación de cultivos sea susceptible de afectar directamente las comunidades étnicas. Sin embargo, no está claro quién define si la afectación es directa.
No obstante, el decreto con el que, previo aval del Consejo Nacional de Estupefacientes, se retomará la aspersión con glifosato, manifiesta que que los eventos en salud y las quejas que se deriven de los efectos del programa de aspersión, deberán atenderse de forma imparcial, independiente y comprehensiva, por una entidad distinta al ejecutor del programa. Esta es una exigencia de la Corte Constitucional.
Por eso, señala el decreto, los eventos en salud y las quejas serán atendidas por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA). Sin que haya más información al respecto.
Uno de los temas que queda claro en el decreto es que hay algunas zonas en las que bajo ningún motivo se podrá usar el mecanismo de aspersión con glifosato. Se trata de las áreas del Sistema Parques Nacionales Naturales, los Parques Naturales Regionales, los ecosistemas estratégicos como páramos, humedales categoría Ramsar y manglares, los cuerpos de agua y los centros poblados.
Para poder iniciar la aspersión, el decreto señala que se debe contar con el concepto previo de los organismos encargados de velar por la salud de la población y por la preservación y equilibrio del ecosistema del país.
No obstante, se hace una salvedad, que estaba incluida en las condiciones que planteó la Corte Constitucional para retomar la aspersión: evidencia objetiva y concluyente y esto se entiende “en los términos de la Corte, que no equivale a demostrar, por una parte, que existe certeza absoluta e incuestionable sobre la ausencia de daño. Tampoco equivale a establecer que la ausencia de daño es absoluta o que la actividad no plantea ningún riesgo en absoluto”.
Uno de los argumentos que expone el Gobierno para retomar la aspersión, además de los pocos avances logrados en reducción real del número de hectáreas cultivadas es el costo económico de otras alternativas.
Erradicar una hectárea de cultivos ilícitos de coca cuesta 4.8 millones de pesos a través de aspersión terrestre, 3.2 millones a través de los Grupos Móviles de Erradicación (GME), 3 millones a través de la Fuerza Pública y 1.8 millones mediante la aspersión aérea.
También argumentan la decisión en temas de seguridad. En lo que va del gobierno del presidente Iván Duque se han usado minas antipersonal y francotiradores para asesinar a 25 miembros de la Fuerza Pública y 4 erradicadores, y han dejado heridos a 157 miembros de la Fuerza Pública y 56 erradicadores.
Cumplidos dos años y medio de mandato de Iván Duque, por fin encontró un camino para reiniciar la aspersión con glifosato, pero esta es una batalla que empieza, vendrán demandas y medidas para tratar de evitar el comprobado efecto negativo del glifosato en el medio ambiente, y la salud de las personas, se convertirán en tutelas y está por verse si el blindaje que expidió el Gobierno para que sea el Consejo de Estado el que tome la última palabra da resultado.
La fumigación con glifosato acabaría con el 40 % de la biodiversidad
El exministro Luis Gilberto Murillo se sumó a las reacciones sobre los riesgos que provocaría la fumigación con glifosato a la salud humana y el medio ambiente. “El glifosato es un veneno para el futuro de muchas comunidades. La evidencia científica correlaciona el uso de esa sustancia con la probabilidad carcinogénica en humanos y con la pérdida de biodiversidad. El decreto 380 2021 expedido es un retroceso y una seria amenaza a la paz”.
Agregó que, aunque el Decreto 3030 de 2021 explica que las fumigaciones aéreas con glifosato nos se realizarían sobre los Parques Nacionales Naturales, ni sobre ecosistemas estratégicos como cuerpos de agua o páramos, la evidencia muestra que se relaciona con la pérdida del 40 % de la biodiversidad.
“Los argumentos para reanudar el uso del glifosato son poco convincentes ya que es irrazonablemente costoso y tiene una tasa de resiembra en más del 60 % en zonas donde ya se había erradicado. Usar esta sustancia no es solo un tema de salud humana, sino también ecosistémica”.
El Gobierno sostuvo que el decreto emitido por el Ministerio de Justicia es una hoja ruta para lo que sería eventual retorno de la aspersión aérea con glifosato en Colombia, debido a que faltan varios conceptos técnicos y científicos sobre los posibles impactos que tendría la aspersión aérea con la sustancia para erradicar los cultivos de uso ilícito en la salud humana y en los diferentes ecosistemas.
Comunidades rechazan decreto que revive aspersión con glifosato
La comisión política nacional de la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca, Amapola, y Marihuana -COCCAM-; manifestaron su rechazo al decreto presidencial 380 del 12 de abril del 2021 por el cual se reanuda el programa de aspersiones aéreas con glifosato en los territorios como herramienta privilegiada de la política antidrogas del gobierno nacional para combatir el narcotráfico.
De acuerdo con las comunidades asociadas a COCCAM, la decisión gubernamental atenta contra de la salud y la vida de las comunidades y el ambiente, y va en contravía de la implementación integral del Acuerdo Final de Paz y profundizando la crisis ambiental, social y económica que padecen los territorios.
“No entendemos porque el gobierno nacional insiste en hacer trizas el acuerdo de paz y pisotear la confianza de las comunidades cuando según informes de la UNODC el 98% de las familias inscritas en el PNIS han cumplido con lo pactado a pesar del incumplimiento del gobierno que de 99.097 familias solo ha atendido a 67.665” manifestaron voceros de COCCAM en una declaración a medios este martes en Bogotá.
Así mismo recordaron que, en 2017 fueron 17 los departamentos en los cuales se firmaron acuerdos colectivos, regionales y municipales de sustitución los cuales no fueron valorados efectivamente por el gobierno Santos “y han sido perseguidos, estigmatizados y desbaratados por el gobierno de Duque. Así mismo las familias que han manifestado su voluntad de acogerse al programa de sustitución no han sido escuchadas y en cambio han sido revictimizadas por el terror de la fuerza pública”.
Para la COCCAM, es imposible comprender que, “aunque el efecto de la pandemia producto del COVID-19 elevo los precios de los insumos y el costo de vida de la población en general, ahora el gobierno nacional calcula el costo de aspersión área por hectárea en $1.800.000 cuando la directora para la sustitución de cultivos ilícitos de la presidencia del año 2018 en respuesta a la Proposición No. 072 del Secretario General de la Cámara de Representantes argumentaba que la aspersión aérea con glifosato costaba $72.000.000 por héctarea.
“En este mismo informe se exponía que desde el 2005 al 2014 se invirtió en fumigación con glifosato 88 BILLONES de pesos a un promedio anual de 8,8 BILLONES lo cual muestra un despilfarro del presupuesto nacional en el envenenamiento de los territorios y que hoy nos serviría para sacar adelante el PNIS que según el PLAN MARCO DE IMPLEMENTACIÓN tiene un costo de 8,3 BILLONES de pesos”, indicaron los voceros de la organización.
De igual manera, la COCCAM manifiesta que en el decreto el gobierno se justifica diciendo que va dar cumplimiento al punto 4.1.3.2 Acuerdos con las comunidades, “cuando en la práctica lo que ha venido haciendo es incumpliéndole a las familias que se acogieron al PNIS según los informes de seguimiento elaborados por las organizaciones, instituciones garantes y veedores internacionales”.
“Ha desfinanciado el programa, ha construido programas paralelos desfinanciados, se niega a articular de manera integral el PNIS con el punto 1 de Reforma Rural integral, ha desconocido las instancias municipales de participación, ha excluido de la toma de decisiones a las organizaciones que hacen parte del Consejo Permanente de Dirección y ha construido cifras amañadas para justificar la militarización en los territorios, la judicialización y la represión”, precisan.
En ese sentido, la organización invitó al gobierno nacional a leer de manera integra el punto citado ya que dice que SOLO: “En los casos en los que no haya acuerdo con las comunidades, el Gobierno procederá a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, priorizando la erradicación o la aspersión de no ser posible la sustitución, teniendo en cuenta el respeto por los derechos humanos, el medio ambiente, la salud y el buen vivir”; lo cual a su juicio es violado evidentemente por el decreto 380.
Desde COCCAM invitaron a otras organizaciones que ha venido luchando por la implementación del Acuerdo de paz, a pronunciarse y movilizarse en la defensa de lo acordado y la permanencia en los territorios.
Finalmente, extendieron la invitación a entidades como la Oficina del Alto Comisionado de Paz, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la Comisión de Paz del Congreso, entre otras a que, en el marco del cumplimiento de su mandato, presten toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas internas y externas que se ha comprometido, así como acompañar y realizar seguimiento a estos hechos que ponen en riesgo la vida e integridad de las comunidades, los territorios y sus dirigentes sociales y comunales, ya suficientemente afectados por el recrudecimiento del conflicto producto de la insensatez del gobierno nacional.
Policía asegura tener todo listo para iniciar aspersión aérea en el país
El director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, entregó detalles sobre la logística y alistamiento institucional para realizar las labores de aspersión de cultivos ilícitos.
Esto luego de que se diera a conocer en las últimas horas el decreto que regula los riesgos de salud y medio ambiente durante erradicación de cultivos ilícitos por aspersión aérea.
El alto oficial indicó que estos protocolos para la operación se tendrán en cuenta una vez se surtan todos los protocolos contenidos en el decreto expedido por el Gobierno Nacional.
“Las aeronaves que son de alta precisión geolocalizadas se encuentran ya en la base de San José del Guaviare, de igual manera los helicópteros de seguridad, las junglas que van a presentar todo el apoyo y las tripulaciones que se encuentran entrenadas”, manifestó el director de la Policía.
Indicó además que las otras cinco bases utilizadas para el proceso de aspersión están terminando el alistamiento, reiteró que esperan que a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos se dé inicio de manera precisa a la aspersión aérea de nuevo en el país.
