Bolivia | Áñez no declaró en el juicio por obtención de crédito del FMI sin aval legislativo
Áñez se acoge a su derecho al silencio y no declara por los casos FMI y Fundempresa
Por Carlos Corz y Roberto Guzmán
La expresidenta Jeanine Áñez se acogió a su derecho al silencio y no declaró este miércoles en la audiencia fiscal por la proposición acusatoria para juicio de responsabilidades por la contratación sin aval legislativo de un crédito del FMI y la ampliación del contrato con Fundempresa.
Acudieron los fiscales a la cárcel de Miraflores, donde se encuentra recluida la expresidenta por el proceso denominado “golpe de Estado”. El fiscal Superior de la Fiscalía General del Estado, Gonzalo Aparicio, informó que a Áñez se le hizo conocer todos los hechos sobre la investigación.
“Se ha puesto a disposición de Áñez y de sus abogados defensores todos los antecedentes que cursan y que han sido colectados en el cuaderno de investigaciones, habiéndose informado a la misma de todos los derechos constitucionales que le asisten en estos actos procesales”, explicó.
Fue el ministro de Justicia, Iván Lima, el que presentó la proposición acusatoria para el juicio de responsabilidades por el crédito de $us 346,7 millones contratado del FMI sin aval de la Asamblea Legislativa. El Gobierno de Luis Arce devolvió el crédito que hasta febrero representó $us 24,3 millones adicionales, de los que $us 19,6 millones son por variación cambiaria y 4,7 millones producto de comisiones e intereses, según el ente emisor.
También Lima presentó la proposición acusatoria por la ampliación irregular del contrato con Fundempresa.
“Ambos procesos están en fase de acumulación de antecedentes, estamos a la espera de poder recabar la información correspondiente, nos encontramos dentro de los plazos previstos y regulados por ley”, explicó.
La Fiscalía General del Estado no solo admitió en marzo ambas proposiciones acusatorias, sino otras tres por impedir el ingreso de bolivianos desde Chile en la pandemia por COVID-19, por las muertes en Sacaba y Senkata en noviembre de 2019 y por las vulneraciones a la libertad de expresión.
