Un proyecto de transición democrática para Colombia – Por Pedro Santana Rodríguez
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.Por Pedro Santana Rodríguez *
La tarea urgente hoy es la unidad de los sectores democráticos para derrotar a la alianza entre sectores mafiosos, políticos tradicionales de la extrema derecha que cogobiernan con los grandes grupos económicos y con los principales gremios empresariales.
Las diversas fuerzas políticas presentes en la coyuntura preelectoral actual perfilan sus estrategias y propuestas políticas en medio de la mayor crisis económica y social vivida en el país desde la guerra civil no declarada de los años cincuenta del siglo XX. Una caída de la economía que, de acuerdo con el Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, llegó al 6.8% del Producto Interno Bruto, PIB, para el año 2020.
La pobreza monetaria que ya era del 35.7% del total de la población que percibía ingresos por debajo de 327.000 pesos mensuales, considerada como la línea de pobreza hoy en Colombia para el año 2019 y que de acuerdo con el DANE cubría al finalizar el año al 48% de la población como consecuencia de la pandemia y que investigadores independientes consideran que ha llegado al 62% de la población situándose por encima del 75% en el sector rural, dan cuenta de la dramática situación de pobreza y penuria en que viven hoy las mayorías populares del país (Garay & Espitia, 2021).
Las fuerzas de la coalición de gobierno que expresan a la extrema derecha nucleadas alrededor del uribismo y que cuentan con el respaldo del partido Centro Democrático, el partido Conservador, los grupos cristianos en sus diversas vertientes así como un sector mayoritario del partido de la Unidad Nacional y el partido Cambio Radical afrontan el desgaste de un gobierno impopular.
Sus políticas para hacer frente a la crisis mantienen la ortodoxia económica neoliberal que ha otorgado gabelas principalmente a su principal sostén que son los grandes gremios empresariales traducido en auxilios a las grandes empresas y al sector financiero.
Mientras que las políticas sociales son minimalistas y miserabilistas, materializadas en políticas públicas de transferencias monetarias insuficientes y pírricas frente al empobrecimiento y el hambre que golpea de manera drástica al 30% de la población que no dispone de recursos mínimos siquiera para adquirir los productos alimentarios básicos para garantizarse las tres comidas diarias.
Más de 500 mil microempresas, pequeñas y medianas empresas han quebrado y las tasas de desempleo abierto superaron en enero del presente año el 16.8%, consecuencia de esa quiebra dado que el 80% del empleo lo proveen esas micro, pequeñas y medianas empresas sin que el gobierno de la extrema derecha haya acudido en su auxilio de manera oportuna.
Lo propio se puede decir que ha ocurrido en el campo donde las ayudas se concentraron en los grandes empresarios y en la agroindustria sin líneas de ayudas para la economía campesina que sin embargo es la que provee el 70% de los alimentos en el país. Un verdadero desastre en el manejo de la pandemia.
Por el lado de la seguridad las cosas no son mejores. Este gobierno se ha empeñado en dos tareas que le son inherentes a su identidad política. Por una parte, se ha empeñado en destruir el proceso de paz poniendo toda serie de dificultades y trabas al cumplimiento de los pactos acordados entre el Estado y la guerrilla de las FARC, firmado el 24 de noviembre de 2016.
Objeciones y trabas a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, obstáculos y recursos insuficientes para la Comisión de la Verdad y para la Unidad de Búsqueda de las personas desaparecidas, nulo avance en el programa de reforma rural integral y desfinanciamiento de los 16 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDETs, que deberían desarrollarse en los 170 municipios que vivieron con mayor intensidad la confrontación armada del Estado con la guerrilla de las FARC.
A eello se suma el desfinanciamiento e incumplimiento de los compromisos adquiridos con 106 mil familias para la sustitución de cultivos de uso ilícito de coca, desmonte en la practica de la Unidad Especial de la Fiscalía para el desmonte de los grupos paramilitares y nulo avance en las reformas políticas propuestas por la Misión Electoral Especial que rindió su informe desde el mes de abril del año 2017.
Los proyectos propuestos por esta Misión ni siquiera han sido considerados por este gobierno para ser trasladados a la agenda del Congreso de la República. Ni se diga de los incumplimientos y bajos niveles de inversión para la reparación de los más de 9 millones de victimas reconocidas por el propio Estado que dejó la atroz e inhumana confrontación armada interna. De modo que el gobierno de Duque si ha sido eficaz en minar y desconocer los acuerdos de paz.
El segundo frente que hace aguas es el de la seguridad. El persistente asesinato de líderes y lideresas sociales en el territorio que se concentra precisamente en los 170 municipios que deberían ser uno de los principales objetivos de construcción de la paz con la implementación de más de 220 mil proyectos identificados por las comunidades en estos territorios, allí han sido asesinados el 56% de los más de 1.100 líderes asesinados desde la firma de los acuerdos de paz.
La pérdida del control del territorio por parte de las instituciones del Estado, en varias regiones del país en donde quienes mandan y ejercen poder son los grupos de narcotraficantes o la mezcla de estos grupos con la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las disidencias de las FARC.
Todo el corredor pacífico del país que va desde la frontera con Panamá en el noroccidente del país hasta la frontera con el Ecuador es presa de esta pérdida del control territorial a manos de quienes se lucran del narcotráfico llámense insurgencias, disidencias o paramilitares.
Lo mismo ocurre en la región del bajo Cauca antioqueño, en la región del Catatumbo en la frontera con Venezuela, en una parte del departamento de Arauca y en una vasta región que comprende territorios del departamento del Caquetá, Putumayo y Meta. Masacres, asesinato de líderes sociales y de excombatientes de las FARC hoy en proceso de reinserción.
Todo ello agravado por la connivencia y/o acuerdos locales entre los destacamentos de la Fuerza Pública acantonados en estas regiones con los grupos armados ilegales que ejercen poder en estos territorios. La respuesta del gobierno es la misma que ha fracasado durante decenios en el país.
Bombardeos indiscriminados, con la muerte de niños reclutados por la fuerza a quienes frívolamente el ministro de defensa Diego Molano califica de maquinas de guerra, pago de recompensas e incremento del pie de fuerza en los territorios ocupados por estos actores armados ilegales.
A ello se suma la creciente corrupción y la ineficacia de los organismos de la justicia ordinaria. Los grandes desfalcos se suceden sin parar. Las investigaciones son obstruidas, no avanzan. El gobierno para garantizarse la impunidad puso en marcha un proceso para hacerse con el control de estos organismos que hoy son presididos por fichas del uribismo o cercanas a él.
El símbolo mayor es la fiscalía general y dentro de ella la decisión del fiscal Gabriel Jaimes que pidió a la fiscalía el cierre de la investigación en contra de Uribe en el proceso por la compra de testigos en el proceso en contra del senador del Polo Democrático Iván Cepeda.
Desestimando la investigación adelantada durante más de cinco años por la Corte Suprema de Justicia, este fiscal de bolsillo obra en el proceso como agente activo del expresidente como lo señalo recientemente el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Suerte que corre el proceso por la misma cobardía de la Corte que remitió el proceso a la fiscalía a sabiendas que esto era lo que iba a suceder.
Un programa y un acuerdo político para una transición democrática
La tarea urgente y superior hoy en Colombia es la unidad de los sectores democráticos para derrotar a quienes materializan la alianza o acuerdo entre sectores mafiosos, políticos tradicionales de la extrema derecha que cogobiernan con los grandes grupos económicos y con los principales gremios empresariales.
El proyecto neocorporativo que se expresa y cobra vida en el gobierno de Duque-Uribe debe ser derrotado en las urnas. Un gobierno antisocial, neoliberal, que llegó al poder del brazo de grupos del narcotráfico que compraron masivamente votos para ganar las elecciones.
Para ello se requiere lograr en primer término un acuerdo programático mínimo que afronte los problemas que hemos descrito y otros que no dan espera y en segundo lugar un mecanismo amplio de consulta al que concurran en el mes de marzo del próximo año todos los precandidatos del espectro del centro izquierda.
Ese acuerdo no puede dejar de considerar temas como la política social para hacer frente a las penurias y afugias en que vive la mayor parte de la población del país así como temas como la seguridad, el cumplimiento cabal de los acuerdos de Paz, reformas al sistema fracasado de salud, una política para las economías campesinas en clave de seguridad y soberanía alimentaria, la protección del medio ambiente, una política de fortalecimiento de la educación pública así como una necesaria reforma del sistema judicial fracasado.
Ante la crisis climática y el calentamiento global este acuerdo debe repensar el modelo de desarrollo del país, hoy arraigado en el extractivismo y la explotación de nuestros recursos naturales, temas como la reindustrialización con base en energías limpias, son asuntos que deben ser parte de este acuerdo programático, así como la lucha contra la corrupción.
Pero para avanzar se requiere la presencia decisiva y activa de la sociedad civil. Esta consideración estuvo en la base de la convocatoria de la Cumbre Social y Política por la Renta Básica YA!, que acaba de realizarse de manera exitosa los pasados 11 y 12 de marzo, a la que concurrieron de forma virtual más de 580 organizaciones de la sociedad civil, más de dos mil delegados y más de 50 parlamentarios de 10 bancadas políticas con presencia en el Congreso de la República.
El proyecto de Ley que se radicó con una manifestación presencial este martes 16 de marzo en el Congreso de la República reunió además la firma de más de cuatro mil ciudadanos que harán veeduría activa y seguimiento al trámite legislativo que habrá de surtir el proyecto de ley en la presente legislatura.
Tres tareas siguen a su presentación. La organización de la veeduría activa, jornadas de movilización que acompañen el trámite legislativo y participación en las Audiencias públicas que habrán de citarse como parte del trámite del proyecto en el Congreso de la República.
El proceso de la Cumbre deja importantes lecciones que quiero mencionar brevemente y que están relacionadas con la unidad del centro izquierda en la coyuntura electoral que atravesamos. Primero hay que superar la división que se vivió desde que el Comité Nacional de Paro se fracturó en el Encuentro Nacional del 30 de enero del año 2020.
La Cumbre a la que concurrieron todos los sectores fue posible sobre el principio del respeto por las diferencias y por la diversidad alrededor de un proyecto concreto, en este caso, el borrador de un proyecto de ley que se entregó a los participantes con antelación para que fuera enmendado, criticado y reformulado, que fue lo que hicieron los participantes en 37 salas virtuales en la que se expresaron libremente y que fue recogida en las relatorías y que fueron tomadas muy en serio e incorporadas en la exposición de motivos y en el articulado, que se radicó finalmente, en el Congreso de la República.
Una segunda lección es que es posible construir la agenda de transición desde la sociedad civil y en diálogo con los partidos y movimientos políticos. La Cumbre fue social y política y en su comité organizador no solo participaron delegados de organizaciones sociales sino parlamentarios de diversas fuerzas políticas.
Allí pudieron trabajar sin pugnacidades parlamentarios del espectro del centro y de la izquierda que se ve reflejado en el hecho que al final lo suscribieron parlamentarios de 10 bancadas desde sectores liberales, de Cambio radical, hasta parlamentarios de la Colombia Humana como el propio Gustavo Petro al lado de Iván Marulanda precandidato del partido Verde que firmó al lado de otros precandidatos de dicho partido como Antonio sanguino o Jorge Eduardo Londoño para poner casos concretos.
Eso demuestra que es posible construir la Unidad de los sectores democráticos y a mi juicio y en contra del pesimismo de los que ya se han resignado a la existencia de dos coaliciones para la consulta del mes de marzo.
La consulta de la izquierda alrededor de las precandidaturas de Gustavo Petro, Roy Barreras, Alexander López y Francia Márquez y la consulta del centro con el precandidato del Partido Verde, que deberán escoger entre los cinco aspirantes y Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo, Sergio Fajardo, Ángela María Robledo y Jorge Enrique Robledo.
Es posible trabajar por la consulta única sin vetos ni exclusiones. Quien gane en esa consulta deberá trabajar con los partidos y movimientos que en ella participen y quien quede en segundo lugar ocuparía el cargo vicepresidente/a. Todo ello para llevar adelante el programa de transición democrática.
Ahora viene un segundo reto que esperamos afrontar desde la sociedad civil. Frente a la reforma tributaria regresiva que el régimen a través del gobierno de Duque propone, nos disponemos a presentar desde la sociedad civil una propuesta de reforma tributaria justa y democrática. En este nuevo proceso volveremos a buscar la participación amplia, plural, de todos los sectores sociales y políticos sin exclusiones. Los estaremos llamando para que nos acompañen a la construcción de esta propuesta. Allí nos veremos.
* Director de la Revista Sur.
