La crisis política no debe desviar la atención de la sanitaria – ABC, Paraguay
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Las protestas ciudadanas contra la pésima gestión gubernativa de la crisis sanitaria provocaron la renuncia del Dr. Julio Mazzoleni, a instancias del Senado y del jefe del Poder Ejecutivo. También dejaron sus respectivos cargos –involuntariamente– los ministros Eduardo Petta y Nilda Romero, así como el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor. Estas medidas no han bastado para calmar los ánimos, tanto que se está gestando una crisis política que distraería la atención de cuestiones vitales en este momento, tales como asegurar la provisión de fármacos, instalar más camas de terapia intensiva y recibir las vacunas necesarias para inmunizar, por de pronto, a las personas en situación de riesgo.
Desde un principio, se sabía que poco cabía esperar de un aparato estatal podrido e inútil. Lo reconoció el mismo presidente de la República, Mario Abdo Benítez, cuando, en julio del año pasado, tras referirse a la baja ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, agregó con cinismo que “con poca ejecución, tampoco puede haber corrupción”. Es muy pobre el consuelo de que si los burócratas se cruzaran de brazos, al menos no se quedarían con la plata ajena. Sin embargo, la ineptitud o la pereza no fueron incompatibles con las maniobras ilícitas para favorecer al “empresario” Justo Ferreira en la contratación de equipos e insumos chinos, y con que altos funcionarios, como el expresidente de la Dinac Édgar Melgarejo y la extitular de Petropar Patricia Samudio también se involucraran en dudosos negocios. El Dr. Mazzoleni fue tragado por una maquinaria infernal, bien aceitada, en la que también participa el sector privado. Los presidentes y los ministros vienen y van, pero los funcionarios, que controlan la información y tienen sus contactos favoritos, permanecen en sus bien remunerados puestos. Los cambios en los cargos de confianza, como el de director administrativo, no impiden que todo siga igual.
El sobrepoblado aparato estatal, en el que abundan inútiles, haraganes y ladrones, es una carga permanente para la población. De nada sirve mejorar en el papel la calidad del gasto público, si no mejora la de sus ejecutores. Lo ocurrido en el marco de la pandemia se repite cada año y en las diversas entidades públicas, en mayor o menor medida, solo que el deplorable espectáculo de la ineficiencia y de la corrupción, en lo que a la sanidad respecta, se ha vuelto aún más evidente. Hoy la ciudadanía conoce la cifras diarias de los fallecidos a causa del coronavirus, pero siempre hay muertes silenciosas, ocultas, atribuibles a la falta de insumos, de personal médico, de camas o de ambulancias en buen estado. No se trata necesariamente de que el Presupuesto sea escaso: lo que pasa es que abundan los sinvergüenzas, los incapaces y los ociosos, aliados con “empresarios amigos” y patrocinados por vulgares politicastros. Como ocurre no solo en el área de salud sino en todos los organismos, seguirán causando mucho daño al país mientras no se implemente la tan mentada reforma del Estado y, en particular, mientras no exista una auténtica carrera de la función pública, en la que el ingreso y la promoción dependan de la idoneidad, de la honestidad y de la vocación de servicio. Nada indica que en verdad se tenga el propósito de encarar esa labor necesaria y urgente, como se desprende de que uno de los supuestos promotores sea el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, el mismo personaje que en 2019 intervino en una negociación entreguista a través del supuesto abogado “Joselo” y que hace poco se valió de un avión y de un piloto militares para participar en una campaña electoral, justificando su accionar como si fuese la cosa más natural del mundo.
Por mandato constitucional, el presidente de la República dirige la administración general del país, pero, más allá de su comprobada inutilidad, mal podría dirigirla como es debido con el desastroso aparato estatal que padecemos. Sería bueno saber de la Secretaría de la Función Pública, dependiente del Poder Ejecutivo, en qué medida se está ejecutando “la política de recursos humanos del sector público, tomando en consideración los requerimientos de un mejor servicio, así como de una gestión transparente y eficiente”. No sería arriesgado suponer que poco o nada, suponiendo que exista dicha política.
La corrupción y la impericia no son inofensivas ni gratuitas, bajo ningún Gobierno: hoy pueden costar aún más vidas, dado el colapso sanitario que el considerable nuevo endeudamiento tendría que haber evitado. Es hora de tomar en serio el saneamiento y la capacitación del aparato estatal. Con este funcionariado prebendario, no resulta sorprendente que el jefe del Poder Ejecutivo –si no fue directamente cómplice o encubridor– y el exministro de Salud Pública hayan sido superados por el tremendo desafío. Con todo, como los milagros también existen, hay que confiar en que la campaña de vacunación sea emprendida con rapidez, sin privilegios indebidos, y en que, al mismo tiempo, se consigan más camas y fármacos que no sean desviados. Lo que menos se necesita ahora es una escalada de la crisis política, porque el covid está al acecho para ocasionar más estragos. Mientras tanto, no hay que perder de vista a los sinvergüenzas ni a los inútiles empotrados en el Gobierno.
