Investigación Nodal | La censura cinematográfica en Argentina durante la dictadura

Por Daniel Cholakian – NodalCultura

La censura en el cine en Argentina existe desde mucho antes que la dictadura cívico militar que comenzó el 24 de marzo de 1976.

Ya en 1917 dos inspectores de espectáculos públicos en la ciudad de Buenos Aires propusieron un proyecto para prohibir el ingreso a las salas a los menores de 14 años.

Los gobiernos de facto que sobrevinieron al primer período peronista tuvo un particular doble discurso. Mientras con el decreto 62/57 el dictador Aramburu garantizaba la libertad de expresión, prohibiendo cortes y censura previa a los guiones, establecía el sistema de calificación por edades, poniendo al frente del mismo a representantes del sistema público de educación y de la Liga de madres de familia, Instituto de la familia y Movimiento familiar Cristiano, entre otros. Así otorgaba un perfil confesional al sistema de control en el cine.

En 1968, ya durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, se permite efectuar “cortes preventivos” y unos meses más adelante impone la ley 18.019, que es fundante del sistema de censura que operó como gran maquinaria durante la dictadura impuesta a partir del 24 de marzo de 1976.

Esta ley fue promovida por el ministro de interior Guillermo Borda y en su artículo 2° disponía que podrían prohibirse escenas o películas que «justifiquen el adulterio, el aborto, la prostitución, las perversiones sexuales y todo cuanto atente contra el matrimonio y la familia; las que presente escenas lascivas o que repugnen a la moral y las buenas costumbres; las que resuman apologías del delito; las que nieguen el deber de defender la Patria y el derecho de sus autoridades a exigirlo; las que comprometan la seguridad nacional, afecten las relaciones con los países amigos o lesionen el interés de las instituciones fundamentales del Estado»

El 22 de febrero de 1984, a instancias del recientemente asumido presidente Raúl Alfonsín, la ley fue derogada y el Ente de calificación cinematográfico disuelto.

Los cambios en los objetivos del ente

Ramiro de la Fuente, primer censor durante la dictadura de finales de los ’60 y comienzos de los ’70, tenía una mirada  centrada en la sexualidad y las drogas como objetivo de su labor. Con la asunción del peronista Héctor Cámpora el 25 de mayo de 1973,en la llamada Primavera democrática, De la Fuente renunció y el nuevo gobierno llamó a un concurso para ocupar el cargo de director del Ente de calificación, resultando elegido el cineasta Octavio Getino, co-director con Fernando Solanas del famoso documental “La hora de los hornos”. El corto tiempo de permanencia de Getino al frente del Ente significó la abolición de facto de la censura en el país.

Comenzó el más grave ciclo de la censura cinematográfica en Argentina con la asunción del más famoso censor local, Miguel Paulino Tato, quien quedó a cargo de la dirección del Ente de calificación entre agosto de 1974 y noviembre de 1978, cuando fue reemplazado por el abogado Alberto León, miembro de la Liga de padres de familia.

Si bien pueden detectarse algunos films prohibidos por su contenido político antes de 1976 en la lista de cortes y prohibiciones que Tato enviaba a sus superiores, los mismos aumentaron geométricamente a partir del golpe de estado.

Varios documentos permiten comprobar que fue a partir de esa fecha que el gobierno tomó decidió incrementar el control sobre el cine político, sin descuidar por eso la mirada sobre el erotismo y la sexualidad, que han sido pilares de la censura en el mundo.

El Ente de calificación cinematográfica no solo se encargaba de la calificación, los cortes y las prohibiciones de exhibición. También tenía entre sus misiones a “opinar sobre aquellos guiones de películas nacionales o coproducciones que aspiren a créditos y subsidios del Estado”, según explica en una carta de Tato al director del diario La Opinión, en respuesta con un artículo publicado en ese diario el 14 de octubre de 1978. En esa respuesta Tato escribe enojado porque lo acusaban de ejercer la censura previa sobre todos los guiones a ser filmados y él se defiende explicando que son solos los que requieren subsidios del Estado.

Esa tarea, que se ejercía con poco rigor antes del golpe de estado, se vio modificada por las “Pautas para la orientación y calificación de la producción cinematográfica”, que fueron presentadas el 5 de mayo de 1976. En ellas se tipifican tres tipos de películas de producción nacional y los apoyos que recibirían por parte del Estado. La primera, que recibirá el total apoyo oficial mostrará al hombre en su lucha por la justicia, contra el materialismo, el egoísmo y la corrupción, debatiéndose por su dignidad y la de sus hijos, su religión y su honra, sin caer en los recursos de la violencia o el descreimiento. La tercera, cuya exhibición será prohibida en forma total o parcial incluirá películas que atenten contra el propósito de reintegrar y revitalizar nuestra comunidad. Claramente el objetivo ha mutado. El escándalo por la pornografía ha dejado paso al control político.

También marca el cambio de orientación el informe elevado por Miguel Paulino Tato al entonces Capitán de navio Carlos Alberto Bonino el 21 de febrero de 1977. En el mismo detalla la labor llevada a cabo entre el 24 de marzo de 1976 (día del golpe de estado) y el 28 de enero de 1977 de acuerdo a la función de “calificación de películas, examen de guiones cinematográficos, control de la minoridad en las salas cinematográficas y vigilancia de la propaganda de dichos espectáculos”. Entre otras actividades informa que “Se ha iniciado y está desarrollándose una actividad con distintos grupos de acción psicológica, nacionales y privados, de Reparticiones oficiales e Instituciones del Estado, militares y civiles, para planificar y realizar una acción combinada de interpretación, difusión y aplicación de la Ley 18019 y sus normas de calificación cinematográfica. En este aspecto se está dedicando muy especial atención a problemas tan urgentes como la guerrilla, las ideologías extremistas y la infiltración subliminal.”

Además de ello Tato declara que están trabajando en una reforma de la ley para adecuarla a los nuevos fenómenos de la violencia, las ideologías y “otros factores perniciosos de reciente incorporación al séptimo arte”.

Lo notable es cuando refiere a la filosofía para la acción del ente. Escribía el director del Ente de calificación cinematográfica al subsecretario operativo de la Secretaría de Información Pública:

“Es necesario definir y concretar una filosofía de la Censura y sus fundamentos.”

“Aunque contamos con la ley 18019/68, sabia y prudente, dentro de las limitaciones de la época, empero sus concepciones y previsiones han quedado cortas frente a los desbordes de la corrupción y la violencia en los últimos tiempos”

“Desde aquellos planteos básicos elementales, que inicialmente presentaban los problemas de la moral, la pornografía y el morbo, hasta los angustiosos y cada vez más apremiantes conflictos con los extremismos, la guerrilla y las lacras sociales que se extienden el convulsionado mundo actual.”

“Todo ello hace urgente trazar un cuadro de situación para formular el consecuente planteamiento de nuestra actividad preventiva y defensiva, a fin de salvaguardar, no solo la minoridad y la familia, sino también a la sociedad y a todo el país”.

En sus propias palabras en un documento que explícitamente habla de la nueva filosofía asumida por la dirección del Ente a partir del 24 de marzo de 1976, Miguel Paulino Tato dejaba en claro que las cosas habían cambiado en materia de censura después del golpe de estado.

La censura como máquina burocrática

Como toda máquina de poder, la censura adquirió una práctica burocrática que por momentos llama a la risa, pero que devela la sistematización del aparato político administrativo dispuesto para definir que era aquello que los habitantes del país no debían ver.

Algunas anotaciones puntillosas, que acompañan informes a instituciones o dirigentes de más alto rango en la Secretaría de Información Pública en la que se encuadraba el ente, permiten también advertir que la calificación estaba muy atenta a la cuestión política.

Las calificaciones según la ley tienen una validez de diez años, por lo tanto las películas pueden ser recalificadas al finalizar ese período. Una gran cantidad de películas clásicas fueron recalificadas en 1978. Es interesante ver que entre aquellas que fueron prohibidas para mayores de 18 años se encontraban “Para nosotros la libertad” de René Clair (1931) y “La edad de oro” de Luis Buñuel (1930), lo mismo que la disolvente “El angel azul” de Josef von Sternberg (1930). La lógica burocrática devela la lógica política.

Pero constantemente la dirección del ente producía informes con el resumen de las películas prohibidas, las calificadas según los rangos de edad, las nacionalidades de las mismas y los cortes propuestos para diferentes películas. En una nota del día 20 de marzo de 1978, en el que informa que entre el 24 de agosto de 1974 y el 28 de febrero de 1978 se habían prohibido el 32,4% de las películas extranjeras presentadas a la calificación, Miguel P. Tato hizo llegar al Secretario de información pública Contralmirante Rubén Franco, la “lista de cortes y correcciones que deberán efectuarse en la película ‘Doña Flor y sus dos maridos’”

Más allá de lo desopilante que suena que se reclame “alivianar la escena de la noche de bodas” en la que el matrimonio hace el amor tapado, lo que refleja la existencia de un expediente como este, entre muchos otros similares, es el funcionamiento de una máquina de la censura que en el mismo gesto de dejar todo por escrito demuestra poder, impunidad y obsesión.

En ese mismo año, el señor Juan Velázquez escribe al Instituto Nacional de Cinematografía a sorprendido porque en una función nocturna no lo dejaron ingresar a ver la película “Abismo” prohibida para menores de 14 años con su hijo de 4 meses de vida, aduciendo que no era mayor de la edad mínima requerida. Esta nota justificó una consulta del director del Instituto de Cine, Comodoro Carlos Bello a Tato. La respuesta fue convalidar el accionar del boletero de la sala desde la más pura racionalidad administrativa: la prohibición era para menores de 14 años y un niño de 4 meses lo es. Lo que se pone en juego aquí no es lo patético de la situación, sino el funcionamiento de una maquinaria de control que no deja nada librado al criterio personal o al azar.

La complicidad civil en la censura

Una de las claves para comprender la forma que adoptó la dictadura en Argentina es comprender la participación directa de distintas instancias de la vida civil (grandes empresas, instituciones, fundaciones, partidos políticos) apoyando el golpe tanto como participando directamente de la gestión de la cosa pública.

En los últimos años comenzó a acuñarse con pertinencia la definición de «dictadura cívico militar» a la iniciada con el golpe del 24 de marzo de 1976. Las investigaciones tanto judiciales como periodísticas han demostrado la participación de grandes grupos empresarios tanto en la concepción del plan económico como en la denuncia de los delegados y trabajadores comprometidos con las luchas gremiales, que serían secuestrados y desaparecidos por las autoridades militares.

Sin embargo en cada uno de los ámbitos podría realizarse una investigación que permita hacer evidente que la participación en el ejercicio autoritario no ha sido exclusiva de quienes formaban parte del aparato estatal. Y que muchos funcionarios civiles no solo se preocupaban por el ejercicio del poder en su área de influencia, sino que se sentían parte de la totalidad de las acciones del estado represor.

Un ejemplo de esta cuestión es que los dos directores del Ente de calificación cinematográfica durante la dictadura, han tenido relación estrecha con las acciones en materia de “moralidad” con diversas policías, aun cuando estas acciones eran ajenas a sus funciones.

Miguel Paulino Tato enviaba un telegrama al Comisario Juan Elcaraz Scarabiuk de la ciudad de Mar del Plata, expresándole sus  “sinceras felicitaciones por la eficaz labor y merecido éxito en su labor moralizadora”. Un año y medio después, el 13 de agosto de 1979 el secretario del Ente, Ignacio de Lafuente, envía una carta al Comisario Eduardo Antoniuk una nota felicitándolo por su accionar en la sanción de infracciones que afectan a los menores.

Este tipo de “excesos” en las funciones del censor, no son muestras de la existencia de un grupo de civiles que participaban efusivamente de la represión, que se pretendía como un verdadero sistema de control total, mucho más allá de la represión brutal sobre la militancia política.

En cuanto a la participación de la sociedad civil en los sistemas de la censura, la misma es explícita en la conformación de las comisiones calificadoras. Liga de padres de familia, delegados del episcopado, liga de la decencia y otras organizaciones de la sociedad civil fueron centrales de la censura como parte de las comisiones que definían cortes y prohibiciones.

Pero además de ello, fueron grupos de presión que en muchos casos expresaron más enjundia y fanatismo en la acción censora que la propia conducción del Ente calificador.

Es muy recordado el editorial publicado en la revista Somos a propósito del estreno de la película “Tiempo de revancha” de Adolfo Aristarain, en la cual un sindicalista combativo se enfrentaba judicialmente a una corporación multinacional, en una trama donde se hacía presente la acción de los grupos paramilitares. En ese momento escribían en la publicación ultramontana que sorprendía como las autoridades del Ente dejaban de ver  al elefante de la ideología por perseguir la hormiguita del escote.

La liga de la decencia de Rosario ha sido una de las más extremas organizaciones en reclamar censura en el cine. No solo reclamaban cortes y prohibiciones, sino también control de los afiches en vía pública, los avisos en medios de comunicación e incluso sobre las presentaciones públicas de actrices. En el boletín número 54 de la entidad dan cuenta de la presencia de la actriz Isabel Sarli a la entrega de Instituto de Cine, repudiada en el acto por el presbítero Daniel Zaffaroni quien le señaló “Ante todo no sé cómo puede esperar consuelo de Dios si usa esos escotes y se dedica al cine que conocemos”. Ante el pequeño escándalo suscitado, la Liga de la decencia envío un telegrama de apoyo al sacerdote y envío copia del boletín a las autoridades del Ente.

En el mismo se quejan de que la liga de Padres y Madres de familia señalaron que “no siempre las opiniones de nuestros representantes obtienen coincidencias en el cuerpo calificador”… “de la abundancia de filmes que no coinciden con las normas de la moral”… “a pesar de los de la labor de los miembros de las Ligas, no siempre consigue que las películas sean prohibidas o tales escenas quitadas de las mismas”

Tal es la demanda en pos de una acción más brutal de la censura por esta organización, que el entonces director del Ente, Alberto León, les envío un telegrama fechado el 19 de octubre de 1979 en el cual les preguntaba si estaban dispuestos a seguir integrando el Consejo Asesor Honorario “pues, caso contrario, se iniciará el trámite de sustitución”. De algún modo les expresa que si no están conformes con la “suavidad” de la acción de la censura, podían retirarse del consejo sin problemas. Por supuesto que se quedaron allí dando batalla por la defensa de la moralidad y la infancia.

Dos meses después, Pedro García, presidente de la Liga de la Decencia, informaba que según miembros de la organización que concurrieron a la exhibición de la película “El tambor” tuvieron la percepción de que escenas cortadas estaban incluidas en la exhibición y que en el caso de esta película “la débil posición del Ente no merece en este caso procedimiento de defensa alguna”

Un año antes, el 5 de diciembre de 1978, avisaban con entusiasmo y adjuntando un conjunto de notas periodísticas alrespecto, que la Liga había logrado suspender la emisión de la película “Cabaret” por la televisión.

La acción de la Liga de la Decencia de Rosario es manifiesta, pero en el mismo sentido se expresan la Liga de Padres de Familia en la edición del 9 de enero de 1980, aunque luego el presidente y el secretario de la liga escriben a León para expresarle que las opiniones de los miembros expresadas en ese artículo “deben atribuirse a algún mal entendido o al interés de alguien interesado en crear confusión y resentimientos”.

La demanda de mayor eficacia en las prohibiciones y los cortes se hacía ver públicamente por las asociaciones que formaban parte de las “fuerzas de choque” de la sociedad civil, y no son acciones aisladas ya que como los grupos económicos, gran parte del poder judicial y la jerarquía eclesiástica, muchos grupos participaban y eran actores centrales de la política dictatorial llevada a cabo entre 1976 y 1983 en Argentina.