Fiscalía investigará la muerte de 79 presos y la CIDH pide informe al gobierno
Un equipo especializado de fiscales investigará las 79 muertes en las cárceles del país
Este lunes 1 de marzo del 2021, la Fiscalía conformó un equipo especializado de fiscales para investigar las muertes violentas de privados de libertad en cuatro cárceles del país.
El pasado 23 de febrero, tras amotinamientos simultáneos, 79 presos perdieron la vida en la cárcel de Cotopaxi, la del Turi en Cuenca, la Regional del Guayas y la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil.
La fiscal general, Diana Salazar, dispuso que estas investigaciones penales sean dirigidas por el Coordinador de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
La entidad también indicó que las indagaciones se realizarán en conjunto con el personal de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Ellos estarán a cargo de recopilar evidencias y también realizar diligencias.
La Fiscalía aseguró que “realizará las acciones investigativas correspondientes para encontrar a los responsables de estos hechos violentos para evitar que se repitan”.
CIDH da 5 días a Ecuador para entregar datos sobre cárceles
Luego del asesinato de 80 personas privadas de libertad en cuatro cárceles del país, varias organizaciones acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir que emita medidas cautelares.
El organismo internacional aceptó a trámite las peticiones y en una comunicación enviada al canciller Luis Gallegos le otorgó cinco días al estado ecuatoriano para que informe sobre:
CIDH al estado ecuatoriano
-Situación actual en cárceles de Guayaquil, Cotopaxi y Azuay.
-Acciones del Estado para proteger y prevenir repetición.
-Observaciones sobre petición de medidas cautelares-
-El jurista David Cordero, del Centro de Derechos Humanos de la Pontífica Universidad Católica del Ecuador, explica lo que solicitaron a la CIDH.
«Recalcamos las medidas cautelares que disponga la Comisión, ya que son obligatorio cumplimiento para el Estado y se espera que no demore su emisión», apuntó Cordero.
Hasta el momento el gobierno ha informado sobre traslados temporales de internos y conformación de equipos de trabajadores sociales y sicólogos pero las organizaciones de Derechos Humanos demanadan acciones integrales y a largo plazo, pues aunque el último hecho ha sido el más grave desde el 2010, el país registra 247 muertes violentas en los centros carcelarios.
Nuevo amotinamiento en cárcel de Cotopaxi deja cinco guías retenidos, según la Policía
La mañana de este 1 de marzo del 2021 se confirmó un nuevo amotinamiento en la cárcel regional de Cotopaxi.
El comandante general de Policía, Patricio Carrillo, dijo que este hecho dejó cinco guías penitenciarios retenidos.
Los celadores han dicho que no tienen equipos para poder actuar ante la violencia de los presos. Pero el Servicio de Rehabilitación señala que tienen todos los implementos.
Carrillo aseguró que el problema carcelario tiene graves implicaciones y “es diverso en sus manifestaciones”.
“La crisis la resolvemos temporalmente con enormes esfuerzos y sacrificios”, sostuvo el comandante general de la Policía.
El problema carcelario tiene graves implicaciones y es diverso en sus manifestaciones, las crisis las resolvemos temporalmente con enormes esfuerzos y sacrificios. Esta mañana nuevo amotinamiento en #Cotopaxi, deja 5 guías retenidos; coordinamos acciones de intervención.
— Patricio Carrillo (@CarrilloRosero) March 1, 2021
Crisis carcelaria: Asamblea pide la destitución de tres ministros
La sesión de la Asamblea se realizó este lunes 1 de marzo de 2021. Los funcionarios fueron convocados luego del motín en cuatro cárceles ocurrido el 23 de febrero y que terminó en la muerte de 79 detenidos.
Seis días después la crisis y la violencia no ha podido controlarse. El 1 de marzo, la Policía informó de un nuevo motín en la Cárcel de Latacunga, que devino en la retención de cinco agentes de seguridad penitenciaria.
¿Qué dijeron los funcionarios responsables de la seguridad en el país?
Pazmiño: El problema es el crimen organizado
El funcionario explicó que la violencia en las cárceles no es el problema de fondo en seguridad pública, sino que es un síntoma de un problema mayor.
Y este problema mayor, dijo, es el crimen organizado. Recordó que este fenómeno afecta a todo el mundo, pero, sobre todo, a América Latina, que es la segunda región más violenta del mundo, únicamente por detrás de África Subsahariana.
El ministro también señaló, que entre las actividades del crimen organizado, la economía delictiva que más creció en Ecuador es el narcotráfico y eso se refleja en las cifras de decomisos de drogas. En lo que va de 2021 ya se han capturado 22 toneladas de sustancias estupefacientes: se trata de la cifra más elevada en comparación a otros años.
Y aclaró que los problemas en las cárceles no se dan por “una simple riña”, sino que responden a una confrontación entre grupos criminales que quieren el control de los mercados ilícitos como el narcotráfico.
Finalmente, Pazmiño recordó que el Ministerio de Gobierno no tiene a su cargo la administración carcelaria. Pero, como una institución de apoyo hizo recomendaciones en cuatro ejes para solucionar la crisis:
Infraestructura: Intervención para recuperar las capacidades de la estructura penitenciaria y mejorar la tecnología.
Talento humano: Institucionalizar y profesionalizar al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria.
Presupuesto: Establecer una forma de financiamiento que no dependa de la coyuntura económica.
Normas: Aprobar una Ley de Régimen Penitenciario.
Carrillo: No hay sanciones para quienes incitan motines
El jefe policial empezó su intervención explicando que, desde 2014, cuando la Policía asumió un rol de apoyo al control carcelario, se han suscitado 75 motines en diferentes cárceles del país.
Pero, criticó que ninguno de los presos que ha sido identificado como responsable de esos hechos haya sido sancionado. Más bien, aseguró, algunos han salido de la cárcel como beneficiarios de prelibertad “por buen comportamiento”.
Ratificó también que la crisis carcelaria responde a una lógica de lucha de poderes en el crimen organizado. Y que pese a que se tienen alertas, la falta de personal de seguridad penitenciaria impide un control total.
Por ejemplo, relató Carrillo, el 26 de enero de 2021 en una de las cárceles del país se decomisó una bazuca que pretendían ingresar. Y que la noche del 22 de febrero se incautaron dos armas en la Cárcel Regional de Guayas.
Es decir, la masacre del 23 de febrero de 2021 se venía fraguando. Pero, no se pudo prevenir ni contener por la falta de personal.
La Policía, explicó Carrillo, está a cargo únicamente del control perimetral exterior de las cárceles. Por lo que no tienen competencia ni presencia para controlar el día a día del interior de los centros.
Moncayo: Sin presupuesto para el control
Moncayo es el director del Servicio de Rehabilitación Social (SNAI), entidad que está a cargo del control y administración de las cárceles.
Su ponencia se centró, básicamente, en denunciar públicamente la falta de presupuesto con la que esta institución tiene que lidiar, lo que impide que se mejore el control, la infraestructura y la tecnología.
Según Moncayo, en 2014 el presupuesto carcelario era de USD 160 millones. Para 2019 ese monto se redujo a USD 98 millones. Y para 2020 hubo un nuevo recorte del 43%.
Esta situación, dice el funcionario, ha obligado a adaptar la planificación anual y a postergar varios programas de mejoras que se habían contemplado inicialmente.
Asamblea pide tres destituciones
Luego de las comparecencias de los funcionarios y del debate legislativo, la Asamblea (con 84 votos) aprobó una resolución acerca de la crisis carcelaria.
Este documento tiene cinco puntos:
Exigir al presidente Lenín Moreno la destitución de Patricio Pazmiño, ministro de Gobierno; Edmundo Moncayo, director del SNAI; y Johanna Pesántez, presidenta del directorio del organismo de rehabilitación social.
Exigir al presidente Moreno la adopción de medidas que garanticen la prevención, mantenimiento, control y restablecimiento de la seguridad en las cárceles. Una gestión y administración eficiente de los centros. El diseño y ejecución de procesos de rehabilitación y reinserción social. Y que se decrete el estado de excepción.
Sin perjuicio de la destitución, impulsar el inicio de juicios políticos en contra de Pazmiño, Moncayo y Pesántez.
Exhortar a los organismos de los sistemas regional y universal de derechos humanos que vigilen y desarrollen acciones de monitoreo para que el estado garantice una investigación pronta e imparcial por los hechos violentos en las cárceles.
Solicitar al presidente Moreno que ejecute el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2030 y disponga a Finanzas la entrega inmediata de recursos para solventar la crisis carcelaria.
