En vez de criminalizar protestas, Gobierno debe atender reclamos – Última Hora, Paraguay
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Una polémica declaración emitida en la plataforma Twitter por el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, ha generado mucha indignación en un amplio sector de la ciudadanía, ya que recuerda al discurso autoritario heredado de épocas de la dictadura, que insiste en ver a toda movilización social y política de protesta como un intento de desestabilizar al gobierno de turno, negando elementales derechos democráticos y constitucionales que garantizan la movilización, expresión y crítica a las autoridades.
“Expreso mi preocupación ante la incitación a movilizaciones violentas, que buscan quebrar el orden constitucional y pretender normalizar el caos. Con la violencia ideologizada y manipulada, el estado de derecho y la democracia están bajo amenaza”, había destacado el ex militar.
La opinión, si fuera la de cualquier ciudadano, podría ser tomada como una más en el contexto de la libertad de expresión, pero al provenir de un miembro importante del Gabinete presidencial, nada y nada menos que del ministro encargado de la defensa nacional, compromete directamente al propio Gobierno.
El principal cuestionamiento es que la postura asumida por el ministro Soto Estigarribia suena muy parecido al mismo discurso con que la dictadura del general Alfredo Stroessner acusaba a los opositores al régimen, a los que buscaba reprimir.
Es verdad que han existido y siguen existiendo lamentables hechos de vandalismo y actitudes violentas por parte de grupos de personas metidas en las manifestaciones, que han protagonizado enfrentamientos con la policía y han procedido a cometer episodios delictivos, como los del incendio de un local del Partido Colorado, o la quema de dos vehículos que se encontraban estacionados en las calles céntricas, o incluso a dañar locales comerciales del microcentro de Asunción, pero las actitudes de algunos inadaptados no se pueden achacar al resto de los ciudadanos que buscan manifestarse pacíficamente, reclamando legítimamente ante la inacción del Gobierno en solucionar la grave falta de medicamentos esenciales para los tratamientos contra el Covid-19 o la gran demora en poder adquirir vacunas ante la crisis de salud, así como la reticencia en sancionar debidamente los muchos casos de corrupción denunciados.
Los puntuales desbordes violentos deben ser debidamente controlados y neutralizados por la policía, con el acompañamiento de la Fiscalía y la Justicia, con actuaciones comprendidas en el marco de la ley y el sistema democrático, ya que esa es su función. Las acusaciones sobre la existencia de supuestos “infiltrados” o de agentes de sectores políticos internacionales de izquierda, con la intención de desestabilizar al Gobierno, como ha llegado a sugerir también el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, deben ser sostenidas con evidencias concretas, algo que hasta ahora no ha ocurrido. De este modo, se puede cometer el error de caer en acusaciones genéricas e infundadas, para justificar abusos represivos, como ha ocurrido en varios momentos funestos de la historia nacional.
En lugar de criminalizar las protestas, el Gobierno debe atender y solucionar los muchos reclamos ciudadanos.
