Elecciones en Ecuador: el lawfare electoral y la narrativa del fraude amenazan la segunda vuelta – Por Adoración Guamán
Por Adoración Guamán *
La República del Ecuador se ha convertido en el paradigma del lawfare en la región. El país andino es hoy el escenario de la expansión cualitativa y cualitativa de una guerra jurídica que integra, como dinámicas de ofensiva fundamentales,la acción de los medios de comunicación para aniquilar la imagen de líderes políticos; la utilización del aparato administrativo sancionatorio para perseguir a la militancia de la oposición; la vulneración de la independencia e imparcialidad judicial mediante cambios en los mecanismos de nombramiento y destitución de jueces; la injerencia en los procesos electorales para dificultar o impedir el sufragio pasivo y el ataque a la institucionalidad electoral para sembrar la duda sobre la credibilidad de los procesos.
La proximidad de las elecciones, cuya primera vuelta tuvo lugar el 7 de febrero de este año, ha recrudecido la ofensiva antidemocrática. Ya no basta con perseguir a los líderes de la Revolución Ciudadana, también se ha utilizado la maquinaria del lawfare paraamedrentar al conjunto de la militancia y aniquilar al correísmo como sujeto político, con el fin de impedirla legítima expresión de la voluntad popular en las urnas. Para ello, el primer paso fue ampliar la retórica justificativa del uso irregular del sistema penal. Así, y sobre todo a partir del año 2019, la supuesta lucha contra la corrupción se combinó conla persecución deldelito de rebelión,cuyo tipo se amplió en clara vulneración de los derechos humanos. Esta nueva dinámica, que permitió el encarcelamiento provisional de la mismísima Prefecta de Pichincha (Paola Pabón) y a otros militantes y líderes de la Revolución Ciudadana como Virgilio Hernández, fue duramente criticada desde diversos organismos supranacionales de derechos humanos y la propia CIDH llegó a otorgar medidas cautelares.El siguiente paso en esta ampliación de la estrategia ha sido el desarrollo de lo que denominamos “lawfare electoral”con tres líneas fundamentales: obstaculizar la inscripción del sujeto político y sus representantes; deslegitimar al candidato y atacar la institucionalidad electoral.
La inscripción de la Revolución Ciudadana en el registro de organizaciones políticas fue una carrera de obstáculos jurídico-administrativos que demostraron la voluntad del bloque de poder de obturar la presencia del correísmo en las elecciones. Tras meses de intentos e impugnaciones, la coalición “Unión por la Esperanza” (UNES) consiguió la inscripción y presentó como candidatura al binomio Arauz-Correa.Sin embargo, la inhabilitación judicial acelerada del expresidente Correa, obligó a un cambio de fórmula electoral in extremis. El binomio Arauz-Correa fue sustituido por el Arauz-Rabascall, igualmente impugnado y finalmente inscrito y confirmado en diciembre, apenas dos meses antes de la cita electoral. Evidentemente, el retraso en la inscripción repercutió de manera negativa en la movilización del voto y en la igualdad de oportunidades en la contienda electoral.
A pesar de todo, el binomio Andrés-Rabascall obtuvo una contundente victoria con el 32’72 por cien de los votos y más de diez puntos del siguiente candidato, Guillermo Lasso. Esta victoria, que requiere de una segunda vuelta, ha venido marcada por un nuevo rearme del lawfare, centrado ahora enatacar la figura de Andrés Arauz y en deslegitimar tanto al Consejo Nacional Electoralcomo al proceso electoral en su conjunto.
La segunda de las líneas no es novedosa, a lo largo de la campaña proliferaron las fakenews sobre Arauz difundidas por los grandes medios. El cambio cualitativo se ha producido ahora por la aparición en escena de Francisco Barbosa, Fiscal General de Colombia, evidenciando la articulación regional de la guerra jurídica. El Fiscal General llegó a Quito el viernes 12 de febrero, a petición de su homóloga ecuatoriana, para aportar supuestas pruebas de una presunta relación entre la financiación de la campaña de Andrés Arauz y el ELN. Dichas pruebas no han sido reveladas, ni en Colombia ni en Ecuador. Esta injerencia externa, prohibida por el Código de la Democracia de Ecuador, fue igualmente objeto de crítica en el informe de la Misión de la OEA.
La ofensiva contra la institucionalidad y el propio proceso electoralha derivado tanto de la actuación del Contralor General del Estado, que solicitó el inicio de una auditoria informática del sistema del Consejo Nacional Electoral, como de la Fiscalía, que comunicó al CNE su voluntad de recolectar el contenido digital de la base de datos que administra el sistema informático electoral. Respecto de estas injerencias, el informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de la OEA expresó su grave preocupación al constatar que “otras entidades públicas o autoridades pretendan asumir funciones que puedan afectar las atribuciones de los organismos electorales y la propia elección, y generar, con ello, posibles interferencias en el proceso electoral, lo que está además proscrito por la propia normativa del país (…)”
Más allá del ataque al CNE, el proceso hacia la segunda vuelta se está nublando por el posicionamiento en el debate público de la narrativa del fraude, del estado fallido e incluso de la existencia de intentos de golpe de Estado. El peligro de la estrategia es evidente, se trata de una opción desesperada, en un clima de descomposición del gobierno de Lenin Moreno, por evitar la victoria del progresismo, personificado por el binomio Arauz-Rabascall y la alternancia democrática en las instituciones. Para ello,la coalición oligárquica-reaccionaria se arriesga incluso a posicionar un escenario de ingobernabilidad que puede derivar en situaciones tan graves como la que se vivió en Bolivia. Ninguno de los candidatos, hayan o no pasado a segunda vuelta, debería aliarse con los que están poniendo sus intereses económico-financieros por encima de la democracia y los derechos humanos en el país.
* Politóloga y jurista, doctora en Derecho y profesora titular en la Universidad de Valencia. Es una de las fundadoras de CLAJUD (Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia).
