Crece la tensión entre el gobierno de Bolivia y Almagro por su rol en el golpe de Estado
Bolivia convoca a los Estados miembros de la OEA a defender la Carta del organismo que privilegia la no intervención
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia convocó este miércoles a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a defender la Carta del organismo internacional de no intervención ante las declaraciones del secretario general Luis Almagro, quien descalificó el proceso judicial boliviano en el caso golpe de Estado.
“Se hace un llamado a los Estados miembros a defender la Carta de la OEA que privilegia la no intervención, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, el diálogo, la negociación y la búsqueda de consensos, por lo que es preciso reconducir las acciones de la Secretaría General a los principios fundacionales del organismo para la construcción de un multilateralismo que favorezca el bienestar y la dignidad de nuestros pueblos”, señala el comunicado de la Cancillería emitido este miércoles.
#COMUNICADO
Posición ante la respuesta de la Secretaría General de la OEA @Almagro_OEA2015
Lea el comunicado aquí: https://t.co/HTgayBquVY#CancilleríaBolivia pic.twitter.com/meYR1RETMG— Cancillería de Bolivia (@MRE_Bolivia) March 17, 2021
El documento se difunde en respuesta al extenso comunicado de la Secretaria General de la OEA, en el que insiste conformar una comisión internacional para investigar los hechos del último gobierno de Evo Morales, reacción que surge ante la aprehensión de la expresidenta de facto Jeanine Áñez y sus dos exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, investigados por la presunta comisión de delitos de sedición, conspiración y terrorismo.
Comunicado de la Secretaría General de la @OEA_oficial sobre #Bolivia https://t.co/mlmCsFJlnE pic.twitter.com/ZcwA6UhtHP
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) March 17, 2021
Bolivia ratifica su posición en el comunicado del 16 de marzo, donde expresa que el Secretario de la OEA se pronunció utilizando el discurso sobre derechos humanos para favorecer a los intereses particulares y políticos que representa; dejando de lado la defensa de las víctimas de gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de facto que abusó de su poder para perseguir, torturar y asesinar a quienes tienen y tenían como enemigos políticos.
Almagro pidió el lunes la liberación de la expresidenta de facto y sus ministros, ahora detenidos de manera preventiva en La Paz por el caso golpe de Estado, y este miércoles, mediante otro comunicado, dijo que se dispuso “los trabajos necesarios para el envío a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de los antecedentes correspondientes a presuntos actos de lesa humanidad a partir del último gobierno del expresidente Evo Morales hasta la actualidad, con la necesaria investigación del gobierno de transición al respecto, especialmente de los casos de Sacaba y Senkata”.
Comunicado de la Secretaría General de la @OEA_oficial sobre la situación en #Bolivia https://t.co/wdyN5ZryvI pic.twitter.com/2AnROgk7Ti
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) March 15, 2021
Ante esa aseveración la Cancillería concluyó: “La Carta de la OEA determina claramente el mandato del Secretario General que el Sr. Almagro debe cumplir. El Estado Plurinacional de Bolivia defenderá su soberanía, la independencia de sus órganos y no caerá en provocaciones malintencionadas”.
Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre Bolivia
Respecto al comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano emitido en el día de ayer, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) desmiente los contenidos y repudia el tono represivo y amenazante del mismo, así como el afán de personalizar en Luis Almagro decisiones y posiciones institucionales de la Secretaría General.
La Secretaría General reitera los hechos referidos en su comunicado y reafirma los cursos de acción recomendados. Se reafirma que es necesario dar justicia y debida reparación a las víctimas y a los familiares de las víctimas de todos los actos de violencia, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad ocurridos en Bolivia desde octubre de 2019 en adelante.
Juicios justos, creíbles e imparciales son absolutamente necesarios al respecto y en eso consiste la propuesta de la Secretaría General formulada recientemente. Entre otras cosas teniendo en cuenta informes del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que señalaban durante el gobierno de Evo Morales que “El Comité reitera sus anteriores observaciones finales (CCPR/C/79/Add.74, párr. 19) y observa con preocupación que persisten los informes según los cuales las injerencias políticas y la corrupción en el sistema judicial son generalizadas.”
Lamentablemente esta situación se ha agravado, lo cual afecta sustantivamente la credibilidad de los procesos en curso.
Las acciones de cooptación de la justicia boliviana fueron ya señaladas públicamente cuando la OEA observó las elecciones del Poder Judicial en el país, que parecen en la actualidad consecuentes con la cancelación o sobreseimiento de diferentes juicios contra partidarios del MAS, así como amenazas de persecución judicial y hostigamiento judicial efectivo a políticos opositores al Gobierno.
Por otra parte, un poder judicial independiente que asegure los derechos a la justicia, a un proceso regular, a la presunción de inocencia, a las debidas garantías judiciales consagradas, entre otros, en los artículos XVIII y XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, son también parte de los elementos de la democracia que compete a la Secretaría General promover y consolidar, como a todos los órganos y miembros de la OEA.
La Secretaría General de la OEA considera que no son admisibles los juicios emitidos respecto a autoridad moral y ética por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Por otra parte, la Secretaría General desea dejar claro que la participación de la Misión de Observación Electoral y de la Misión de Auditoría se realizaron por invitación del Estado Plurinacional de Bolivia, con acuerdos firmados entre la Secretaría General y el país, y no por ninguna “injerencia colonialista”, concepto completamente absurdo en este caso.
Las Misiones de la Organización se realizan en el terreno solamente a invitación del Estado Parte y con la firma del correspondiente acuerdo de inmunidades y privilegios.
También se reitera que las conclusiones de estas misiones se basan en la observación y constatación de hechos debidamente probados y documentados, adhiriendo a los más altos estándares de observación. Su actuación ha sido positivamente valorada en todas las ocasiones en los pasados años que debió observar elecciones en países del hemisferio.
Los cursos de acción señalados en el comunicado de la Secretaría General tienen que ver con garantizar la independencia de la Justicia y las garantías del debido proceso, con el fin de evitar una lógica discriminatoria por la cual se lincha a unos y se absuelve a otros de una forma políticamente selectiva.
Las Comisiones internacionales de lucha contra la corrupción han sido y son un importante instrumento de lucha contra la corrupción a nivel regional, garantizando ecuanimidad y equilibrio más allá de las condiciones generadas por el ejercicio del poder.
Por otra parte, la Corte Penal Internacional (CPI) constituye un instrumento de justicia absolutamente necesario aún para la comunidad internacional. La Secretaría General considera que la CPI tiene un papel fundamental para juzgar violaciones sistemáticas de derechos humanos que se hayan producido en Bolivia, incluyendo las masacres de Sacaba y Senkata.
La impunidad nunca es una opción para un pueblo.
Ambos institutos constituyen un camino de paz y no de violencia, un camino de justicia y no de impunidad. Son instrumentos de soberanía porque aseguran al Pueblo, el único soberano, justicia y no sumisión a los arbitrios del poder.
La Secretaría General reitera su apoyo a las Misiones de Observación Electoral, y especialmente reitera su reconocimiento al trabajo de la MOE que observó las elecciones en Bolivia en octubre de 2019, así como a la Misión que realizó la auditoría integral de dicho proceso electoral. Las observaciones realizadas fueron debidamente documentadas y probadas en las dos ocasiones, siendo absolutamente falso que no cumplió con los estándares exigidos y que emitió un informe sin pruebas y manipulado. Por el contrario, las evidencias son contundentes y en ese sentido invitamos al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia a reunirse con el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO), para mejor informarse de las pruebas recabadas y de los contenidos de la observación, adjuntándose al presente comunicado algunas de las conclusiones de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia.
Es verdaderamente inaceptable y repudiable pretender que esos informes hayan generado violencia y convulsión social. La violencia y convulsión social ya estaba instalada en el país en forma inmediata al acto eleccionario del 19 de octubre de 2019.
La MOE en ese sentido señaló que “Los observadores de la OEA constataron que la violencia obligó a interrumpir el proceso de cómputo en seis departamentos: La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí, Oruro y Beni. En Potosí, Pando y Tarija, la infraestructura del Tribunal Electoral Departamental (TED) fue incendiada completamente, al igual que las instalaciones del Servicio del Registro Cívico en Potosí y Chuquisaca.” El 6 de noviembre de 2019, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Bolivia condenó rotundamente “los actos de violencia que se han registrado en varios puntos del país durante los últimos días y hace un llamado urgente a la calma. La violencia no tiene lugar en democracia, por eso la Misión exhorta a todos los actores políticos y sociales, así como a la ciudadanía en general, a esperar con serenidad y en un ambiente pacífico los resultados de la auditoría que lleva a cabo un equipo técnico de la Secretaría General de la OEA.”
El 10 de noviembre de 2019 la Secretaría General de la OEA indicaba que “Lo más valioso a tener presente en estas horas es el derecho a la vida de los bolivianos y evitar cualquier enfrentamiento violento entre compatriotas.”
El 12 de noviembre se afirmaba ante el Consejo Permanente de la Organización que “Condenablemente, este proceso no estuvo exento de violencia, de la peor, de un lado y del otro, violencia absolutamente condenable. El odio y los discursos de odio deben ser erradicados, el odio y la violencia entre los bolivianos deben ser erradicados. No puede haber un proceso que le cueste al pueblo de Bolivia muertos y heridos y sufrimientos. El odio transformado en violencia tiene un costo muy alto para el pueblo y debe ser detenido inmediatamente.”
No es de recibo pretender que un informe documentado y probado genera hechos de violencia.
En ese sentido la Secretaría General además emitió comunicados llamando a la paz social y condenando la violencia durante ese período, así como hizo gestiones para la visita de la CIDH al país y posteriormente a la instalación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que permitiera una investigación imparcial de lo ocurrido en el país. La Secretaría General siempre urgió las investigaciones de lo ocurrido.
Se estima oportuno reiterar que la Secretaría General ha adoptado como norma general hacer suyos los comunicados e informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) siempre, considerando que los mismos la obligan en sus conclusiones (como también la obligan institucionalmente los informes de las MOEs), así como las resoluciones aprobadas en la Asamblea General y el Consejo Permanente de la Organización.
La Secretaría General de la OEA continuará llevando adelante sus acciones en el marco de los principios fundamentales de la Carta de la OEA y otros instrumentos aprobados por los Estados miembros para promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención en el continente.
Tanto la Carta de la OEA como la Carta Democrática Interamericana le dan, a su vez, medios para que la Secretaría General pueda ejercer estas obligaciones. De ninguno de ellos se ha apartado.
Por todo ello, reiteramos al gobierno nuestras propuestas, que tienen como único propósito el de fortalecer las instituciones para el fortalecimiento del estado de derecho, seguros que con ellos no hacemos más que cumplir con las obligaciones que nos imponen las normas interamericanas.
La Secretaría General de la OEA condena cualquier forma de amenaza expresada contra el Secretario General, funcionarios de la OEA o integrantes de las Misiones de Observación Electoral o de Auditoría que debieron abordar trabajos respecto a la situación institucional de Bolivia o sus procesos electorales.
En cuanto a la absurda acusación de la participación de la OEA en un golpe de Estado se reitera lo señalado el 10 de noviembre de 2019 -cuando se presentó el informe de la auditoría- respecto a que “La situación en el país exige a los actores gubernamentales (primordialmente) y políticos de las diferentes opciones, así como a todas las instituciones actuar con apego a la Constitución, responsabilidad y respeto por las vías pacíficas. Y agregaba que “Asimismo, se entiende que los mandatos constitucionales no deben ser interrumpidos, incluido el del Presidente Evo Morales.” La OEA fue la única organización regional o multilateral que solicitó que se respetara ese mandato constitucional.
En consecuencia con lo anterior, y con el afán indeclinable de que la verdad, la justicia y la no repetición sean el signo que paute la convivencia del pueblo boliviano, la Secretaría General de la OEA ha dispuesto los trabajos necesarios para el envío a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de los antecedentes correspondientes a presuntos actos de lesa humanidad a partir del último gobierno del ex Presidente Evo Morales hasta la actualidad, con la necesaria investigación del gobierno de transición al respecto, especialmente de los casos de Sacaba y Senkata.
La Secretaría General remitirá a la CPI también las conclusiones e informes del GIEI, ya que entiende que sin luz pública sobre los hechos acaecidos y las responsabilidades individuales que pudieren corresponder no resultará posible hacer justicia respecto al pasado reciente en Bolivia.
Senado aprueba declaración camaral en rechazo a la injerencia de Almagro en asuntos internos de Bolivia
La Cámara de Senadores aprobó este miércoles una declaración camaral que rechaza de manera contundente y categórica las acciones intervencionistas e injerencistas del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en asuntos internos de Bolivia.
“Estamos emitiendo esta declaración camaral porque no necesitamos de ninguna institución foránea, de organismo internacional que pueda inmiscuirse en asuntos internos de nuestro país. Nosotros como país estamos en la capacidad de juzgar a nuestras autoridades o exautoridades que hayan cometido un delito dentro de nuestro país y con las normas correspondientes”, manifestó el presidente del Senado boliviano, Andrónico Rodríguez.
Rodríguez, lamentó que Almagro actué como vocero de políticos de derecha de nuestro país utilizando con este fin a un organismo internacional como es la OEA, desvirtuando su verdadero rol.
“Almagro no se ha expresado en los momentos más delicados y luctuosos que hubo en nuestro país en la gestión del gobierno de (Jeanine) Áñez y de repente ahora de manera unilateral emite un comunicado incluso inclinado a una posición política, no solamente de Bolivia sino de Venezuela, Cuba, Nicaragua y de muchos países que no comulgan con su tendencia ideológica y está demostrando que la OEA tiene una posición de vocero político de muchos de la derecha en nuestro país, algo que no debe suceder sin duda”, señaló.
La primera autoridad de la Cámara Alta, al referirse a los procesos penales instaurados en contra de la expresidenta de facto Jeanine Áñez y exministros del gobierno de facto, dijo que se solicitará la garantía de un debido proceso y aseguró que existe predisposición de fiscalizar la investigación.
En este sentido, el jefe de la bancada de senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Flores, anunció que se fiscalizará el proceso de investigación del caso golpe de Estado.
“Hoy hemos decidido no solamente aprobar la declaración camaral, sino también fiscalizar que se lleve ordenadamente con el cumplimiento de las leyes toda la aclaración de lo sucedido el 2019 y el 2020”, finalizó.
El exministro Yerko Núñez se declara en la clandestinidad y saluda activación de la protesta cívica
Por Carlos Corz
El exministro de la Presidencia Yerko Núñez se declaró en la clandestinidad ante lo que consideró una “persecución política”. Dijo que vive en “condiciones inhumanas” y saludó a los comités cívicos articulados en rechazo a los procesos abiertos en el marco del caso “golpe de Estado”.
A través de un pronunciamiento publicado en su muro de Facebook, la exautoridad denunció que la “persecución política” fue desatada por el expresidente Evo Morales “que está gobernando el país mediante Luis Arce Catacora junto a su exministro Juan Ramón Quintana”.
Núñez tiene una orden de aprehensión en su contra por la denuncia de la exdiputada Lidia Patty para que se establezcan responsabilidades por los hechos que derivaron en 2019 en la renuncia de Morales.
Dijo que no fue notificado para declarar. “Me llamaron prófugo de la Justicia, cuando las instituciones judiciales y fiscales están siendo usadas por el poder político para perseguir a opositores violando el principio, derecho y garantía constitucional del debido proceso y la presunción de inocencia”.
Por el caso “golpe de Estado” fueron enviados a la cárcel la expresidenta Jeanine Áñez, los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, además del almirante Flavio Arce San Martín y el excomandante del Ejército Jorge Pastor Mendieta. No dan con el paradero de los excomandantes de las Fuerzas Armadas Sergio Orellana y Williams Kaliman, y de la Policía Yuri Calderón.
Justamente por la activación del caso, las representaciones cívicas se rearticularon y en una reunión demandaron al Gobierno de Luis Arce una amnistía, la liberación de los “perseguidos políticos” y advirtieron con un paro nacional si se dan más detenciones.
“Estos actos no son otra cosa que acciones grotescas y violatorias a los derechos humanos de mi familia por instrucciones directas del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y su comandante, Jhonny Aguilera, a quienes responsabilizo directamente por cualquier hecho lamentable que pudiese ocurrir a mi familia”, expresó en el documento.
Núñez destacó la movilización de los cívicos y dijo que pone en conocimiento de organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Iglesia Católica las denuncias de violación de los derechos humanos.
“Rindo homenaje a los Comités Cívicos y amigos de mi pueblo amado, Rurrenabaque, que promueven escenarios democráticos como los cabildos para que el pueblo boliviano exprese su voluntad”, sostuvo y añadió: “Desde donde me encuentro pido al pueblo boliviano no dejar de claudicar sus voces para mantener en vigencia la democracia y resistir nuevamente la tiranía”.
