Bolivia | La OEA califica de «abuso de mecanismos judiciales» la detención de la expresidenta de facto Jeanine Áñez
Almagro denuncia ‘abusos judiciales’ y sugiere remitir casos de lesa humanidad a la CPI
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, expresó su preocupación por el presunto “abuso de mecanismos judiciales” en los casos de aprehensión y posterior detención preventiva de la expresidenta Jeanine Áñez y dos de sus ministros.
Además, sugirió la creación de una comisión internacional para la investigación de casos de corrupción durante el último periodo de gobierno de Evo Morales y, “obviamente”, de Áñez.
Además, sin referirse a algún caso en particular, planteó la necesidad de remitir las denuncias de eventuales crímenes de lesa humanidad a la Corte Penal Internacional (CPI), para su “juzgamiento imparcial” y la identificación de responsabilidades.
“La Secretaría General de la OEA manifiesta que ha tomado debida nota de las preocupaciones expresadas en los comunicados de diversas instancias internacionales y expresa su propia preocupación ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno”, dice un comunicado del organismo.
La mañana de este lunes, Áñez fue recluida en la cárcel de Obrajes de La Paz por orden de la jueza Regina Santa Cruz, en el caso “golpe de Estado” instaurado por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty contra el entonces presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que luego de las elecciones generales anuladas de 2019 impulsó una conflicto cívico que derivó en la renuncia del presidente Evo Morales y la proclamación de Áñez.
Sobra las acusaciones contra las exautoridades, ese “hecho ha sido motivo de preocupación de la Secretaría General de la OEA desde que se requirió su presencia para evaluar la falta de garantías en las audiencias que pretendían sustanciar acusaciones contra Samuel Doria (Medina)”, señala el comunicado.
La oficina de Almagro también recordó que la OEA “observó las elecciones del Poder Judicial en el país, las cuales se realizaron sin participación de la oposición por considerarse carente de garantías el proceso y muy avanzada la cooptación de ese poder del Estado por parte del partido de Gobierno”.
Almagro jugó un papel importante en la crisis poselectoral de 2019 al emitir un informe preliminar que, supuestamente, encontró graves irregularidades en las elecciones de ese año. El documento derivó en la movilización de dirigentes cívicos que, a su vez, terminó con la renuncia de Morales y la posterior proclamación de Áñez.
En medio de la crisis poselectoral, las Fuerzas Armadas habían sugerido la renuncia de Morales y algunos miembros de la Policía Boliviana movilizaron a la tropa en un motín que acentuó la crisis.
Las sugerencias de la Secretaría General de la OEA:
Conformar en el marco del sistema de la ONU y/o de la OEA una comisión internacional para la investigación de casos de corrupción desde el último período de gobierno del ex Presidente Evo Morales hasta la actualidad, incluyendo obviamente el período del gobierno de transición.
Remitir las denuncias sobre eventuales crímenes de lesa humanidad a la Corte Penal Internacional para que el juzgamiento sea imparcial y atienda a variables objetivas de responsabilidad.
Reformar el Sistema de Justicia a través de un diálogo político profundo de todos los actores políticos, académicos y sociales, así como —de considerarlo oportuno— la cooperación internacional. La reforma de la Justicia es imprescindible para transformarla legítimamente en un poder del Estado independiente y revertir el proceso acelerado de cooptación que sufre actualmente.
La liberación de todos los detenidos en el marco de este contexto, hasta contar con procesos y mecanismos imparciales para determinar responsabilidades como los señalados ut supra, y especialmente teniendo en cuenta la existencia de variables de persecución política como las denunciadas por el Instituto CASLA.
Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre la situación en Bolivia
15 de marzo de 2021
Ante los recientes acontecimientos en Bolivia, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) manifiesta que ha tomado debida nota de las preocupaciones expresadas en los comunicados de diversas instancias internacionales y expresa su propia preocupación ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno.
Este hecho ha sido motivo de preocupación de la Secretaría General de la OEA desde que se requirió su presencia para evaluar la falta de garantías en las audiencias que pretendían sustanciar acusaciones contra Samuel Doria.
Asimismo, la OEA observó las elecciones del Poder Judicial en el país, las cuales se realizaron sin participación de la oposición por considerarse carente de garantías el proceso y muy avanzada la cooptación de ese poder del Estado por parte del partido de Gobierno.
También en su momento la Secretaría General de la OEA debió realizar gestiones respecto al enjuiciamiento de líderes opositores como los ex Presidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga.
En los últimos meses se ha constatado la cancelación o sobreseimiento de diferentes juicios contra partidarios del MAS, así como amenazas de persecución judicial a políticos opositores al Gobierno.
Lamentablemente, esas amenazas se han concretado en muchos casos.
En este contexto, es importante recordar que la Carta Democrática Interamericana en su artículo 3 define como elemento esencial de la democracia representativa la separación e independencia de los poderes públicos.
En este sentido, el sistema judicial boliviano no está en condiciones de brindar las mínimas garantías de juicio justo, de imparcialidad y de debido proceso, debido a problemas de estructura y en particular de su integración.
Obviamente, la impunidad nunca es una opción ni para crímenes de lesa humanidad ni para la corrupción. Los conceptos de justicia, memoria, verdad y no repetición son fundamentales a la hora de cohesionar una mejor sociedad.
En virtud de lo planteado, la Secretaría General de la OEA considera necesario:
a) Conformar en el marco del sistema de la ONU y/o de la OEA una comisión internacional para la investigación de casos de corrupción desde el último período de gobierno del ex Presidente Evo Morales hasta la actualidad, incluyendo obviamente el período del gobierno de transición.
b) Remitir las denuncias sobre eventuales crímenes de lesa humanidad a la Corte Penal Internacional para que el juzgamiento sea imparcial y atienda a variables objetivas de responsabilidad.
c) Reformar el Sistema de Justicia a través de un diálogo político profundo de todos los actores políticos, académicos y sociales, así como – de considerarlo oportuno – la cooperación internacional. La reforma de la Justicia es imprescindible para transformarla legítimamente en un poder del Estado independiente y revertir el proceso acelerado de cooptación que sufre actualmente.
d) La liberación de todos los detenidos en el marco de este contexto, hasta contar con procesos y mecanismos imparciales para determinar responsabilidades como los señalados ut supra, y especialmente teniendo en cuenta la existencia de variables de persecución política como las denunciadas por el Instituto CASLA.
Gobierno de los EEUU «sigue con preocupación» arresto de exautoridades en Bolivia
El Gobierno de Estados Unidos dijo el lunes que «sigue con preocupación» la situación en Bolivia, donde la expresidenta Jeanine Áñez, y miembros de su gabinete fueron detenidos acusados de participar en una supuesta conspiración para sacar del poder a Evo Morales en 2019.
«Estados Unidos sigue con preocupación los acontecimientos relacionados con el reciente arresto de exfuncionarios por parte del gobierno boliviano», dijo Jalina Porter, portavoz adjunta del Departamento de Estado.
Áñez, quien asumió en noviembre de 2019 tras la renuncia de Morales en medio de protestas por su reelección en comicios calificados de fraudulentos, dejó el poder en noviembre de 2020 tras la victoria electoral de Luis Arce.
Jeanine Áñez, de 53 años, fue detenida el sábado en la ciudad de Trinidad y el domingo una juez determinó su encarcelamiento preventivo por cuatro meses, tiempo que la Fiscalía utilizará para acumular más pruebas.
«Me envían 4 meses detenida para esperar el juicio por un ‘golpe’ que nunca ocurrió», afirmó la exmandataria interina, que fue trasladada a una cárcel de mujeres en La Paz.
La detención de Áñez y dos de sus ministros, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, también encarcelados, fue rechazada por la oposición mientras desde la comunidad internacional llegaron pedidos por un proceso transparente y ajustado a derecho.
Morales y Llorenti fustigan a Almagro y lo acusan de ser corresponsable del ‘golpe’
El expresidente Evo Morales criticó que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, nunca se pronunció sobre los “asesinatos, heridos y detenidos” en el gobierno transitorio Jeanine Áñez, y junto al secretario ejecutivo de la ALBA-TCP, Sacha Llorenti, lo acusaron de ser corresponsable del “golpe de Estado” de noviembre de 2019 en Bolivia.
Después de las detenciones preventivas de la expresidenta y dos de sus ministros, Almagro expresó este lunes su preocupación por el presunto “abuso de mecanismos judiciales” y sugirió la creación de una comisión internacional para la investigación de casos de corrupción en la última gestión de Morales y en el mandato de Áñez.
Sin referirse a algún caso en particular, planteó la necesidad de remitir las denuncias de eventuales crímenes de lesa humanidad a la Corte Penal Internacional (CPI), para su “juzgamiento imparcial” y la “identificación de responsables”, además de la liberación de detenidos y una reforma del sistema de justicia mediante un diálogo político.
Morales le respondió en su cuenta de Twitter. “Almagro nunca se pronunció por los 36 asesinatos, más de 800 heridos, 1.500 detenidos ilegalmente y el centenar de perseguidos. No nos extraña su defensa a Áñez porque él también debería ser juzgado por propiciar el golpe de Estado y por crímenes de lesa humanidad en #Bolivia” (sic).
Una denuncia de la exdiputada Lidia Patty, del Movimiento Al Socialismo (MAS), provocó la apertura del caso “golpe de Estado”, con el excívico Luis Fernando Camacho (gobernador electo de Santa Cruz) y su padre, y exjefes militares y policiales, como principales acusados. La Fiscalía comenzó con las aprehensiones el reciente fin de semana.
El 10 de noviembre de 2019, Morales renunció asfixiado por las protestas cívicas, un motín policial, la presión de las Fuerzas Armadas y un polémico informe de la OEA que alimentó el discurso del fraude en las elecciones del 20 de octubre de ese año, en las cuales ganó el líder del MAS sin necesidad de una segunda vuelta con su principal rival: Carlos Mesa.
Más antes, tras el apoyo de Almagro a un pronunciamiento del Instituto Casla, el secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio para los Pueblos (ALBA-TCP), Sacha Llorenti, exministro en el gobierno de Morales, fustigó igualmente al secretario general de la OEA.
“@Almagro_OEA2015 no tiene autoridad moral para pronunciarse sobre lo que sucede en Bolivia. Los pueblos de nuestra América saben que él es corresponsable del golpe de Estado, cómplice de las masacres y que fue soporte del gobierno de facto en Bolivia” (sic).
Áñez es acusada de sedición, conspiración y terrorismo, y fue enviada este lunes al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, mientras que sus exministros Álvaro Coimbra (Justicia) y Rodrigo Guzmán (Energías) fueron remitidos al penal de San Pedro, sindicados de los mismos delitos. Ellos y la exmandataria denunciaron “persecución política”.
