Bolivia | El gobierno califica de injerencia el pronunciamiento de EEUU sobre la detención de Añez
El Gobierno que preside Luis Arce calificó este sábado de «injerencia» el pronunciamiento del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en el que pidió la liberación de la expresidenta interina boliviana Jeanine Áñez y expresó su preocupación por los «indicios de comportamiento antidemocrático» en Bolivia.
La Cancillería boliviana manifestó en un comunicado su preocupación por la declaración de Blinken al considerar que «este tipo de pronunciamientos son una desafortunada muestra de injerencia en asuntos internos».
Tampoco contribuyen «a desarrollar una relación de mutuo respeto entre nuestros Estados, no responden a información objetiva y atentan precisamente contra la institucionalidad que pretenden defender», indica el comunicado boliviano.
Según el Ministerio de Exteriores de Bolivia, este país «recuperó la democracia» con la llegada de Arce a la Presidencia tras ganar las elecciones generales de 2020, con lo que también fue repuesta la «plena vigencia de los derechos y garantías constitucionales y los definidos por el derecho internacional de los derechos humanos».
El comunicado concluye reiterando la predisposición de Bolivia para «mantener y fortalecer sus relaciones de amistad con toda la comunidad internacional, con base en el respeto a su soberanía y autodeterminación».
El titular de Exteriores estadounidense expresó su preocupación «por los crecientes indicios de comportamiento antidemocrático y la politización del sistema legal en Bolivia, tras el reciente arresto y detención previa al juicio de exresponsables del Gobierno interino».
Sin mencionar directamente a Áñez ni a sus exministros detenidos, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, el jefe de la diplomacia estadounidense se refirió en todo momento a los «exfuncionarios» o antiguos responsables del Gobierno interino que surgió tras lo que el actual Ejecutivo boliviano considera el golpe de Estado de 2019.
Blinken consideró que los arrestos «no son coherentes con los ideales democráticos de Bolivia» y «desacreditan los extraordinarios esfuerzos» que hicieron que las elecciones de octubre pasado fueran un éxito.
También añadió que hay dudas sobre la legalidad de las citadas detenciones por estar «basadas en acusaciones no demostradas, por las aparentes violaciones de debido proceso en su ejecución y por la naturaleza profundamente politizada del trabajo fiscalizador del Gobierno boliviano».
Aseguró, además, que su postura coincidía con la de la Unión Europea, la Iglesia católica boliviana y organizaciones de derechos humanos «tanto bolivianas como internacionales».
El Gobierno de Arce también ha calificado de «injerencia» los pronunciamientos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de países como Brasil y Chile sobre la situación jurídica de las exautoridades.
Áñez y los miembros de su Gabinete son acusados de «sedición y terrorismo» durante la crisis de 2019 tras las elecciones fallidas que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia, que el actual Ejecutivo considera un golpe de Estado.
Junto a ellos y a dos exaltos mandos militares también hay procesos contra otros líderes políticos opositores y varios exmilitares y expolicías que son buscados por la Justicia.
