Avanza en República Dominicana el debate sobre la despenalización del aborto
Intensos debates y presiones por la despenalización del aborto en el país
Tras meses de intensos debates y presiones de diversos sectores, unos a favor y otros en contra del aborto, una comisión de juristas, designados por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, depositó ayer un documento con una serie de “observaciones” sobre el proyecto que modificaría el Código Penal, en el que proponen incluir las tres causales para permitir la interrupción del embarazo.
Las propuestas, hechas por los juristas, provocaron la postergación de la presentación del informe al pleno de la Cámara de Diputados por parte de la Comisión Especial que estudia esa pieza legislativa, tal como se había anunciado.
También, podría cambiar el resultado de dicho informe que, según lo revelado la semana pasada por su presidente, Isaac Jiménez, contemplaba la decisión de excluir las tres causales del Código Penal para ser estudiadas en un proyecto de Ley especial, presentado con esos fines.
Las “observaciones”
El documento, que contiene 78 páginas, cuya copia obtuvo Diario Libre, consigna un comentario en el que expresa que la inclusión de las tres causales de eximente de responsabilidad por la interrupción voluntaria del embarazo “constituye una medida constitucionalmente válida” debido a que protege los derechos fundamentales de las mujeres.
Los juristas entienden que los derechos de estas podrían ser lesionados si son obligadas, jurídicamente, a continuar con el embarazo en contra de su voluntad.
El artículo 110, que proponen, establece que, si es practicado por el personal médico especializado en establecimientos de salud, públicos o privados, no es punible: cuando peligre la vida o la salud de la mujer; cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida y cuando el embarazo sea el resultado de una violación sexual o incesto o la realización de la reproducción asistida no consentida.
Para las dos primeras causales, plantean que sean certificadas por un médico.
En torno a la reproducción asistida no consentida, señala que no debe ser considerada una cuarta causal, debido a que esta resulta equiparable a la dispensa concebida por violación sexual o incesto, “pues se trata de un atentado de similar naturaleza a la dignidad personal de la mujer”.
Finjus cuestiona
Ayer, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) presentó al Congreso Nacional una serie de recomendaciones, entre las que figura incluir, “por lo menos”, la causal que permitiría el aborto para salvaguardar las vidas de la madre y el feto en peligro. Argumenta que esa es una causal, consensuada por todos los sectores.
En el documento de nueve páginas, rubricado por el vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, expresa que “hemos sido coherentes en apoyar de manera enfática la necesidad de incluir las tres causales como eximentes de interrupción del embarazo”. Cree que es incorrecto se considere ese eximente como propia del estado de necesidad, pues están partiendo del supuesto que ese tipo de aborto es típico y “no antijurídico”.
Sugiere incluir un párrafo en el artículo 107 que rece: “En los casos en que el aborto sea forzado y/o no cuente con el consentimiento de la mujer, se sancionará las penas de diez a veinte años de prisión mayor”.
Otras “observaciones”
Al igual que la Finjus, el grupo de juristas presentó otras recomendaciones al proyecto de ley que modificaría el Código Penal.
Según explicó el coordinador de la comisión de juristas, Jorge López Hilario, presentaron sugerencias sobre 110 artículos de esa pieza legislativa.
El grupo no ofreció detalles sobre sus propuestas, debido a que eso era atribución de la Comisión Especial de la Cámara Baja.
Sin embargo, el jurista Félix Tena de Sosa aseguró que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo les dio libertad técnica para realizar su labor.
En tanto, que el presidente de la Comisión Especial, que estudia ese proyecto en la Cámara de Diputados, Isaac Jiménez, declaró que “probablemente” el informe será presentado esta semana.
Provida y referéndum
Organizaciones católicas y evangélicas ofrecieron una rueda de prensa, frente al Congreso Nacional, para expresar su rechazo a las tres causales, porque violaría la Carta Magna. Anunciaron la realización de la “Caravana Celeste por la Vida”, el próximo 27 de marzo.
Mientras que el obispo de Higüey, Jesús Castro Marte, propuso ayer que se someta a referéndum la despenalización del aborto en tres causales. “Que sea el pueblo el que hable, y no sectores aislados”, escribió el obispo en su cuenta personal de Twitter. Añadió que el Código Penal Dominicana “no puede esperar” más para ser promulgado.
Tribunal Constitucional
El exmandatario de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, estimó este martes que de cualquier manera que se aprueben las tres causales para permitir el aborto en la República Dominicana, la decisión final la tendrá en Tribunal Constitucional.
Fernández indicó que normalmente los códigos penales no tienen esas eximentes sobre el aborto y dijo que entiende que no hay otro camino que la alta corte para decidir sobre “temas tan controversiales y de esta naturaleza”.
Campamento se mantiene frente a Palacio
Pese a que el Código Penal se debe aprobar en el Congreso Nacional, un grupo de personas permanece en protesta frente al Palacio Nacional por sexto día. La intención, según una de ellas, es que el presidente Luis Abinader se pronuncie otra vez a favor de las tres causales, y que incida en las Cámaras para que los legisladores oficialistas, que son mayoría, incluyan las tres causales del aborto.
Víctor Suárez cuestiona injerencia
SD. El diputado peledeísta Víctor Suárez denunció que el Poder Ejecutivo ha realizado una injerencia, irrespetando la división de los poderes del Estado, con relación al proyecto que modificaría el Código Penal.
El integrante de la Comisión Especial, de la Cámara de Diputados, que estudia esa iniciativa, criticó que los juristas se hayan mantenido en contacto permanente, haciendo diversas observaciones.
“Esa es una injerencia vulgar, insólita… nunca vista en el Congreso Nacional”, expresó.
Recordó que, cuando el Poder Ejecutivo no está de acuerdo con una ley sancionada en el Congreso Nacional, tiene un papel de contrapeso al poder observarla.
Añadió que “tú querer promover, dar seguimiento, modificar hasta que llegue al hemiciclo un proyecto. Eso se llama injerencia”.
El integrante del Comité Político, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), aseguró que durante su experiencia legislativa nunca había visto al Poder Ejecutivo inmiscuirse en las labores propias de los legisladores
