Argentina | El conflicto minero no empezó hoy – Por Ana María Fernández Equiza, especial para NODAL
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.Por Ana María Fernández Equiza(*), especial para NODAL
En estos días en que el conflicto minero, presente en el país desde hace más de dos décadas, adquiere una mayor visibilización nacional, es pertinente recuperar algunos elementos que forman parte del debate y no reducirlo de forma maniquea.
Los impactos de la minería no los inventaron los ambientalistas y los dilemas producción versus cuidado del ambiente, trabajo versus cuidado del ambiente, divisas versus cuidado del ambiente son falacias que reducen, parcializan y oscurecen el debate.
Cómo queremos vivir, cómo nos organizamos como sociedad, cuál es el modelo de desarrollo que queremos como país es el debate interrumpido e impedido por el neoliberalismo.
La dictadura quebró deliberadamente el modelo de industrialización sustitutiva y restructuró la economía argentina bajo la hegemonía financiera. Impuso ante todo una mirada individualista que obturó las construcciones colectivas e instauró una forma de entendimiento que es parte del problema. La idea de que el desarrollo se basa en la atracción de capital extranjero fue y es absolutamente discutible. En términos de divisas significa más salidas que entradas, en términos de trabajo destruye mucho más de lo que crea, en términos de modelo productivo premia la usura, desindustrializa, concentra, extranjeriza y empobrece. Y siempre endeuda.
La crisis del 2001 puso en evidencia todo lo que la propaganda neoliberal, la concentración de medios y la dirigencia traidora o lábil habían contribuido a disimular o justificar durante el menemismo. Fue en ese gobierno que se diseñó el esquema de apertura a la mega minería, adecuando el marco normativo a las sugerencias que el Banco Mundial promovió como estrategia minera[i]. Se modificó la Constitución Nacional, compensando la no sanción de una nueva ley de coparticipación Federal, con la cesión de la decisión sobre los recursos naturales a las provincias. Las políticas de ajuste y la descentralización de competencias sin recursos intensificaron las necesidades fiscales de las provincias y aumentaron su vulnerabilidad a la seducción de hacer caja con las migas de las regalías mineras. Así, en los noventa, se modificó el marco regulatorio y aumentaron las asimetrías entre inversores cada vez más concentrados e interlocutores con menor capacidad de negociación. Provincias pobres, golpeadas por el neoliberalismo y acuciadas por las necesidades fiscales son las responsables de habilitar o no los proyectos mineros y controlarlos. Un solo dato anecdótico sirve para ilustrar lo afirmado: en el ranking de “atractividad” minera del instituto Fraser, una organización privada de referencia para las corporaciones, no aparece el país sino las provincias.[ii]
La minería es intensiva en Capital y Naturaleza, no en trabajo. Montañas, explosivos, agua, electricidad, infraestructura, todo a mega escala. Sus impactos ambientales son enormes e irreversibles. Impacta en lo que extrae y en lo que deja: superficies destruidas, drenaje ácido, contaminación de aguas superficiales y subterráneas, gigantescos diques en zonas de riesgo sísmico, repletos de líquidos que contienen residuos de químicos como el cianuro, usado para separar el mineral buscado en el material hecho polvo. Un gramo de oro por tonelada extraida a la montaña, que se separa utilizando cianuro, millones de litros de agua y otros elementos que luego quedan en valles de lixiviación y depósitos de “estériles” a miles de metros de altura, en áreas de glaciares[iii].
Esto está pasando hace mucho con la resistencia de movimientos que defienden el ambiente en el que viven y el derecho a desarrollarse de otra manera. El empleo se los quitó el neoliberalismo. Sobre el terreno de la desesperación llega la megaminería ofreciendo algunos trabajos, algunas donaciones para mitigar las ausencias del estado, siempre migas comparadas con los impuestos eximidos por la promoción y con el lucro generado por la explotación feroz del territorio nacional. Y cuando no alcanzan las dádivas de la responsabilidad social empresarial para aplacar conflictos aparecen los métodos represivos que desafían o cooptan el rol de las fuerzas públicas.
El ciclo de actividad minera es corto y mientras las empresas se llevan los recursos quedan pasivos ambientales por varias generaciones. ¿Alguien les preguntó a los CEOs tan duchos en cálculos financieros cual es el valor de esos pasivos, que no están en sus balances porque los externalizan al ambiente en Argentina, pero son más reales y concretos que un valor bursátil?
¿Quién se hace cargo de la destrucción de ecosistemas en el presente y de los efectos derivados futuros? Ni los CEOS, ni los accionistas, ni los funcionarios estarán disponibles en el tiempo en que los impactos se seguirán manifestando.
Si ya es difícil que las empresas se responsabilicen por los impactos presentes, ¿por qué seria esperable que asumieran la responsabilidad de los efectos que generaron pero se presentan cuando ya cerraron la mina? Por el contrario, sobran los ejemplos de empresas que antes de hacerse cargo de los costos por sus impactos simplemente van a la quiebra. El pueblo y el estado quedan presos del daño ambiental y son los socios compulsivos de las pérdidas por los pasivos.
La financierización que domina la explotación de recursos naturales impone una lógica perversa. En el presente lucra con proyectos cuya concreción supone el uso gratuito e indiscriminado de agua y un alto riesgo de contaminación, lo cual contribuye a aumentar su escasez en el presente y el futuro para la vida y actividades alternativas, y luego mercantiliza el agua en mercados a futuro.
Los discursos legitimadores de la minería hablan de industria minera. Por definición la minería es extracción, no industria. Si acaso se refieren a la industria de maquinaria e insumos mineros está no se desarrolla en el país. La capacidad de encadenamientos productivos y multiplicación económica es muy reducida. Si se refieren a la industrialización a partir de la transformación de minerales, también es mínima y la mayoría de los proyectos mega-mineros están orientados a la exportación de minerales sin ninguna clase de transformación. Ni siquiera se realiza una adecuada clasificación y control por lo cual se sub-registra el valor de lo exportado.
Más allá de la propaganda pro-minera, que utiliza la promesa de trabajo como principal argumento, la minería genera sólo un empleo cada 2.000.000 de dólares de inversión [iv].
La rentabilidad de esas inversiones está construida socialmente por la desregulación que le permite el acceso al mineral, y a los recursos necesarios para la explotación como el agua, la energía y los sitios de emplazamiento de los residuos peligrosos, todo con regalías mínimas, estabilidad fiscal que les garantiza que ningún gobierno pueda cobrarles más que el precedente, declaración jurada de lo que exportan y libre disponibilidad de las divisas.
En los años en que los precios de los minerales suben aumentan las presiones para instalar nuevos proyectos e intensificar los existentes, así como la presión sobre el mercado de divisas para girar utilidades[v].
En los ciclos de caída de los precios, las empresas buscan sostener los ingresos aumentando el ritmo de producción de modo de licuar los costos fijos. Esto se hace forzando los ritmos previstos en los proyectos originales y a costa de aumentar la probabilidad de desastres, como el de Samarco, Mina Gerais, Brasil.
Paradojalmente, por no decir cínicamente, cuando ocurren los desastres el foco de la responsabilidad se pone en el inadecuado control del estado. Se lo debilita para atraer inversiones y se lo usa de chivo expiatorio y garante subsidiario cuando ocurren los impactos negativos. En particular, la acción de la justicia afín blinda a las empresas transfiriendo sus responsabilidades e imputando a los trabajadores, como es el caso del derrame de cianuro en Veladero[vi] ¿Qué parte de la megaminería es desarrollo y para quién?
Por último, en estos días dirigentes de distintos espacios políticos y conocidos comunicadores, formados, críticos y bien intencionados, han desplegado análisis que adolecen de la compresión de la temática ambiental. Cuando perdemos ambiente no alcanza con un asiento contable. No es compensable. Perdemos parte de un sistema que es mucho más que una parte: transformamos los sistemas en los que vivimos y vivirán las generaciones venideras.
Frases como “todos usamos minerales” como un presupuesto que lleva inexorablemente al subsiguiente “la minería es indispensable para el desarrollo y los ambientalistas son necios que niegan el progreso”, hacen parte de un discurso como mínimo engañoso.
Los conflictos con la mega minería en gran parte tienen que ver con el oro. Destruir ecosistemas montañosos y usar el agua en zonas áridas para extraer un mineral que en su mayoría se convierte en lingotes y reservas es pagar con naturaleza una convención monetaria. Los usos no monetarios del oro bien pueden cubrirse con todo el que ya se ha extraído. Hay mucho más oro en una tonelada de residuos informáticos que en una tonelada arrebatada a una montaña. Según el Observatorio mundial de los residuos electrónicos 2020, hay 280 gramos de oro por tonelada de residuos electrónicos.[vii]
¿Los minerales demandados por el desarrollo de otros países justifican el daño ambiental en el nuestro? ¿La apuesta al crecimiento ilimitado, que ya agotó los recursos de los países centrales, implica que los países periféricos estamos obligados a proveerles con los nuestros o, por el contrario, es necesario despertar ante la crisis ambiental y revisar las formas de producción y consumo que nos presenta una forma colonial de entender el desarrollo?
Reivindicar la necesidad de sustitución de importaciones, de industrialización y de generación de trabajo y de divisas a partir de actividades productivas genuinas que no comprometan el equilibrio con la naturaleza es pensar más allá de un menú de opciones desactualizado, en tanto es refractario a incorporar los datos de la realidad que ponen en evidencia la crisis ambiental.
Si hablamos de minerales como el litio que pueden servir a nuestro propio desarrollo nacional y regional a partir de su industrialización, convergiendo con el sistema científico tecnológico en el impulso a políticas productivas que si pueden generar encadenamientos y empleos, debemos desmantelar la legislación neoliberal que entrampa el rol del estado impidiendo que actúe como es necesario. El modelo de explotación del litio en curso es similar al del oro. Hacer caja con un recurso estratégico. El litio en manos del Gobernador Morales de Jujuy no parece ser la base de ningún proyecto industrialista así como la minería que pretende el Gobernador Arcioni de Chubut no tiene nada de desarrollista.
La defensa corporativa de la mega minería tiene experiencia, recursos y ciencia al servicio de sus intereses. La instalación de falsos dilemas, de alternativas infernales como “si querés trabajo, determinados productos y divisas tenés que aceptar la destrucción” es la principal contaminación porque coloca el problema en un juego de suma cero negando la posibilidad de crear alternativas basadas en una relación armoniosa con la naturaleza y entre los seres humanos. Porque es el mismo modelo el que destruye la naturaleza y el empleo, concentra, empobrece y captura la democracia bajo el poder de lobby de grandes empresas transnacionales sobre provincias empobrecidas, entenderlo en su unidad y sistematicidad es imprescindible para transformarlo. La unidad contra el neoliberalismo no es sólo entre las grandes mayorías populares, es también con la naturaleza de la que somos parte.
Banco Mundial (1996) “A Mining Strategy for Latin America and the Caribbean” Technical Paper Nº 345, Washington, DC. World Bank
[ii] https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/annual-survey-of-mining-companies-2020.pdf
[iii]http://serviciosmineria.sanjuan.gob.ar/recursos/met_preciosos/veladero.php#metododeprocesamiento
[iv] Según la Cepal “Las actividades mineras (incluido el petróleo) crean un puesto de trabajo por cada dos millones de dólares”. 2013, “La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe-2012”. Naciones Unidas. CEPAL. Santiago de Chile. p.50
[v] Así lo ha señalado la CEPAL “Con respecto a la cuenta de renta, la mejora de este año en los precios de los productos básicos implicará un alza en el déficit(…) dadas las mayores utilidades remitidas al exterior por parte de las empresas de inversión extranjera en el sector de recursos naturales” ((2018:p. 39)
[vi] https://www.telam.com.ar/notas/201708/198290-san-juan-justicia-confirma-procesamientos-derrame-cianuro-veladero.html
[vii] Forti V., Baldé C.P., Kuehr R., Bel G. Observatorio Mundial de los Residuos Electrónicos– 2020: Cantidades, flujos y potencial de la economía circular. Universidad de las Naciones Unidas (UNU)/Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR) – coorganizadores del programa SCYCLE, Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). P.58
(*) Docente Investigadora. Área de Geografía Económica. Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales. CONICET/UNCPBA.Tandil. anafernt@yahoo.com.ar
