Vacunagate: el Congreso inicia investigación contra el expresidente Vizcarra y dos exministras
Informe de Subcomisión declara procedentes denuncias contra Vizcarra
La subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por el congresista Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular), calificó como procedentes las denuncias en contra del expresidente Martín Vizcarra, la exministra de Salud Pilar Mazzetti, y la excanciller Elizabeth Astete en el marco del caso Vacunagate, presentadas por los congresistas de las bancadas de Frepap, Unión por el Perú, Acción Popular y Podemos.
Así lo señala el informe de calificación al cual tuvo acceso La República, que recién será debatido por el equipo parlamentario de trabajo el viernes 19 de febrero.
En este sentido, el oficio da luz verde a las denuncias constitucionales 422 y 424 formuladas por María Teresa Cabrera Vega (Podemos), Jesús Orlando Arapa Roque (Acción Popular) y Rubén Ramos Zapana (Unión por el Perú), que sindican al exjefe de Estado de presuntamente haber cometido los delitos de organización criminal, concusión, peculado doloso, cohecho pasivo propio, negociación incompatible y tráfico de influencias.
Del mismo modo, la subcomisión dio pase a la denuncia constitucional 423 presentada por el legislador Hipólito Chaiña Contreras (Unión por el Perú) junto con los parlamentarios anteriormente mencionados, que acusan de infracción constitucional de los artículos 38, 39 y 118 (inciso 1) de la Constitución, presuntamente cometida por Vizcarra Cornejo, Mazzetti Soler y Astete Rodríguez.
Denuncias que fueron declaradas improcedentes
En tanto, se declaró improcedente la denuncia constitucional 422, “en el extremo de presunta comisión de los delitos de colusión agravada, malversación, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsificación de documentos públicos, tipificados en los artículos 384, 389, 411 y 427 del Código Penal”.
En esa línea, otra acusación que tampoco pasó fue la denuncia constitucional 423 contra el exjefe de Estado, la exministra de Salud y la extitular del Ministerio de Relaciones Exteriores, “en el extremo de presunta infracción constitucional del artículo 41″.
El oficio concluye con la solicitud de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales hacia la Comisión Permanente del Congreso para que establezca el plazo de las investigaciones y se pueda emitir el informe final como corresponde.
‘Vacunagate’: situación jurídica de Martín Vizcarra y exministras podría resolverse en 90 días
El vocero de la Fiscalía de la Nación, Víctor Cubas, estimó que la situación jurídica del expresidente Martín Vizcarra y las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete por las vacunaciones irregulares contra el COVID-19, caso conocido como el ‘Vacunagate’, se resolvería en un plazo máximo de 90 días.
En Canal N, explicó que cuando se trata de altos funcionarios, la investigación preliminar es competencia de la Fiscalía de la Nación, tras lo cual –si se determina que hay indicios razonables de la comisión de un delito, se presenta una denuncia constitucional ante el Congreso.
Seguidamente, en ese poder del Estado, el caso pasa a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y de allí a la Comisión Permanente. De aprobarse la denuncia en esa instancia, el pleno deberá decidir si aprueba o no el informe final acusatorio.
De recibir el visto bueno de la representación nacional, el expediente regresará al despacho de la Fiscalía de la Nación, que formalizará la continuación de la investigación preparatoria en un plazo de 5 días y derivará los autos al fiscal supremo a cargo del caso.
Coordinación con Fiscalía
Al mismo tiempo, el Poder Judicial deberá coordinar con la Fiscalía de la Nación la designación del juez de investigación preparatoria y a los jueces supremos que compondrán la sala penal de juzgamiento.
“Si el Congreso realmente cumpliera su función y abandonara la forma de actuación que ha tenido en el caso del señor (César) Hinostroza, en el caso del señor (Edgar) Alarcón y de los miembros del CNM y se ponen a trabajar realmente con ánimo de sancionar estos graves actos que afectan la vida de la nación, podría estar en un plazo promedio de un mes decidiendo la autorización de procesamiento y se correría traslado al Poder Judicial y la fiscalía para que continúe el trámite procesal”, expresó.
Cubas estimó que, si bien la investigación preliminar puede durar 60 días, si las diligencias concluyen antes del tiempo previsto y se formula la denuncia constitucional, dependerá del propio Congreso de la República la agilización del caso.
“Una vez que concluya la Fiscalía que podría hacer un trabajo en un promedio de 20 o 25 días, si se hace la denuncia constitucional y el Congreso se pone a trabajar para decidir la situación de si hay o no procesamiento -como estos son hechos muy graves y están plenamente admitidos va a haber procesamiento de todas maneras-, en el ámbito de la administración de justicia podría estar en un plazo no mayor de 90 días resolviéndose la situación jurídica de los procesados, llegándose al momento de determinar si se condena o absuelve”, subrayó.
“Yo considero que puede hacerse tranquilamente en tres meses”, añadió Cubas. Vizcarra Cornejo, Mazzetti y Astete podrían ser acusados de los presuntos delitos de concusión y aprovechamiento indebido del cargo, cuyas penas llegan hasta los ocho años de prisión.
Cabe señalar que, el último lunes la Fiscalía de la Nación confirmó el inició de diligencias preliminares contra el expresidente por su vacunación contra el COVID-19 del laboratorio chino Sinopharm, en octubre del año pasado.
Según informó a través de su cuenta en Twitter, la indagación será por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública, concusión y negociación incompatible o aprovechamiento del cargo.
La Fiscalía recibirá las declaraciones indagatorias de Vizcarra, su esposa, Maribel Díaz Cabello; el doctor Germán Málaga, responsable de los ensayos clínicos de Fase III de la vacuna; y los exministros de Salud, Pilar Mazzetti, y Relaciones Exteriores, Mario López, así como del ex titular del Gabinete, Walter Martos.
Implicados en el “Vacunagate” puede ir hasta 8 años a la cárcel en Perú
Los principales implicados en el “Vacunagate”, la inoculación en secreto de la vacuna contra el COVID-19 que recibieron funcionarios peruanos, como el expresidente Martín Vizcarra, sus familiares e “invitados”, pueden ser condenados hasta a ocho años de prisión por delitos de corrupción en Perú.
“Sin duda alguna, estamos ante hechos delictivos”, afirmó a EFE el abogado penalista Carlos Rivera, de la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL), antes de mencionar acciones tales como negociación incompatible, concusión, cohecho y complicidad en corrupción de funcionarios, por los que la Fiscalía peruana ya ha abierto una investigación preliminar.
Los personajes más comprometidos en este caso, agregó el jurista, son las exministras de Exteriores Elizabeth Astete y de Salud Pilar Mazzetti, así como el expresidente Vizcarra, además del médico Germán Málaga, director de los ensayos clínicos de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm que se hicieron en el país.
El “Vacunagate” estalló a fines de la semana pasada con la revelación de que Vizcarra había recibido en secreto la vacuna de Sinopharm, y esta semana se publicó una lista de 487 personas que también recibieron las dosis.
“Este caso tiene que llegar a los tribunales porque el hecho ilegal es absolutamente evidente”, remarcó Rivera antes de recordar que los implicados admitieron su participación, aunque aseguran que cometieron “un error”, y “la evidencia de los hechos es demoledora”.
Negociación incompatible
En el caso de Astete, Rivera dijo que no solo ha sido funcionaria, sino que tuvo a su cargo las negociaciones para la compra de vacunas, por lo que podría ser acusada de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, que se sanciona hasta con ocho años de cárcel en el país.
El jurista remarcó que además de ocultar su vacunación, la exministra incumplió el código de ética de la gestión pública y vulneró la norma que estableció que el personal sanitario que lucha contra la pandemia debe ser vacunado en primer lugar.
Este mismo delito puede alcanzar a otros funcionarios de Exteriores que participaron en la negociación de las vacunas, así como a funcionarios del Ministerio de Salud (Minsa) si es que intervinieron o tuvieron poder de decisión en la adquisición.
Solicitar beneficios
Otro grupo puede ser acusado del delito de concusión, que califica el acto del funcionario público que solicita un beneficio, que puede ser o no patrimonial, y que también se sanciona con hasta ocho años de cárcel.
Además, también se puede incluir a los familiares, amigos e “invitados” que se beneficiaron de manera indebida con la vacunación y han admitido que recibieron las dosis.
Entre los implicados en este delito puede estar la exministra Mazzetti, aunque si se confirma que ella fue parte del equipo negociador sería incluida en el primer grupo “de personas en situación más agravada”, acotó Rivera.
Vizcarra: entre la concusión y el cohecho
En el caso del expresidente Vizcarra, quien ha admitido que se vacunó junto con su esposa y su hermano mayor, aunque asegura que lo hizo como voluntario de los ensayos clínicos, Rivera sostuvo que puede ser incluido en el delito de concusión o acusado de cohecho.
“A Vizcarra me parece que no se le podría acusar de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo porque él más allá de ser presidente de la República, la propia ley de contrataciones del Estado establece que un presidente no negocia nada”, acotó.
Por otra parte, para el abogado de la ONG IDL, Málaga debe ser considerado “como un privado”, ya que el ensayo de las vacunas estuvo a cargo de una universidad particular, pero sí puede ser incluido “en calidad de cómplice” en una acusación por corrupción de funcionarios, que contempla las mismas penas que los otros delitos.
“A pesar del rol tan protagónico que ha tenido, en un caso de corrupción de funcionarios seguramente va a ser considerado como cómplice primario, en el sentido de que su intervención ha sido decisiva para cometer ese hecho delictivo”, acotó.
Despertar de una noche negra
Rivera consideró que este caso es “lamentable e indignante” y recordó “todo lo que ha vivido” su país desde la década de los años 90, con el Gobierno de Alberto Fujimori, y la posterior “reacción de Perú y del sistema de justicia”, hasta llegar a otros grandes destapes de corrupción actuales, como el caso Lava Jato.
“A pesar de todo eso creo que el Perú no ha logrado corregir estos aspectos tan sustanciales de cómo manejar la cosa pública, de cómo manejar los aspectos del Estado a partir de los asuntos personales”, sostuvo.
El abogado agregó que aunque en el “Vacunagate” no se habla “ni de coimas, ni de dádivas, ni de cientos de miles de dólares entregados a las autoridades” sí hay “un problema probablemente tan grave como ese, que es el beneficio indebido de las autoridades y de los amigos y de los familiares de las autoridades”.
“Creo que el Perú ha tenido que despertar de una noche muy negra en la que nos damos cuenta de que casi hemos desperdiciado dos décadas completas de lucha contra la corrupción, porque esto me da la impresión de que nos hace retornar a un punto que nos dice que no hemos aprendido nada”, lamentó.
