Manifiesto del Grupo de Puebla sobre la construcción de un proyecto alternativo para América Latina y el Caribe

En 12/02/2021

Como ciudadanas y ciudadanos demócratas y progresistas, reunidos alrededor de la defensa de los principios básicos de la libertad, la igualdad, la solidaridad, la soberanía y la justicia social, declaramos nuestra coincidencia en este MANIFIESTO PROGRESISTA. Lo presentamos como punto de partida de un proceso de construcción colectiva de un proyecto político alternativo para América Latina y el Caribe. Esperamos que sirva de referencia para la formulación de propuestas nacionales progresistas en nuestros países.

Las y los integrantes del Grupo de Puebla a través de su Consejo Ejecutivo, su Consejo Latinoamericano para la Justicia y la Democracia, su Grupo Parlamentario y su Centro de pensamiento Marco Aurelio García consideran que:

La humanidad enfrenta el mayor de sus desafíos: la vida en el planeta está en peligro. En ese contexto, la trágica situación sanitaria desatada por el Covid-19 ha significado para América Latina pérdidas irreparables en términos de vidas, además de agravar y profundizar la crisis económica y social que venía arrastrándose por años, como consecuencia, entre otros, de los golpes brutales o híbridos asestados en contra de los gobiernos progresistas de la región. Asimismo, algunas administraciones han defendido posturas negacionistas sobre la pandemia dejando entrever su incompetencia y negligencia, y perjudicando con ello no sólo a sus respectivos países, sino al conjunto de la región.

La pandemia ha desnudado las profundas desigualdades consecuencia del modelo neoliberal y que se han reflejado en la distribución de las vacunas. Estas injusticias se observan en las marcadas asimetrías en su producción y distribución y de las cuales depende la vida de millones de personas. La industria farmacéutica concentra la posibilidad de dotación de la misma imponiendo a su antojo las condiciones de venta a los países del Sur Global e incluso afectando la iniciativa COVAX lanzada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar su acceso equitativo. Contemplamos con extrema preocupación la posibilidad de que países de ingresos bajos y medios no puedan acceder a los medicamentos. Solamente apelando a la solidaridad y a la igualdad, la humanidad estará en capacidad de superar esta pandemia.

El modelo neoliberal apoyado en la financiación del capital, promueve la desigualdad extrema y la precariedad del mercado laboral, fragiliza el Estado de Bienestar y la democracia, socava derechos sociales, amenaza el medioambiente, deriva en crisis económicas recurrentes y ha convertido en incompatibles el crecimiento sostenible y la justicia social. Su agotamiento y consecuente crisis económica y social ha generado un crecimiento de la extrema derecha en varias latitudes, que pone en riesgo las democracias, incluso en países con una trayectoria significativa democrática. Este modelo incompatible con la vida debe sustituirse por uno que reivindique la solidaridad, la justica y formas de democracia sustantivas. Nos urge un nuevo rumbo para los pueblos de América Latina, el Caribe e Iberoamérica.

Para este objetivo, es indispensable recuperar la integración, la unidad y la concertación política, pues, pocas veces en la historia, América Latina y el Caribe habían estado tan divididas, al tiempo que urge la unidad para enfrentar complejos retos en el corto, mediano y largo plazo.

En medio de la pandemia, abundan las amenazas contra la democracia, el Estado de derecho y la separación de poderes, y en particular, las guerras jurídicas o lawfare que afectan derechos elementales de líderes y lideresas del progresismo. Es necesario acudir a una defensa cerrada de la democracia en medio de una coyuntura donde al autoritarismo es una posibilidad fehaciente. Ante ese agresivo nacionalismo conservador y neofascista, se debe responder con más Estado social de derecho y reivindicando el derecho social al Estado.

Considerando todo lo anterior, proponemos:

Instituir un modelo solidario de desarrollo. Necesitamos poner en marcha un nuevo modelo solidario que garantice la consolidación de América Latina como zona de paz en el mundo, asegure la continuidad y el fortalecimiento de sus democracias, permita avanzar en la tarea de reducir la desigualdad social a través de una mayor inclusión, contribuya a la internacionalización y el crecimiento estable e integral de sus economías y haga realidad permanente la plena vigencia de los derechos humanos.

Se nos presenta la necesidad inaplazable de poner en marcha este modelo solidario que implica una estrategia de transición ecológica; reivindica el papel de la innovación, la ciencia y la tecnología y las convierta en prioridades del gasto público; recurre a las cadenas sociales de valor como un mecanismo para ser competitivos al tiempo que se vayan cerrando las brechas; e incorpora dentro de su ideario el ejercicio, con derechos y deberes, de una ciudadanía a escala regional, especialmente en momentos en que las garantías para los migrantes parecen en tela de juicio y el mundo transita hacia nuevas formas de segregación.

Recuperar el papel fundamental para el Estado. No puede pensarse en un futuro seguro, igualitario, libre y democrático, si no se recupera un rol activo y protagónico para el Estado, desmontado y debilitado según el dogma neoliberal. No se trata de regresar a fórmulas anteriores, sino de desarrollar su potencial de árbitro del mercado, en la distribución de bienestar colectivo, y recuperar el manejo público y la garantía de acceso igualitario de bienes y servicios de acceso universal y que representan derechos como la salud, la educación, el trabajo, la cultura, la seguridad alimentaria, el agua potable, la vivienda de interés social, la energía, la comunicación y la información y el conocimiento científico.
Estimular la responsabilidad social del mercado.La garantía de la empresa privada y su legítimo desarrollo incluye la obligación estatal de asegurar la libre competencia, defender al consumidor, proteger el trabajo digno y evitar prácticas monopólicas y oligopólicas. Así mismo, favorecer procesos compartidos de innovación para garantizar la calidad de los bienes sociales públicos y eliminar restricciones a la propiedad intelectual sobre bienes sociales de manera especial por la coyuntura. Por consiguiente, alertamos sobre la posibilidad de que las patentes se conviertan en impedimento para tener acceso a la salud como bien público.

La iniciativa privada debe ser solidaria con el Estado respecto del logro de sus metas en materia de inclusión social, generación de trabajos dignos y mayor participación democrática. El mercado no puede seguir siendo el paraíso de unos pocos y el infierno de muchos[1].

Asumir la salud como bien público global. La pandemia demostró la necesidad urgente de considerar la salud como un derecho de todas y todos para construir sistemas universales de salud pública. Además, la crisis evidenció la necesidad de que los Estados estén en la capacidad de producir vacunas, fármacos e insumos hospitalarios necesarios. Por lo tanto, se requiere de Estados que garanticen el derecho universal a la salud pública, con acceso real y efectivo a la ciudadanía, incluidas las y los migrantes. Las políticas de salud y de investigación científica, la producción y el acceso a medicamentos, no pueden depender de criterios asociados al mercado, sino de las prioridades y necesidades de nuestros pueblos.

En ese orden de ideas, el acceso universal a la vacuna del Covid-19 debe ser una exigencia del progresismo que ve con preocupación cómo se especula con su distribución y se somete a la lógica del mercado bajo el régimen del derecho privado. El Grupo de Puebla invita a las empresas, organizaciones y gobiernos que hoy controlan la producción y distribución de las vacunas a destinar, de forma inmediata, el 10% de sus existencias, para la atención en todos los países del mundo del personal medico y sanitario que está en la primera línea de combate del virus y la población mayor, así como aquella con patologías de riesgo.

Revisar privatizaciones y promover más control público y menos mercado en el suministro de servicios y bienes públicos. No solo la salud debe ser vista como un bien público. La distribución y redistribución exclusivamente por la vía del mercado impide el acceso a bienes y servicios básicos para millones de personas en condiciones vulnerables tales como la educación, la vivienda y la seguridad entre otros. De igual forma, la innovación, la eficiencia, el bienestar general, la justicia social, la redistribución de la renta y la riqueza, y la democracia representan ideales que solo se concretan con voluntad política, mediante la acción colectiva y no por mecanismos que presumen al mercado como una interacción perfecta entre oferta y demanda.

Proteger a la sociedad civil y acceso equitativo a redes sociales.Los movimientos sociales, su organización, la protesta social y su libre expresión a través de las redes deben ser protegidas y garantizadas por el Estado. Dicha protección será especialmente importante en estas épocas tanto durante como pos-pandemia cuando la inconformidad social resultante del empobrecimiento, la informalización laboral y el desempleo aumenten. Por ende, el descontento y la protesta deben encontrar canales democráticos y pacíficos para expresarse. La democracia debe entenderse como un proceso para convertir relaciones sociales de desigualdad de poder en vínculos de autoridad compartida[2].

Profundizar y consolidar las democracias. La crisis económica y social viene debilitando las democracias y los sistemas de representación política en todo el mundo. En América Latina y el Caribe, ese panorama podría ser incluso más crítico por la debilidad estructural de nuestros sistemas políticos. Abogamos por reformas estructurales que fortalezcan nuestras democracias, haciéndolas más participativas e incluyentes. Será necesario, por lo tanto, involucrar a los segmentos excluidos, marginados y explotados para convertirlos en actores dinámicos del proceso de toma de decisiones públicas. Necesitamos sistemas de gobierno que robustezcan y resignifiquen el papel de los partidos políticos, y estos retomen su carácter representativo al tiempo que se refuerzan los mecanismos de participación directa y avanzamos hacia democracias participativas y radicales.

Resistir y combatir la guerra híbrida. En el último tiempo, la región ha sido agredida por la llamada guerra híbrida, una iniciativa liderada por Estados Unidos que consiste en alterar el curso de nuestras democracias. La principal estrategia de esta nueva forma de guerra consiste en los golpes de Estado que, a diferencia del pasado no ocurren apelando a los militares, sino recortando las facultades de los Congresos y violando los derechos de los opositores con acciones como la violación de los domicilios, la represión generalizada y la intimidación en medios de comunicación y redes sociales. Tal agresión busca acomodar a América Latina dentro de la agenda geopolítica de Estados Unidos y puede incrementar y agudizar la pobreza, la miseria y el hambre. Esta nueva forma de golpe se puso en marcha contra Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Manuel Zelaya y Evo Morales.

Rechazar a las guerras jurídicas (lawfare). El Grupo de Puebla rechaza las guerras jurídicas (lawfare), que hacen parte de la guerra híbrida y han buscando recortar los derechos de organizaciones, movimientos o partidos progresistas. Estos procesos que se vienen adelantando, con apoyo de Estados Unidos, contra dirigentes progresistas de la región buscan impedirles elegir y ser elegidos mediante el recorte de sus derechos al debido proceso y la estigmatización mediática por parte de poderes fácticos que han desplazado los espacios democráticos ocupados por los partidos. Los y las líderes y lideresas progresistas tienen pleno derecho a ejercer su liderazgo con garantías para su vida, libertad, movilidad, expresión y arraigo geográfico. Recordamos que el poder judicial pertenece al pueblo, por ende, debe rescatarse como un servicio público con jueces que defiendan este poder popular de postulados sectarios en contra de la ciudadanía, líderes y lideresas opositores y en beneficio de los gobiernos de turno. En este sentido, destacamos la labor que viene desarrollando el Consejo Latinoamericano para la Justicia y la Democracia (CLAJUD), creado por el Grupo, contra la judicialización de la política y la politización de la justicia.

Defender a Cuba, Nicaragua y Venezuela de las agresiones e injerencias de potencias o terceros Estados. Varios de los países de la región han sido objeto de acciones tendientes a la desestabilización a través de la imposición de bloqueos, sanciones económicas y políticas unilaterales contrarias al derecho internacional. Este tipo de posturas anacrónicas y caducas son aun mas graves en el contexto de la crisis sanitaria pues afectan el acceso a insumos, medicinas y medios para la contención de la pandemia. El Grupo de Puebla considera estas posturas como agresiones contra los segmentos más vulnerables de nuestros pueblos, además de una amenaza contra el proceso de integración. El progresismo promueve salidas en consonancia con la solución pacífica de conflictos, la no intervención y el apoyo a soluciones democráticas, pacíficas y negociadas.

Promover un combate efectivo contra la corrupción política. El Grupo de Puebla entiende que la lucha contra la corrupción pública -con una contraparte privada- empieza por recuperar el concepto de servicio público y erradicar del Estado las prácticas de mercado que convirtieron las decisiones de gobierno en subastas privadas de mercancías y servicios públicos. Para el caso concreto de la corrupción política se propone, como paso inicial, la financiación estatal e integral de todas las campañas políticas. Finalmente, en este combate contra la corrupción se debe llamar la atención sobre el daño que generan los “paraísos fiscales” que dificultan el rastreo de los recursos arrebatados de las fianzas públicas y vehiculan las estrategias de acumulación de capital por parte de las empresas transnacionales.

Generar cadenas sociales de valor.La creación de valor, a través de la reindustrialización, debe empezar por el desarrollo de cadenas sociales de valor de pequeñas y medianas empresas que actúen asociando eslabones productivos incluyentes y sostenibles ambientalmente. Este proyecto debe acompañarse con una mayor inversión en innovación, el desarrollo de infraestructuras regionales y la creación de mayores facilidades logísticas en un entorno internacional en el cual “vender” ha resultado más importante que “producir”.

Promover la igualdad, eliminar la pobreza, crear trabajos dignos, aumentar salarios e implantar políticas robustas de inclusión social y la eliminación de la división sexual del trabajo. Debemos trabajar en la promoción activa de la igualdad social y la eliminación de la pobreza, mediante la generación de trabajo digno, el reconocimiento del trabajo del cuidado, el aumento de los salarios básicos y la implantación de políticas integrales de inclusión social centradas un nuevo ciclo de crecimiento y un modelo solidario de desarrollo.

Establecer la Renta Básica Solidaria. El Grupo de Puebla propone, como punto de partida para enfrentar la crisis social agravada por la pandemia, que llevó millones a la pobreza, una Renta Básica Solidaria (RBS), de carácter temporal, por el período en que duren los efectos económicos y sociales de la pandemia. La RBS debe complementar los programas de transferencia de ingresos existentes. La RBS cubriría a los 83 millones de latinoamericanos que quedaron en la pobreza extrema después de la pandemia: 16 millones más tras ella y los 214 en la pobreza de acuerdo con los datos de la CEPAL.

Promover la justicia fiscal. Para recuperar el papel de Estado será necesario promover reformas fiscales progresivas, con impuestos directos y progresivos a los ingresos y al patrimonio, la eliminación de exenciones y la penalización de la evasión tributaria, aliviando la carga fiscal sobre los más pobres, las clases medias y Pymes (pequeñas y medianas empresas). En contraste, se deben generar más impuestos progresivos sobre las grandes empresas y actores del sistema financiero que más utilidades generan.

De acuerdo con la CEPAL, como consecuencia de la evasión fiscal, la región pierde todos los años el equivalente al 6,3% del PIB regional, de modo que la implantación de un programa de ese tipo es factible, siempre y cuando se adapte a las distintas realidades económicas y sociales de cada país.

Es importante llamar a metas fiscales para concretar una política económica solidaria. Hacemos eco del llamado de la Comisión Independiente sobre la Reforma de la Fiscalidad en las Empresas, para que quienes generan más utilidades paguen un impuesto del 25% para financiar la pospandemia.

Refinanciar la deuda externa y apoyar un mecanismo financiero internacional para la superación de la crisis. Los países latinoamericanos podrían acudir, cuando lo consideren necesario y de manera voluntaria, a la refinanciación de la deuda externa ante los organismos internacionales de crédito y los prestamistas privados. Se estima que una refinanciación por dos años de la deuda externa regional, en la hipótesis de que todos los países la solicitasen, movilizaría recursos por más de USD 250.000 millones, que ayudarían a financiar la reconstrucción de la estructura productiva cuyo costo ha sido estimando entre un 10% y 12% del PIB, durante los próximos años.

Paralelamente, podríamos apoyar un esfuerzo financiero internacional para la superación de la crisis, con la participación de organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRD), o bancos de desarrollo regionales, para acceder a un programa de recursos y créditos en aras de impulsar las inversiones y retomar del crecimiento económico regional. Esta apuesta dependería de una negociación mundial, y podría apoyarse en una arquitectura financiera internacional al servicio de la economía real y la creación de empleos, y financiada con gravámenes a la movilidad mundial de los capitales, como la Tasa Tobin e impuestos sobre las grandes firmas de plataformas digitales.

Acudir a emisiones directas de los bancos centrales para los gobiernos.Los países europeos están demostrando que en casos de calamidades como la que atravesamos, la financiación de programas con recursos de emisión es legítima. El espacio dejado por tasas negativas de inflación y la necesidad de expandir la demanda para reactivar la economía y reconstruir el tejido social, justificaría plenamente este mecanismo en algunas economías de América Latina y el Caribe. Una idea que debería contemplarse consiste en la eliminación de la regla fiscal y que sean directamente los gobiernos y no la banca privada quienes gestionen los recursos para la recuperación.

Establecer una nueva política económica solidaria.La política social no puede subordinarse a las prioridades de corto plazo de la economía. La región requiere una política económica contracíclica, generosa en épocas de escasez, sometida a prioridades sociales en materia de empleo e igualdad, sostenida fiscalmente en impuestos progresivos y con control soberano de la entrada y salida de capitales internacionales. Los gobiernos progresistas, al comenzar el siglo, demostraron que la estabilidad macroeconómica se puede conseguir sin sacrificar metas de crecimiento e inclusión social.

Generar empleo y desarrollo al tiempo que se garantiza la estabilidad macroeconómica y rechazo a la austeridad. Las políticas ortodoxas de austeridad causan enorme daño a nuestras economías y sociedades, especialmente en un ambiente de contracción económica, estancamiento del comercio mundial y agotamiento de las inversiones privadas. Consideramos que es obligación del Estado garantizar una política macroeconómica que conjugue el control de la inflación, la generación de empleo digno y la promoción del desarrollo sostenible. Ello implicará en muchos casos la modificación de las metas de la política monetaria a cargo de bancos centrales con una autonomía que dependa de la protección del interés general y colectivo.

Instituir una nueva arquitectura financiera regional. El Modelo Solidario de Desarrollo (MSD) podría apoyarse en una nueva arquitectura financiera regional que asegure su independencia. Esta estructura estaría conformada por una red de bancos regionales que atenderán los financiamientos sectoriales y la remergencia de la idea del Banco del Sur. Se precisa una ampliación del actual Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) para financiar los equilibrios de pagos. La región debe liberarse de las condicionalidades del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Para las operaciones financieras de infraestructura y proyectos de desarrollo tecnológico se buscarían alianzas temporales con bancos internacionales, especialmente de países del Sur Global, como los organismos que atienden los BRICS y agencias financieras asiáticas, que ya demostraron interés en apoyar inversiones en América Latina y el Caribe. El escenario de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) podría ser aprovechado para impulsar acuerdos de pago en monedas nacionales o fortalecer los mecanismos existentes.

Implantar una nueva industrialización y la transición verde. En materia de generación de empleo, se debe procurar un nuevo modelo de desarrollo fundamentado en el reemplazo de las actividades extractivistas por una nueva industrialización bajo parámetros de sostenibilidad ambiental y en clave de transición ecológica. De igual manera, debemos trabajar en una reforma rural integral que garantice el acceso a la tierra a las y los campesinos, apoyando la agricultura familiar y campesina, promoviendo la agricultura baja en carbono destinada a la producción de alimentos saludables y compatibles con el medio ambiente, todo lo anterior, dentro de criterios de incremento de la productividad con base en las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto implica mayor apoyo a las demandas del ambientalismo en su lucha contra los transgénicos, la defensa de la biodiversidad y la protección de reservas ecológicas seriamente amenazadas.

Incluir el buen vivir o vivir bien como paradigma. Retomando las enseñanzas de los pueblos originarios se debe adoptar el concepto de sumak kawsay (buen vivir) o suma qamaña (vivir bien) como marco de referencia para el mejoramiento de la calidad de vida dentro de una hermandad histórica, cultural y espiritual. Esta noción de los pueblos originarios andinos coincide con la propuesta del Papa Francisco de estimular la fraternidad global dejando de lado la “cultura de los muros” que termina por esclavizar a los que los construyen encerrándose dentro de sus propias cárceles, sin dejar lugar al reconocimiento del “otro”, base de la convivencia global[3].

Promover la construcción de ciudadanía.El concepto de ciudadanía tiene que ver con el sitio donde se nace y se vive y el derecho a tener derechos, así como la posibilidad de ejercerlos en cualquier parte del mundo. La libre movilidad de las personas dentro de un espacio geográfico es la esencia de la integración en el siglo XXI. ¿Cómo entender la exigencia permanente por facilitar la movilidad de las mercancías, los servicios, los capitales y los datos frente a los obstáculos levantados para impedir la de las personas? Movilidad para nacer, trabajar, estudiar, conocer, elegir, ser elegida o elegido, pensionarse o morir dignamente. La construcción de la ciudadanía latinoamericana, a través de la eliminación de todas las barreras que dificultan que una persona ejerza dentro de la región sus derechos constituye el desafío más importante de cara al siglo XXI. La meta es que, al final del proceso, no existan migrantes sino ciudadanos de la región y del mundo.

Garantizar el acceso a la información, la libertad de expresión y promover un orden informativo más democrático. La proliferación de información no ha derivado en un acceso masivo y equilibrado. Hace unos años, se pensó que las plataformas y las redes sociales servirían per se a causas populares y a la expansión de la participación democrática. La realidad nos muestra un cuadro cuasi monopólico de grandes conglomerados cuya llegada fortalece sus modelos de negocios basado en la obtención y venta de datos personales y perfiles y la facilitación de discursos antidemocráticos. Ello no solo ha ampliado las brechas desde una mirada interseccional sino que ha permitido ilegales interferencias con procesos electorales. Hoy, amplios sectores de la sociedad están privados del acceso a la información y a las nuevas tecnologías. Debemos trabajar para democratizar las comunicaciones de forma tal que se garantice el acceso a la información y a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones como derechos, y se protejan los datos de todas las personas.

Fortalecer la convergencia para la integración.El Grupo de Puebla propone un proceso de convergencia de sus actuales mecanismos de integración subregional[4] hasta llegar a un escenario de articulación y diálogo en la CELAC, donde hoy concurren los 34 países de la región. A partir de la matriz de convergencia, que diseñó UNASUR, se identificarían las fortalezas, duplicidades y especialidades de cada organismo para definir el campo de acción de una revigorizada CELAC, empoderada a través de una Secretaría General, con un respaldo técnico, representando la región ante un nuevo sistema multilateral de gobierno. La convergencia no supone la eliminación de foros, convenciones u organismos de concertación regional, sino una articulación dinámica de quienes componen el universo de la integración en América Latina y el Caribe.

Promover la integración latinoamericana soberana. Los espacios de integración regional deben tener como objetivos principales la preservación de la región como zona de paz, la construcción de ciudadanía, la promoción del desarrollo común, la vigencia de los derechos humanos, la consolidación de la soberanía y el fortalecimiento del mercado regional. De igual modo, resulta indispensable reimpulsar la integración latinoamericana para que, conjuntamente, los países de la región recuperen la autonomía frente al Fondo Monetario Internacional (FMI) y las instituciones del capital financiero internacional, como las agencias calificadoras de riesgo, las cuales, bajo la amenaza de revisar evaluación por país, provocan crisis cambiarias y ponen en jaque el actuar soberano de la política económica. Igualmente, es necesario priorizar los derechos humanos frente a las obligaciones derivadas de los tratados de comercio e inversión y vincularlos al respeto de estándares sociales y ambientales, evitando que los procesos de arbitraje internacional vulneren los derechos de las personas, los pueblos y la naturaleza.

Apoyar la reforma del sistema de Naciones Unidas en aras de fortalecer el multilateralismo y la multipolaridad.El Grupo de Puebla apoya la añorada reforma del sistema vigente de Naciones Unidas en aras de fortalecerlo. Son síntomas de su debilitamiento: el desfinanciamiento de su subsistema social (UNESCO, OIT, FAO, entre otras); la excesiva focalización de sus operaciones de mantenimiento militar de la paz; las condicionalidades sociales impuestas por los organismos que conforman su subsistema económico (FMI, Banco Mundial y OMC); y, la ausencia de sistemas democráticos de decisión en sus órganos políticos (Asamblea General y el Consejo de Seguridad). Al apoyar la necesaria reforma del sistema de Naciones Unidas, el Grupo de Puebla reitera también su apoyo al multilateralismo como fórmula de convivencia global, su rechazo a las hegemonías y la necesidad de crear un orden internacional más simétrico, justo y multipolar.

Promover la revolución del conocimiento. La nueva industrialización y un nuevo modelo de desarrollo sostenible demandarán que el conocimiento se convierta en una fuente de los cambios económicos, sociales y políticos acá propuestos. La región deberá invertir masivamente en educación pública de calidad, en todos los niveles de forma tal que contemos con una ciudadanía informada como fundamento para el modelo de desarrollo basado en la solidaridad y la innovación. El Grupo de Puebla propone llevar la inversión en ciencia y tecnología hasta el 2% del PIB en 2030, meta flexible y adaptada a las distintas condiciones de los países de nuestra región. Así mismo, sugerimos la composición de una Misión Científica que identifique y priorice los campos hacia los cuales debe dirigirse ese esfuerzo, haciendo énfasis en la investigación biológica, el desarrollo de cadenas sociales de valor, la calidad de servicios sociales, la atención de enfermedades tropicales, el desarrollo de vacunas y fármacos, la conservación de la biodiversidad, el desarrollo de energías alternativas y la protección de bosques y aguas. Del mismo modo, el Grupo de Puebla propone que los países hagan inversiones expresivas en la inclusión digital, como instrumento para dinamizar la educación y la difusión de informaciones.

Introducir una agenda cultural para las identidades.La integración nace de la identidad. El Grupo de Puebla rechaza el paradigma de una cultura única global y aboga por la multiculturalidad como camino para una convivencia regional con la alteridad que supone el reconocimiento del otro. Para el respeto de esta identidad diversa e inclusiva se precisa la construcción de una agenda cultural regional que revalide raíces, narrativas y valores comunes, apoye los gestores y trabajadores culturales y promueva las industrias culturales que además de hacer explícitos estos contenidos identitarios los haga social y económicamente productivos.

Promover la igualdad de género como motor de la transformación progresista. La crisis sanitaria ha visibilizado, para gobiernos y ciudadanía, las graves situaciones de desigualdad y discriminación que viven las mujeres, sobre todo aquellas de comunidades étnicas, campesinas, trabajadoras informales y tercera edad, entre otras. La pandemia, y las medidas sanitarias como el confinamiento en los hogares, afecta a las mujeres, niñas y adolescentes en dos aspectos: la violencia en su contra, que se ha visto agravada por la obligatoriedad de convivir con los agresores y la imposibilidad, en muchos casos, de pedir ayuda y acudir a las instancias de administración y procuración de justicia. Y, en segundo lugar, por la afectación a su autonomía económica, ya que un alto número de mujeres hace parte del sector informal de la economía altamente afectado por la crisis sanitaria. A lo anterior se suman discriminaciones laborales; la limitación de derechos sexuales y reproductivos; la ausencia de reconocimiento por los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados que desempeñan y, la falta de acceso y participación paritaria en la esfera pública. La omisión y la lentitud de reacción de las autoridades para restituir sus derechos y dignidad agravan la situación.

La eliminación de todas las formas de invisibilización, violencia, opresión y discriminación contra las mujeres, niñas y adolescentes, debe ser un compromiso inaplazable y, por ende, la perspectiva de género y de derechos humanos; la interseccionalidad, y la promoción y protección de estos derechos humanos de las mujeres debe ser un sello distintivo de progresismo.

Combatir el racismo estructural y todas las formas de discriminación. Además de luchar contra el patriarcado, será imprescindible combatir el racismo estructural y todas las otras formas de discriminación, como la lesbofobia, la homofobia, la transfobia y todas aquellas relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género, que crean enormes desigualdades y posicionan a mujeres y hombres en condiciones extremas de vulnerabilidad, violencia y exclusión. Nuestro objetivo debe ser la construcción de sociedades post-raciales, post-patriarcales, profundamente igualitarias y no discriminadoras.

Lograr y preservar la paz. Como expresión de fuerzas progresistas, el Grupo de Puebla alienta toda iniciativa que conduzca a establecer o fortalecer la paz en las naciones latinoamericanas, en el continente y en el mundo. Rechaza el uso de la violencia en cualquiera de sus formas, la incitación al odio, la intervención extranjera o la promoción de la guerra para imponer el dominio de grupos de poder nacionales o transnacionales. De igual modo, fomenta la reorientación de recursos que utilizan hoy los Estados para la producción, la compra o el comercio de armas, para que se destinen al sistema de salud y educación. Asimismo, exhorta a todos los gobiernos de la región a contribuir a la prohibición internacional del uso de armas nucleares en el planeta, a evitar su proliferación, así como a estimular el desmantelamiento de los arsenales nucleares.

Apoyar la movilización social. El Grupo de Puebla respalda las movilizaciones sociales como una expresión genuina de inconformidad y cambio que debe garantizarse como un derecho. A su vez, expresa su preocupación por la militarización de las respuestas a la protesta social. La movilización social es un derecho y una garantía inscrita dentro de los sistemas democráticos, por lo que el uso desproporcionado de la fuerza para combatirla constituye una grave amenaza contra la democracia.

Finalmente:

Nuestro deber, como progresistas, consiste en leer, entender y comprender el vigoroso, aunque doloroso mensaje, de parar, reflexionar y seguir que nos deja la pandemia. Nos urge trabajar en un proyecto político que conmueva y convenza a las y los supervivientes del viejo modelo de que aún existen en América Latina y el Caribe utopías alternativas posibles. La utopía posible que hoy nos reúne es la construcción del nuevo ser progresista latinoamericano: más solidario en lo social, más productivo en lo económico, más participativo en lo político, más pacifico con la naturaleza, y, sobre todo, más orgulloso de su condición de ciudadana y ciudadano de América Latina y del Caribe.

[1]

Luis Inacio Lula da Silva

[2] De Sousa Santos, Boaventura (2017). Democracia y transformación social. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.

[3] Encíclica Fratelli Tutti, 2020

[4] Comunidad Andina, UNASUR, Mercosur, Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, Alba, Caricom, Alianza del Pacífico, Asociación de Estados del Caribe y SICA.

Grupo de Puebla

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