Detienen a estudiantes que reclamaban justicia por Keyla Martinez, la joven asesinada por la Policía
Indetenibles los abusos policiales: Capturan estudiantes que reclamaban justicia por el crimen contra Keyla Martínez
La patrulla M1-51 se llevó detenidas a varias personas entre ellas jóvenes que participaban en una protesta para exigir justicia por el crimen contra Keyla Martínez a manos de agentes policiales. La detención ilegal ocurrió la tarde noche de este 10 de febrero de 2021.
El temor de la población es que a falta de castigo para las arbitrariedades policiales se produzcan más muertes y otros vejámenes a manos de los agentes policiales . Hay una campaña en redes sociales donde las mujeres manifiestan que no quieren que la policía las mate si caen en sus operativos y son llevadas a postas policiales. Keyla fue muerta en una celda policial de La Esperanza, Intibucá, al Occidente de Honduras. La policía del sector adujo que se había suicidado . La detención fue el 06 de febrero a eso de las 11 y 30 de la noche, el argumento de las autoridades era escándalo en la vía pública, una falta que casi siempre se imputa en las detenciones.
Esta tarde del 10 de febrero, se había convocado a protestas por la muerte de Keyla, en Tegucigalpa, capital de Honduras, se realizó por varios puntos, las detenciones se produjeron a varias cuadras de casa de gobierno.
La patrulla fue filmada cuando se llevaba a las personas detenidas entre las que se encuentran Josué Rafael Fonseca Christopher Flores, Alex Laguna; Eduardo José Molina, del Movimiento Amplio Universitario, MAU y de otros movimientos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
El derecho a Reunión y Asociación es uno de los más violentados en Honduras. La protesta pacífica es reprimida constantemente, con acciones ejecutadas por la Policía Militar y la Policía Preventiva. Las personas son detenidas y el Estado se junta para retrasar la liberación aduciendo que la policía está investigando para ver si los envían ante un juez.
Cuatro de los detenidos en están en las instalaciones de la Policía Nacional en el Barrio Los Dolores de Tegucigalpa. En horas de la tarde una motocicleta policial fue incendiada en el centro de la ciudad y es muy probable que les culpen de esa acción a los jóvenes, ya que cuando llevan detenidos allí es que les van a iniciar un proceso penal. Se sumarán a la lista de presos políticos en el país si la aplanadora judicial policial toma el caso para generar miedo y que se apaguen las protestas
Noche de terror en La Esperanza por crimen contra Keyla Martínez
Lo que inició como una velada pacífica frente a la estación policial para reclamar justicia por la muerte de Keyla Patricia Martínez Rodríguez terminó convirtiéndose en zona de guerra. Por segunda noche consecutiva, manifestantes y policías se enfrentaron.
Mientras los familiares velaban a la universitaria la noche del martes en el Ministerio Internacional Rey de Reyes en las afueras de la ciudad, a eso de las 7:30 pm frente al parque central se reunió un grupo de pobladores, en su mayoría mujeres.
Portaban carteles y cantaban canciones exigiendo justicia por el crimen ocurrido la madrugada del domingo 7 de febrero.
Al pasar los minutos se sumaban pobladores, los que gritaban frente a la estación que se hiciera justicia. A las 8:30 pm, el ambiente se tornó violento. Según los pobladores, agentes salieron de la sede y con celulares les hicieron fotografías y videos, por lo que un grupo de jóvenes enardecidos lanzaron piedras, morteros y hasta bombas molotov contra la estación.
Manifestantes prenden fuego a un monigote vestido de policía. Disparos, bombas y morteros se escucharon por toda la ciudad.
“Había personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y niños, porque todo el pueblo está indignado, y de repente los policías lanzaron bombas lacrimógenas, tratando de reprimirnos, pero no nos callaremos hasta que se haga justicia y muestren los rostros de los asesinos, queremos verlos tras las rejas”, exclamó un ciudadano. En diferentes esquinas del centro de La Esperanza, los manifestantes quemaban llantas y gritaban “policías asesinos”, también quemaron un monigote vestido como policía.
Alrededor de las 11:00 pm, una bomba molotov fue lanzada a un portón de la estación y comenzó a tomar fuego parte de la madera, pero en una rápida acción los mismos agentes apagaron el fuego evitando que se propagara por todas las instalaciones.
Policías antimotines salieron de la sede policial y comenzó el enfrentamiento que duró hasta la madrugada de ayer.
Pobladores enardecidos intentaron quemar la estación policial de La Esperanza como represalia por el homicidio de la enfermera Keyla Martínez. Fotos:Melvin Cubas.
Se escucharon disparos que se constató por casquillos que quedaron dispersos en calles principales de la ciudad.“Ya no vamos a soportar que nos estén matando, aquí el pueblo lo único que está pidiendo es que se haga justicia, todos corremos peligro de muerte, ya son muchos casos que han quedado en la impunidad”, aseguró un manifestante.
Muchos pobladores estaban molestos porque el gas de las bombas lacrimógenas se metió en sus viviendas adonde niños y personas de la tercera edad sufrieron por problemas de respiración.
Por las protestas no se han reportado personas detenidas; sin embargo, autoridades informaron que decomisaron morteros y bombas molotov.
Después de la muerte de la enfermera en una celda policial, todo el personal de la jefatura departamental fue removido a otras estaciones, por lo que las nuevas autoridades han recibo órdenes de no intervenir en las manifestaciones, siempre que sean pacíficas; pero la indignación de los pobladores por el homicidio de la enfermera está provocando que el ambiente sea de tensión en todo el departamento de Intibucá.
Muerte de Keyla Martínez puede ser una ejecución extrajudicial: OACNUDH
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) condena la muerte violenta de Keyla Patricia Martínez, quien se encontraba en custodia policial tras haber sido detenida por agentes de la Policía Nacional en La Esperanza, Intibucá.
El comunicado de la Oacnudh señala que, en seguimiento a las acciones de documentación realizadas sobre el caso, ocurrido el 6 de febrero, OACNUDH considera que los hechos podrían ser constitutivos de una ejecución extrajudicial y que, por tanto, la investigación deberá llevarse a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas.
La Representante de OACNUDH en Honduras, Isabel Albaladejo, recordó que “de acuerdo al Protocolo de Minnesota, las investigaciones deben orientarse a identificar no solo a los autores directos, sino también a todos los demás responsables de la muerte, incluidos los funcionarios de la cadena de mando que fueron cómplices en ella”.
OACNUDH insta a las autoridades a desarrollar sin dilación y por todos los medios legales disponibles una investigación pronta, exhaustiva, diligente e imparcial orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de los hechos, así como la reparación de las víctimas y sus familiares. Además, tratándose de una muerte violenta de una mujer que pudo ser cometida por razones de género, la investigación debe permitir establecer o descartar que se trate de un femicidio y conducirse de acuerdo a los criterios de profesionalidad y responsabilidad basada en el conocimiento de las características asociadas a los femicidios.
En este sentido, OACNUDH recuerda las normas y estándares internacionales para la investigación de los casos de esta naturaleza, reflejados en el Modelo de protocolo latinoamericano para la investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género. El Protocolo indica que, en los casos en que exista un femicidio cometido por un funcionario público, es imprescindible que el Estado adopte medidas eficaces para evitar la repetición de estas conductas, incluyendo la depuración de los entes involucrados y sanciones disciplinarias o judiciales para los funcionarios que obstaculizan las investigaciones o se comporten de manera negligente en relación con su deber de investigar a los posibles responsables. De igual manera, el Protocolo recomienda la eventual reforma de leyes que propicien el abuso de la función pública o que permitan la violación de derechos humanos de las mujeres.
Con relación al establecimiento de toque de queda en el marco del estado de excepción en el que se produjo la detención de Keyla Martínez, OACNUDH reitera que, de acuerdo a las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, las restricciones a algunos derechos con el fin de proteger la salud pública deben respetar los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación. Asimismo, recuerda que esas medidas de emergencia no deben servir de pretexto para abusos y vulneraciones de derechos humanos.
OACNUDH expresa su profunda solidaridad hacia la familia de la víctima y urge a las autoridades a adoptar todas las medidas necesarias que garanticen la no repetición de los hechos.
Finalmente, OACNUDH reconoce los avances en la investigación por parte del Ministerio Público y reafirma su disponibilidad para brindar asesoría técnica a las autoridades hondureñas en esta materia.
