Chile | El preocupante estado institucional de Carabineros tras la muerte de Francisco Martínez – Por Claudio Pereda Madrid
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.Por Claudio Pereda Madrid
De un ritmo cotidiano tranquilo, Panguipulli -pequeña localidad de unos 40.000 habitantes ubicada en la Región de los Ríos, a unos 900 kilómetros al sur de Santiago- bien puede compararse ahora con la ciudad estadounidense de Kenosha, del Estado de Wisconsin.
En ambos lugares un torpe abuso policial cambia el ritmo de las cosas y origina una intensa y violenta reacción social. Tal como en la urbe norteamericana, Panguipulli literalmente arde este viernes 5 de febrero una vez que se conocen los lamentables hechos.
Francisco Martínez Romero es un joven de 27 años en situación de calle que realiza diversas actividades para subsistir, siendo las principales la artesanía y el malabarismo.
Si bien se trata de una persona reconocida por gran parte de quienes circulan por la zona céntrica de la sureña ciudad chilena, lo cierto es que quizás nunca nadie en el mundo -más allá de esas cuadras urbanas donde practica el arte circense de los malabares- iba a conocer de su existencia.
Sin embargo, un actuar injustificadamente violento de Carabineros en un procedimiento simple -como es el control de identidad- termina no sólo con el artista callejero muerto por -al menos- cinco balazos realizados a quemarropa, sino que con las imágenes del hecho registradas por transeúntes y compartidas en las redes sociales a nivel global.
La situación origina el rechazo casi unánime en el país y también estupefacción y crítica internacional. El nombre de la persona abatida recorre el planeta como una nueva muestra de abuso policial bajo gobiernos democráticos. Tal como pasó con el joven afroamericano Jacob Blake, baleado por la espalda en Kenosha en agosto del año 2020.
En el caso chileno, el hecho claramente ya no es algo aislado y subraya una conducta peligrosa en el actuar de Carabineros, que desde el estallido social de octubre de 2019 profundiza un intenso reguero de variados abusos a los Derechos Humanos, decretados como tales por entidades civiles independientes como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, además de la agencia especializada de las Naciones Unidas.
Y tal como en el caso del menor de edad A.A., empujado por un policía desde el puente Pio Nono en Santiago en octubre de 2020, en el caso de Martínez han sido las imágenes captadas por ciudadanos comunes y corrientes las que han permitido compartir lo sucedido de manera pública.
Twitter «oficial»
En lo que ya es una pésima señal de autonomía -no controlada por el gobierno de Sebastián Piñera- en medio de todas las reacciones originadas por los mortales balazos policiales, Carabineros también hace uso de sus redes sociales para «explicar» lo sucedido.
A través de un video subido al Twitter de la institución (que luego fue sacado de la red), el teniente coronel Boris Alegría, de la comisaría en Panguipulli, señala taxativamente: «Ante el resguardo de su propia integridad y su propia vida (los funcionarios policiales) decidieron y debieron hacer uso de las armas de fuego, dentro del contexto de la legítima defensa propia».
Las imágenes que ahora recorren el planeta, sin embargo, ponen en entredicho lo expresado por Alegría. A lo más, muestran a un amedrentado ciudadano en clara actitud hostil, blandiendo dos elementos largos en actitud defensiva y queriendo arrancar del lugar.
Se ve también la presencia de, al menos, dos policías y un carro policial. Surge de inmediato la duda del por qué dos -supuestamente- preparados funcionarios policiales no son capaces de reducir a una persona sola.
A eso se suma otra acción temeraria en las redes, que fue rápidamente desactivada por los propios usuarios. El ex fiscal Pedro Orthusteguy -quien llega a ser presidente de la Asociación Nacional de Fiscales y actualmente defiende en tribunales al carabinero que dispara contra el joven estudiante Gustavo Gatica y lo deja ciego- publica en su Twitter personal el viernes 5 de febrero a las 22:25 una foto con el supuesto prontuario del joven muerto. A ello agrega la frase: El «malabarista» que atacó al sub oficial en #Panguipulli
Rápidamente varios usuarios hacen notar el torpe error del abogado: estaba compartiendo antecedentes de Francisco Javier Martínez Romero, en circunstancias de que el nombre del artista fallecido es Francisco Andrés Martínez Romero.
La cuenta de Orthusteguy tiene los twits protegidos y sólo pueden ser vistos por los seguidores aprobados.
Actuar abusivo
Varios testimonios de personas que circulan habitualmente por el lugar de los hechos -la esquina de las calles Martínez de Rosas con Pedro de Valdivia- comentan que los supuestos machetes de Martínez no constituyen peligro, aunque puedan tener una apariencia inquietante. «Eso se puede evaluar al verlos de cerca», comentan.
Además, señalan que el joven malabarista no cuenta con carné de identidad, por su propia situación de calle. Y que por eso se niega a ser controlado por la policía, ya que -evidentemente- al no contar con documentos va a terminar detenido. Y eso lo deja, en plana pandemia, sin la posibilidad de reunir dinero para comer.
El propio alcalde de Panguipulli, Rodrigo Valdivia, dice del artista callejero que «es una persona pacífica, siempre anda con un par de perros. Ese es el perfil que yo conozco».
El actuar policial surge evidentemente abusivo, existiendo clara superioridad frente a la persona muerta. Ante este tipo de situaciones existen también varios registros audiovisuales que muestran -por el contrario- cómo los uniformados actúan con inusitada deferencia con personas de más poder económico o con quienes pertenecen a agrupaciones políticas de derecha.
En ambos casos quienes originan problemas demuestran actitudes altamente agresivas (mucho más que el propio Martínez), portando armas de fuego y jamás son reducidas de la forma hecha con el artista de la calle.
Para qué pensar en la total impunidad con que narcotraficantes circulan por el país realizando manifestaciones ilegales (como funerales con fuegos artificiales y haciendo uso de armas de guerra) o celebraciones pirotécnicas por la llegada de la droga, sin que Carabineros realice algún tipo de procedimiento.
Conexión sospechosa
Otro elemento conocido un par de días después de lo sucedido -y que pone un preocupante manto de duda- es el lazo familiar directo existente entre el menor de edad A.A. y Martínez. El joven malabarista asesinado es tío del adolescente lanzado al Mapocho por un efectivo policial en octubre de 2020, en el marco de una acción represiva contra manifestaciones en Plaza Dignidad.
La conexión filial entre ambos recuerda en muchas personas el actuar policial en dictadura. Si bien es aún aventurado establecer conexiones que vayan más allá, son varias las preguntas razonables que comienzan a surgir a partir de este hecho.
Martínez es una persona conocida en la zona, el propio alcalde reconoce «ubicarlo». Todo el mundo sabe que vive en situación de calle, que tiene una personalidad particular y que -por ambas características, probablemente- parece tener alguna complicación de salud mental.
Sin embargo, no se conocen testimonios en que se dé cuenta de alguna acción violenta previa del joven. Por el contrario, se sabe que –incluso- en momentos de protesta social ayudaba a dirigir el tránsito.
Por todo ello, es posible preguntar: ¿por qué la policía uniformada va por él? ¿Cuál es el motivo de destinar dos o tres funcionarios para hacerle un control de identidad a alguien que se sabe que está en situación de calle? ¿La gestión uniformada tiene que ver con la ligazón familiar de Martínez con A.A.? ¿Qué se hubiese dicho del joven muerto si no se conocen las imágenes grabadas por personas comunes?
La gravedad del asunto es profunda. Y abre variados caminos de interpretación, todos –por cierto- preocupantes en cuanto al funcionamiento de la seguridad ciudadana en democracia, el funcionamiento correcto del Estado de Derecho y el respeto a los Derechos Humanos.
La indignación de la gente en Panguipulli, un lugar -como se ha dicho- tradicionalmente tranquilo, va en inexorable aumento ese viernes 5 de febrero luego del irregular procedimiento policial. Sobre todo porque tras los disparos, los carabineros involucrados no realizan ninguna gestión en ayuda: no prestan primeros auxilios, no llaman a algún servicio de salud y cuando llegó una ambulancia –tras los contactos hechos por personas del lugar- tampoco facilitan su acercamiento deteniendo el tránsito vehicular.
El joven es asistido por civiles que están en el lugar. Natalia Peralta, técnica en enfermería que compra en el comercio cercano, intenta reanimarlo y no hay ninguna posibilidad: el joven muere sin recibir ayuda de los efectivos policiales que originan su muerte.
Tras el retiro del cuerpo, la gente comienza a reunirse en la mortal esquina. Hay registros visuales que dan cuenta de la alta presencia de Fuerzas Especiales de Carabineros en una ciudad pequeña. Rápidamente, el espacio se ve flanqueado por unidades uniformadas, mientras la indignación de la gente crece.
Todo culmina en la noche del citado viernes con acciones de alta violencia, en la que manifestantes queman la municipalidad y otras instancias públicas, registrándose enfrentamientos entre personas que protestan y Carabineros. Tal como en Kenosha, Estados Unidos.
Un segundo video de los hechos
Martínez llega a Panguipulli procedente de Santiago, en donde tiene su hogar natal en la populosa comuna de Puente Alto, ubicada al sur de la capital chilena. Hasta allí son trasladados sus restos, velados por familiares y amigos el domingo 7 de febrero, para realizar su funeral el lunes 8 de febrero, a las 09:00 de la mañana.
Para colmo de males también llegan hasta el sector varias unidades de Fuerzas Especiales para reprimir el funeral y las manifestaciones espontáneas de pobladores con disparos y gases lacrimógenos, incluso en la propia casa de los familiares.
Es curioso y hasta derechamente cobarde esta acción policial, absolutamente ausente -por ejemplo- en las ceremonias fúnebres de narcotraficantes, en circunstancias que en esos actos se hace uso indiscriminado de todo tipo de armamento de alto calibre.
Mientras tanto, en Panguipulli, la fiscalía regional recopila antecedentes del caso como el informe de autopsia, análisis de videos y empadronamiento de testigos, entre otros. Una hermana del joven muerto entrega a la policía de Investigaciones -ente policial a cargo de las pesquisas- los machetes utilizados por Martínez en sus rutinas de malabares y que habría utilizado contra los carabineros que le dispararon (este punto aún no está totalmente confirmado). La audiencia para la formalización del único policía involucrado hasta ahora es también el lunes 8 de febrero.
Medios de comunicación y redes sociales han dado a conocer otro video de lo sucedido en la ciudad sureña. En él se aprecia la acción de un segundo carabinero quien también haría uso de su arma de servicio contra el artista callejero, abriendo una nueva arista al caso. Agravando aún más la situación, porque -estirando el chicle de las posibilidades y de las sospechas- el hecho tiene la apariencia de un ajusticiamiento.
Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) -organismo autónomo del Estado- reúne antecedentes para decidir qué acciones seguir. La entidad recaba el testimonio de -al menos- seis testigos clave, se reúne con el fiscal local, con representantes de la Fiscalía Regional, con el General de Zona de Carabineros y con el encargado de derechos humanos de la institución uniformada.
A nivel de expertos en seguridad interior existe un amplio consenso: el control de identidad es pésimamente ejecutado, especialmente porque el uso del arma de servicio se hace -a todas luces- sin respetar los principios de proporcionalidad.
Como ya se apunta anteriormente, el hecho se enmarca en un actuar preocupante de Carabineros y aporta un antecedente más para realizar una decidida y profunda reforma a la policía uniformada, con una clara intervención civil.
El director del INDH, abogado Sergio Micco, lamenta que Carabineros haya señalado luego de los hechos «que estamos frente a un caso de legítima defensa, porque justamente hubiese sido mucho mejor que dijeran vamos a investigar los hechos”, según indica a la prensa.
De acuerdo a los protocolos existentes, la institución armada debe manifestar que se van a recopilar los antecedentes, evitando declaraciones precipitadas. Quizás por lo mismo el video del teniente coronel Boris Alegría se «baja» de Twitter.
El triste antecedente de Kenosha
En Panguipulli las investigaciones recién comienzan. En Kenosha, en tanto, el fiscal blanco Michael Graveley -quien investiga el baleo al joven afroamericano- anuncia en enero reciente que no va presentar cargos contra el policía que dispara, dejando a la víctima parapléjica.
«Es absolutamente incontrovertible que Blake estaba armado con un cuchillo y no lo soltó a pesar del pedido de los oficiales», plantea Graveley. El policía involucrado en los hechos, Rusten Sheskey, ha sido objeto de cinco investigaciones internas desde que forma parte del departamento de Policía de Kenosha el año 2013. A ello se suman casi una veintena de premios, cartas o elogios formales.
Para el fiscal, Sheskey actúa en «legítima defensa». Sin embargo, Chris Ott -director ejecutivo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés)- cree que al no acusarse al oficial «continúa el ciclo de permitir la violencia policial y evadir la responsabilidad cuando hieren y dañan gravemente a una persona negra. Como hemos visto tantas veces antes, la policía en este caso tuvo un estándar de responsabilidad diferente al común», enfatiza.
Kenosha es hoy un volcán dormido luego de lo que pasó en agosto con Blake y lo señalado en enero por el fiscal Graveley. Lo de Panguipulli, en tanto, recién comienza. Durante el fin de semana son varios los reportes que indican que distintas comisarías policiales del país son objeto de manifestaciones y protestas.
A pesar del triste antecedente de Kenosha, Panguipulli puede ser el esperado punto de inflexión que gran parte del país aspira, para que la institución que está cargo de la seguridad de todos los chilenos, que se financia gracias a los impuestos de todos los chilenos, desarrolle sus labores con profesionalismo y no de la manera equivocada en que se ha manejado -especialmente- luego del 18 de octubre del año 2019.
Queda, además, por esclarecer el antecedente de los lazos familiares existentes entre A.A. y Martínez. Esa arista es hoy para muchas personas algo más que un volcán dormido.
