Bolivia | Defensoría del Pueblo reprocha el paro médico de Santa Cruz y exhorta a optar por el diálogo
La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, reprochó este martes que los médicos del departamento de Santa Cruz hayan realizado un paro de actividades, pues esa medida de presión atenta en contra de la salud de la población, más aún en un periodo de pandemia por el COVID-19.
Exhortó tanto a las instancias gubernamentales como al sector movilizado a buscar el diálogo como medida de entendimiento real, sincero, razonable y con acciones proporcionales para evitar el conflicto que, en este caso, usa a la población como recurso de presión.
“Llama la atención que una parte de este sector haya llegado a un plausible acuerdo con el Gobierno con relación a las demandas y observaciones emanadas del análisis del proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria, y que otra parte de los profesionales de salud de Santa Cruz, sin agotar una vía de diálogo con el Estado en su generalidad, haya recurrido a medidas de presión que sólo afectan a la ya golpeada salud de la ciudadanía”, dijo Cruz, citada en un boletín institucional.
De acuerdo con una verificación de la Defensoría del Pueblo, los hospitales Municipal San Juan de Dios, Municipal Francés, de Niños Mario Ortiz, Japonés, de la Mujer – Maternidad Percy Boland, Municipal Plan 3000, Municipal Villa 1ro. de Mayo, Municipal Bajío del Oriente, 400 Camas – Caja Nacional de Salud, y el Hospital Caja Petrolera de Salud acataron el paro de 24 horas convocado por el Colegio Médico de Santa Cruz.
La institución defensorial consideró pertinente que el Estado, en todos sus niveles, active los mecanismos de diálogo ante la amenaza de un paro médico regionalizado o general, a efecto de escuchar las peticiones del sector movilizado y de darles una solución para evitar que se vulnere el derecho a la salud de la ciudadanía en general, y de los grupos de especial atención.
De acuerdo con la Defensora del Pueblo, se debe considerar que el derecho a la salud implica para el ser humano un estado de completo bienestar físico, mental y social; y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
Ello implica que restringir la atención de especialidades y habilitar sólo los servicios de emergencia, se constituye en una violación al derecho a la salud para sectores vulnerables, en especial de adultos mayores, personas con discapacidad, niños y mujeres embarazadas.
