Arauz y Lasso, en la segunda vuelta – El Universo, Ecuador
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Los resultados oficiales de la primera vuelta electoral, proclamados la madrugada de ayer por el Consejo Nacional Electoral, establecen que, de acuerdo con el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano en las urnas el 7 de febrero, los binomios presidenciales que pasan a la segunda vuelta, a realizarse el 11 de abril, son el de la alianza Unión por la Esperanza UNES, lista 1-5, que obtuvo 3′033.753 votos, y el de la alianza CREO-PSC, listas 21-6, que alcanzó 1′830.045 votos.
De conformidad con el artículo 89 del Código de la Democracia y el artículo 143 de la Constitución de la República, en el caso de que en la primera votación ningún binomio presidencial hubiera logrado la mayoría absoluta de votos válidos emitidos, se realizará una segunda vuelta electoral dentro de los siguientes 45 días, en la que participarán los dos binomios más votados en la primera vuelta. En este caso son Andrés Arauz-Carlos Rabascall y Guillermo Lasso-Alfredo Borrero.
La esperada proclamación de resultados oficiales da paso a la fase de impugnaciones a los resultados numéricos, por parte de las organizaciones políticas, a través de recursos administrativos o jurisdiccionales, que deberán tener sujeción al artículo 138 del Código de la Democracia, que contempla la verificación del número de sufragios de una urna cuando un acta hubiere sido rechazada por el sistema informático de escrutinio por inconsistencia numérica de sus resultados, si faltaren las firmas del presidente y del secretario de la Junta Receptora del Voto, o cuando alguno de los sujetos políticos presentare copia del acta de escrutinio suministrada por la Junta Receptora del Voto y esta no coincidiere con el acta computada.
El sábado, los consejeros electorales dieron respuesta a las peticiones de recuento para descartar las denuncias de un presunto fraude electoral, idea que se ha ido posicionando en una parte del electorado y que debe ser desvirtuada por el CNE con información clara y reiterada de los resultados oficiales y del proceso a seguir para realizar impugnaciones.
