Perú | Resistencia LGBT+ entre la pandemia y la crisis política – Por Vero Ferrari
Por Vero Ferrari
El año empezó mostrando cómo más de dos décadas de neoliberalismo habían desinstalado la cobertura de salud para lxs peruanxs. El coronavirus ocasionó miles de muertes y aprovechamiento de clínicas privadas. Las cuarentenas dejaron a la deriva les más vulnerables, entre ellas las personas LGTBIQ+, para quiénes no hay políticas públicas.
No obstante, el activismo de la diversidad tuvo -junto con los feminismos y estudiantes- un protagonismo clave en las protestas contra el golpe de Estado parlamentario que costó la vida de dos peruanos y más de un centenar de heridxs. Defendimos una democracia que no nos protege: dos proyectos de ley llevan varios años en el Congreso sin que puedan debatirse ni en comisiones ni en el Pleno: el de matrimonio igualitario y el de identidad de género.
La pandemia
En marzo, el confinamiento sacó a flote el binarismo y las imposiciones de género al tomarse medidas que aplicaban una separación entre hombres y mujeres, sin considerar las diversas identidades de género. Cuando el problema se hizo patente, el expresidente Vizcarra y sus ministrxs tomaron una posición afirmativa manifestando que la diferenciación se haría por expresión de género y llamando a respetar a las personas trans. A pesar de ello, la medida fue desestimada pues aumentaba los casos de coronavirus y colocaba en las mujeres casi todas las tareas de cuidado.
Las partidas
En enero, la muerte se llevó al activista gay Giovanny Romero Infante, joven periodista y quien fuera director y presidente del Movimiento Homosexual de Lima, conocido por su continuo cuestionamiento a gobiernos que permitían la violencia contra las personas LGTBIQ+.
En mayo falleció el destacado artista y performer Juan Carlos Ferrando, quien venía batallando contra la diabetes por muchos años. Él fue uno de los iniciadores de la Marcha del Orgullo en Lima en los 80 y junto a su pareja, Alfredo Caballero, luchaban por conseguir el matrimonio igualitario.
La pandemia se llevó a destacados empresarios gays como Enrique Verdura, dueño de una de las discotecas más antiguas de Lima en funcionamiento, “La Jarrita”, que había servido de refugio para cientos de clientes gays y trans; y Fernando Espinoza, dueño de “La Casona”, una de las discotecas más populares del Centro Histórico de Lima. Se suma a esta triste lista el gestor cultural Luis Repetto Málaga, distinguido como “Personalidad Meritoria de la Cultura” en 2014, por su labor incansable en la protección y difusión del patrimonio cultural peruano. Las parejas de los tres tuvieron que atravesar su viudez sin derechos.
Avances legislativos
En abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que “Perú es responsable por torturas y violación sexual a una persona LGBTI por parte de agentes policiales” por la violación de los derechos de Azul Rojas Marín, a quien en 2008 unos policías detuvieron ilegalmente, torturaron y violaron en una comisaría de Trujillo. El caso se archivó en varios procesos viciados por la homofobia de los magistrados, por lo que Rojas Marín acudió a instancias internacionales. Entre las medidas de reparación se encuentran de dinero a Azul y su madre por los daños materiales e inmateriales vividos, reabrir la investigación y sancionar a los agresores, y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
En julio, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó la adhesión al pacto internacional “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad”, pero retirando a la población LGTBIQ+ de sus beneficios. Frente a ello, la presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia, Janet Tello, pidió la reconsideración de la medida. Debido al escándalo, el pacto fue suscrito con todas las poblaciones que se debían proteger y se pudo seguir avanzando con el Protocolo de Acceso a la Justicia para personas LGTBIQ+, de pronta refrendación.
Ese mismo mes, el Tercer Juzgado Transitorio de la Corte Superior de Lima reconoció los derechos del obstetra Eidan Kaletb, una persona intersex, que inició una demanda de amparo en 2017, para que se corrija el error cometido al momento de inscribirlo como de sexo femenino en su Cédula de Nacido Vivo.
En agosto, a través de un Decreto Supremo, se aprobaron las normas complementarias para la aplicación del Decreto de Urgencia N° 063-2020, que dispone el apoyo solidario de los funcionarios y servidores públicos del Poder Ejecutivo. Es para la entrega económica a favor de los deudos del personal de salud fallecidos a consecuencia del Covid-19, en el que están incluidas los convivientes del mismo sexo. Esto se convirtió en un reconocimiento de facto de las parejas de lesbianas y gays peruanas.
En setiembre, el Consejo Regional de Arequipa aprobó por unanimidad la Ordenanza Regional de Igualdad y No Discriminación tras una larga espera de 12 años. La norma busca promover el respeto y la igualdad de condiciones de todas las personas sin distinción de raza, idioma, religión, orientación sexual, identidad de género, ideología o condición económica en una de las ciudades más conservadoras del país.
La homofobia estatal
En noviembre, a puertas cerradas y en sesión reservada, cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (Ernesto Blume, José Sardón, Augusto Ferrero y Manuel Miranda) decidieron negar el derecho al reconocimiento del matrimonio igualitario en el caso Oscar Ugarteche, a pesar de la Opinión Consultiva de la CorteIDH que exige a todos los países miembros regular sus legislaciones para proteger y garantizar los derechos de las personas LGTBI.
En diciembre, el Congreso suscribió, luego de cinco años, la Convención Interamericana sobre la protección de derechos de las Personas Mayores, que permite proteger los derechos y garantizar vidas dignas para lxs adultxs mayores. La bancada fujimorista buscaba seguir bloqueando la firma de este pacto porque también protege a la población adulta mayor LGTBIQ+.
Crímenes de odio
El 9 de febrero fue asesinada Angie Mimbela del Águila (28) cuando se encontraba trabajando en la madrugada en su barrio de Villa El Salvador (Lima). Hasta la actualidad se desconoce quién la degolló, a pesar de existir videos de seguridad que grabaron los hechos.
El 11 de julio fue asesinada la dirigenta trans Cristal Romero Mattos (52) en la ciudad de Trujillo. Ella fue encontrada acuchillada en su peluquería. Tampoco se ha encontrado a quienes la mataron.
El 31 de agosto fue asesinada Brenda Venegas Ayquipa (52). Ella fue encontrada ahorcada en su peluquería ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho (Lima). Se sospecha que el crimen fue cometido por quien era su pareja eventual, que se encuentra no habido.
El 4 de setiembre fue asesinada en su habitación Gabriela Cruz Pimentel (46) del distrito de San Miguel (Lima). Las investigaciones no han mostrado ningún avance para encontrar al culpable.
El 12 de noviembre, Soledad Rojas Páucar (48), también conocida como Shisha, fue asesinada en su minimarket ubicado la ciudad de Huancayo. Se desconoce quiénes la mataron.
Pendientes
Se termina el año y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) sigue negando el reconocimiento del hijo de Darling Delfín y Jenny Trujillo, pendiente desde 2016. En la misma situación se encuentran los dos hijos del animador de televisión Ricardo Morán, a quien Reniec aún se niega a registrar con los apellidos de su padre, por lo que se encuentran en un limbo legal.
En diciembre, el regidor Manuel Siccha presentó la propuesta de Ordenanza de Cupo Laboral Trans en la Municipalidad de Lima, para que un 1% de trabajadores de la administración sean personas trans, aunque la municipalidad ya asumió su responsabilidad social sobre el tema, contratando a más de una docena de mujeres trans para diversas labores.
Esta nota fue producida y publicada originalmente por Agencia Presentes, un medio regional de noticias sobre géneros y derechcos humanos.
