Organizaciones de DDHH denuncian que militares disparan contra migrantes en la frontera entre Perú y Ecuador
Militares dispararon contra migrantes en frontera de Tumbes con Ecuador
Desde mediados de enero, la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas han intensificado el control de las fronteras, y apenas el pasado martes 26, miembros del Ejército dispararon contra un grupo de personas migrantes que intentaba ingresar al país por el distrito de Aguas Verdes, en la provincia de Zarumilla (Tumbes). Desde las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los migrantes ya se han levantado las alertas.
El mismo día, el jefe de la Oficina Defensorial de Tumbes, Abel Chiroque Becerra, envió una carta al comandante general de la Primera Brigada de Infantería de esa región, Rubén Chucos Torres, en la que le recomendó adoptar medidas con el fin de evitar que se replique lo sucedido en la frontera con Ecuador: militares peruanos disparando contra migrantes, entre ellos niños y adolescentes, según el reporte de la Defensoría del Pueblo.
En su carta, la Defensoría del Pueblo los hechos plantean serios cuestionamientos respecto al uso proporcional de la fuerza de los militares y recomienda “adoptar medidas necesarias con el fin de evitar que situaciones similares a las descritas se repitan, poniendo en especial énfasis en actividades de formación y capacitación del personal militar encargado de realizar el control fronterizo”.
Sobre lo ocurrido el pasado 26 de enero, la organización Equilibrium CenDE, dedicada a generar información sobre la situación socioeconómica de los migrantes, también alzó su voz. Su director ejecutivo y politólogo , Gustav Brauckmeyer, advierte que lo más preocupante de estos ataques es que no son casos aislados y que tienen una repercusión negativa en la opinión pública.
“El simple hecho de que se amenace a personas con disparos es preocupante. Ellos tienen derecho a migrar y pedir refugio. Con esos tratos los militares ponen a los migrantes al mismo nivel que una persona que cometido un hurto o un delito grave, y eso también genera rechazo, no solo hacia una persona, sino hacia la población entera, y eso puede llevar a acciones violentas y discriminatorias contra esa población”, apunta Gustav Brauckmeyer a Wayka.
La última encuesta de Equilibrium CenDE enfocada en la población venezonala en Colombia, Perú, Chile y Ecuador, también obtuvo porcentajes preocupantes. El 43% de ellos perdieron su trabajo antes o durante su pandemia y siguen desempleados, el 53% tuvo que pedir dinero prestado para subsistir durante la pandemia, el 64% declaró haber sido víctima de algún tipo de discriminación y el 51% escapó de su país con su familia, mientras el 37% se fueron solas.
“Lo que sucede es que se han limitado los canales en Perú para hacerlo de una manera regular, y eso es lo que ha generado que las personas opten por tratar de ingresar por canales irregulares. Esto no es necesariamente ilegal, es un ingreso irregular a falta de mecanismos regulares sensibles a las realidades de estas personas”, explica Gustav. Cabe recordar que los principales motivos de la migración venezolana son el alto costo de vida (64%), la falta de alimentos (58%) y falta de medicinas y servicios de salud (51%).
Para Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), estos hechos deberían investigarse. “Esto no solo contraviene la normativa internacional y peruana sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego, sino que siembra el pésimo precedente de usar armas de este tipo para intimidar a la población que tiene derecho a buscar protección internacional”, sostiene Erika Guevara, de AI.
Operación peruana en frontera contra la migración fue coordinada con Ecuador
El despliegue de fuerzas militares peruanas en la frontera con Ecuador para, entre otros asuntos, disuadir la inmigración ilegal, fue coordinado entre los ejércitos de ambos países hace unas dos semanas, confirmaron fuentes militares, que agregaron que el ministro Oswaldo Jarrín realizará una visita a la zona el miércoles 27 de enero del 2021.
«Obedece a coordinaciones. Los jefes de los comandos conjuntos estuvieron en el puente el 12 de enero», dijeron las fuentes consultadas tras conocerse este martes que el Gobierno de Perú reforzó sus fuerzas en la frontera para combatir la citada problemática migratoria.
Y atribuyeron la operación peruana a todo tipo de fenómenos fronterizos como el «contrabando» y «el crimen», y no sólo a la «migración» entre los dos países.
Despliegue peruano
Desde Perú se informó que a lo largo de la ribera izquierda del río Zarumilla, que marca la frontera entre ambos países, se ubicaron más de 50 vehículos del Ejército entre tanques, carros de combate, vehículos blindados y patrulleros, así como más de 1 200 militares.
El despliegue se realizó con la presencia en la zona de los ministros de Defensa, Nuria Esparch, y del Interior, José Elice, así como el jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo, quienes realizaron un sobrevuelo por la línea de frontera.
Su objetivo será vigilar hasta 30 pasos fronterizos clandestinos que han sido identificados como los más frecuentes utilizados por la migración ilegal.
El general Astudillo participó en la reunión con su homólogo ecuatoriano, general Luis Lara Jaramillo, en el punto fronterizo entre Aguas Verdes y Huaquillas, donde las dos partes hablaron de los problemas fronterizos.
Por el momento, según las fuentes consultadas, Ecuador no ha movilizado contingentes en esa zona, que mañana, dentro de una gira de rutina por la provincia de El Oro, será visitada por Jarrín.
Creciente migración
La intervención peruana se da a raíz de un creciente movimiento migratorio por la región de venezolanos pese al cierre de fronteras por la covid-19, si bien aún es difícil saber sus direcciones exactas.
«Esta última movilización de venezolanos saliendo de Ecuador (hacia Perú), son venezolanos que salen de Venezuela y que su destino final es Perú, Chile o Argentina», dijo Daniel Galue, activista que monitorea la migración en esa zona fronteriza.
Y precisó que «no es que están acá (en Ecuador). Salen de Venezuela y están llegando y quieren continuar su trayecto» hacia el sur.
Galue confirmó que «del lado ecuatoriano no está sucediendo nada (..) el problema está en Perú que mandó sus tropas».
En un video facilitado a Efe por el activista, grabado por él mismo en una carretera rural entre campos de cultivos por la zona fronteriza, se aprecia a un «soldado peruano», según dijo, disparando al aire en señal de advertencia ante un grupo de migrantes con niños.
Según el activista, del lado peruano, en Aguas Verdes, habrían sido detenidos «unos 300 migrantes para investigación y deportación», cifra no confirmada oficialmente.
Paralelamente, en el lado ecuatoriano, hay varados «unos 200 migrantes» a la espera de ver cómo «evoluciona la situación y si pueden continuar su camino».
Ecuador, donde residen unos 400 000 migrantes venezolanos, cerró sus fronteras terrestres con Colombia y Perú en marzo de 2020 como medida preventiva contra la pandemia del coronavirus, y desde entonces las partes no las han reabierto.
Pero el tráfico ha continuado siempre por pasos ilegales o trochas tanto con Colombia como con Perú, con un creciente flujo en la últimas semanas.
«Desde el día jueves 14 al pasado lunes 18, tuvimos una gran afluencia de pasajeros extranjeros, en un 85% de nacionalidad venezolana. En esos cuatro días, se movilizó más cantidad de usuarios que en las últimas tres semanas del mes de diciembre», dijo Luis Fernando Villaroel, administrador de la terminal terrestre de la ciudad de Tulcán, en la frontera con Colombia.
Efecto elecciones
Daniel Regalado, de la Asociación de Venezolanos en Ecuador, justificó el incremento «a raíz de las elecciones de diciembre» en Venezuela y «la nueva fallida Asamblea Nacional que tiene el régimen ahora».
«Todo se va uniendo. Es la crisis dentro de Venezuela», explicó, aunque también deduce que hay «muchas personas en Ecuador que se están yendo más al sur, Perú y Chile, porque realmente Ecuador no les brinda una regularidad» laboral.
Perú: Militarización de fronteras pone en peligro los derechos humanos
En el contexto del incremento de la militarización de las fronteras peruanas con la pretendida intención de resguardar las mismas y limitar el flujo migratorio hacia el país, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo hoy:
“El uso de personal militar para labores de control migratorio supone un grave riesgo para los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, debido a que carecen de la formación y de las herramientas adecuadas para tal función. Prueba de ello es el evento reciente ocurrido en Tumbes, en la frontera con Ecuador, en el que personal del Ejército peruano disparó armas de fuego al aire para dispersar personas indefensas, entre ellas niños y niñas.”
“Esto no solo contraviene la normativa internacional y peruana sobre empleo de la fuerza y armas de fuego, sino que siembra el pésimo precedente de usar armas de este tipo para intimidar a la población que tiene derecho a buscar protección internacional. Las autoridades peruanas deben investigar y juzgar este tipo de hechos para que no se repitan. Asimismo, deben limitar el uso de las fuerzas armadas en actividades de gestión migratoria con el fin de evitar una tragedia, y actuar conforme a los estándares internacionales, brindando protección a quienes la necesitan.”
