Los cuerpos de policía en América Latina – Por Amílcar Salas Oroño

En 07/01/2021

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

En Latinoamérica existen tres tipos de policías[1]:

Cuerpos Policiales Nacionales. Los casos más característicos de este tipo de cuerpo policial son los de Colombia y Chile (en este último caso son dos: Policía de Investigaciones y Carabineros). Son policías con un monopolio exclusivo de competencias. Otros países que también tienen este tipo de policía como fuerza policial principal –como Bolivia, Paraguay, Perú y Ecuador– pueden tener otras policías actuando (con competencias importantes) en el territorio. En Argentina existe este tipo de cuerpo, pero no es principal; en Brasil, es un cuerpo policial más bien pequeño. Existe una cierta correlación entre sistemas políticos unitarios y este tipo de fuerza policial.
Cuerpos Policiales Regionales. Son unidades propias de gobiernos provinciales, cantonales o estatales. Tienen que ver con el federalismo de los sistemas políticos. Los casos típicos corresponden a Brasil, Argentina y México (estos dos en transición, con “nuevos” cuerpos nacionales organizados en el último tiempo; México con la Guardia Nacional, a partir del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y Policía de Seguridad Aeroportuaria en Argentina, durante el Gobierno de Néstor Kirchner, en 2005). El tradicional problema de estos sistemas es la falta de coordinación o bien el empoderamiento de determinados cuerpos regionales cuando hay una provincia/estado con un peso desproporcionado: por ejemplo, la Policía de la Provincia de Buenos Aires o las Policías (militares) de San Pablo o Río de Janeiro.
Policias Municipales. Pueden coexistir (como de hecho lo hacen) con los otros dos tipos de policías. Hay diversos subtipos de policías municipales: vinculadas exclusivamente a investigaciones judiciales, a determinados delitos, con diversos grados de autoridad y acción. Hay una tendencia creciente a una mayor descentralización de la seguridad en la región (México está en un proceso, hace tiempo, que combina una municipalización, estatalización y federalización de su Policía; partiendo de un umbral de mucha fragmentación (y descrédito) de la administración de la seguridad pública). Esta descentralización también se acopla con el crecimiento de las empresas de seguridad privada, cuya regulación suele estar autorizada por los gobiernos locales Es importante distinguir, para el caso, países con policías municipales (Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay –con competencias específicas– y Perú) de los países con predominancia de policías nacionales. En Chile, los cuerpos de Seguridad Ciudadana municipal son muy limitados y con competencias subsidiarias; en Colombia, la Policía Municipal son Unidades de la Policía Nacional. A lo que hay que sumar el caso de México, que en principio iría hacia una municipalización.

La recomendación de la ONU establece 2,8 policías por cada 1.000 habitantes. La región tiene un promedio de 3,7, cerca de la práctica internacional (por encima de EE. UU. y Canadá, o de varios países europeos, salvo Italia, España o Grecia que tienen arriba de 4). En términos absolutos, en cantidad de personal policial, los principales son Brasil, México, Argentina, Colombia y Perú, siendo Uruguay el país con más policías por habitante en la región: 670 efectivos por cada 100.000 personas. Es importante ver los números de las policías en relación con el número de las FF. AA.: hay casos en los que algunas fuerzas policiales nacionales o regionales tienen más efectivos que el conjunto de las tres FF. AA., aunque eso no suponga un mayor “prestigio” o “protagonismo”, así como tampoco mejores condiciones salariales. Por ejemplo, en Argentina, Brasil y México (los tres casos prototípicos de federalismo policial) el número de policías supera ampliamente al de los integrantes de las FF. AA. En promedio para la región, las policías, desde el 2010 (Latinobarómetro, 2018) generan 20% menos de confianza que las FF. AA., en torno de una confianza en el 40%.

No hay una correlación entre mayor número de efectivos y una mayor seguridad. Al respecto hay dos variables (según los expertos) claves: la confianza que se le tenga a las instituciones policiales (descrédito compartido en la región) y la claridad de competencias y lógicas organizacionales del sistema de seguridad pública. Ya en 2013, casi las tres cuartas partes de la población latinoamericana estaban convencidas de que las fuerzas policiales eran “corruptas” o “extremadamente corruptas”; percepciones que hoy se manifiestan agudamente en México y Paraguay, y son más moderadas en Uruguay. La misma situación de baja ponderación general vale para la percepción de “mas organizadas” o “desestructuradas” de las fuerzas policiales. Estas confianzas tampoco estarían en línea demasiado directa con las retribuciones que reciben las/los agentes: según datos propios compuestos desde sitios oficiales de los países en cuestión, el salario promedio registrado en USD (aproximadamente) para el 2020 era: Argentina (600), Colombia (600), Chile (1140), Ecuador (950), Perú (909), México (870), Paraguay (340) y Bolivia (330).

En general, no hay sindicalización policial en los países latinoamericanos, salvo algunos casos puntuales (Uruguay, o policías civiles en Brasil; sin derecho a huelga). A grandes rasgos, las experiencias son dispares y dependen de cada caso en particular: por un lado, Uruguay ha permitido –progresivamente– fusionar a la cultura corporativa de la fuerza la dinámica de la presión sindical, incorporando de a poco su voz no sólo a la discusión salarial sino también a otras reivindicaciones y contrataciones vinculadas a la Policía. Ya consolidados, se reúnen en sus representaciones con el Poder Ejecutivo. En el caso de Brasil, cada Estado tiene su Policía Civil, que se encarga exclusivamente de las investigaciones policiales; su protagonismo suele estar vinculado a lo que orienten las policías militares[2].
En estas circunstancias, es comprensible la percepción por parte de las autoridades públicas de una necesidad de “Reforma Policial”; más allá del tipo de Policía, se convierte en tema de agenda política en todos los países. Aún más en aquellos casos donde se han registrado “movilizaciones policiales” recientes (Argentina). Hay tres grandes áreas de reformas que vienen siendo tratadas: a) las que tienen que ver con los sectores de gobierno y su responsabilidad sobre el asunto, los diseños institucionales y los cambios organizacionales (como lo fueron el Sistema Nacional de Seguridad Pública en México, o el Ministerio de Seguridad en Argentina); b) la incorporación de formas de auditoría y supervisión de la conducta policial (las purgas policiales han sido una constante en las últimas décadas, desde México a Argentina, a nivel federal, estatal o municipal; emblemáticamente, la depuración en la segunda mitad de los años ’90 de más de 7.000 oficiales cuestionados de la Policía Nacional de Colombia, que marcó todo un momento para la institución y c) la capacitación y mejoramiento de las condiciones de las fuerzas policiales y de sistemas de gerenciamiento de la información (en este rubro el avance es bastante sostenido, no siempre organizado; en muchos casos, exhibe el problema anterior mencionado de la falta de coordinación entre los niveles jurisdiccionales; quizás sea Chile el caso más avanzado en este aspecto, al igual que en el carácter profesionalizado de la Policía); también en este plano, hay propuestas para realizar alguna forma de sindicalización o defensorías, pero sin mucha proyección. En este 2020 hay, en curso, reformas policiales con distintos tiempos de avance: desde cambios vinculados con la formación policial (Paraguay), con la propia característica de la fuerza (Chile), con el sistema de seguridad en su conjunto (México), y propuestas más estructurales puestas en el debate parlamentario (Perú) o impulsadas desde los propios gobiernos (Colombia).

Más allá de la integración de las policías al Poder Público constitucionalmente definido –y al margen de la condición de la fuerza, civil o militar–, como cuerpo las reivindicaciones policiales vienen marcando los tiempos políticos en cada uno de los países, y cada vez con mayor impacto. En menos de un año: a) rol en el golpe de Bolivia de fines de 2019; b) “motín policial” violento en Ceará (Brasil), originando cientos de muertos; c) descontrol policial en Colombia y Chile, con efectos directos sobre sus legitimidades sociales; d) “protesta policial” en Argentina en plena pandemia. Si bien hay países marcados en su historia política reciente por movimientos policiales, como en Ecuador 1981 y 2010, lo cierto es que cada vez los impactos de sus posicionamientos públicos adquieren mayor difusión, lugar que en el pasado ocupaban las FF. AA.
Al respecto, en los países donde las FF. AA. tenían más protagonismo reciente (Brasil, Colombia, México, Perú, Bolivia) éste, lejos de disminuir, se ha ampliadoSi la ampliación policial numérica se da en paralelo con cierta disminución de confianza, las FF. AA. consolidan su posición, en tanto aseguran lugares de relevancia decisoria y, de forma extendida, de mayores remuneraciones: en buena parte de los países, los militares suelen ganar casi el doble que las policías. De allí que las cuestiones de la seguridad pública deban observar las particularidades de cada segmento, agregando a los anteriores (FF. AA./policías) el último eslabón: las empresas de seguridad privada.
La integración de las fuerzas policiales con las empresas de seguridad privada es una cuestión muy relevante en casi todos los países. La región tiene localizadas 17 de las 20 ciudades más violentas del mundo, lo que ha empujado a un enorme crecimiento en la industria de la seguridad privada; en todo el continente hay aproximadamente 2,4 millones de personas empleadas en las más de 16.000 empresas militares y de seguridad privada; en algunos países superan 4 a 1 (Brasil, México y Colombia) al número de policías. En México, el crecimiento de estas empresas ha sido casi del 200% desde el 2012 y es un caso muy alto de empresas de seguridad privada sin registro oficial. Representa un problema desde el punto de vista de los salarios, en tanto deprime aún más el mercado de la fuerza de trabajo policial.

[1] Argentina, México, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Perú.

[2] La naturaleza civil o militar tiene que ver con el tipo de función (defensa o justicia) pero hay algunos países en los que no está claro su fundamento: Ecuador.

Celag