Guatemala | Pandemia, subregistro de violencias y redes LGBT+ – Por Pilar Salazar
Por Pilar Salazar
Guatemala sigue siendo uno de los países del triángulo norte más afectados por los crímenes de odio, la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 y las tormentas Eta y Iota.
Pocos datos y sin registros para personas trans
Como muchos países de la región, Guatemala parte de la base de un subregistro en términos de violencias, ya sean crímenes de odio o denuncias por hechos violentos y discriminatorios.
- En este 2020 se han registrado desde el Observatorio por Muertes Violentas de la Red Nacional de la Diversidad al menos 19 crímenes de odio. Las víctimas fueron seis mujeres trans, un hombre trans, 11 hombres gais y uno bisexual. Trece de estos crímenes se perpetraron durante la contingencia de la pandemia por Covid-19. Y se registró tambien al menos un intento de transfeminicidio.
- Según los registros de la Policía Nacional Civil, el año pasado hubo cinco denuncias por hechos de violencia a personas LGBT+ que este año 2020 aumentaron.
- En 2020 se registraon diez denuncias por violencias contra hombres gais y cuatro contra lesbianas, y aunque hay un claro aumento de éstas, siguen siendo pocas y no existe registro de otras poblaciones como la de personas trans. El departamento de Izabal (a 239 kms de la ciudad capital) es el de mayor reincidencia: sólo allí se perpetraron 6 crímenes de odio. Mientras la Comisaría 61 que atiende ese sector tiene registradas solamente dos denuncias por agresiones físicas a hombres gais, según el sistema estadístico del Departamento de Atención a la Víctima de la Policía Nacional Civil (DAV).
- En tanto la Defensoría de la Diversidad Sexual de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos registró 30 denuncias este año por violación de derechos humanos de población LGBTIQ+, según informó a Presentes, muy cerca del doble que el año pasado, cuando registraron 17 denuncias.
Covid y diversidad sexual
En Guatemala es difícil obtener datos estadísticos sobre violencia a población LGBTIQ+ durante la pandemia por Covid-19 porque el Estado no tiene registros segregados. Algunas organizaciones como la Red Nacional de la Diversidad a través de su observatorio y la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans han asumido esa responsabilidad, contabilizando los crímenes de odio ocurridos durante la contingencia y dando cuenta de los múltiples vejámenes a mujeres trans en Latinoamérica.
La situación de violencia hacia personas trans durante la pandemia se ha agravado pero también se ha visibilizado la exclusión social que viven las personas trans en Latinoamérica. Así lo narra el informe “Las vidas trans en tiempos de pandemia” de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans. La cuarentena, los toques de queda, la emergencia sanitaria, la prohibición de circulación y la falta de políticas públicas con enfoque de derechos son las situaciones que agudizaron las violencias en su contexto de vida.
A lo largo de 2020, no se registran medidas tomadas por el gobierno de Guatemala para la atención de las personas con VIH.
Se evidencian agravios sobre las poblaciones vulneradas, como las mujeres trans trabajadoras sexuales, que ante la falta de oportunidades laborales no cuentan con recursos o medios para abastecerse e incluso se encuentran en situación de calle, dice el informe.
La Defensoría de la Diversidad Sexual por medio de Henry España dio a conocer a este medio que al inicio de la pandemia la Policía Nacional Civil acosó y amenazó a trabajadoras sexuales de la ciudad de Guatemala, advirtiéndoles que no podían salir a ejercer trabajo sexual o las llevarían a prisión.
Las redes solidarias del activismo
Aunque el 2020 golpeó fuerte a la comunidad LGBT+ en Guatemala, hubo fuerte incidencia y acciones de solidaridad de parte de organizaciones de sociedad civil. Es el caso, entre otros, de la Red Multicultural de Mujeres Trans (Redmmutrans) que el 5 de octubre abrió las puertas del Comedor Comunitario LGBTIQ+ Jackelin Sánchez para atender a la comunidad afectada por la crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 y también para quienes estaban en situación de calle.
Hubo varias recaudaciones de víveres y de ropa de parte de las organizaciones, a raíz de la pandemia pero también por las tormentas que azotaron al país.
El comedor gestionado por mujeres trans
Bárbara Herrarte es activista de Redmmuntrans y monitora de la entrega de los almuerzos en el comedor. Cuenta que la necesidad surgió de ver a compañeras “deambulando por la calles”. El nombre del comedor es un homenaje póstumo a la activista Jackelin Sánchez quien lideraba un grupo de apoyo llamado “Lazos de amistad” que incluía a personas LGBT+ y VIH+.
El comedor servía a 105 personas a la semana y hasta su cierre, el 14 de diciembre, sirvió mil almuerzos. La organización Redmmutrans espera conseguir apoyo para que el comedor pueda seguir funcionando el próximo año.
Sin políticas públicas sanitarias para personas trans
El año 2020 cierra sin que la “Estrategia de Salud Diferenciada para Personas Trans” que busca implementar políticas sanitarias acorde a las necesidades de las personas trans de manera integral en el sistema de salud público sea operativa. Aprobada en el 2015 por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) con el apoyo y asesoría de organizaciones de sociedad civil, ni el documento que instruye al personal sanitario ni el que norma las políticas públicas han sido aprobados por las autoridades de ese ministerio.
Luego de una supervisión, Henry España, de la Defensoría de la Diversidad Sexual de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos, recomendó al ministerio de salud que se agilizaran estos documentos a fin de dar atención integral a las personas trans en el sistema sanitario público.
Pendientes: Ley Trans y sanción de crímenes de odio
La organización Otrans Reinas de la Noche con el apoyo de otras organizaciones de sociedad civil tenía contemplado presentar nuevamente al pleno del Congreso por medio del diputado Aldo Dávila una propuesta de “Ley para la reivindicación y dignificación de las personas trans” que reconozca la identidad de género de las personas trans dentro del marco jurídico y social en Guatemala. Pero la pandemia fue unos de los principales obstáculos para concretar la acción. Las organizaciones buscarán el apoyo necesario para presentarla nuevamente al Congreso de la República en 2021.
Otro gran pendiente es la prevención y sanción de crímenes de odio. En 2019 la ex diputada Sandra Morán, la primera en el país en expresar abierta y públicamente su orientación sexual como lesbiana, presentó la iniciativa 5674 para prevenir y sancionar crímenes por prejuicios. Esta fue la segunda vez que se propuso (la primera fue en 2018) y fue rechazada por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República. En 2020 no se pudo avanzar en el tema.
2021: Quitar patentes en retrovirales y otros medicamentos
Con el apoyo del diputado Aldo Dávila y la Red Nacional de la Diversidad, Asociación Gente Positiva, Aids Healthcare Foundation (AHF) y la Coalición Internacional de Preparación para el Tratamiento (ITPC LATCA) presentó a un grupo de parlamentarios la iniciativa para el “levantamiento de patentes”, informó a este medio Carlos Romero desde la Red Nacional de la Diversidad. La propuesta busca quitar la patente a medicamentos antiretrovirales para personas que viven con VIH y a otros medicamentos para enfermedades crónicas (diabetes, cáncer, renales) con el propósito de que sean menos costosos para evitar el desabastecimiento que se ha generado en algún momento en el sistema de salud debido a los altos precios. Dicha iniciativa será presentada por el diputado Aldo Dávila en el Congreso en 2021.
Amenaza latente: “Protección de la vida y la familia”
Sacrificar el derecho de decidir de las niñas, mujeres y censurar a la comunidad LGTBIQ+ es el propósito de esta iniciativa de ley que está esperando su tercera lectura y aprobación en el Congreso de la República. Fue promovida por la iglesia católica, la iglesia evangélica, diputados conservadores y grupos anti derechos desde el 2017. Busca prohibir la educación sexual, la información sobre la diversidad sexual e identidad de género, y el matrimonio para las parejas del mismo sexo. Establece penas de cárcel para mujeres que aborten, intencional o accidentalmente. Mientras no sea archivada por los parlamentarios, las organizaciones de derechos humanos y de la diversidad sexual la consideran un peligro para los derechos, y va en contra de los principales marcos y acuerdos globales firmados y ratificados por Guatemala.
Esta nota fue producida y publicada originalmente por Agencia Presentes, un medio regional de noticias sobre géneros y derechcos humanos.
