El Salvador | Bukele contra los Acuerdos de Paz – Por Nicolás Retamar
Bukele contra los Acuerdos de Paz
Por Nicolás Retamar, de la redacción de NODAL
El 16 de enero de 2021 se cumplieron 29 años de los Acuerdos de Paz firmados en el Palacio de Chapultepec, México, luego de 12 años de guerra civil. El conflicto, que se extendió durante toda la década del 80 y principios de la década del 90, dejó cerca de 75 mil víctimas y 8 mil personas desaparecidas. Los Acuerdos, auspiciados por la Organización de Naciones Unidas (ONU) con la colaboración de Colombia, España, México y Venezuela, sirvieron para que el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) pusieran fin a un período de violencia sistemática y terror.
A pesar del fin del conflicto armado, la violencia en El Salvador no cesó y el país centroamericano registra uno de los peores índices, según la tasa de homicidios, en América Latina. Aun así, los Acuerdos de Paz son uno de los logros más importantes (o el más importante) en la vida política y social salvadoreña y, como se ve, no fueron un punto final sino un punto de partida para un camino extenso, sinuoso y con múltiples complejidades.
Poco le importa la trascendencia y el significado de los Acuerdos de Paz al presidente Nayib Bukele, quien los ataca cada vez que puede señalándolos de “farsa”, “pacto de corruptos” y “negociado”. Bukele, quien fuera electo alcalde de Nuevo Cuscatlán en 2012 y de San Salvador 2015 –ambos por el FMLN, de donde fue expulsado en 2017-, modificó por decreto la conmemoración de los Acuerdos al cambiar el nombre por el “Día de las Víctimas del Conflicto Armado”.
Con un manejo de redes sociales muy al estilo Donald Trump (o Trump muy al estilo Bukele), una narrativa en torno a los Acuerdos de Paz similar a la del presidente de Colombia Iván Duque –quien reniega del acuerdo con las FARC y un sector del ELN y tiene como latigillo “paz con legalidad”- y una impronta religiosa parecida a la de Jair Bolsonaro, el presidente salvadoreño afirmó que el acuerdo firmado en México fue una negociación entre dos cúpulas que no trajo ningún beneficio al país.
“Nuestro país debe dejar de celebrar la firma de un pacto de corruptos y empezar a conmemorar a las víctimas del conflicto armado. De ahora en adelante, el 16 de enero será el “Día de las Víctimas del Conflicto Armado”. Sus asesinos deben dejar de ser glorificados”, escribió el 16 de enero Bukele en su cuenta de Twitter.
Al día siguiente, también en sus redes sociales, el presidente sostuvo: “debemos tener verdadera memoria histórica, para poder empezar, poco a poco, a construir la verdadera paz” con un video gubernamental que ataca a la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y al FMLN, afirma que cuatro de los cinco puntos celebrados en los Acuerdos no se cumplieron y hace hincapié en que “las víctimas del conflicto siguen esperando reparación”. Además, da cuenta del período posguerra donde creció la pobreza, la corrupción, las privatizaciones y la dolarización.
Más allá de algunos debates teóricos y formas que tiene el video, nadie podría estar muy en desacuerdo con lo que se plantea. Sin embargo, el gobierno de Nayib Bukele no se caracteriza por el respeto y la defensa de los derechos humanos, la democracia, la soberanía, la justicia social y la búsqueda de memoria, verdad y justicia.
En permanente conflicto con el Poder Judicial y el Poder Legislativo, Bukele coqueteó con un autogolpe de Estado en febrero de 2020 cuando irrumpió en el Congreso con su ministro de Defensa y las Fuerzas Armadas para amedrentar a los legisladores y legisladoras e imponer su política a como dé lugar. Gobernando muchas veces por decreto con algunas decisiones frenadas por los congresistas, es el Poder Judicial quien debe dirimir las disputas entre el gobierno y la Asamblea.
Estas no son las únicas actitudes “poco democráticas” de Bukele y compañía. Durante 2020, las Fuerzas Armadas negaron una y otra vez al Poder Judicial el acceso a los archivos militares sobre la masacre de El Mozote, operativo realizado por el ejército salvadoreño que entre el 10 y el 12 de diciembre de 1981, asesinó a casi mil personas entre los que había mujeres, niños y niñas, dejando una de las mayores matanzas de las últimas décadas en la región.
El presidente de El Salvador no está solo en este terreno. Cuenta con el apoyo de los militares, de la iglesia salvadoreña y de los Estados Unidos, actor clave durante los años de guerra civil que además aportó millones de dólares, logística, y entrenamiento militar a quienes combatían a los movimientos guerrilleros.
En línea con el gobierno, el Arzobispo de San Salvador se había negado a que la Justicia acceda a los archivos históricos del Arzobispado. Según argumentó el Arzobispo José Luis Escobar, el objetivo de la negativa es proteger a las víctimas “de uno y otro bando”. Sin embargo, las críticas generalizadas contra la decisión del Arzobispo lo obligaron a retractarse y permitir que el juez de inspección Jorge Guzmán acceda a los archivos que están en poder de la iglesia.
Aunque parezca descabellado, Bukele cuenta con la aprobación de un sector importante de la sociedad salvadoreña. Su discurso antipolítica, sus formas y manejo de las herramientas digitales caló hondo en una parte de la población. Según Directorio Legislativo, una ONG “independiente y apartidaria que promueve el fortalecimiento democrático y de los poderes legislativos de América Latina” –así se presenta en Twitter-, Nayib Bukele es el presidente de América Latina con mejor imagen positiva alcanzando un 93% de aprobación.
