El 2021 tiene el inicio de año más violento desde la firma del Acuerdo de Paz
2021 ha tenido el inicio de año más violento desde la firma del acuerdo de paz: JEP
La JEP emitió un reporte de riesgo en el que señala que 2021 ha sido el inicio de año más violento en términos de masacres, enfrentamientos armados y amenazas de muerte a líderes sociales, desde la firma del acuerdo de paz. Puntualmente, el balance lo entrega el Monitoreo de Riesgos de Seguridad que elabora la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que hace seguimiento permanente a los riesgos que puedan obstaculizar la participación efectiva de las víctimas, entre otros temas.
Señala en primer lugar la JEP que los resultados que abarca el informe van desde el primero y el 24 de enero de 2021. El inicio de este año ha sido más violento en relación con años anteriores: 14 enfrentamientos armados entre estructuras criminales y la fuerza pública, 13 eventos de amenazas de muertes a líderes sociales, 6 masacres, 5 asesinatos de excombatientes de las Farc-EP, 14 homicidios de líderes sociales, 3 hostigamientos y 7 enfrentamientos armados entre grupos ilegales.
Cada 41 horas, señala la JEP, ocurre en Colombia un asesinato de líderes sociales.
?JEP alerta que el 2021 ha sido el inicio de año más violento desde la firma del Acuerdo de Paz: 14 enfrentamientos armados entre estructuras criminales y Fuerza Pública, 14 líderes sociales asesinados, 6 masacres y 5 asesinatos de excombatientes de las Farc-Ep.
?Sigue hilo ⬇️ pic.twitter.com/4N6BHuP03g— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) January 26, 2021
“Del primero al 24 de enero se registraron los homicidios de 14 líderes sociales: Gonzalo Cardona en Tuluá, Valle; Fredman Herazo en La Apartada, Córdoba; José Robinson Quino en Yondó, Antioquia; William Rodríguez en Cúcuta, Norte de Santander; Linda Patricia Díaz en Cáceres, Antioquia; Janeth Zapata en Dosquebradas, Risaralda; José Abadía Parra en Pereira, Risaralda; Ricardo Cortés Rozo en Bogotá, Gerardo León en Puerto Gaitán, Meta; Diego Betancourt en Yopal, Casanare; Oliver Villariaga en Puerto Rico, Meta; Alfredo García en Ituango, Antioquia; Edwin Antonio Indaburo en Nechí, Antioquia y Carlos Erlid González en Buga, Valle del Cauca”, advierte la JEP.
Otro tema que preocupa es que, según el informe, cada cinco días es asesinado un excombatiente de las Farc. Solamente durante los primeros 24 días del 2021 fueron asesinados cinco excombatientes de esa organización: Yolanda Zabala, Duván Galíndez, Cristian Ramírez, Giovani Claro y Juan Carlos Correa. Los hechos se presentaron en Briceño, Antioquia; Cartagena del Chairá, Caquetá; Cali, Valle del Cauca; Convención, Norte de Santander y San Andrés de Cuerquia, Antioquia. Dos de las víctimas residían en los AETCR La Plancha y Caño Indio.
Advierte también el Monitoreo que “la presencia de un tipo de estructura armada ilegal no se explica solo por la ocurrencia de homicidios a desmovilizados. De hecho, en los municipios donde sucedieron estos hechos victimizantes se registra presencia y actividad de diferentes tipos de disidencias y grupos sucesores del paramilitarismo”.
De igual manera, cada cuatro días se perpetró una masacre, lo que revela la alta frecuencia de este fenómeno a inicios de 2021. Dice la JEP que “los hechos ocurrieron en Betania, Antioquia; Florencia, Caquetá; Cali, Valle del Cauca; Popayán, Cauca; Tarazá, Antioquia; y Buga, Valle del Cauca. Estos municipios cuentan con la presencia de los siguientes Grupos Armados Organizados: Frente Occidente del Clan del Golfo (Betania), Frente 3 que está bajo las instrucciones de alias “Gentil Duarte” (Florencia), Frente Cordillera Sur del Clan del Golfo, Frente de Guerra Occidental del ELN y Los Rastrojos (Cali), Frente de Guerra Suroccidental del ELN (Popayán), Subestructuras Julio César Vargas y Rubén Darío Ávila del Frente Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo, Frente de Guerra Darío Ramírez del ELN, Frente 18 que está bajo las instrucciones de alias Gentil Duarte y Los Caparros (Tarazá)”.
Preocupa también significativamente que existe mayor iniciativa de combate por parte de la fuerza pública hacia las diferentes estructuras criminales, pues se registraron 14 enfrentamientos armados, la cifra más alta desde la firma del acuerdo de paz. Igualmente, señalan, son preocupantes otros datos relacionados con los eventos masivos de afectaciones a civiles: se registran 57 familias y 200 personas desplazadas forzosamente, así como 80 familias en confinamiento en Tibú, desde el 28 de diciembre del 2020 por los combates entre la guerrilla del ELN, Los Rastrojos y el Ejército Nacional.
Definen ruta de acción frente a asesinatos de líderes sociales en Colombia
Luego de las diferencias que hubo la semana pasada por las responsabilidades de ambas entidades, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación informaron el trabajo conjunto que se tendrá para reducir las altas cifras de asesinatos y amenazas a líderes sociales, especialmente en el corregimiento de El Salado, donde en las últimas semanas se han registrado constantes amenazas.
El defensor del Pueblo Carlos Camargo, aseguró que es muy importante tener claras las cifras de asesinatos a líderes sociales y reconoció que se necesita de un trabajo articulado con la Fiscalía para tener resultados efectivos en las investigaciones.
“Como Defensoría del Pueblo es muy importante el ejercicio que hacemos en el sentido de atender y direccionar las denuncias hechas a través de nuestros funcionarios en terreno y las personas técnicas, y nosotros le damos traslado y remitimos dicha información que se genera a la Fiscalía General de la Nación, para que se haga la correspondiente y efectiva verificación de cada una de las cifras y personas afectadas”, fueron las palabras del defensor Camargo.
Por su parte, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa aseguró que se ha venido adelantando un fuerte trabajo de investigación para dar con los responsables de las amenazas a la líder social Yirley Velasco y su familia, desde 2018, cuando ha venido siendo víctima de intimidaciones. Frente a las recientes amenazas a Velasco y otros líderes sociales de El Carmen de Bolívar, se dieron otros anuncios.
“A través de la Dirección de Derechos Humanos se realizó la búsqueda selectiva en base de datos que permitió identificar que el número desde donde fueron enviados los mensajes amenazantes contra la familia de la lideresa, efectivamente correspondía a una línea usada en el mismo corregimiento”, reveló el fiscal General.
Otra de las conclusiones que se dieron en este encuentro fue que se planteó la necesidad de tener un trabajo con un mayor abordaje interinstitucional, por ello se busca la creación de una mesa técnica de seguimiento y acompañamiento a la comunidad de El Salado, con la Unidad Nacional de Protección (UNP), los ministerios, el Ejército y la Policía Nacional, bajo la coordinación misional de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación.
Petro pide a Duque ampliar “duelo nacional” por masacres y líderes sociales
Tras la muerte del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, por COVID-19, que se complicó por una neumonía, el presidente Iván Duque decretó tres días de duelo nacional por todas las víctimas mortales del coronavirus. Diez meses después de declarada la emergencia sanitaria por la pandemia.
Este homenaje, para muchos, fue impulsado por Trujillo y no por los más de 52.000 colombianos y colombianas que han muerto debido a la misma causa que el ministro. Y en medio de las críticas, también hay propuestas de sectores políticos de decretar un duelo nacional por otros hechos lamentables que vive y padece el país.
El senador Gustavo Petro habla de un homenaje por los líderes sociales y excombatientes asesinados y las víctimas mortales de las masacres, que en 2020 se contabilizaron 91 y 381 víctimas mortales.
“Espero que Duque amplíe el duelo nacional a todas las personas que han muerto en masacres, por los líderes asesinados, por los excombatientes firmantes de la paz acribillados y por las 50.000 muertes por la pandemia. Como el ministro, tod@s merecen duelo nacional”, escribió Petro en su cuenta de Twitter.
También usuarios como la feminista Ita María pidieron duelo nacional por las mujeres víctimas de la violencia machista. “¿Y cuántos días de luto nacional dieron por las 630 mujeres y niñas víctimas de feminicidio en 2020?”.
Pese a las críticas suscitadas por la declaratoria de duelo y los efectos que trae esta, el senador de la U, Andrés García Zuccardi, prepara un proyecto de ley para honrar a las víctimas del COVID-19, anuncio que da en el marco del fallecimiento del ministro Trujillo.
