Argentina | El delito de ser mujer, negra y luchadora – Por Carina López Monja
El 16 de enero de 2016, la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, fue detenida en su casa por haber participado de un acampe frente a la casa de gobierno de la provincia de Jujuy. A partir de allí hubo un entramado de acusaciones consecutivas con el objetivo de mantenerla privada de su libertad de manera indefinida.
La persecución política y judicial estuvo encabezada por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Basta ver el video de ese día: un hombre alto, de camisa blanca ejecutando la orden de detención: se trata del entonces Ministro de Seguridad Ekel Meyer. Hoy flamante vocal del Superior Tribunal de Justicia jujeño.
Desde entonces pasaron 1825 días, repletos de irregularidades y arbitrariedades. Milagro lleva 5 años presa sin una sola condena firme. Fue hostigada judicialmente, maltratada en la cárcel, se le negaron garantías básicas en el proceso penal y se incumplieron las órdenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pidió medidas alternativas al encarcelamiento para garantizar la vida, integridad personal y salud de Milagro.
¿Por qué tanto ensañamiento con ella? Tal vez tenga que ver con las miles de casas construidas en los barrios populares de Jujuy, los 23 polideportivos, la escuela, el centro de salud, las fábricas. Milagro cometió el delito de quebrar el monopolio en la obra pública en su provincia y construir más viviendas que el gobierno de Morales.
Pero, además, construyó poder. Una cosa es una colla que construye viviendas y otra cosa es que se propusiera gobernar y transformar la provincia. Morales pasó de pedirle apoyo a Milagro en 2007 para las elecciones a acusarla de montar un Estado paralelo y perseguirla hasta su detención.
La respuesta más contundente llegó de Pablo Baca, entonces juez del Supremo Tribunal de Justicia provincial: «Está presa porque si ella está suelta es un peligro para el gobierno; no por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de gomas». Baca renunció poco después, sin dar muchas explicaciones. Ironías de la vida: lo reemplazó Meyer, el responsable de la detención de Milagro hace 5 años.
El de Milagro es un caso emblemático de criminalización de la protesta, que buscó disciplinar y amedrentar a todo aquel que saliera a reclamar por sus derechos. No tuvo éxito. Los dirigentes sindicales y sociales siguen luchando y siguen siendo criminalizados, como sucedió en las últimas semanas con referentes de la UTEP. A pesar de la persecución de Morales, la protesta social no es un delito. Cuando la justicia no funciona y el lawfare es moneda corriente, la democracia se deteriora. La libertad de Milagro es urgente.
Preocupación por los «presos políticos detenidos ilegal y arbitrariamente por el macrismo»
En el quinto aniversario de la detención de la dirigente social Milagro Sala que se cumplió este sábado 16 de enero, distintos organismos de Derechos Humanos de Argentina manifestaron su «enorme preocupación por la persistencia de presas y presos políticos del macrismo, sometidos hasta hoy a detenciones arbitrarias e ilegales», entre ellos «ex funcionarios, referentes sociales y dirigentes políticos que claman por su inocencia y exigen justamente la revisión de sus causas».
Así lo expresaron en un comunicado las Abuelas de Plaza de Mayo, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, los Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, H.I.J.O.S. Capital, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Fundación Memoria Histórica Social y Argentina, la APDH La Matanza, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz y Buena Memoria.
Este sábado se cumplieron 5 años de la «ilícita prisión a la que aún está sometida Milagro Sala y otrxs militantes de la Tupac Amaru en la provincia de Jujuy», recordaron las organizaciones, en referencia a aquellos «perseguidxs y detenidxs por voluntad y decisión política del gobernador Gerardo Morales», quien «sometió» al Poder Judicial provincial «a sus designios, consolidando así un Estado de No Derecho».
«La persecución y la cárcel impuesta a Milagro y a lxs suyxs», denunciaron los firmantes, «fue consecuencia de su militancia y compromiso con lxs más humildes y vulnerables, por animarse a enfrentar a los poderosos y lograr el reconocimiento de derechos para su pueblo».
En el comunicado, los organismos de derechos humanos también exigieron una respuesta a la Corte Suprema, quien debe pronunciarse sobre la causa conocida como «Pibes Villeros», un «un juicio escandaloso, absolutamente viciado y por lo tanto nulo». «El tiempo apremia –reclamaron–, veremos si deciden consolidar una infamia o finalmente serán capaces de hacer justicia».
La de Milagro Sala, advirtieron, no es la única «condena injusta» que llama la atención «en esta etapa democrática de recuperación y ampliación de derechos», sino que se encuentran en una situación similar «otros dirigentes y referentes políticos y sociales» cuyos procesos judiciales «revelan un entramado de complicidades cruzadas entre jueces, fiscales, servicios de inteligencia, medios hegemónicos y poderes fácticos», señalaron.
Entre ellos, los organismos destacan los casos del dirigente Luis Delia y del ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, «en los que, inescrupulosamente, la misma Corte Suprema ni siquiera se dignó abrir los recursos planteados por sus defensas y de ese modo sus injustas condenas quedaron firmes», puntualizaron.
«Es evidente que el poder judicial en la Argentina demanda urgente atención, debe ser reformado y democratizado. Mientras tanto, creemos que las injusticias señaladas aquí hay que repararlas perentoriamente, revisarlas y sanearlas, al igual que las causas y los responsables que las promovieron y ejecutaron», expresaron. En el caso puntual de Jujuy, exigieron que el «Senado avance con el trámite para lograr la intervención del poder judicial de esa Provincia, que obsecuente con el poder de turno y los poderes fácticos, ha validado, por acción u omisión, infinidad de arbitrariedades».
«Resulta por demás notorio que, a pesar del tiempo transcurrido, la guerra judicial desatada por Mauricio Macri y sus socios no ha cesado», alertaron. Y concluyeron: «Es una rémora que no acabará por autodepuración, que debe ser removida por el gobierno popular, porque condiciona la gobernabilidad y pone en serio riesgo la Democracia».
Organizaciones sociales, políticas y gremiales se movilizaron en Jujuy y Buenos Aires para pedir la libertad de Milagro Sala
Por Mariana Mamani
Apuntaron contra Gerardo Morales por los condicionamientos políticos en la Justicia provincial. A su vez, criticaron el megaoperativo desplegado por el gobierno local y denunciaron que hubo tareas de espionaje los días previos a la marcha.
«Milagro es una presa política. Tenemos presos políticos en Argentina y con presos políticos no hay democracia», dijo el coordinador de la Tupac Amaru, Juan Manuel Esquivel, al abrir el acto con que miles de personas reclamaron en Jujuy la libertad de Milagro Sala, detenida desde hace cinco años, al igual que otros dirigentes. Fue al término de una masiva movilización que protagonizaron las organizaciones sociales, pese al amplio despliegue policial que dispuso la gobernación de Gerardo Morales, con policías hasta en los techos de la Casa de Gobierno. Desde la noche anterior los vallados resguardaban la fachada de los principales edificios públicos. A pesar de estas acciones, y de las advertencias de funcionarios del gobierno provincial, la marcha se desarrolló sin violencia, aunque los operativos de control en puntos estratégicos de las rutas desalentaron la llegada de manifestantes del interior. La aparente limitación se sorteó con movilizaciones locales, las hubo en Humahuaca, Tilcara, San Pedro, Perico, Libertador y Calilegua, entre otros lugares.
En la capital jujeña, la columna, calculada en más de 3 mil militantes, partió pasadas las 11 desde la cancha de Gimnasia y finalizó en la plaza Belgrano, frente a la Casa de Gobierno, en el mismo lugar donde hace cinco años se realizaba el acampe liderado por la Tupac Amaru para solicitar diálogo al flamante gobernador Morales. El 16 de enero de 2016, el entonces ministro de Seguridad, Ekel Meyer, hoy vocal del Superior Tribunal de Justicia, detenía a Milagro Sala en su casa del barrio Cuyaya, donde cumple prisión domiciliaria.
Como en 2016, los militantes tupaqueros, junto a la CTA, ATE Verde y Blanca, el MTL, organismos de derechos humanos y Vendedores Ambulantes Feriantes y Afines Agremiados, reeditaron aquella protesta. “Venimos a esta plaza a pedir respeto, derechos constitucionales que tenemos garantizados todos los ciudadanos, y nos recibieron con una estructura policial. Acá estamos, la Tupac está viva. No nos arrodillamos, nos guían los compañeros, sus necesidades: trabajo, salud, educación”, sostuvo en el acto el coordinador provincial de la Tupac Amaru, Juan Manuel Esquivel, quien agradeció la resistencia en estos cinco años.
Cantando y gritando consignas la columna ingresó al casco céntrico por la calle San Martín y fue a dar a la plaza Belgrano en la jornada nacional que tuvo también su expresión ante la Corte Suprema, en el centro porteño. Los militantes dieron una vuelta alrededor de la plaza y luego se hizo un acto. Entre los flameadores blancos y las whipalas se destacaba un gran cartel con los nombres de los presos políticos de Jujuy: Milagro Sala, Patricia Cabana, Graciela López, Maria Condorí, Adriana Condorí, Mirta Guerrero, Ivan Altamirano, Javier Nieva, Miguel Sivila.
Esquivel fue el primero en hablar. Denunció que la justicia de Jujuy «es un apéndice del Poder Ejecutivo, es un engranaje, un cachivache de Gerardo Morales, como es la Legislatura de Jujuy, que radicales y peronistas advenedizos han convertido en una escribanía para Morales. Tiene la suma del poder público. En esta provincia no hay independencia de poderes, no se garantizan los derechos de los ciudadanos”, aseguró. Y planteó que «un gobierno popular no se puede permitir tener presos políticos”.
Raúl Noro, compañero de Milagro Sala, llevó su saludo: “Ella está muy orgullosa, de tener a los compañeros después de cinco años de detención. Estos creían que habían sepultado a la Tupac pero con cada acto se sepultan ellos en el basurero de la historia”, afirmó. «Aquí está el espíritu del pueblo que surge desde la tierra porque somos América Latina y cada compañero lleva sangre originaria. Somos la tierra fecunda que hace crecer la naturaleza, la vida, sobre todo el amor porque nos movemos con el espíritu de la solidaridad”, alentó.
En la marcha se vivió ese espíritu de unidad, y de fortaleza, como lo expresó Lidia, militante tupaquera: “Morales la metió presa a nuestra líder hace cinco años y nosotros quedamos en la nada. Seguimos trabajando y luchando hasta que la liberen, está injustamente detenida, hoy pedimos su libertad. Estamos más unidos y este gobierno no ha podido silenciarnos”, aseguró.
Operativo desmedido
La abogada Paula Alvarez Carreras, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, anunció que hará una denuncia penal por el despliegue de «un operativo (de seguridad policial) desproporcionado que dificultó la llegada de gente que quería movilizar a San Salvador y permanecieron en sus localidades pidiendo la libertad de Milagro Sala y todos los presos políticos”. Agregó que la Policía jujeña estaría «incurriendo en una violación a la Ley de inteligencia», dado que, según se desprende de una Orden de Operaciones que se filtró, hubo tareas de inteligencia sobre militantes sociales. Por su parte, el Ministerio de Seguridad nacional aclaró que no participaron del operativo las fuerzas federales de seguridad.
Antes de la marcha, bien temprano, se realizó una audiencia por el habeas corpus preventivo colectivo presentado el viernes por referentes de organizaciones de derechos humanos, sociales y sindicales, ante la difusión del Operativo Aniversario, organizado por la Policía de Jujuy por la jornada nacional en reclamo de libertad a Milagro Sala. Alvarez Carreras fue una de las presentantes. El juez Rodolfo Fernández rechazó el habeas argumentando que no se había acreditado que hubiera “una amenaza actual e inminente de la libertad ambulatoria del colectivo de personas” que iba a movilizarse.
“En la audiencia se ratificó el habeas corpus y ratificamos la preocupación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación porque temíamos por la libertad, la seguridad de las personas que iban a manifestarse en la jornada”, sostuvo Alvarez Carreras, quien destacó que a quienes están en los espacios de derechos humanos «preocupa la situación de Jujuy porque durante los primeros cuatro años y el que pasó del gobierno de Morales ha sido de disciplinamiento sistemático a las organizaciones sociales, gremiales», a los colectivos organizados de protesta, que sufren «persecución, eventualmente una causa penal y en su defecto causas contravencionales. El mensaje del gobierno provincial es claro, de no escuchar a los sectores populares en sus reclamos y apuesta al silenciamiento”.
En la jornada de protesta estuvo Gabriela Carpineti, directora nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, junto a otros funcionarios en un operativo con organismos nacionales, y también visitó a la dirigente social. Carpinetti denunció «un pacto de poder en la provincia de Jujuy horizontal entre sectores de la policía, el sector judicial, y el económico. Pareciera un pacto inalterable, y si hay una razón que explica la detención arbitraria de Milagro Sala es que ella representó a un movimiento popular que puso en cuestión al status quo de esta provincia –sostuvo–. Ese pacto de poder está vigente y esos sectores decidieron que Milagro debería estar presa porque era peligrosa para romper y visibilizar ese pacto de poder”.
Marcha a Tribunales por Milagro Sala: “La Corte es el basurero de la democracia”
Organizaciones políticas y sociales, sindicales y de derechos humanos se movilizaron en el centro porteño, hasta la Plaza Lavalle y los tribunales, para reclamarle a la Corte Suprema de Justicia la libertad de la referente social y líder de la agrupación Túpac Amaru, Milagro Sala, a cinco años de su detención en Jujuy. “La Corte es el basurero de la democracia” fue una de las consignas de la protesta y montones de bolsas con residuos fueron arrojadas frente a la sede judicial.
La concentración comenzó al mediodía en la Avenida 9 de Julio, que ofició de punto de encuentro para los manifestantes que llegaban desde distintas vías de acces. Pasadas las 13.30, y con la Túpac Amaru y La Cámpora a la cabeza de las columnas que se extendían hacia la Avenida Independencia, comenzaron a marchar hacia el Palacio de Tribunales, donde se encuentran los despachos de los miembros de la Corte Suprema.
“Es justamente la Corte la que tiene que resolver la apertura de los expedientes y de los recursos en queja que presentamos”, explicó el coordinador nacional de la Túpac Amaru, Alejandro Garfagnini, sobre el motivo para dirigirse al máximo tribunal. “La Corte tiene que dictar la nulidad de las causas”, añadió.
Entre las banderas y pancartas se vieron los nombres y los colores del Frente Milagro Sala, Militancia Popular, CNCT, Patria Justa, Corriente Peronista 13 de abril, CTD Aníbal Verón, Frente Barrial de la CTA, MTL, Movimiento Mayo, Peronismo de Base Envar El Kadri, Frente Transversal, Espacio Puebla, entre otros. Del el ámbito gremial participaron el Sindicato de Curtidores de Cuero, ATE Capital, el sindicato de trabajadores judiciales Sitraju y la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte.
“Este es el momento para una reforma judicial profunda, definitivamente. Y yo creo que debe empezar por la cabeza de ese poder del Estado”, sostuvo la diputada nacional Vanesa Silley, durante la marcha. El diputado Walter Correa llamó al Ejecutivo y al Legislativo “a pujar y luchar para modificar esta situación de monarquía judicial que va en contra de las libertades y los intereses del pueblo”. La diputada Paula Penacca habló de “una Corte Suprema no adicta al gobierno de Macri sino al poder económico” y aseguró que “es responsabilidad política” del proyecto del Frente de Todos “corregir las atrocidades que se cometieron” desde el Poder Judicial en tiempos del macrismo.
Al pie de las escalinatas de los Tribunales, con custodia policial, un grupo de manifestantes desenrolló y colocó sobre las vallas de protección una enorme bandera del Frente Milagro Sala con el rostro de la fundadora de la Túpac Amaru, la leyenda “5 años presa” y el leit motiv pensado especialmente para el acto: “Corte Suprema basurero de la democracia”. En ese momento, algunos manifestantes se acercaron hasta las vallas y arrojaron bolsas de residuos llenas de basura hacia el asfalto de la calle. La basura se acumuló desde la esquina de Lavalle hasta la mitad de la cuadra.
