Venezuela y la Corte Penal Internacional critican a la OEA tras denunciar «lentitud» en acusaciones contra el gobierno
Gobierno rechaza informe de Almagro donde cuestiona informe de Corte Penal Internacional
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresa su categórico rechazo al infame informe presentado el día 2 de diciembre de 2020 por Luis Almagro, con el objetivo de cuestionar el trabajo de la Corte Penal Internacional (CPI).
Destaca que este informe de Almagro está elaborado sobre la base de difamaciones sin sustento en materia de derechos humanos en el país.
La información la dio a conocer el canciller Jorge Arreaza a través de una publicación en su cuenta de la red social Twitter @jaarreaza donde señaló que Almagro, pretende erigirse como tribunal internacional cuestionando el trabajo de la CPI.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresa su categórico rechazo al infame informe presentado el día 2 de diciembre de 2020 por Luis Almagro, con el objetivo de cuestionar el trabajo de la Corte Penal Internacional (CPI).
Destaca que informe de Almagro está elaborado sobre la base de difamaciones sin sustento en materia de derechos humanos en el país.
La información la dio a conocer el canciller Jorge Arreaza a través de una publicación en su cuenta de la red social Twitter @jaarreaza donde señaló que Almagro, pretende erigirse como tribunal internacional cuestionando el trabajo de la CPI.
“Recordamos que la Organización de Estados Americanos (OEA) no posee estas competencias y que Venezuela no es Estado miembro de esta anquilosada organización”, refiere parte del mensaje publicado por el diplomático venezolano.
Parte del documento presentado por la cancillería venezolana expresa que las opiniones de Luis Almagro son carente de toda base jurídica con relación a la situación de los derechos humanos en Venezuela, “lo que constituye una evidente operación de propaganda contra las instituciones venezolanas y sus autoridades”
También denuncia que esta acción confirma ante la comunidad internacional “la infeliz y recurrente práctica del desgastado Secretario General de la Organización de Estados Americanos, al ejercer acciones recurrentes que violan la Carta constitutiva de la OEA, su normativa interna, los principios más elementales del derecho internacional y que además carecen del mandato unánime necesario de los Estados Miembros de esa Organización”.
Lea aquí el comunicado íntegro:
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresa su categórico rechazo al infame informe presentado el día 2 de diciembre de 2020 por Luis Almagro, con el objetivo de cuestionar el trabajo de la Corte Penal Internacional, sobre la base de difamaciones sin sustento en materia de derechos humanos en Venezuela. El individuo que funge como Secretario General de la anquilosada OEA no pierde oportunidad para mostrar su desprecio por los derechos humanos y aplicar un descarado doble rasero selectivo, con fines meramente intervencionistas.
“Recordamos que la Organización de Estados Americanos (OEA) no posee estas competencias y que Venezuela no es Estado miembro de esta anquilosada organización”, refiere parte del mensaje publicado por el diplomático venezolano.
Parte del documento presentado por la cancillería venezolana expresa que las opiniones de Luis Almagro son carente de toda base jurídica con relación a la situación de los derechos humanos en Venezuela, “lo que constituye una evidente operación de propaganda contra las instituciones venezolanas y sus autoridades”
También denuncia que esta acción confirma ante la comunidad internacional “la infeliz y recurrente práctica del desgastado Secretario General de la Organización de Estados Americanos, al ejercer acciones recurrentes que violan la Carta constitutiva de la OEA, su normativa interna, los principios más elementales del derecho internacional y que además carecen del mandato unánime necesario de los Estados Miembros de esa Organización”.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, recuerda que la OEA y su Secretaría, no poseen competencias jurisdiccionales para erigirse como un tribunal internacional de derechos humanos ni para recabar informaciones que induzcan a determinar responsabilidades penales internacionales en ninguno de sus Estados miembros. Mucho menos en Venezuela, Estado que al denunciar la Carta de la OEA en abril de 2017, y tras cumplirse los lapsos previstos, no es miembro a esa Organización, ni volverá a pertenecer jamás a ella.
A pocos días de las elecciones parlamentarias, Luis Almagro se sitúa al frente de la ofensiva contra Venezuela, pretendiendo generar caos y violencia, tal como lo hizo en Bolivia en el golpe de estado del 2019. Sin embargo, próximo domingo 6 de diciembre, el pueblo venezolano le brindará otra lección de soberanía democrática al Sicario General de la OEA, así como a cualquier actor externo que pretenda intervenir en los asuntos internos de Venezuela.
Fiscalía de la CPI critica las “presiones externas” de la OEA sobre Venezuela
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) respondió este jueves 3 de diciembre a la Organización de Estados Americanos (OEA) que “no permitirá que presiones externas dicten sus conclusiones” sobre Venezuela.
“La Fiscal y su Oficina no permiten que intentos externos, de ninguna fuente, interfieran con la independencia fiscal o el curso normal de la justicia” y “se protege contra cualquier intento de politizar o ejercer presión sobre sus procesos judiciales”, dijo la institución en un comunicado distribuido a algunos medios, entre ellos EFE.
Estas palabras son una respuesta a unas declaraciones del asesor especial de la OEA sobre la Responsabilidad de Proteger, Jared Genser, que este miércoles, criticó que la CPI no haya abierto de momento una investigación sobre Venezuela.
La Fiscalía de la CPI, cuya sede se encuentra en La Haya, abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela, un paso previo a una eventual investigación, por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en cárceles donde pudieron haber sido maltratados presos opositores al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
“Ese examen en curso sigue su curso normal con estricto apego a los criterios legales aplicables instaurados por el Estatuto de Roma (la carta fundacional de la CPI) y los procesos establecidos”, dijo la Fiscalía de la CPI.
La institución judicial añadió que terminará el examen preliminar “en el menor tiempo posible” y que en éste ya se ha concluido que existen «fundamentos razonables para creer» que se han producido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
En la actual fase del examen preliminar, se le pide información a las autoridades venezolanas para determinar si sus propias indagaciones y procesos judiciales sobre dichos delitos son fidedignos.
La CPI es una instancia de último recurso y se rige por el principio de complementariedad, es decir, no intervendría si la Justicia venezolana demuestra llevar a cabo auténticas pesquisas sobre los supuestos abusos cometidos por sus fuerzas de seguridad.
“El proceso de exámenes preliminares garantiza una investigación independiente y sólida y brinda la oportunidad de que las víctimas, la sociedad civil y los Estados sean escuchados”, dijo la Fiscalía.
Asimismo, informó que a finales de año publicará una actualización sobre todos los exámenes preliminares que está llevando a cabo, incluido el de Venezuela.
OEA denuncia «lentitud» en trámite sobre Venezuela en Corte Penal
Un informe de la secretaría de la OEA criticó este miércoles 2 de diciembre la inexplicable «lentitud» del examen preliminar de la Corte Penal Internacional sobre las denuncias de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, afirmando que como consecuencia el Gobierno de Nicolás Maduro se siente «envalentonado» y esto fomenta la «impunidad».
«Hasta ahora la corte le ha fallado al pueblo venezolano», dijo durante la presentación del informe Fomentando la impunidad, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, un duro crítico de Maduro.
Necesitamos una Corte Penal Internacional fuerte que asuma responsabilidades y que no deje espacio para que los dictadores sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad.
Entrevista del Jefe de Gabinete de la @OEA_oficial Gonzalo Koncke con @soyfdelrincon en @CNNEE #OEAconVzla pic.twitter.com/x427Ex3Z0k
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) December 3, 2020
El abogado experto en derechos humanos Jared Genser, asesor especial de la OEA, que recopiló el informe, señaló que «la lentitud del examen parece absolutamente indiferente a los crímenes generalizados, graves y devastadores que se están cometiendo».
El letrado señaló que como consecuencia de la lentitud de la investigación, el gobierno de Maduro -que no está reconocido por más de 50 países encabezados por Estados Unidos- «se siente envalentonado para cometer más crímenes, bajo la impresión que puede actuar con total impunidad».
El reporte, impulsado por Almagro, se basa en un primer informe emitido por un panel de expertos independientes en 2018 que denunció «crímenes de lesa humanidad» en Venezuela.
«Al régimen de Venezuela se le ha permitido actuar con impunidad durante demasiado tiempo», denunció Almagro.
La corte internacional con sede en La Haya inició en febrero de 2018 un examen preliminar para indagar sobre presuntos delitos cometidos desde abril de 2017 en Venezuela en el contexto de una ola de protestas.
En noviembre de este año, la fiscal del tribunal, Fatou Bensouda, recibió a una delegación del gobierno de Maduro compuesta por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz.
Bensouda informó a la delegación que «existe una base razonable para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes que competen a la Corte».
El informe de la OEA indicó que «a la luz de las abrumadoras pruebas presentadas a la Fiscalía por numerosas fuentes fiables, la demora actual no sólo es inexplicable, sino que también contradice los principios y objetivos enunciados en materia de exámenes preliminares».
Genser indicó a los periodistas que a medida que pasa el tiempo «los supuestos crímenes contra la humanidad cometidos en Venezuela por Nicolás Maduro y su régimen no han hecho más que aumentar en su escala, alcance y en su gravedad».
Falta de cooperación y sanciones contra la CPI
Maduro fue acusado en septiembre por una misión de la ONU que investiga la situación en Venezuela de estar vinculado a posibles «crímenes de lesa humanidad», incluyendo las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura.
Caracas reconoce la competencia del tribunal de La Haya y acudió a esta corte para pedirle que investigue como posibles crímenes de lesa humanidad las sanciones de Estados Unidos. Esta denuncia y también las acusaciones contra Maduro están en una fase preliminar para determinar si se debe abrir una investigación.
La CPI debe emitir antes de final de este año un informe sobre el estado de las cuestiones en examen.
El informe de la secretaría de la OEA contabilizó 18.093 asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad en Venezuela entre 2014 y 2020, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, y 653 casos de tortura, con base a estimaciones de organizaciones multilaterales, oenegés y medios de comunicación.
Genser indicó que esto no debería ser visto como un «ataque contra la oficina de la fiscal, sino como un llamado a la transparencia».
El excomisionado de la ONU para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Husein, un profundo conocedor del tribunal de La Haya, admitió a la prensa que en los últimos años los fiscales han tenido varios reveses, entre ellos las apelaciones exitosas que revocaron condenas por violaciones graves y la falta de cooperación de muchos estados.
«Además en el último tiempo, han tenido que lidiar con el hecho de que el gobierno de (Donald) Trump tome medidas sin precedentes contra sus funcionarios», señaló el jordano, en relación a las sanciones contra sus miembros.
