La Corte Internacional de Justicia se declara competente en disputa por el Esequibo entre Venezuela y Guyana
La CIJ se declara competente en disputa limítrofe entre Venezuela y Guyana
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) le dio este viernes 18-D la razón a Guyana y se declaró competente para juzgar la validez del laudo arbitral de 1899 que estableció la frontera entre este país y Venezuela, localizada en la región del Esequibo y en cuyas aguas adyacentes se han encontrado yacimientos de petróleo.
El alto tribunal de la ONU decidió, por doce votos a cuatro, que tiene jurisdicción para analizar “la validez del laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 y la cuestión sobre el asentamiento definitivo de la frontera terrestre”, dijo el juez presidente de la CIJ, Abdulqawi Ahmed Yusuf, en la lectura pública de la sentencia.
La decisión supone una derrota diplomática para Venezuela, que rechazó participar en las vistas orales previas y ha defendido en todo momento que la disputa se resuelva de manera bilateral.
La cuestión fronteriza se remonta a principios del siglo XIX, cuando Guyana era aún colonia británica, y tiene como elemento central un laudo arbitral que estableció la frontera entre ambos países y que Venezuela nunca aceptó, al considerar que los jueces fueron parciales y el proceso estuvo viciado.
El Reino Unido y Venezuela firmaron en 1966, justo antes de la independencia de Guyana, el Acuerdo de Ginebra, que en un principio sentó las bases para resolver la controversia, pero las negociaciones se extendieron durante más de dos décadas sin resultados.
La ONU intervino en 1990 y comenzó una diligencia de “buenos oficios” que se prolongó en 2016 y que “no condujo a la solución de la controversia”, dijo el juez Yusuf.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recomendó en 2018 que el que el caso se resolviese en la CIJ, razón por la cual Guyana le pidió al tribunal que se declarase competente.
Venezuela no se presentó a las vistas orales precedentes a la decisión de este viernes, pero Caracas argumentó a través de su Ministerio de Exteriores que nunca ha dado su consentimiento a que el asunto se resuelva en la CIJ.
Sin embargo, el juez Yusuf dijo que en el Acuerdo de Ginebra consta que ambos países “confirieron al Secretario General de la ONU la autoridad para elegir, a través de una decisión vinculante, los métodos para la solución de su controversia”, y que entre los medios a su alcance estaba recurrir al tribunal con sede en La Haya.
Por otro lado, los jueces rechazaron de forma unánime que la CIJ tenga competencia para juzgar “reclamaciones de Guyana derivadas de hechos ocurridos después del acuerdo de Ginebra”, es decir, después de 1966.
Una decisión final sobre la disputa podría alargarse varios años y su aplicación dependerá de la voluntad de los Estados, pues la CIJ no dispone de los medios para hacer cumplir sus sentencias.
La región del Esequibo, bajo soberanía de Georgetown actualmente, abarca un área de casi 160.000 kilómetros cuadrados, lo que supondría unas tres cuartas partes del territorio de Guyana.
La polémica se ha agudizado en los últimos años después de que la compañía estadounidense Exxon Mobil descubriera, en 2015, yacimientos de petróleo en las aguas adyacentes a la zona en litigio.
Actualmente, la petrolera tiene oficinas en Guyana y negocia las condiciones para la extracción de los recursos.
En los mapas venezolanos, la región aparece como una parte más del país bolivariano, aunque en ocasiones se muestra como territorio en reclamación.
El Gobierno de Nicolás Maduro emitió en 2015 un decreto presidencial con una orden administrativa de defensa del país, con una demarcación que incluía como propias todas las aguas del Atlántico frente a la costa de Esequibo.
Venezuela rechaza que la CIJ sea competente en disputa sobre el Esequibo
Venezuela rechazó este viernes la decisión tomada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que dio la razón a Guyana y se declaró competente para juzgar la validez de un laudo arbitral de 1899 que estableció la frontera entre los dos países.
«Venezuela rechaza la decisión de la Corte Internacional de Justicia», reza un comunicado del Gobierno, que fue leído por el canciller Jorge Arreaza, acerca de la decisión de la CIJ que marca el futuro de una región limítrofe en la que se han encontrado vastos yacimientos de petróleo.
La decisión la tomó el alto tribunal de la ONU con doce votos a favor y cuatro en contra.
Por tanto, considera que tiene jurisdicción para analizar «la validez del laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 y la cuestión sobre el asentamiento definitivo de la frontera terrestre», dijo el juez presidente de la CIJ, Abdulqawi Ahmed Yusuf, en la lectura pública de la sentencia.
Un revés para Venezuela
La decisión supone una derrota diplomática para Venezuela, que rechazó participar en las vistas orales previas y ha defendido en todo momento que la disputa se resuelva de manera bilateral.
Denominada Guayana Esequiba en Venezuela y divida en varias regiones en la República de Guyana, se trata de un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo, lo que supone casi dos terceras partes de la antigua colonia británica.
La cuestión fronteriza se remonta a principios del siglo XIX, cuando Guyana era aún colonia, y tiene como elemento central un laudo arbitral que estableció la frontera entre ambos países y que Venezuela nunca aceptó, al considerar que los jueces fueron parciales y el proceso estuvo viciado.
El Reino Unido y Venezuela firmaron en 1966, justo antes de la independencia de Guyana, el Acuerdo de Ginebra, que en un principio sentó las bases para resolver la controversia, pero las negociaciones se extendieron durante más de dos décadas sin resultados.
La polémica se ha agudizado en los últimos años después de que la compañía estadounidense Exxon Mobil descubriera, en 2015, yacimientos de petróleo en las aguas adyacentes a la zona en litigio.
Venezuela apela al Acuerdo de 1966
Frente a esta situación, Arreaza subrayó que «el Acuerdo de Ginebra es la única norma taxativa bilateral vigente, aplicable para dirimir, mediante negociaciones amistosas, la controversia territorial».
«Lo anterior niega la vía judicial, incapaz de alcanzar el arreglo práctico y satisfactorio que este tratado impone a ambas partes», apostilló Arreaza.
Por eso, mostró la disposición de Venezuela «a entregarse a dichas negociaciones amistosas para alcanzar un arreglo mutuamente satisfactorio».
El canciller venezolano subrayó que, «al decidir que posee jurisdicción respecto de la validez del laudo arbitral de 1899 con base en la demanda unilateral de Guyana», la corte «comete un error incomprensible e insólito».
El error se fundamenta, en opinión de Venezuela, «no solo en términos del consentimiento no prestado por Venezuela a dicha jurisdicción, sino al admitir un objeto de litigio diferente al objeto sustancial de la controversia, tal como fue definido por el Acuerdo de Ginebra de 1966».
«La corte, con su decisión, no sólo quebranta su propia doctrina establecida y sustentada por décadas, sino también su nutrida jurisprudencia», afirmó.
Por tanto, «Venezuela rechaza la decisión de la CIJ, en perfecta consonancia con los argumentos que oportunamente le brindó -desde su posición soberana de no compareciente- para coadyuvar con ésta en su deber de dictar un pronunciamiento donde la ley, los principios del Derecho y el Derecho consuetudinario le imponían declarar su evidente falta de jurisdicción».
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“It is a great victory to the people of Guyana,” President Irfaan Ali said on Friday as he welcomed the judgment of the International Court of Justice (ICJ) which has decided it has jurisdiction to hear the Guyana/Venezuela border controversy case.
The judgment was read by President of the ICJ, Judge Abdulqawi Ahmed Yusuf at the Peace Palace in The Hague; Guyana was represented by its Ambassador Plenipotentiary and Extraordinary to the Kingdom of Belgium, David Hales and representative in Brussels, Lloyd Gunraj.
President Ali, high-ranking members of his cabinet, former Foreign Minister, Carl Greenidge; Ambassador Audrey Waddle and other members of the legal team, along with Chief-of-staff of the Guyana Defence Force (GDF), Brigadier Godfrey Bess; Police Commissioner, Nigel Hoppie and others viewed the judgment in the dome of the Arthur Chung Conference Centre.
Upon conclusion of the judgment, Dr Ali telephoned Sir Shridath Ramphal, who led Guyana’s argument before the court on June 30, to convey his congratulatory message.
In a short statement which followed, the President said the judgment is testimony to what Guyanese can achieve if they are united.
“We’ve always stood together, we’ve always recognised together and demonstrated to the international community together that we are one and we are united…but today, I think this victory is testimony to what we can achieve as a people when united and this should be a healing point for our country,” the President said.
The Head-of-State, however, pointed out that the ruling is also a “great victory for the rule of law internationally and for the United Nations,” which referred the controversy to the ICJ for a full and final settlement.
Dr Ali thanked the legal team and all who worked along with them to be able to present winning arguments before the ICJ. Guyana now awaits a date for case management for the substantial case.
Greenidge, who filed the matter in the ICJ in 2018, said: “We are pleased to see this case brought to a forum, accepted by a forum which can ensure the definitive resolution of the controversy which has bedevilled our country and its neighbour since 1962.
“The issue has been characterised by the endless and determinable repetition of processes and arguments and in the background, whilst these interminable exchanges have taken place, Guyana has lost territory, investments and the opportunity to improve the wellbeing of its people.”
Greenidge said the team awaits an invitation by the court to examine the substantive issues in the case. During an interview with the media subsequently, the former Foreign Minister noted that the case can run on for six to nine years, but with Venezuela’s insistence on not participating in the matter, this time can be lessened.
Judge Yusuf said the court concluded that it has jurisdiction to hear Guyana’s claims concerning the validity of the 1899 Award and related questions of the definitive settlement of the land boundary dispute.
He, however, noted that the court’s jurisdiction is limited as it cannot entertain Guyana’s complaints on events that occurred after the signature of the Geneva Agreement.
But Greenidge said this decision has no bearing on the case. Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Hugh Todd expressed confidence that Guyana will emerge the winner in the substantive case.
“We believe that will see the end of this process and Guyana will become victorious so we can move on peacefully in being able to exploit our resources and to enjoy stability not only here in Guyana but within the Region,” Todd noted.
Going forward, he said: “This is a small victory, we still have to present the merits of the case, we still have some ways to go –so we want the people of Guyana to understand that we need their support as well.”
