El candidato del correísmo, Andrés Arauz, denuncia que “hay un golpe a la democracia en marcha”
Andrés Arauz alerta al mundo: “Hay un golpe contra la democracia ecuatoriana en marcha”.
Andrés Arauz, candidato presidencial por el progresismo admite su preocupación por la serie de intromisiones que sufre el proceso electoral, lo que podría llevar a un aplazamiento en la fecha de las elecciones, prevista del 7 de febrero de 2021.
En un conversatorio realizado en la ciudad de Cuenca, hizo un llamado al Ecuador y al mundo ante un eventual golpe contra la democracia.
“El intento por posponer, por suspender o por anular las elecciones se da por la ambición de Lenín Moreno y de quienes lo rodean para alargar su estadía en el poder con absoluta carencia de legitimidad democrática para alcanzar a realizar los negociados de última hora alrededor de privarizaciones de activos estratégico..”
Lenín Moreno pide al CNE y al TCE que dialoguen y se ajusten al calendario electoral
Esta mañana, en el programa «De frente con el presidente», el mandatario Lenín Moreno pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal Contenciosos Electoral (TCE) que dialoguen y también que se ajusten a la Constitución, las normas legales y al calendario electoral, pues no quiere prorrogar sus funciones por una decisión de diferir la fecha de las elecciones.
Las declaraciones del presidente surgen en medio del entramado jurídico que ha generado un conflicto entre los dos organismos de la Función Electoral y que vuelve incierto el cumplimiento del calendario electoral.
Incluso, ayer, el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, ya habló de la posibilidad de cambiar, por lo menos, la fecha para la primera vuelta. Esto, sin que aún se resuelva la situación del Movimiento Justicia Social y aún no se pueda enviar las artes al Instituto Geográfico Militar para imprimir las papeletas.
Moreno añadió que le preocupa que se violen las normas electorales, hizo un llamado a que se respete la institucionalidad y agregó que «mira con asombro» la cantidad de «irregularidades» que se van presentando como el hecho de que partidos con dirigentes en la cárcel, prófugos del país por actos de corrupción participen y se habla de indultos para que puedan regresar.
«Tengo derecho a opinar en el tema de la campaña electoral, lo que no tengo derecho a opinar es en la institucionalidad. En lo que se refiere a la forma de llevar, el comportamiento del Ejecutivo, en la campaña electoral, pues será de respeto absoluto (…) Yo no he emitido ningún criterio favorable de ninguno de los candidatos que más o menos se han identificado con el oficialismo (…) Si preocupa estas anomalías, no puedo dejar de manifestarlo porque sería también irrespetar mi propia libertad de poder expresar, sin afectar ni dar nombres por su puesto, espero que no se repitan este tipo de comportamientos y que el calendario electoral se cumpla, que las instituciones se pongan de acuerdo y dejen de haber este tipo de conflictos ajustándose a la institucionalidad y a que se cumpla el calendario electoral», aseguró Moreno, quien aún es presidente de Alianza País (AP), para aclarar que con esta opinión no está interviniendo en la campaña electoral.
En las últimas horas, el candidato presidencial correísta por Unión por la Esperanza (UNES), Andrés Arauz declaró que: «el pueblo ecuatoriano no debe gobernar solamente cuatro años (…) aspiramos a que pueda estar en el Gobierno veinte, cincuenta años, como un proceso de transformación profundo que genere trabajo, futuro y dignidad».
Sin decir nombres, Moreno también habló sobre la posibilidad de permanecer entre 50 y 60 años en el poder y dijo: «No nos olvidemos que (Adolfo) Hittler también habló de mil años» y que si la ciudadanía decide de que pueda regresar (no dio un nombre), así será.
Sobre los pendientes con la Asamblea, señaló que lo que resta en el tiempo de mandato es dejar las propuestas legislativas para que el próximo Gobierno se encargue y que la propuesta de reforma tributaria que es uno de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) será enviada en abril (un mes antes de dejar el poder), que no buscará incrementar impuestos, sino mejorar la recaudación de los ya existentes.
El resto de reformas como las laborales, que implican trabajo para amas de casa, estudiantes, en el sector agrícola y turístico también serán enviadas.
Finalmente, Moreno señaló que analizará el proyecto de Ley Anticorrupción, lo leerá y no dejó claro si es que lo vetaría o no, pues primero lo leerá.
Veo con preocupación el tema electoral y este aparente desacuerdo (ya en varios casos) entre el @cnegobec y el @TCE_Ecuador. Como Presidente he respetado y seguiré respetando la independencia de cada Función, pero me veo en la obligación de hacerles un llamado:
— Lenín Moreno (@Lenin) December 17, 2020
Justicia Social denuncia a vocales del CNE por incumplimiento de sentencia del TCE
El director ejecutivo nacional del movimiento Justicia Social, Jimmi Salazar, formalizó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), por una presunta infracción electoral.
El trámite lo planteó en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint; el vicepresidente, Enrique Pita y los vocales Luis Verdesoto y José Cabrera.
Según lo expuesto por Salazar en su denuncia, ellos “, incurrieron en incumplimiento de la sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, el 30 de octubre de 2020; y, la resolución de ejecución de sentencia de fecha 8 de diciembre de 2020, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 221 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con lo señalado en el numeral 1 del artículo 70 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia”.
También señala que los funcionarios del CNE, adecuaron su conducta en el numeral 12 del artículo 279 de esa normativa, lo que, a su criterio, representa una infracción electoral muy grave.
Pedido
Salazar solicita a los jueces del TCE sancionen a los vocales con la multa equivalente a 70 salarios básicos unificados, su destitución y, además, la suspensión de los derechos políticos por cuatro años. Es decir, la pena más severa que establece la Ley para el caso.
Asimismo, solicitó al TCE que remitan el expediente de la causa 080 – 2020 a la Fiscalía para que, desde el campo penal, investigue a los vocales del CNE, por un presunto incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, establecido en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La Fiscalía informó la noche de ayer, que el 27 de noviembre pasado elevó a consulta ante la Corte Nacional de Justicia, si podía abrir una investigación previa en contra de los funcionarios electorales, tras haber recibido denuncias de supuestas irregularidades durante el proceso previo a los comicios.
