Argentina | “Nunca más”: se cumplen 35 años del juicio a las juntas militares
35 años de la sentencia del Juicio a las Juntas: «Señores jueces, Nunca Más»
Por Ailín Bullentini
El 9 de diciembre de 1985 León Arslanián era la voz de una decisión histórica que tomaron, unánimemente, él y otros cinco jueces y, a través de ellos, la sociedad argentina: los secuestros, las torturas, las desapariciones, las muertes, los robos, de la última dictadura cívico militar eran crímenes y sus responsables debían ser condenados. Aquel día, después de ocho meses de juicio, la Cámara Federal condenó a cinco de los nueve integrantes de las tres juntas militares de aquel golpe de Estado por aquellos hechos, Jorge Rafael Videla y Emilio Massera incluidos, y la sentencia, si bien estableció una base para comprender aquellos hechos (un piso del que nadie podía bajar) no logró zanjar los conflictos que por entonces fragmentaban al país en cuanto a la lectura de ese pasado que le respiraba en la nuca. Para el sociólogo Diego Galante, 35 años después, la valoración de aquel momento histórico “aún está en disputa”. “La valoración del juicio y la condena a las juntas militares en la historia de la democracia argentina está en disputa: una línea plantea que fueron los padres fundadores de la democracia y de la lucha contra la impunidad, el primer paso del proceso de los juicios por delitos de lesa humanidad actuales a pesar de la elipsis de más de una década; otra, que son los juicios actuales lo que en forma retrospectiva permitieron una recuperación, una especie de rescate de aquel juicio y aquella condena”, propone Galante, invitado por este diario a seguir reflexionando sobre aquel proceso mucho más que judicial que analizó para su tesis doctoral en Ciencias Sociales y de cuya conclusión, mañana, se cumplen 35 años. 800 palabras leyó, más o menos, Arslanián aquel 9 de diciembre. La sala estaba llena. Los integrantes de las tres juntas militares que habían deshecho el país poquísimos años antes, presentes: de trajes civiles, peinados a la gomina, jóvenes, culpables de punta a punta. El fallo unánime de los seis camaristas federales –Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés D’Alessio además de Arslanian– habló de “detenciones violentas”, de “mantenimiento de las personas en detención clandestina”, de “interrogatorios bajo tormentos” y “eliminación física” de personas, de “saqueo de bienes”. Y también habló de “bandas terroristas”, de la “responsabilidad” de las Fuerzas Armadas en “la represión de la subversión”. Condenó a Videla y a Massera a prisión perpetua; a Roberto Viola a 17 años de cárcel; a Armando Lambruschini a 8; a Orlando Agosti a 4 años y seis meses de encierro. Omar Rubens Graffigna, Arturo Lami Dozo, Leopoldo Galtieri y Jorge Anaya resultaron absueltos.
La sentencia llegó tras ocho meses de juicio, “un fenómeno colectivo, mucho más que un evento jurídico concreto”, en el que participaron actores múltiples y sobre el que “se entretejieron múltiples lecturas sobre el pasado dictatorial y su criminalidad, y poniendo en foco sus memorias y conflictos sobre el presente y lo que se esperaba de él”, aclara el doctor en Ciencias Sociales que basó su tesis de doctorado en este proceso, el juicio a las Juntas. El trabajo fue publicado bajo el título: El Juicio a las Juntas. Discursos entre política y justicia en la transición argentina.
La sorpresa
En ese marco, “la condena suscitó sorpresa –resalta Galante–. Fue sorprendente para la escena judicial, para un amplio espectro político y en definitiva para la sociedad en general el hecho de que finalmente la Argentina de la transición lograra concluir un acto jurídico sobre ese pasado criminal que aún estaba muy presente y, más aún, con una condena”. Hay una imagen que lo ilustra: el silencio que se apropió de la sala de audiencias tras la lectura de Arslanián. Propone el investigador de Memorias Sociales del Instituto Gino Germani: “Por contraposición al estruendo de aplausos que acompañó el cierre del alegato de (el fiscal Julio César) Strassera, el silencio que llegó tras la sentencia es representativo del impacto que generó. En la sociedad que dejó mudos a todos”. –¿Sorprendió para bien o para mal?–La sorpresa debe entenderse en el contexto de la sociedad argentina de la transición, tan conflictiva como fragmentada. El juicio estuvo acompañado de amenazas permanentes a fiscales, jueces, funcionarios, secuestro de testigos, amenazas de bomba. Alfonsín había tenido que decretar un Estado de sitio. El estupor tuvo que ver en parte, también, con cierta desazón que causaron las condenas sobre todo en las agrupaciones de derechos humanos, si bien en la mayor parte del espectro político la sentencia fue celebrada. Los organismos no esperaban máximas condenas para algunos jerarcas de las juntas, pero tampoco las absoluciones. Y esa desazón luego se abre en diferentes caminos. Las Madres emiten un comunicado muy duro en el que vincula el juicio a las Juntas con la falta de voluntad del Gobierno de perseguir penalmente a los militares. Le llaman “simulacro”. En otros organismos, como CELS o la APDH, a pesar de las absoluciones, que fueron condenadas, se valoró mucho el avance judicial como el primer registro de que aquel había sido un comportamiento criminal, sistemático y planificado. Y subrayan el punto 30 de la sentencia, en el que la Cámara Federal ordena continuar investigando la participación de grados subalternos a los jefes de las fuerzas. No obstante, la sospecha de que una salida “política”, fuera amnistía u otra, no se apagaba.
“La alerta sobre la salida política era permanente, incluso antes del juicio. Y justificada además, porque durante el desarrollo del juicio emergen varias informaciones cruzadas desde el Gobierno. Algunos funcionarios hablaban a favor del desarrollo de la Justicia y otros planteaban que era necesario ‘cerrar la cortina’” del pasado con amnistías. Alfonsín mismo debe salir a responder políticamente”. Los temores, no obstante, no eran infundados: no llegó una amnistía, pero sí las leyes de Punto Final, de Obediencia debida y, finalmente, los indultos.
Legado y deudas
Hay un legado de esa sentencia que perdura hasta nuestros días. Y ese es el “reconocimiento del carácter criminal de un régimen que se concibió al margen de la ley y que implementó prácticas de lo más inhumanas para reprimir”, puntualiza el especialista. Porque, opina, “tras el Juicio a las Juntas nadie puede negar en buena fe lo que ocurrió en la dictadura, se acabaron las estrategias negacionistas, o quedan en eso, negacionismo, los desaparecidos de ninguna manera están en Europa como hasta entonces creía gran parte de la sociedad. La sentencia viene a sancionar con la fuerza de la verdad que lo que sucedió fue un crimen”.
Sin embargo, aquello estuvo lejos de zanjar las divisiones que fragmentaban a la sociedad argentina de la transición democrática. “Por el contrario, las amplifica”, asegura Galante. “El juicio y la sentencia amplificaron los conflictos existentes, funcionaron como caja de resonancia en donde quedaban expuestas las representaciones divergentes sobre el pasado que estaba bajo análisis y sobre lo que debía esperarse por venir”. –¿Por qué esto es así?– Pues porque si bien en términos jurídicos, la sentencia no pone en duda el carácter criminal de los métodos elegidos por las Juntas, “se apropia de los conflictos culturales persistentes en la sociedad y, en su análisis, los vuelca”. Amplía Galante: “En la primera parte de la sentencia está argumentado en términos históricos lo acontecido en el país bajo los términos de una guerra antisubversiva, los jueces apelan al lenguaje militar para describir los hechos: hablan de terrorismo subversivo, términos que no son cuestionados”. Sus repercusiones hacia adentro y hacia afuera de los derechos humanos.
Más allá de que la condena haya dejado en claro el cáracter criminal del desempeño de los militares, y de que tras lo ocurrido durante ocho meses en la sala de audiencias los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem hayan barrido –por presiones, por incapacidad de resolver los conflictos que atravesaban a la sociedad, o el motivo que fuere– con las condenas logradas, hubo un aspecto de lo ocurrido durante la dictadura al que el proceso de enjuiciamiento a las Juntas no alcanzó siquiera a desarmar para revisar: el carácter político y económico del Golpe y de sus crímenes; el modelo de país que se buscaba instalar a partir de los secuestros, desapariciones y asesinatos. “Haber roto con el ciclo iniciado en 1930 de golpes de Estado y democracias débiles se lo debemos al juicio a las juntas y a su condena, a esa transición de los 80. Sin embargo, hubo entonces cierto contraste entre la condena moral que existía sobre los crímenes de los militares y la dificultad que había para condenar el golpe per sé. Había una dificultad de parte de la sociedad para reconocer el carácter político de los crímenes condenados en el Juicio a las Juntas, así como el proyecto político y económico regresivo que buscó la dictadura con ellos”, sostiene Galante.
La condena sirvió como “puntapié de recuperación de los derechos humanos como valor de la democracia, algo que cae durante el Gobierno de Carlos Menem y empieza a resurgir en 2003”. También como “antecedente penal para la lucha por la Justicia” en relación a los crímenes de lesa humanidad no solo en Argentina sino también en otros países. Es que, no solo la condena se fundó sobre pruebas que, aún en los juicios de hoy, siguen impactando –testimonios ofrecidos en aquel proceso, sobre todo–, sino que “lo que quedó fuera de esa condena, trunco, por decirlo así, se reabre el camino hacia la persecución de justicia”, propone el sociólogo. Sigue: “Durante el período de la impunidad, la historia de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia comienza a escribirse en los márgenes de aquello que había escrito la condena del juicio a las Juntas Militares, en permanente interacción. Fue su piedra basal”.
Un mojón contra el olvido
En la constitución de la memoria colectiva en relación con los crímenes del terrorismo de Estado, la condena de diciembre de 1985 también fue un mojón, que por supuesto no hubiera existido sin la persistencia de los organismos de derechos humanos que empezaron a reclamar verdad en el mismo momento en que el gobierno dictatorial y sus aliados en cada espacio del campo sociocultural, medios de comunicación a la cabeza, insistía en escribir mentiras.
“Fue un elemento fundamental en la construcción de memoria, en la conformación de una serie de enunciados básicos, compartidos por amplios sectores de la sociedad que no concuerdan con otras representaciones de ese pasado, pero sí en aquella verdad que habían empezado a plantear el movimiento de derechos humanos y la Conadep luego: los de la dictadura fueron crímenes. No obstante, en medio del camino transicional, había quienes estaban apurados, incluso desde la panza del Gobierno radical, en transitar el proceso judicial con rapidez para poder, finalmente, olvidar», dice Galante, quien cita en su trabajo una declaración del entonces secretario general de la Presidencia, Germán López, sobre la supuesta necesidad de “concluir rápidamente con esto, para que la sociedad se repliegue sobre sí misma, haga la reflexión necesaria, se sancione lo que corresponda, y se baje la cortina sobre esta situación dramática”.
Suponiendo que la condena del Juicio a las Juntas no hubiera sido anulada con las leyes de impunidad, ¿habría sido posible el cierre inmediato del capítulo? Es difícil imaginarse esa solución a la luz de lo que ocurrió. De hecho, al comprobar judicialmente lo que había ocurrido hubiera sido difícil persuadir sobre la clausura. Una vez comprobada la existencia del delito ¿con qué argumento se puede invitar a su olvido?
Comienza el séptimo juicio por delitos de lesa humanidad
El séptimo juicio por delitos de lesa humanidad en Neuquén se iniciará este miércoles, cuando el Tribunal Oral Federal 1 (TOF) comience a juzgar a 15 imputados pertenecientes a Fuerzas Armadas y de Seguridad nacionales y provinciales, que actuaron en la región durante la última dictadura cívico militar.
En el marco del juicio que comenzará tras la postergación que sufrió el inicio del debate el 2 de diciembre pasado, se sentará a los acusados en el banquillo por hechos que involucran a 20 víctimas, de las cuales 9 permanecen hasta hoy desaparecidas.
El TOF 1 es presidido por el juez Alejandro Cabral y lo integran Alejandro Silva y Simón Bracco, en tanto que por la Unidad de Fiscales de Lesa Humanidad actuarán Miguel Ángel Palazzani y José Alberto Nebbia.
En tanto, las querellas estarán representadas por la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) y una tercera que será particular de una de las víctimas, mientras que la defensora oficial Gabriela Labat representará a la mayoría de los imputados.
Los hechos que se investigarán ocurrieron en junio de 1976 en las ciudades de Cutral Có, en la capital neuquina y en Cinco Saltos; y en Cipolletti (Río Negro).
Particularmente serán investigados los vuelos clandestinos realizados desde el aeropuerto de Neuquén a la ciudad de Bahía Blanca para trasladar a los detenidos al Centro Clandestino de Detención “La Escuelita” que funcionó en un predio del V Cuerpo de Ejército de la ciudad bonaerense.
En su requerimiento, el fiscal Palazzani señala al piloto Juan José Capella como responsable de los traslados de detenidos en un avión del Ejército los días 10, 15 y 16 de junio de 1976, entre ellos de las nueve personas que permanecen desaparecidas.
Los imputados, además de Capella, son Miguel Ángel Cancrini, Norberto Condal, Jorge Di Pasquale, Jorge Granada, Raúl Guglielminetti, Gerónimo Huircain, Jorge Molina Ezcurra, Desiderio Penchulef, Oscar Lorenzo Reinhold, Sergio San Martín, Jorge Soza, Carlos Taffarel, Walter Tejada y Osvaldo Páez.
Los desaparecidos son Jorge Asenjo, Carlos Chávez, Susana Mujica, Alicia Pifarre, Carlos Schedan, Arlene Seguel, Mirta Tronelli, Cecilia Vecchi y Miguel Ángel Pincheira.
Otra característica de este juicio es que se investigará como delito autónomo, separado del de tormentos, el abuso sexual sufrido por una de las sobrevivientes.
El Tribunal habilitará la sala de audiencias para un máximo de 35 personas, incluyendo los actores del debate con protocolos sanitarios debido a la pandemia de coronavirus.
El público podrá seguir las audiencias a través de la página www.cij.gov.ar, mientras que para la prensa se habilitará una plataforma digital.
