Aborto legal en Argentina | Voces desde América Latina: cómo impactaría en la región si se aprueba – Por Luciana Mazzini Puga
Por Luciana Mazzini Puga, de la redacción de NODAL
Este martes se debatirá el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Senado argentino, luego de obtener la media sanción en la Cámara de Diputados.
El proyecto ya había sido tratado en la Cámara Alta en 2018 pero fue rechazado con 38 votos negativos y 31 afirmativos. Si bien en la actualidad el escenario se presenta incierto, las expectativas desde el Ejecutivo son positivas ya que se cuenta con una nueva composición legislativa, con Cristina Fernández como presidenta del Senado -quien votó hace dos años a favor de la legalización– y con una serie de modificaciones que fueron hechas en las comisiones de Diputados con el objetivo de lograr un apoyo más contundente en esta Cámara.
Según la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en Argentina 500 mil mujeres recurren cada año al aborto de manera clandestina y en condiciones inseguras. Desde la recuperación democrática en 1983, han muerto más de 3 mil mujeres como consecuencia de abortos riesgosos. Los números demuestran que, independientemente de su legalidad o ilegalidad, el aborto es una práctica que sucede y afecta especialmente a las personas que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Inspiración para Latinoamérica
La legislación sobre el aborto en América Latina y el Caribe demuestra un atraso en materia de derechos para las mujeres. Uruguay, Ciudad de México, Cuba, Puerto Rico y Guyana son los únicos lugares que permiten la interrupción del embarazo. En el otro extremo nos encontramos con El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Honduras con el aborto totalmente penalizado. En este sentido, Lissett Alas, activista de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, afirma que el avance de Argentina en esta legislación “permitiría que países como El Salvador pongan nuevamente en debate la necesidad de despenalizar el aborto aunque sea por causales”. Señala también que en dicho país no sólo se penaliza la práctica sino que las mujeres son perseguidas. Según un informe de la agrupación mencionada, entre 1998 y 2019 181 mujeres fueron procesadas por abortos o por emergencias obstétricas.
En República Dominicana, la activista Maribel Núñez de la agrupación Acción Afro- Dominicana dice que no espera ningún avance sobre esta legislación con el gobierno de Luis Abinader, sin embargo afirma que “el triunfo de las argentinas sería un avance en la desvinculación del peso de las religiones en el manejo de las políticas públicas y será una bandera para afianzar las luchas de que sí se puede derribar el patriarcado colonial-burgués”.
En el medio de ambos extremos, países como Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia y Perú permiten la interrupción del embarazo por causales. Estefanía Rivera, activista de la Red Feminista Antimilitarista de Colombia, cuenta que si bien el aborto es legal en casos de violación, cuando la vida de la madre corre peligro o cuando hay malformación del feto, el sistema de salud presenta varias trabas a la hora de solicitar la práctica, y agrega que la marea verde “es una inspiración para América Latina y es el impulso que se necesita para movilizarnos en países como Colombia que lleva tantos años de conflicto, donde pululan hombres armados y un gobierno derechista y neoliberal al que no le interesan los derechos de las mujeres”.
La ecuatoriana Ana Cristina Vera, directora de la organización Surkuna, sostiene que el movimiento feminista es global y que si se gana en la lucha por la legalización del aborto en Argentina “va a ser un avance significativo para las mujeres de América Latina e impactaría en la forma en cómo se mira el derecho a decidir de las mujeres a nivel internacional”.
En Perú, según la “Línea Aborto Información Segura”, se estima que ocurren más de 800 abortos diarios. La periodista Roxana Loarte sostiene que la aprobación de la legalización del aborto en Argentina sería “una conquista de las mujeres pobres y significaría una muestra simbólica para los grupos ultraconservadores de la derecha que han ido creciendo en la región”.
La experiencia uruguaya
En 2012 Uruguay aprobó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta la semana 12, con previa consulta a un equipo interdisciplinario, periodo de reflexión de cinco días y la ratificación de la voluntad de abortar mediante consentimiento informado. El plazo para realizarse el aborto se extiende a 14 semanas cuando el embarazo es producto de una violación. Tanto en este caso como en el que la salud de la madre corre riesgo, los requisitos nombrados anteriormente no son exigibles.
Según las cifras de la organización Mujer y Salud en Uruguay, entre 2013 y 2019 -luego de que entrara en vigencia esta ley- se realizaron 65.202 interrupciones voluntarias del embarazo, con un promedio de 9.315 abortos por año, número que contrasta fuertemente con los 33 mil abortos anuales que se estimaban hasta 2002. Además, la mortalidad materna se acerca a cero según este informe de AFP Factual, con al menos cinco muertes en condiciones de riesgo.
“En los últimos años hay una búsqueda por comenzar a despenalizar socialmente la práctica del aborto a través del registro y publicación de testimonios de mujeres que hayan pasado por los servicios de IVE, además de registrar los obstáculos y desafíos que representa la objeción de conciencia”, manifiesta la periodista uruguaya Azul Cordo. Y agrega: “La aprobación será un ejemplo de la importancia de la articulación y las alianzas entre los activismos feministas, las periodistas feministas, las y los actores políticos, las y los efectores de salud, y una muestra más de que los derechos se conquistan y sostienen en las calles, con diversas campañas para llegar a distintos sectores sociales apoyándonos mutuamente por el derecho a decidir sin dar un paso atrás”.
