Aborto legal: así continúa el debate en comisiones en el Senado
Aborto: continúa el debate en comisiones del Senado
La segunda reunión de las comisiones de la Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales y Salud para debatir sobre el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que comenzó ayer en la Cámara alta, se llevó a cabo este martes con veinte expositores, diez por la mañana y otros diez por la tarde. Durante la mañana, los ejes que atravesaron las exposiciones fueron la constitucionalidad del proyecto, las consecuencias de la criminalización del aborto, y el debate respecto de la consideración o no de la vida humana desde la concepción. Los senadores y senadoras tuvieron dos oportunidades para intervenir con preguntas.
Entre quienes argumentaron a favor del proyecto de Ley coincidieron en que las consecuencias de la criminalización del aborto recaen especialmente sobre la población más vulnerable. “La política criminalizadora profundiza las desigualdades sociales”, señaló Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Según un informe que realizó el CELS con datos de 13 provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, desde 2012 hasta este año se abrieron 1388 causas por abortos y 37 eventos obstétricos fueron criminalizados. “Existe una creencia de que el aborto se va a utilizar como un método anticonceptivo, de que se van a multiplicar, pero la mejor manera de que no los haya es no penalizando”, sostuvo en su exposición el abogado y político Ricardo Gil Lavedra. Luego de recordar la trama de la novela “Enero” de Sara Gallardo, en la que la protagonista, Nefer, cursa un embarazo no deseado, remarcó que “la mujer tiene derecho a decidir libremente si ser o no ser madre, y no bajo amenaza de la ley penal”.
Otra de las expositoras durante la mañana del martes, quien se manifestó en contra del proyecto para la regulación y despenalización de la IVE, fue la abogada Úrsula Basset, profesora de Derecho de Familia en la Universidad Católica Argentina (UCA). “Esta Ley da derecho a abortar, no a decidir”, arriesgó Basset y se preguntó por qué no se le ofrecen opciones a la mujer que cursa un embarazo. La Ley para crear el Plan de los Mil Días, a la que la Cámara de Diputados dio media sanción, prevé distintas políticas para la asistencia económica y la atención y el cuidado de la salud de la persona gestante durante el embarazo y del niño o niña durante la primera infancia. Sin embargo, la expositora insistió en que el proyecto “impide toda otra forma de acompañamiento” y remarcó: “es una Ley inhumana”.
Por su parte, Luciana Sánchez, abogada penalista, integrante de la agrupación “Lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto» y fundadora de la línea “Más información menos riesgo”, remarcó la importancia de “actuar con rapidez”, tal como establece el proyecto de Ley, sobre el plazo de 10 días en que el sistema de salud debe dar respuesta ante la solicitud de la interrupción del embarazo. “Durante 10 años nos llamaron más de 5 mil personas por año, y pudimos sistematizar las experiencias sobre las prácticas de la clandestinidad. A todes les preocupa lo mismo: abortar lo antes posible en el embarazo”, afirmó Sánchez, quien representa a la familia de Romina Fernández, la mujer que falleció en 2018 luego de haber abortado.
Los argumentos constitucionalistas
El primero en exponer en esta segunda jornada de debate fue Pablo Garat, decano de la Facultad de Derecho de la UCA y profesor de derecho constitucional, para quien “todo nuestro orden jurídico se apoya en un principio, el del interés superior del niño”. Según el abogado, las sugerencias de los organismos internacionales sobre la despenalización del aborto “son recomendaciones u observaciones, que se deben ordenar a algo que es previo, que son las obligaciones que surgen de la propia convención”. Minutos más tarde, cuando hubo lugar para las preguntas, el senador Jorge Taiana retomó el tema y aclaró que “no estamos hablando de organismos externos que quieren imponer normas, sino de compromisos asumidos por la Argentina”.
El abogado Andrés Gil Domínguez, quien fue convocado para exponer su punto de vista durante el debate, también le respondió a Garat sobre la cuestión de la constitucionalidad del proyecto de Ley IVE: “desde el punto de vista de la convención de los derechos del niño no hay ningún tipo de incompatibilidad con el proyecto que se está discutiendo, al contrario, estamos honrando el derecho a la salud de las niñas, las mujeres y las adolescentes, en garantía de la igualdad y de la no discriminación”.
En el mismo sentido que Garat expuso el abogado constitucionalista Alberto Bianchi, que citó a Aristóteles y al principio de no contradicción para referirse a la consideración de la vida humana desde la concepción: “vamos a ser y no ser al mismo tiempo, porque la constitución nacional va a decir una cosa y el código penal va a decir una distinta”. Para argumentar su posición en contra del proyecto, el especialista comparó la viabilidad -cualidad de permanecer con vida- de una persona que depende de una medicación con la de un embrión que depende del cuerpo de una persona gestante. “Cuando a mi hermano le diagnosticaron cáncer, el médico me dijo desde el primer día que no era curable: ¿perdió el derecho de ser persona por necesitar de un tratamiento?”, señaló Bianchi, quien concluyó su discurso son una pregunta que él mismo respondió: “¿Cuántas mujeres quieren abortar porque no tienen un hombre suficientemente valiente al lado de ellas? Esos varones están de fiesta en este momento con esta Ley”.
El debate por la tarde
El trabajo en plenario de comisiones del Senado de la Nación en torno a la Ley de IVE continuó por la tarde del martes con exposiciones a favor y en contra del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Aunque el proyecto al que Diputados dio media sanción establece que la IVE podrá realizarse hasta la semana 14 de gestación – y luego continuará el sistema de no punibilidad por causales -, los expositores celestes volvieron a insistir en que la ley permitirá que el aborto sea totalmente libre hasta el noveno mes. Del lado verde respondieron con argumentos jurídicos, centrados en el fracaso de la criminalización y el derecho a la autonomía de las mujeres y personas gestantes sobre sus cuerpos.
«El punto en debate de este Senado es la decisión de incorporar en el marco normativo un plazo inicial de 14 semanas dentro del cual las mujeres no necesitarán someter sus razones al escrutinio del Sistema de Salud«, aclaró Natalia Gherardi, abogada y directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), quien al igual que varios de los participantes del plenario ya expuso hace unas semanas en las comisiones de Diputados.
Sobre el plazo de 14 semanas, la jurista y ex integrante de la Suprema Corte de Mendoza, Aída Kemelmajer de Carlucci, explicó que “este proyecto responde a lo que son la mayoría de las legislaciones en el mundo: hay un período en el cual se atiende a la autonomía de la mujer, un período en el que el feto no ha tenido tanto desarrollo. Esa autonomía quiere decir que nadie puede ser un instrumento de otro«.
«En esas 14 semanas las razones son nuestras, son privadas, individuales, intimas, pero no por eso inexistentes o menos importantes, menos razonadas o evaluadas de manera cuidadosa», complementó Gherardi, mientras que la jurista advirtió que “autonomía es sinónimo de libertad, esa libertad prevalece en la mujer hasta las 14 semanas, después viene el sistema de causales”.
Es que desde el inicio del debate en Diputados — y desde 2018 –, varios de los expositores celestes se encargaron de repetir que el proyecto permitirá abortar libremente durante todo el embarazo. A tal punto fue así que este martes el médico Eduardo Young, quien se presentó como especialista en fertilización asistida, se mostró preocupado porque a «la interrupción legal del embarazo le ponen fecha de mil días, nunca entendí y nadie me explicó por qué son los mil días».
Pero más allá de esta aparente confusión entre el proyecto de IVE y el plan de los mil días que llevó al expositor a alertar sobre posibles interrupciones de embarazos de más de dos años de gestación, los argumentos celestes en torno a la posibilidad de abortar hasta el noveno mes se centran en la no punibilidad de las mujeres y personas gestantes que realicen la interrupción más allá de la semana 14, dentro de las causales que ya establece el Código Penal.
«La causal de salud integral es de los elementos más peligrosos«, señaló en este sentido Débora Rainieri, abogada y profesora de la Universidad Católica Argentina (UCA), quien agregó que esa causal habilita argumentos que «pueden ser dados por una mujer que en el octavo mes vaya al médico, le pida el aborto y el médico deberá realizar lo que en este caso será inducción al parto y dejar morir al bebé«. La profesora de la UCA incluso criticó al fallo F.A.L al asegurar que allí la Corte Suprema «cometió un error» porque convirtió «el aborto no punible, que debe ser juzgado por un juez en cada caso, en un derecho exigible ante los médicos«.
La defensa del fallo F.A.L llegó por parte de Gherardi, quien consideró que allí la Corte analizó «de manera cuidadosa y pormenorizada» el sistema de causales y añadió que esa sentencia recuperó «el valor de la autonomía de las mujeres» y «el respeto a la privacidad». Por su parte, Kemelmajer de Carlucci recordó que, en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos «citó a la Corte argentina aceptando la posición y la interpretación que tuvo en el caso F.A.L«.
Melisa García, presidenta de la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM), advirtió que «suponer que las mujeres y las personas gestantes frente a legalizar el aborto saldrían corriendo a realizar esta práctica es nuevamente estigmatizarlas y perder de vista que el debate ronda en la existencia del aborto, porque el aborto existe«, y agregó que «la criminalización no impide ni previene el aborto clandestino, el endurecimiento de penas no resuelve la cuestión del delito y tampoco protege a las víctimas, el castigo en sí mismo no tiene sentido». Por último, García señaló que «la criminalización remite al control patriarcal del cuerpo» y reivindicó «el derecho a decidir sobre nuestros propios planes de vida».
Informe: Lorena Bermejo y Santiago Brunetto.
Abogadas de mujeres judicializadas por abortos no punibles piden que la IVE sea ley
Abogadas que representaron a mujeres de distintos lugares del país a quienes se les obstaculizó el acceso a un aborto no punible y se convirtieron en casos testigos en los que intervino la Corte Suprema de Justicia e instancias internacionales explicaron este martes a Télam cómo afecta la vida de las víctimas la falta de legalización y pidieron que el Senado apruebe la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
Silvia Juliá, directora ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir, fue en 2006 la representante legal de LMR, una joven con discapacidad, violada, a quien le negaron el acceso al aborto, por lo que se hizo un recorrido judicial de 37 días hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, que avaló la práctica.
Se logró el acceso gracias a organizaciones de mujeres y feministas, aunque tampoco así fue posible que se concretara en el sistema de salud público.
En 2007, el caso se presentó ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que en 2011 pidió una reparación para ella y que el Estado nacional y provincial le pidiera disculpas, lo que ocurrió finalmente en 2014.
«Para mi fue impactante, fue una situación tremenda. Conocí a LMR en La Plata. Una niña diminuta, frágil, que jugaba, porque su edad madurativa es de 8 aunque en ese momento tenía 19», contó a Télam Juliá.
«Hay muchas mujeres, adolescentes, niñas que han sufrido y sufren la ilegalidad del aborto. Lo sabemos las abogadas que trabajamos desde la Campaña. Nos llegan casos tremendos. Por eso es urgente que el Senado voté la ley»
SILVIA JULIÁ
«Lo que le hizo el sistema judicial fue perverso. Ahí experimenté la impotencia que significa trabajar con un Poder Judicial atravesado por el patriarcado y con el poder de decir que, a pesar de tener derechos, no te van a permitir ejercerlos», añadió.
Juliá rescató el rol de la mamá de LMR, una mujer en ese momento analfabeta que «nos dio fuerza para seguir» y cuya historia puede conocerse en el documental que lleva su nombre, ‘Vicenta’ de Darío Doria, estrenado este año.
«LMR sensibilizó a la opinión pública y el haber llegado a una instancia internacional le dio más impacto. Fue la posibilidad de transformar algo dramático y doloroso para ella, su mamá, su hermana, en una lección jurídica para los tribunales argentinos, gracias a los movimientos de mujeres, feministas y la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito», rescató la profesional.
Pero Juliá recordó que «hay muchas mujeres, adolescentes, niñas que han sufrido y sufren la ilegalidad del aborto. Lo sabemos las abogadas que trabajamos desde la Campaña. Nos llegan casos tremendos. Por eso es urgente que el Senado vote la ley».
El caso de LMR es mencionado por la Corte Suprema en 2012 en el el fallo FAL, donde dejó claro que no debe judicializarse el aborto en caso de violación y si hay peligro para la vida o para la salud de la mujer tal como establece el Código Penal de 1921, e instó a las provincias a darse protocolos de actuación para estas situaciones.
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— CDD Argentina (@CDDArgentina) December 15, 2020
FAL es la sigla elegida para identificar a una joven de Comodoro Rivadavia que tenía 15 años en 2010 cuando quedó embarazada producto de las violaciones que sufría desde los 11 por parte de su padrastro, Orlando Nahuelmir, oficial de la policía de Chubut.
Su madre recurrió a la justicia para que su hija pueda realizarse el aborto en un hospital público, pedido que se rechazó en primera y segunda instancia, hasta que intervino favorablemente el Tribunal Superior de Justicia provincial.
Pero entonces un funcionario judicial de la provincia recurrió la sentencia para que no sentara precedentes en el país.
«Decimos recurrir a la Corte nacional. Fue una estrategia para lograr que la Corte se expida. No pedíamos nada que el Código Penal no dijera. Fue un desafío y una oportunidad», explicó a Télam Sandra Grilli, abogada de la joven.
Grilli recordó que «cada vez que había un fallo adverso ella sufría mucho, era muy triste comunicarle las trabas del sistema».
La protagonista de esta historia habló en febrero de este año con Télam y dijo que «ninguna víctima tiene que pasar por una odisea judicial como yo».
«Después de fallo FAL hay situaciones que se mejoraron, pero se siguen judicializando otras. Esto terminará con la ley de aborto que debe votar el Senado», destacó Grilli.
En 2014, en Tucumán, Belén llegó al hospital con su mamá cuando estaba teniendo un aborto espontáneo.
Fue denunciada por el médico que la atendió, quedó inmediatamente presa, fue condenada a ocho años de prisión, de los cuales cumplió casi tres, hasta que conoció en el penal a la abogada Soledad Deza, y todo cambió.
«Llevar un caso de este tipo en una provincia conservadora no es fácil, implica un doble esfuerzo porque una tiene que desarticular, en términos procesales, los vericuetos propios de cualquier litigio, pero además se adicionan los prejuicios de género, la mirada propia de un orden sexual jerárquico que se expresa en los procesos judiciales y con mayor virulencia en procesos de criminalización de aborto», dijo la abogada.
Deza llevó adelante «una defensa judicial feminista» que tuvo «una solidez técnica para la representación de una mujer criminalizada por aborto».
«Se suele pensar que a estas mujeres las libera solo el movimiento de mujeres, y no, las libera una buena defensa legal feminista que además es probono, es activismo que hacemos con placer», añadió.
También «una destreza para articular con la comunicación. El derecho es elitista, se suele ocultar, es una de las características para conservarse a sí mismo como discurso de autoridad, entonces hay que tener capacidad para articular una comunicación feminista del litigio y articular con comunicadoras feministas que nos permitan traducir».
«El derecho es elitista. Hay que tener capacidad para articular una comunicación feminista del litigio y articular con comunicadoras feministas que nos permitan traducir»
SOLEDAD DEZA
«Articularse con los movimientos sociales, el poder compartir con las compañeras de otros espacios, de base, de movimientos sociales, no solo de organizaciones feministas para mostrar que esa demanda sea una bandera de todas», aseguró.
Deza incorporó «una ética feminista» que «nos obliga a un compromiso doble que requiere esfuerzo y corazón, humanizar la relación abogada-cliente que nos enseñan a deshumanizar, para poder lograr empatía».
«Una ética especial que nos inhabilite a tentarnos a instrumentalizar a quienes defendemos al servicio de cualquier interés personal o de la lucha feminista. Esas vidas pueden ser muy difíciles si no preservamos la intimidad, si no acordamos los términos en los que sus vidas se hacen publica», explicó.
El derecho «sobre todo el penal es disciplinador, castigador, con sesgo de género y clase apabullante. Por eso es urgente que tengamos una ley de aborto», insistió.
En diálogo con Télam la semana pasada, Belén afirmó: «Tengo fe que va a salir la ley. No tenemos que esperar más. Van a seguir muriendo mujeres por la clandestinidad».
