Sanciones, amenazas y aranceles a América Latina: el legado de la primera administración Trump
Sanciones, amenazas y aranceles a América Latina: el legado de la primera administración Trump
Amenazas arancelarias al aluminio y acero argentino y brasileño. En diciembre de 2019 Donald Trump anunció la aplicación de aranceles al acero y aluminio de Brasil y Argentina, tras otorgarles un año antes exenciones ambos países, que se libraron de los aranceles a ambos productos impuestas por su administración a nivel global. Alrededor de una semana después, sin embargo, Jair Bolsonaro aseguró haber conversado con el presidente estadounidense y haber logrado que estos no se apliquen y en enero Argentina anunció que en su caso tampoco se aplicarían. A inicios de octubre, sin embargo, Donald Trump parece haber cambiado de opinión, pues incluyó a ambos países en la lista de 18 países a cuyos productos de acero y aluminio les impone ya aranceles.
Restricciones al turismo y remesas con Cuba. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca supuso un fuerte freno a los avances realizados por la administración de Obama en las relaciones de Estados Unidos y Cuba. Ya en 2017 el gobierno estadounidense impidió a ciudadanos y empresas de su país relacionarse con alrededor de 200 compañías cubanas por sus vínculos con el gobierno y ejércitos locales y obligó los viajeros de su país a Cuba a contratar operadores de Estados Unidos. Dos años más tarde, limitó las remesas de Estados Unidos a la isla, que son una fuente de ingresos de elevado peso en su economía, y limitó los viajes no familiares de estadounidenses. En septiembre de este año, asimismo, Trump dio a conocer la prohibición de que ciudadanos de su país se alojen en hoteles con vínculos con propiedad con el Gobierno cubano y compren cigarros y ron. Recientemente, además, su gobierno limitó aún más las remesas, al incluir a la compañía Fincimex en la lista de entidades restringidas y modificar las regulaciones para el control de activos cubanos, lo cual imposibilita las remesas a Cuba a través de empresas de Estados Unidos.
Barreras al biodiesel argentino. Hasta 2017, Estados Unidos era el principal país de destino del biodiesel argentino, pero ese año, aduciendo que la producción local estaba subsidiada, el gobierno de Trump aplicó derechos antidumping y compensatorios que supusieron elevar los aranceles a este producto por encima del 100%. Según el diario local El Clarín, esta medida frenó las exportaciones argentinas al país norteamericano, que rondaban los US$ 1.300 y el caso continúa judicializado.
Presión contra gobierno de Nicolás Maduro. El régimen chavista ha estado en la mira de Donald Trump desde el inicio de su mandato, al igual que todos los gobiernos de izquierda a los que ha impuesto varias sanciones. En el caso de Venezuela, en enero de 2019 aplicó sanciones a la estatal petrolera PDVSA dentro del proceso de presión contra el Gobierno de Maduro. A través de esta medida, la Casa Blanca congeló los activos de la compañía y prohibió, aunque con excepciones, que ciudadanos y empresas de su país tengan negocios con la petrolera venezolana. En marzo de 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso una sanción a la Compañía General de Minería de Venezuela, C.A. (CVG Minerven), a la cual se le acusa de hacer «operaciones de oro ilícitas» que le han ayudado a mantener el régimen de Nicolás Maduro. Posteriormente, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que congela todos los activos del gobierno de Venezuela en territorio estadounidense. La medida se aplica sobre todos los bienes e intereses de propiedad del gobierno de Venezuela que se encuentran en Estados Unidos o que se hallan bajo el poder o control de cualquier persona de Estados Unidos.
En abril de 2020, el gobierno de Trump ordenó a Chevron −la última petrolera de Estados Unidos activa en Venezuela− cerrar sus operaciones de explotación de crudo en el país sudamericano. Chevron, que opera casi un siglo en Venezuela, tendrá como fecha plazo el 1 de diciembre para clausurar sus actividades y solo se le permitirá realizar operaciones extremadamente limitadas hasta entonces, haciendo efectivamente imposible su presencia en Venezuela. De esta forma, Trump cierra una cadena de sanciones destinadas a aplicar más presión sobre el presidente Nicolás Maduro, cortando lo que Washington estima como el sustento vital de un gobierno que no reconoce y considera ilegítimo.
Sanciones contra funcionarios de Nicaragua. Recientemente, Estados Unidos impuso sanciones contra la fiscal general de Nicaragua Ana Guido, al secretario de Políticas Públicas de la Presidencia, Paul Oquist, y la cooperativa de ahorro y crédito Caja Rural Nacional, incrementando así la presión sobre el gobierno izquierdista de Daniel Ortega, a quien la Administración Trump acusa de abusar de los recursos del gobierno para beneficio personal de sus miembros e ignorar los reclamos de reforma del pueblo nicaragüense. Desde 2018, ya son 24 los funcionarios nicaragüenses castigados por Estados Unidos, entre ellos la vicepresidenta y esposa del mandatario, Rosario Murillo, y tres de sus hijos. La medida congela los activos de los implicados en el país norteamericano y prohíbe a los estadounidenses tratar con ellos.
Suspensión de ayuda a los países del Triángulo Norte de Centroamérica: Tras varios meses de amenazas, finalmente en marzo de 2019 Donald Trump ordenó suspender todo tipo de asistencia a los países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras). La decisión se tomó después de que el mandatario criticara a los tres países por “no hacer nada” por los estadounidenses y permitir la formación de caravanas de migrantes que tienen como objetivo llegar a Estados Unidos. A pesar de que a partir de junio de 2019 el gobierno de Trump eliminó paulatinamente los recortes anunciados, indicó que no brindará asistencia adicional hasta que estas naciones reduzcan el número de migrantes que cruzan la frontera hacia Estados Unidos.
La sanción a su vecino México que se quedó en amenaza. A finales de mayo de 2019, el presidente estadounidense anunció a bombo y platillo la imposición de aranceles a todos los productos mexicanos, como en el caso centroamericano, por la inacción del gobierno mexicano para evitar la llegada de inmigrantes a sus fronteras. Esta medida, no obstante, se quedó en amenaza, pues semanas después la administración Trump dio marcha atrás tras llegar a un acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a incrementar sus esfuerzos para reducir la inmigración irregular y tomar medidas coordinadas con el fin de proteger su frontera.
