Protestas y represión en Perú | Se profundiza la crisis por la polémica destitución del presidente
Tercer día de protestas se desarrolló en medio de represión policial en el Cercado de Lima
Protestas en el Centro Histórico de Lima se desarrollaba de forma multitudinaria, cuando la Policía Nacional reprimió a manifestantes mediante el uso de bombas lacrimógenas y perdigones.
Los primeros hechos de violencia se registraron al promediar las 20:30 horas en el cruce de las avenidas Abancay y Colmena. Sin embargo, posteriormente, la persecución policial se habría extendido por diversos puntos del Cercado de Lima, como el parque Universitario, la plaza San Martín e incluso vías del Metropolitano.
A través de denuncias a RTV y otros medios periodísticos, así como las redes sociales se dio cuenta de una jornada represiva.
Incluso, ya en la noche, cerca de las 23:00 horas denunciaron que agentes de la PNP agredieron a manifestantes ya dispersos en las inmediaciones del Instituto de Salud del Niño de Breña, ubicado en la avenida Brasil.
También se reportó que periodistas resultaron heridos, por el impacto de perdigones y bombas lacrimógenas, las cuales fueron lanzadas en grandes cantidades, según denuncias de la ciudadanía.
Así, este tercer día de protesta nacional se vio empañada por hechos de violencia, a pesar de que organismos internacionales, incluida la ONU, pidieron a la gestión actual el respeto al derecho constitucional a la protesta y exigieron que la Policía no realice el uso indebido de la fuerza.
Tal fue la magnitud de esta última que, además, se reportó la presencia de agentes policiales del Grupo Terna, a pesar de que el actual ministro del Interior, Gastón Rodríguez, afirmó que estos no participaron en el resguardo ni intervenciones a manifestantes.
Un video difundido en redes sociales da cuenta que uno de estos agentes, después de que habría sido identificado por los manifestantes en el centro de Lima, realizó disparos al aire para amedrentarlos.
Marcha Nacional: Amnistía Internacional en Perú exige a la Policía Nacional el «cese inmediato de represión»
Durante la Marcha Nacional, realizada este 12 de noviembre, miles de ciudadanos se movilizaron hacia la Plaza San Martín desde diversos puntos de Lima para manifestarse en contra del nuevo Gobierno presidido por Manuel Merino de Lama.
En medio de la movilización pacífica, sin embargo, se produjo más de un enfrentamiento entre miembros de la Policía Nacional y manifestantes. Un hecho frente al cual la Aministía Internacional en Perú decidió pronunciarse.
A través de su cuenta de Twitter, dicha organización envió un mensaje en el que invocó el término de la violencia en la marcha. «Amnistía Internacional exige a las fuerzas del orden el cese inmediato de la represión a la manifestación pacífica que se realiza en el Centro de Lima», publicaron.
Las movilizaciones sociales que vienen produciéndose los últimos cuatro días son fruto de la decisión del Congreso de vacar a Martín Vizcarra de la Presidencia y designar como nuevo mandatario a Manuel Merino.
#AHORA. Amnistía Internacional exige a las fuerzas del orden el cese inmediato de la represión a la manifestación pacífica que se realiza en el Centro de Lima.
Foto:@WaykaPeru pic.twitter.com/LZvmht13t4
— Amnistía Internacional Perú (@amnistiaperu) November 13, 2020
IPYS TAMBIÉN SE PRONUNCIÓ
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) también se pronunció la noche de este jueves sobre el accionar de la Policía Nacional durante las manifestaciones contra el Gobierno de Manuel Merino, que dejó tres periodistas heridos.
A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el IPYS indicó que un camarógrafo de Canal N, Alonso Balbuena de Ojo Público y Ernesto Benavides de la agencia AFP en Español fueron heridos durante las manifestaciones.
Según precisaron, los policías reaccionaron de forma brutal y desproporcionada contra los manifestantes y periodistas, a quienes dispararon directamente en las protestas registradas en el cercado de Lima.
Ante esta situación, desde el IPYS realizaron un llamado a las autoridades del Ministerio del Interior para que respondan por el accionar de la Policía Nacional.
ONU: Estamos recibiendo “información inquietante” sobre las protestas en Perú tras la vacancia presidencial
El representante de la ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, afirmó este jueves que Perú debe garantizar el derecho a la reunión pacífica. En ese sentido, aseveró que su Oficina está recibiendo “información inquietante” en el marco de protestas ocurridas en el país, tras la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra.
La ONU Derechos Humanos llamó a las autoridades peruanas a asegurar que no se interpongan obstáculos que puedan restringir arbitrariamente el derecho a la reunión pacífica.
“La policía tiene la obligación de observar en todo momento las normas internacionales sobre uso de la fuerza en la gestión de manifestaciones, absteniéndose de utilizarla de manera ilegal, excesiva o arbitraria. Las escopetas con munición potencialmente letal pueden ser utilizadas solo para hacer frente a una persona que represente una amenaza inminente de muerte o lesiones graves, no para dispersar manifestantes”, manifestó Jarab.
El Representante aseguró que “nuestra Oficina ha podido constatar casos de detenciones realizadas por policías vestidos de civil sin identificarse como tales. Las autoridades peruanas deben poner fin a este tipo de procedimientos, incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos”.
Además, destacó que las personas detenidas tienen derecho al debido proceso, que incluye la presencia de su representante legal desde el momento de la detención y la notificación a sus familiares.
SOBRE LA DETENCIÓN DEL ABOGADO DE LA CNDDHH
En particular, preocupa a ONU Derechos Humanos la detención arbitraria y criminalización de Carlos Rodríguez, integrante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH, quien estuvo privado de libertad por 17 horas.
Para Jarab, “con su labor, el Sr. Rodríguez vela porque se garantice el derecho de las personas detenidas a la defensa legal. Insto a las autoridades a que la investigación en su contra se realice de forma independiente, imparcial y teniendo en cuenta su rol como defensor de derechos humanos”.
AGRESIONES CONTRA PERIODISTAS
También consideró alarmantes las agresiones contra al menos 16 trabajadores de medios de comunicación mientras desempeñaban su labor en medio de las protestas, según reportó la Asociación Nacional de Periodistas. El Representante recordó que el Estado tiene el deber de proteger el rol de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, particularmente en el marco de manifestaciones sociales.
Además, para la ONU Derechos Humanos resulta problemático el uso de sanciones administrativas como multas contra manifestantes por infracciones de la norma sanitaria. Su Representante aseguró que “no se puede mantener suspendido de forma permanente un derecho fundamental sin considerar medidas que permitan ejercerlo, cumpliendo con los requisitos sanitarios”.
Jarab concluyó exhortando a las personas que desean manifestarse a ejercer este derecho siempre de manera pacífica. “La Oficina Regional continuará dando seguimiento a la situación y comprometida con la promoción y la protección de los derechos humanos en el país”, dijo.
#Perú??
?@ONU_derechos está recibiendo “información inquietante” en el marco de protestas en el país.
Representante Jan Jarab pidió a las autoridades observar en todo momento las normas internacionales de #DerechosHumanos.
ℹ️Entérate: https://t.co/yHpL1GYLVJ #DefiendeLosDDHH pic.twitter.com/32ulwkfimq
— ONU Derechos Humanos – América del Sur (@ONU_derechos) November 12, 2020
CNDDHH alerta malas prácticas policiales en las protestas ciudadanas
La abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Mar Pérez, indicó que durante estas manifestaciones se ha visibilizado la indignación de los jóvenes frente al accionar del Congreso.
Sostuvo que la represión por parte de los efectivos policiales ha dejado como resultado heridos con perdigones y armas no identificadas. Asimismo, indicó que durante estas manifestaciones solo deben estar presentes policías identificados para no vulnerar los derechos de la ciudadanía.
“Nos preocupa que están utilizando de manera masiva a policías de civiles infiltrados entre los manifestantes, los conocidos como grupo Terna, es algo grave porque ya se ha dicho que en las protestan solo deben estar policías uniformados porque los policías encubiertos generan muchas violaciones de derechos”, señaló en declaraciones a Cutivalú.
Pese a esta situación, la Comisión de Justicia del Congreso rechazó llamar a Jorge Lam, subcomandante general de la PNP, para que explique las acciones represivas de los efectivos policiales en las manifestaciones contra el golpe de Estado.
Al respecto, Mar Pérez mostró su preocupación porque “eso nos hace temer lo peor, porque el nuevo presidente está trabajando con las fuerzas policiales y podría haber mayores restricciones en el derecho a la protesta”.
“Que todas las personas sepan que pueden ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica. En este contexto de la pandemia, usen su mascarilla, en lo posible guardar la distancia social”.
Sobre la detención del abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Carlos Rodríguez, quien fue detenido mientras prestaba apoyo legal a las víctimas de detenciones durante la movilización, Mar Pérez señaló que fue liberado en calidad de investigado, “es un abuso porque él no ha cometido ningún abuso y es evidente el atropello”.
La CIDH manifiesta preocupación por la represión policial y las detenciones
La #CIDH y su #RELE recuerdan que el uso de la fuerza debe ser considerado el último recurso de reacción estatal. Dentro de un marco de excepcionalidad, sólo se encuentra justificado bajo principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. #Protesta 2
— CIDH – IACHR (@CIDH) November 12, 2020
La #CIDH y su #RELE rechazan las agresiones contra periodistas que cubren protestas, recuerdan al Estado que deben brindar a la prensa el más alto grado de protección para que puedan realizar su trabajo libremente y mantener a la sociedad informada en asuntos de interés público.4
— CIDH – IACHR (@CIDH) November 12, 2020
Fiscalía solicitó 18 meses de impedimento de salida del país contra Martín Vizcarra
Por Walter Gonzalo Arcasi Mariño
El fiscal Germán Juárez, del Equipo Especial Lava Jato, solicitó 18 meses de impedimento de salida del país contra el expresidente Martín Vizcarra por el caso Club de la Construcción.
De acuerdo a fuentes de Gestión, Juárez ya envió su solicitud al Poder Judicial y la audiencia fue convocada para este viernes a las 10 a.m. La jueza encargada de evaluar el pedido es María Álvarez Camacho.
Tras más de tres horas, Vizcarra salió del Ministerio Público sin brindar declaraciones a la prensa. Sin embargo, transcendió que el exmandatario dejó a Juárez sus dos pasaportes (regular y diplomático) con el fin de mostrar su allanamiento a las investigaciones.
También este diario conoció que el fiscal decidió reprogramar la toma de declaración del exjefe de Estado para el próximo jueves 19 de noviembre a las 10 a.m.
Como se recuerda, al menos cinco aspirantes a colaboradores eficaces han señalado ante el despacho de Juárez Atoche que Vizcarra Cornejo cuando era gobernador regional de Moquegua habría cobrado S/2.3 millones en sobornos de Obrainsa e ICCGSA por las obras Lomas de Ilo y Hospital de la región.
Perú: la ultraderecha copó el gobierno
Por Carlos NoriegaDesde Lima.
La derecha ultraconservadora ha tomado el gobierno peruano. El gabinete ministerial del nuevo presidente Manuel Merino -que asumió el martes luego que el Congreso que él presidía destituyera a Martín Vizcarra por “incapacidad moral permanente”, una decisión que ha gatillado protestas en todo el país- es encabezado por un miembro de la descreditada vieja guardia política, vinculado a la extrema derecha. El equipo ministerial ha quedado formado por personajes de perfil ultraconservador, varios de ellos relacionados al fujimorismo y al Partido Aprista del expresidente Alan García, que han sido gobierno y han estado envueltos en graves escándalos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
El gabinete del presidente Merino deja la sensación de un regreso al peor pasado. La derecha más dura celebra al nuevo gobierno, mientras las calles se agitan con las protestas. Merino y su aislado gobierno enfrentan las mayores movilizaciones antigubernamentales desde los últimos meses de la dictadura de Alberto Fujimori en el año 2000.
Al tiempo que el nuevo presidente juramentaba a su gabinete, el destituido exmandatario Martín Vizcarra se presentaba ante la fiscalía para declarar por las acusaciones que se le hacen de haber recibido sobornos de dos empresas constructoras cuando hace unos años era gobernador de la región de Moquegua. La fiscalía ha pedido se le impida la salida del país por dieciocho meses. “No voy a dejar el país, no voy a ir a ninguna embajada”, declaró Vizcarra.
El nuevo primer ministro es el abogado Antero Flores Aráoz, de 78 años, un ultraconservador que ingresó a la política como miembro del derechista Partido Popular Cristiano. En 1990 fue electo diputado por el frente de derecha que lanzó la candidatura presidencial del escritor Mario Vargas Llosa. Luego de largo tiempo en el Congreso, del que llegó a ser presidente, abandonó su partido y se unió al segundo gobierno de Alan García (2006 – 2011) como ministro de Defensa. En 2016 intentó llegar a la presidencia, al frente de su propio partido, Orden, y quedó en último lugar con apenas un 0,4 por ciento. Ahora Merino lo ha resucitado.
En los últimos años, Flores Aráoz se había dedicado a firmar pronunciamientos con alegatos antiderechos como parte de la llamada Coordinadora Republicana, que reúne a lo más radical del conservadurismo peruano. Está relacionado a grupos ultraconservadores como “Con mis hijos no te metas”. Hace unos años, en unas declaraciones que pusieron en evidencia su racismo, dijo que no se le podía preguntar “a las llamas y a las vicuñas” cuando le consultaron si se debía someter a referéndum el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
En medio de las protestas, el Ministerio del Interior ha sido asumido por el exgeneral de la Policía Gastón Rodríguez, que ya ocupó ese cargo con Vizcarra entre abril y julio de este año y que no ha tenido problemas en subirse al régimen que acaba de tumbar al gobierno al cual él perteneció hace poco. Su breve gestión terminó cuando tuvo que dejar el cargo en medio de las críticas por haber nombrado como su asesor a un abogado que defiende a policías procesados por haber integrado un escuadrón de la muerte y a un general acusado de corrupción.
La oficina de la ONU Derechos Humanos ha señalado que está recibiendo “información inquietante” sobre la represión policial a las protestas contra Merino. A pesar de la represión, y la pandemia, las movilizaciones contra el nuevo gobierno, al que los manifestantes califican de “usurpador”, crecen y se replican en las principales ciudades del país. El nuevo gobierno intenta minimizar las protestas, pero las calles lo desmienten. El miércoles las movilizaciones fueron multitudinarias. Flores Aráoz ha negado la represión policial que todos han podido ver y acusó a los medios de comunicación de “magnificar” las manifestaciones y “exacerbar los ánimos” por informar de las protestas.
Como era de esperar, el nuevo gabinete garantiza la continuidad del modelo económico neoliberal, vigente en el país desde hace treinta años. Como ministro de Economía asume el economista José Arista, que fue viceministro de Haciendo en el segundo gobierno de Alan García.
En Salud, ministerio clave en esta coyuntura, asume el médico Abel Salinas, militante del Partido Aprista. Salinas ya estuvo al frente de este sector en los dos últimos meses del régimen de Pedro Pablo Kuczynski, cuando éste enfrentaba acusaciones de corrupción, por las que renunció en marzo de 2018. Los promotores de la destitución de Vizcarra, con Merino a la cabeza, lo acusaron de haber tenido “un pésimo manejo de la pandemia”, pero en una muestra de incoherencia le pidieron a la ministra de Salud del gobierno saliente, Pilar Mazzetti, que se quede en el cargo. Mazzetti rechazó el ofrecimiento. Salinas es el cuarto ministro de Salud desde que estalló la pandemia.
En el resto del gabinete se suman otros personajes ligados al aprismo –entre ellos un exministro de Transportes y Comunicaciones del primer gobierno de Alan García (1985 – 1990) que vuelve a ese cargo–, al fujimorismo, al partido de Merino Acción Popular, que está dividido entre su apoyo y su rechazo al nuevo gobierno, y a otros sectores de derecha.
Los grupos parlamentarios que apoyaron la llegada a la presidencia del nuevo jefe de Estado comienzan a repartirse influencias y poder en el nuevo gobierno. Entre sus intereses está evitar el avance de los procesos anticorrupción que complican a varios de sus principales dirigentes -Keiko Fujimori y varios más-, y que el gobierno de Vizcarra había impulsado.
También corre riesgo la continuidad de una reforma educativa considerada fundamental, que ha cerrado universidades de baja calidad convertidas en millonarios negocios. Dos de los partidos que votaron por la destitución de Vizcarra y han puesto a Merino en el poder son dirigidos por empresarios vinculados a este negocio. Flores Aráoz, ligado a esos intereses, declaró, luego de ser nombrado jefe del gabinete ministerial, que las universidades cerradas por ser consideradas una estafa a los estudiantes “merecen una segunda oportunidad”.
El izquierdista Frente Amplio, que se sumó a esa coalición de derecha que sacó a Vizcarra y puso a Merino en el poder, ahora critica el rumbo derechista del nuevo gobierno, algo previsible que no debería haber sorprendido a nadie.
