Políticas públicas con perspectiva de género y diversidad en el marco de la pandemia del COVID-19. El caso de la República Argentina – Por Gabriela Estévez
Por Gabriela Estévez *Situación de las mujeres y la diversidad en Argentina antes de la pandemia
En esta primera parte, esbozamos un breve diagnóstico con perspectiva feminista del país que dejó el Gobierno neoliberal de Mauricio Macri (2015-2019).
Las mujeres representamos el 51,4% de la población argentina[1].Si bien las mujeres representamos más la mitad de la población, nuestra tasa de empleo sigue siendo más baja que la de los varones: 43,1% para las mujeres y 66,3% para los varones[2].
La informalidad laboral también nos penaliza en mayor medida: la tasa de empleo no registrado es del 37% en el caso de las mujeres, comparada con el 32% de los varones[3].
Por otra parte, la población trans y travesti argentina se encuentra en situación de emergencia socio-laboral. El 91% de esta población no tiene un trabajo registrado y el 85% de las mujeres trans y travestis ejerce el trabajo sexual[4].
La desigualdad en el acceso al empleo tiene su correlato en los índices de pobreza. En este sentido, Argentina no ha escapado estos últimos años al proceso conocido como feminización de la pobreza. En el primer trimestre de 2019 el 40% de la población de menores ingresos está conformado mayoritariamente por mujeres (62,5%)[5].
Entre las causas de la feminización de la pobreza encontramos la desigual distribución de las tareas de cuidado y la penalización salarial que tienen en el mercado laboral las profesiones más feminizadas.
En otro orden, en la Argentina existe la Línea 144 para la atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia por razones de género. De la sistematización de las llamadas de 2018 se deduce que en el 44,6% de los casos el agresor era la pareja o novio y en el 38,4% la ex pareja. El 9,6% de las mujeres que se comunicaron contaban con medidas de restricción vigentes[6].
Por otro lado, durante 2019 se registraron 280 víctimas de femicidio confirmadas, que incluye 5 suicidios feminicidas, 25 femicidios vinculados y 10 trans / travesticidios[7].
En un porcentaje elevado se verifica una relación preexistente entre la víctima y el victimario: la mayoría de casos de femicidio se produce en el círculo íntimo de la víctima. En 77 casos el femicida fue la pareja y en 56 la ex pareja. En 38 casos el femicida fue el esposo y en 20 el ex esposo. En 17 casos fue el novio, en 7 el ex novio y en 3 el amante. En 8 casos fue el padre y en 4 el padrastro[8].
Respecto al lugar donde sucedieron los hechos, la información relevada indica que 176 asesinatos se ejecutaron en los domicilios compartidos y el de la víctima[9].
Hubo 64 casos de femicidios que se pudieron haber evitado si las mujeres hubieran sido asistidas desde el momento que se efectuó la primera denuncia[10].
Cambio de Gobierno: herencia recibida y COVID-19
El 10 de diciembre de 2019 asumieron el Gobierno el Presidente Alberto Fernández y la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los Fernández – como se los llamó durante la campaña electoral – debieron enfrentar dos grandes desafíos apenas asumieron.
El primero, la crisis social y económica heredada del Gobierno neoliberal de Mauricio Macri, descrita en la primera parte de este artículo. Como parte de las recetas neoliberales que Macri aplicó a rajatabla, el Gobierno anterior llevó adelante un fuerte ajuste de la inversión pública y encaró un brutal vaciamiento del Estado. Esto implicó, entre otras cosas, el recorte y la subejecución presupuestaria de todos los programas relativos a la prevención de la violencia de género y atención integral a sus víctimas.
A pesar de las dificultades económicas y presupuestarias, el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner tomó la decisión de crear el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. La principal tarea que se dio el flamante Ministerio fue la de elaborarun Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de géneros. Con este fin comenzaron a organizarse foros participativos en las distintas regiones de nuestro país.
Sin embargo, la agenda del Ministerio – y del Gobierno – se vio prontamente sacudida por la irrupción de la pandemia del COVID-19. La principal medida del Gobierno para enfrentar la pandemia fue instituir el aislamiento social, preventivo y obligatorio a los fines de aplanar la curva de contagios con el objetivo de ganar tiempo para que el Estado pudiera robustecer el sistema de salud, tomando nota de lo sucedido en otros países donde el virus se expandió con anterioridad.
El aislamiento social, preventivo y obligatorio trajo consigo toda una serie de complejidades. Por un lado, porque las mujeres y las personas LGBTIQ nos vimos más expuestas a las consecuencias económicas del aislamiento en tanto sufrimos mayor precarización e informalidad laboral que los varones.
Por otro lado, porque muchas mujeres y personas LGBTIQ se encuentran transitando el aislamiento en sus hogares donde, como vimos anteriormente, conviven con sus agresores. Esto lxs pone en una situación de extrema vulnerabilidad.
Asimismo, la suspensión de las clases ha supuesto una mayor carga en las tareas de cuidado para las mujeres en sus hogares.
Lejos de ignorar esta situación y esquivar la responsabilidad del Estado, el nuevo Gobierno encaró rápidamente una serie de medidas para contrarrestar los efectos económicos y sociales del aislamiento.
Medidas en materia de género y diversidad en el marco de la crisis sanitaria[11]
El Gobierno Nacional está llevando adelante una serie de medidas para proteger a lxs trabajadorxs formales e informales, lxs jubiladxs y pensionadxs y las PYMES en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Entre esas medidas se destaca la decisión del Estado de pagar parte del salario de lxs trabajadorxs del sector privado, aumentar las jubilaciones, pensiones y asignaciones de protección social y la creación del Ingreso Familiar de Emergencia para lxs trabajadorxs informales y autónomos.
Sin perjuicio de estas importantes medidas, a continuación enumeramos las políticas específicas desarrolladas desde el Gobierno en materia de género y diversidad en el marco de la crisis sanitaria:
– Aumentamos los salarios de las trabajadoras de casas particulares.
– Incorporamos a personas en situación de violencia por motivos de género y a personas trans y travestis a los programas sociales.
– Reforzamos la asistencia alimentaria para personas trans y travestis.
– Establecimos las excepciones al aislamiento social en casos de deber de asistencia a niñxs y adolescentes por parte sus progenitorxs o tutorxs.
– Reforzamos los canales de atención de la Línea 144 sumando personal especializado y mejores recursos tecnológicos. Lanzamos campañas de comunicación específicas para aumentar el alcance de la Línea 144. Generamos otros canales de comunicación.
– Articulamos con gobiernos provinciales, locales y con las organizaciones de la sociedad civil a fin de fortalecer los hogares de protección integral.
– Dispusimos que las personas en situación de violencia por motivos de género pueden estar exceptuadas de las medidas de aislamiento en casos de fuerza mayor, cuando requieran pedir asistencia o realizar una denuncia.
–Articulamos con organizaciones sindicales y universitarias que pusieron a disposición los hoteles y otros lugares de alojamiento para poder ser utilizados por personas en situaciones extremas de violencia por motivos de género y que deban dejar sus hogares durante el aislamiento, y estamos ensayando experiencias de separación del hogar del agresor.
– Impulsamos la prórroga automática de las medidas de protección judiciales.
– Promovimos la ampliación de las bocas de recepción de denuncias.
– Lanzamos una campaña para poner a disposición las farmacias como espacios donde las mujeres en situación de violencia puedan acudir para solicitar asistencia.
– Continuamos con la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública.
– Continuamos con la realización de los foros participativos y federales hacia la formulación del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género a través de internet.
En conclusión, el Gobierno ha dispuesto un Estado presente acompañando a los sectores más vulnerados de nuestra sociedad, atendiendo especialmente la situación de las mujeres y las personas LGBTIQ en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, protegiendo sus derechos fundamentales con políticas públicas activas. Esto ha sido posible, en gran parte, por la decisión del Gobierno de crear el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, estructura institucional que ha facilitado la implementación de la perspectiva de género y diversidad de manera transversal en todas las políticas públicas para enfrentar la pandemia del COVID-19.
En la adversidad, han surgido propuestas originales como el aislamiento del hogar del agresoro la incorporación masiva de personas trans y travestis a los programas sociales. Serán experiencias que habrá que mirar con atención ya que su éxito puede suponer importantes cambios de paradigmas en la gestión pública de nuestras realidades específicas.
Notas
[1] Censo Nacional 2010. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
[2] Encuesta Permanente de Hogares 2017. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
[3] Seminario de la OIT sobre Economía Informal 2019. Organización Internacional del Trabajo.
[4] Datos de la Campaña Nacional por la Inclusión Laboral Trans y Travesti (2018).
[5] Encuesta Permanente de Hogares 2019. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
[6] Ídem.
[7] Informe Anual del Observatorio de Femicidios 2019. Defensor del Pueblo de la Nación.
[8] Ídem.
[9] Ídem.
[10] Ídem.
[11]Datos del Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad de la Nación 2020.
* Diputada Nacional del Frente de Todxs por la Provincia de Córdoba y Vicepresidenta Segunda de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Honorable Cámara de Diputadxs de la Nación. De formación es Licenciada en Psicología egresada de la Universitat Autònoma de Barcelona.
El presente texto es una colaboración de la Red de Mujeres por la Autonomía y el Bienestar (Red MAB), impulsada por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS)
Las opiniones aquí vertidas son responsabilidad de la autora y no corresponden a una posición oficial de la CISS.
