El sistema, en estrés por pasiones personales – La Prensa Gráfica, El Salvador
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Nuestra democracia sufrió ayer de un estrés innecesario con el correspondiente daño a la convivencia nacional, a la imagen del país y al clima de inversión ya de suyo delicado en el escenario de la pandemia.
La operación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, tantas veces reivindicada por el presidente de la República durante su campaña electoral, ha comenzado a dar resultados. Pero en un giro amargo para el mandatario, los especialistas de la CICIES no se constriñeron a especializar técnicamente a los fiscales salvadoreños, sino que se ocuparon de la administración gubernamental de los recursos durante la pandemia por COVID-19.
La información que los especialistas de la CICIES recogieron en el campo durante la crisis sanitaria ha sido uno de los principales insumos de la Fiscalía General de la República para realizar sus pesquisas en una decena de carteras de Estado y proveedores privados, según su mismo titular reconoció ayer.
Si el Ejecutivo creyó que su gobierno podía invertir cientos de millones de dólares durante una emergencia sanitaria y con las excepcionales licencias que eso supuso -compras realizadas directamente y sin los controles que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)- sin someterse luego a un escrutinio igual de excepcional, estaba muy equivocado.
El error de juicio, aun siendo de ese calibre y viniendo de un empleado de la ciudadanía, es característico del mandatario, cuyos rasgos autocráticos ya han sido comentados en diferentes tribunas. Tampoco sorprende la decepcionante tentación de leer todo lo que pasa alrededor de la cosa pública en clave maniquea, como si la institucionalidad, la defensa del Estado de Derecho y la órbita civil de la sociedad no fueran sino funciones del choque partidario, y no al revés. Es una visión alienada e inmadura de lo político que simplifica y rebaja la discusión, útil para tildar de conspirativa la contraloría.
La aparente incapacidad de Bukele para entender la especialización funcional de los Órganos del Estado y cómo esa idea, un legado de la Ilustración, impregna todavía nuestro texto constitucional, ha derivado en algo peligroso. Otros funcionarios creen que sus funciones incluyen no incomodar o llanamente ser un apéndice del presidente; en el mantenimiento de su suscripción al círculo del mandatario, no importa que se falte al propio deber.
Esa subversión del servicio público en servicio al caudillo es nociva no porque el servidor en cuestión se pliegue a la ola de culto a la personalidad, otro rasgo indicativo de la autocracia, sino porque se contagia primero a sus colaboradores, a sus mandos y luego a la institución. Y por eso es que de las declaraciones de obediencia del director de la Policía Nacional Civil y de su renuencia a cumplir con ciertos deberes se ha pasado rápidamente a que la corporación consienta el comportamiento de algunos de sus agentes, como los apostados en las instalaciones del Ministerio de Salud, que ante un procedimiento fiscal actuaron como vigilantes de un edificio privado.
El modo en que el presidente ha interpretado sus atribuciones, llevándose en ese equívoco a miembros de su gabinete, así como lo volátil de su análisis y su deficitaria ponderación del ánimo ciudadano, ha generado esta tensión.
Si Bukele no se modera, si no le promete al país someter a su gobierno a los resultados de las pesquisas iniciadas por la Fiscalía, la crispación sólo recrudecerá.
