Colombia | La Jurisdicción Especial para la Paz afirma que asesinatos a excombatientes de las FARC son sistemáticos
Homicidios de excombatientes de las Farc sí son sistemáticos y tienen patrones: JEP
A la fecha, según datos de la Jurisdicción, 249 excombatientes han sido asesinados.
Al inicio de la diligencia, el director de investigación y acusación de la JEP, Giovanni Álvarez Santoyo, aseguró que cada cinco días es asesinado un excombatiente de las Farc y esto, además de demostrar una alta frecuencia, también revela una concentración geográfica, pues los homicidios ocurren apenas en el 17 % de los municipios del país.
El director, utilizando la información disponible en bases de datos oficiales de los ministerios de Defensa y del Interior, analizó las hipótesis que ha lanzado el gobierno sobre estos hechos. Sobre la primera, según la que los asesinatos de excombatientes serían perpetrados por hechos relacionados con el narcotráfico, Álvarez indicó que en el 63 % de los municipios cocaleros del país no se está presentando este fenómeno.
Además, agregó, “en aquellos territorios que la ONU considera como enclaves del narcotráfico, no ha habido una sola muerte de excombatientes” y citó como ejemplo los municipios de Teorama, en Norte de Santander, y Valdivia, en Antioquia.
Sobre la segunda hipótesis, según la que las muertes de exFarc han obedecido a riñas o rencillas personales, detalló el director de Investigación de la JEP que solo el 2 % de los casos se ha registrado por esta causa.
Mientras que sobre la tercera posibilidad, que señala que estos delitos son cometidos por las disidencias, recalcó Álvarez que no se puede hablar de disidencias como una única organización criminal sólida, sino que existen tres tipos: la coordinada por alias Gentil Duarte, que surgió antes de la firma del Acuerdo de paz, que tiene mayor fuerza y que perpetra gran número de ataques a la Fuerza Pública; la denominada “segunda Marquetalia”, conformada por quienes abandonaron el acuerdo, como Iván Márquez y Jesús Santrich, que ha tenido impacto mediático, pero de la que no se ha logrado establecer que tenga capacidad para enfrentarse a las fuerzas del Estado; y las disidencias abiertamente narcotizadas. Por esta razón, los homicidios deben analizarse teniendo en cuenta cada contexto.
De acuerdo con el investigador del tribunal de Paz, existe un patrón de violencia contra los excombatientes claramente demarcado, con dos variantes.
La primera, y que corresponde al 57 % de la muestra de homicidios analizados, consiste en ataques para desmontar los proyectos políticos o económicos en los que exguerrilleros toman liderazgo. Para la JEP, esto se traduce en un ataque directo a la implementación del Acuerdo de paz, perpetrado por todos los grupos armados al margen de la ley. Las víctimas son hombres entre 25 y 44 años, con bajos niveles de escolaridad, que durante su pertenencia a las Farc fueron guerrilleros rasos o milicianos.
“Los victimarios tendieron a abordar a los excombatientes en sitios públicos de zonas rurales, donde les propinaban múltiples disparos. Esto ocurrió con mayor frecuencia en fin de semana”, explicó Álvarez.
La segunda variante involucra la disputa entre disidencias de las Farc en zonas donde la guerrilla históricamente hacía presencia y suplantaba algunas de las funciones del Estado. Esta constituye el 36 % de los casos analizados.
De acuerdo con Álvarez, en estos casos “los perpetradores son las disidencias de las Farc en sus tres vertientes” y las muertes develan “un plan criminal para ampliar la presencia de estructuras al comando de Gentil Duarte en zonas que desde los años 60 fueron consideradas repúblicas independientes, lugares donde Gentil Duarte compró masivamente tierras, las despojó o se aprovechó del abandono forzado”.
Las víctimas son jóvenes entre 18 y 34 años, pues “se trata de jóvenes que rechazan retomar las armas con las disidencias o que se acogen a proyectos de reincorporación”.
Asesinatos contra ex-Farc: Esto fue lo que Gobierno le respondió a JEP
Este miércoles, desde las 8 a. m., el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, así como tres ministros del gabinete presidencial y otros miembros del alto gobierno pasan al tablero en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en donde tienen que dar explicaciones sobre las medidas que han adoptado para enfrentar el homicidio de excombatientes de Farc desmovilizados.
Hasta la fecha, el Partido Farc contabiliza 243 exguerrilleros asesinados desde la firma del acuerdo de paz en 2016, por lo cual han pedido insistentemente que se frene este desangre. El último homicidio se registró justo este martes, cuando se conmemoraban cuatro años de signar el acuerdo.
La senadora por el partido Farc Victoria Sandino señaló que, cada semana, se registran entre 1 y 2 asesinatos en contra de esa colectividad, sin que el Estado responda de manera efectiva.
Además, destacó que los exguerrilleros que se acogieron al acuerdo de paz, 95 por ciento de los cuales han cumplido sus compromisos, han sido estigmatizados por miembros del alto Gobierno y del partido de Gobierno, y denunció las violencias contras las mujeres.
Según la legisladora, aparte de los 243 asesinatos, se ha resgistrado 17 desapariciones forzadas y 50 tentativas de homicidio a firmantes de la paz, y aseguró que se trata de hechos sistemáticos. «Es imposible que un suceso aleatorio se repita más de 240 veces», dijo Sandino.
Otro punto que puso de relieve la senadora fueron los pocos avances en las investigaciones y judicializaciones a los responsables de las violencias contra excombatientes, y resaltó cómo la ola de sangre ha generado que muchos desmovilizados tengan que salir de las zonas grupales de reincorporación.
La UIA de la JEP presentó informe
Por su parte, el director de la Unidad de Investigación de la JEP, Giovanni Álvarez Santoyo, presentó el informe ‘Silenciando la Verdad’, sobre asesinatos a excombatientes.
Según las cifras del informe, desde la firma del acuerdo hasta el 15 de noviembre de este año, han sido asesinados 249 exguerrilleros, es decir, un homicidio cada 5 días.
Santoyo también puso de relieve que, aunque los hoy desmovilizados viven en 565 municipios del país, los asesinatos solo han ocurrido en 98. Pero, más grave que eso, reveló que en solo 20 municipios se concentra el 53 por ciento de los casos de homicidio.
Aunque se ha dicho que estos hechos violentos se presentan por rencillas personales, la UIA encontró que solo 5 de los 249 homicidios habrían tenido como detonante riñas o peleas, lo que representa solo el 2 por ciento de todos los casos.
En cuanto a los patrones de violencia letal identificados por esta unidad, Santoyo mencionó que se hallaron dos: 1) el desmonte de proyectos políticos, económicos y comunitarios ligados a la implementación del acuerdo, y 2) la prevalencia y la disputa entre disidencias de las Farc.
La respuesta de la Fiscalía
La Vicefiscal General de la Nación, Martha Yaneth Mancera, empezó por aclarar que el ente acusador se ha circunscrito a su misión constitucional en el curso de las investigaciones contra estos hechos. Calificó de «inadmisibles» los hechos violentos no solo contra excombatientes, sino también contra defensores de DD. HH.
Según Mancera, el 43,7 por ciento de los homicidios en contra de esta población son responsabilidad de Grupos Armados Organizados Residuales (Gaor).
En cuanto al avance investigativo, Mancera contó que la Fiscalía, hasta el 11 de noviembre, tenía en sus registros 280 personas reincorporadas con afectación, bien sea por homicidios, tentativa de homicidios o desaparición forzada. Los avances del ente investigador en el esclarecimiento de estos casos llegan al 48.21 %. Es decir, de las 280 afectaciones, han avanzado en 135. También se han logrado 33 sentencias.
El magistrado de la JEP Raúl Sánchez, al respecto, preguntó en qué porcentaje de esas 33 sentencias condenatorias se han condenado a los máximos responsables, o si se trata de los autores materiales. Sobre eso, la vicefiscal Mancera dijo que se han hecho avances para capturar a los comandantes de las organizaciones responsables de los crímenes. Otra representante de la Fiscalía aclaró que más del 50 % de esas sentencias se dictaron contra determinadores, algunas por más de 35 años.
El magistrado Sánchez también cuestionó por qué, si hay un alto porcentaje de amenazas, el nivel de esclarecimiento por parte de la Fiscalía no es mayor,a lo cual Mancera contestó que se está avanzando en la implementación del sistema de alertas por amenazas.
A su turno, el magistrado de la JEP Gustavo Salazár, cuestionó al ente acusador sobre los móviles de los asesinatos y los actores responsables. Según la Fiscalía, existe un patrón geográfico: «El mayor número de homicidios, tentativas y desapariciones los cometen los Gaor, en territorios como Nariño, Cauca, Antioquia y Putumayo. Los móviles están asociados con control territorial, rentas ilícitas y con que muchos de los reincorporados no han querido volver a las dinámicas de la delincuencia, quienes se han visto amenazados y, posteriormente, algunos homicidios se han presentado con ocasión de esto».
La Vicefiscal General, además, señaló que la respuesta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha tenido demorada. «En algunos de nuestros casos hemos tenido que enviar más de 10 oficios, en donde les decimos que hay un riesgo extremo, riesgo o alerta de una probable situación que se pueda presentar», dijo Mancera. Y agregó que muchas veces tienen que acudir al componente de reubicación de la Agencia Nacional de Reincorporación (ARN), canal mucho más expedito que la dirección especializada de la UNP.
La solicitud de Pastor Alape, vocero de Farc
El delegado del partido Farc ante el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) Pastor Alape Lascarro, rechazó de tajo cómo «este año el gobierno dijo que no eran necesarias las medidas cautelares de seguridad para los excombatientes», y relató las difíciles condiciones que han tenido que enfrentar los antiguos miembros de las Farc.
Algunos de ellos, como quienes estaban asentados en el espacio terriorial de Ituango y la NAR de El Diamante, padecieron desplazamientos forzados colectivos. A eso se suman los casi 250 asesinatos documentados por la Farc y la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.
Alape también puso de relieve que las agresiones no son solo contra exguerrilleros, sino sobre sus familias, casos que se salen de la competencia de las entidades creadas o delegadas por el acuerdo de paz.
Una vez más, el vocero de la Farc señaló la falta de implementación de la Comisión Nacional de Garantía de Seguridad, y llamó a la institucionalidad a cumplir sus compromisos en materia de puesta en marcha del acuerdo de paz.
El papel de la Defensoría del Pueblo
El defensor delegado para la prevención de riesgos y sistema de alertas tempranas, Ricardo Arias, resaltó que la Defensoría ha emitido un total de 192 de estas alertas, 49 de las cuales han detectado riesgos para los excombatientes y sus familias. 32 de esas 49, coinciden con territorios ubicados en las tres regiones priorizadas por la JEP.
Respecto de las 32 alertas tempranas remitidas a la JEP, Arias aseguró que 16 tienen informes finales de seguimiento.
Además, la Defensoría del Pueblo le ha puesto la lupa a la transformación de los escenarios de riesgo para los excombatientes, y destacó varios desafíos para garantizar la seguridad de los reincorporados.
Según Arias, los riesgos que se han identificado para esta población hacen que sea necesario diseñar y adoptar medidas de seguridad y protección colectiva, dentro y fuera de los espacios territoriales y las nuevas áreas de reincorporación.
Otro de los aspectos claves de su intervención fue señalar que no solo debe haber un acompañamiento institucional para disuadir el orden público y las situaciones de violencia, que también se debe trabajar en factores de vulnerabilidad que expone a los excombatientes al accionar de grupos armados ilegales. Puntualizó, entre dichos factores, la estigmatización, las brechas en la implementación de proyectos productivos, acceso a líneas de crédito, conectividad digital, asistencia legal, entre otros.
‘Estamos dispuestos a hacer más’: Archila
El consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, aseguró que a los excombatientes no los están matando por la falta de preocupación del Gobierno. «Todas las autoridades estamos haciendo todo lo que nos corresponde, y estamos dispuestos a hacer más», dijo Archila.
También resaltó que «solo en tres casos el móvil del asesinato ha sido ser excombatiente». Citando cifras de la Fiscalía, el consejero aseguró que en casi el 77 % de los casos con avances en su esclarecimiento, se ha determinado que el responsable del homicidio es una organización criminal, en su orden: disidencias, Eln, ‘clan del Golfo’ y organizaciones ‘tipo c’.
Sobre los traslados de los espacios territoriales, Archila dijo que, desde 2019, la Consejería alertó que algunos debían darse por razones de seguridad, pues estaban ubicados en zonas con alta presencia de grupos armados ilegales.
El alto funcionario también explicó que se están poniendo en marcha más de 50 medidas especiales para garantizar la vida de los exguerrilleros, que incluyen estrategias preventivas, de articulación interinstitucional, de apoyo en la identificación y judicialización de los responsables de los crímenes, entre otras.
El alto comisionado para la Paz defendió gestión del Gobierno
Uno de los organismos que más críticas ha recibido en el marco de la implementación del acuerdo de paz es la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, de la cual es secretario técnico el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.
Ceballos aseguró que hay una confusión sobre el rol de la Comisión: «El alcance de esta no es lograr la seguridad de los miembros de Farc, en ninguna parte está ese objetivo, pero sí desmantelar los grupos que continúan activos en el contexto de las conflictividades internas en Colombia».
Según dijo el comisionado, se ha avanzado en la facilitación de decretos de sometimiento individual de los miembros de los grupos armados ilegales, pero hay desafíos de cara a la dinámica de dichas estructuras.
En relación con denuncias de organizaciones como Somos Defensores y la Comisión Colombiana de Juristas, que han señalado que la Comisión de Garantías de Seguridad ha funcionado a baja marcha, y, de hecho, no se ha expedido el reglamento de esta instancia, Ceballos respondió, en primer lugar, que si bien él es el secretario técnico, hay en total 10 funcionarios públicos a quienes también les corresponde la implementación de la Comisión.
Sobre el reglamento, el comisionado aseguró que durante el gobierno Santos tuvieron 20 meses para trabajar en el mismo, pero no se logró consolidar, y que durante la administración de Duque llevan trabajando en el documento entre 2019 y 2020, pero «no ha habido acuerdo en el mismo».
Aunque Ceballos defendió que se ha avanzado en la lucha contra los grupos armados ilegales, el magistrado Salazár fue enfático en decir que «nadie ha señalado que no se esté trabajando, lo que pasa es que las decisiones deben ser oportunas, deben ser a tiempo».
La posición del Ministerio del Interior
Daniel Palacios Martínez, viceministro de Relaciones Políticas del Mininterior, cartera que tiene a su cargo la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), que es la instancia que se activa cuando la Defensoría del Pueblo emite una alerta de este tipo.
Palacios aseguró que, luego de un análisis de las entidades involucradas, lograron identificar que hay una similitud en los lugares donde ocurren los homicidios contra líderes sociales y contra personas en proceso de reincorporación.
Según el viceministro, el 65 % de los asesinatos de estas dos poblaciones están concentrados en 24 municipios y cinco ciudades de Colombia. Frente a eso, las autoridades han apostado a la neutralización de los victimarios, por lo cual ya se han expedido 192 órdenes de captura, de las cuales ya fueron materializadas 32 detenciones.
El Minhacienda respondió sobre recursos
Dado que varias entidades, incluyendo la Unidad Nacional de Protección (UNP), han argumentado que no han podido ofrecer las garantías necesarias a los excombatientes en materia de seguridad por falta de recursos, la magistratura de la JEP cuestionó al respecto al jefe de la cartera de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
El ministro aseguro que, en cuanto a la UNP, esta tuvo para 2020 una apropiación de 158,4 mil millones de pesos para el tema de los acuerdos de paz, y que ese monto salta a más de 174.000 millones para la siguiente vigencia.
Carrasquilla también habló sobre los recursos obtenidos por cooperación internacional para la implementación de la paz. «Al verificar la información de la parte de funcionamiento, no la de inversión, que es la de responsabilidad del Ministerio, las entidades no han marcado este tipo de recursos de donación», dijo el minhacienda.
La respuesta del Ministerio de Defensa
Diana Abaunza Millares, viceministra de Defensa, destacó que esa cartera elevó el costo de los cabecillas de organizaciones criminales señalados de atentar contra líderes sociales y exguerrilleros en proceso de reincorporación. Además, según dijo, en las Zonas Futuro se incluyeron medidas especiales de protección para las personas o grupos en riesgo.
Según dijo, dijo, en los antiguos 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), se ha establecido un esquema de seguridad que cuenta con más de 3.000 uniformados (825 policías y 2.218 soldados).
Habló el director de la Unidad Nacional de Protección
Alfonso Campos Martínez, director de la UNP, reveló que como parte del plan de acción aprobado por la mesa técnica de seguridad y protección, la entidad está adelantando la contratación de 676 hombres y mujeres para esquemas de protección. Además, habrá un fortalecimiento del equipo de analistas de la subdirección especializada, a donde llegarán 52 nuevas personas. Las nuevas contrataciones, que representan una inversión de $13.500 millones, provienen de recursos ya desembolsados por el Minhacienda.
Según Campos, la UNP tiene medidas de protección sobre 3.799 personas. En cuanto a la plata de la Unidad, que está conformada por 2.044 funcionarios, el director aseguró que 1.305 son excombatientes de las Farc, que trabajan como escoltas o personal administrativo.
Al ser cuestionado por los magistrados de la JEP sobre la insuficiencia en la planta de personal, el funcionario mencionó que en la actualidad hay más de 1.350 solicitudes de protección que le han allegado a la Dirección Especializada de la UNP. «Aspiramos que se resuelvan con el esfuerzo que se viene haciendo por parte de la UNP y del Gobierno en cuanto a temas presupuestales», y recordó el ingreso de los 676 nuevos trabajadores.
Sobre el comentario de la Vicefiscal Mancera, quien dijo en el comienzo de la audiencia que en ocasiones el ente acusador debe enviarle hasta 10 oficios a la UNP para que reaccione ante las alertas, Campos aseguró que la entidad que dirige mantiene una articulación tanto con la Fiscalía como con la Defensoría y la Procuraduría, y atiende oportunamente a sus solicitudes. El funcionario reiteró que, de los 244 asesinatos contabilizados por la Farc, solamente en 25 casos se le informó a la UNP de situaciones particulares, que llevaron a abrirles ruta de atención a estas personas, quienes luego resultaron asesinadas.
Respecto a esto, el magistrado Salazár expresó su preocupación: «Lo que no le puede pasar a un Estado es que alguien haya pedido medidas de protección y lo maten en la evaluación. Es más grave aún si ha solicitado la protección, no se le ha dado y muere, o si se le ha entregado una medida blanda».
También participó la MAPP de la OEA
Daniel Miralles, coordinador del área de Justicia de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP), de la Organización de Estados Americanos (OEA), destacó la apuesta del acuerdo de paz para garantizar la reincorporación de los excombatientes.
Miralles resaltó que debe haber una corresponsabilidad de entes como el Consejo Superior de la Judicatura, la Procuraduría, la defensa pública, entre otros, para gestionar las judicializaciones efectivas en casos de violencia contra excombatientes.
En la audiencia pública, convocada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, participan, por el lado del Gobierno, el alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos; el consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila; el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; la ministra del Interior, Alicia Arango Olmos y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.
Además, se solicitó la presencia del fiscal general, Francisco Barbosa; del director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campos Martínez; la procuradora Delegada con Funciones de Seguimiento al Acuerdo de Paz, Mónica Cifuentes Osorio; y del defensor delegado para la Prevención de Riesgos y Sistema de Alertas Tempranas, Ricardo Arias Matías.
En la audiencia pública, que es transmitida por las redes sociales de la JEP, se verifica el cumplimiento de unas órdenes de garantías de seguridad que en julio le dio la Sección de Ausencia de Reconocimiento a las entidades estatales.
Igualmente, se analizarán las garantías de seguridad para la reincorporación en los territorios y se revisarán las acciones implementadas para prevenir y superar de la estigmatización, así como los planes de lucha contra la impunidad y política de desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales en los territorios.
