Colombia conmemora cuatro años de la firma de los Acuerdos de Paz con 243 excombatientes asesinados
243 excombatientes de las FARC han sido asesinados
El asesinato de exguerrilleros de las FARC, que ha cobrado la vida de 243 de ellos, y la inseguridad jurídica para quienes dejaron las armas, son las principales sombras que se ciernen sobre el acuerdo de paz de Colombia firmado hace cuatro años, asegura el exjefe guerrillero Rodrigo Granda.
Hace cuatro años, el 24 de noviembre de 2016, el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron en el Teatro Colón de Bogotá el acuerdo definitivo de paz para terminar el conflicto armado de 52 años, sin la pompa de la primera firma que tuvo lugar dos meses antes en Cartagena de Indias.
Ese primer acuerdo firmado el 26 de septiembre fue rechazado por los colombianos en un plebiscito el 2 de octubre, lo que obligó a reabrir la negociación para incorporar propuestas de los promotores del «no» en esa consulta.
Granda, que es el responsable de las relaciones internacionales del partido FARC, recuerda que a finales del mes pasado exguerrilleros de todas las regiones del país hicieron una peregrinación a Bogotá «Por la paz y por la vida», en rechazo a los asesinatos de sus compañeros.
Esa movilización culminó el 6 de noviembre en una reunión con el presidente colombiano, Iván Duque, que calificaron de «alentadora» porque se tocaron varios asuntos, entre ellos la preocupación por la inseguridad para los desmovilizados. Al ahora partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), además de la inseguridad física, le preocupa la «inseguridad jurídica» porque dicen que desde el Gobierno se ataca a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creado a instancias del acuerdo.
«Nosotros no tenemos seguridad jurídica porque todos los ataques van concentrados a terminar la JEP y la JEP se constituyó como una justicia transicional para dar el cierre rotundo al conflicto armado en Colombia», dice. Granda, que asegura que las FARC no regresarán a las armas pese a los problemas por los que pasa el acuerdo de paz, achaca también a la falta de voluntad política la demora en la implementación total del acuerdo.
Recuerda que no se ha reformado el sistema electoral colombiano y «todos los días la democracia está más constreñida y, aprovechando la pandemia del coronavirus, se han sacado unos 187 decretos y leyes que van constriñendo cada vez más» los derechos.
Pese a todo, considera que entre las cosas positivas del acuerdo, la más importante fue «haber alcanzado la paz».
«Sí, hay violencia, yo no estoy negando que hay violencia, pero es que la guerra en los términos en que se estaba dando en la confrontación con las FARC era de una magnitud asombrosa», afirma.
La FARC dice que el asesinato de desmovilizados y la inseguridad jurídica son los mayores riesgos para el acuerdo de paz
El excabecilla guerrillero Rodrigo Granda aseguró que el asesinato de 243 exguerrilleros de las FARC, y la inseguridad jurídica para quienes dejaron las armas son las principales sombras que se ciernen sobre el acuerdo de paz de Colombia firmado hace cuatro años.
«Un punto vital para nosotros, como es (el de) las garantías de seguridad, no existe. En este momento ya tenemos 243 asesinados del nuevo movimiento político», dijo Granda en una entrevista con Efe.
Hace cuatro años, el 24 de noviembre de 2016, el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron en el Teatro Colón de Bogotá el acuerdo definitivo de paz para terminar el conflicto armado de 52 años, sin la pompa de la primera firma que tuvo lugar dos meses antes en Cartagena de Indias.
Ese primer acuerdo firmado el 26 de septiembre fue rechazado por los colombianos en un plebiscito el 2 de octubre, lo que obligó a reabrir la negociación para incorporar propuestas de los promotores del «no» en esa consulta.
LA OTRA INSEGURIDAD
Granda, que es el responsable de las relaciones internacionales del partido FARC, recuerda que a finales del mes pasado exguerrilleros de todas las regiones del país hicieron una peregrinación a Bogotá «Por la paz y por la vida», en rechazo a los asesinatos de sus compañeros.
Esa movilización culminó el 6 de noviembre en una reunión con el presidente colombiano, Iván Duque, que calificaron de «alentadora» porque se tocaron varios asuntos, entre ellos la preocupación por la inseguridad para los desmovilizados.
Al ahora partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), además de la inseguridad física, le preocupa la «inseguridad jurídica» porque dicen que desde el Gobierno se ataca a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creado a instancias del acuerdo.
«Nosotros no tenemos seguridad jurídica porque todos los ataques van concentrados a terminar la JEP y la JEP se constituyó como una justicia transicional para dar el cierre rotundo al conflicto armado en Colombia», dice.
POTENCIAL TRANSFORMADOR
Aunque Granda, de 71 años, quisiera que la implementación hubiese avanzado más rápido, asegura que los desmovilizados siguen confiando en lo que firmaron, porque lo pactado tiene «todos los elementos» para lograr significativas transformaciones en el país.
«El acuerdo tiene un potencial transformador de proporciones bastante grandes, que pudieran llevar al país en el corto plazo a firmar o a tener una paz estable y duradera y a construir un nuevo país», apostilla.
Sin embargo, considera que esas posibilidades están atascadas porque la «clase gobernante ha sido una clase miope, no ha entendido lo que se buscó con ponerle fin al conflicto social y armado que vivía el país» y agrega que «la guerra con las FARC terminó. Es un hecho contundente y eso es el logro más grande del país en los últimos ochenta, cien años».
La resistencia para que el acuerdo logre avanzar más rápido está, según el dirigente de la FARC, en que en Colombia «hay un núcleo muy reducido, pero muy poderoso, que se niega a esas transformaciones, que está metido en defender el statu quo, que le tiene miedo a la verdad».
En esa dirección, Granda responsabiliza al partido de Gobierno, el Centro Democrático, del que dice utiliza el «miedo, el temor, la mentira, la falacia para tener una gente poco informada o a veces ignorante de lo que puede estar pasando».
NO SE CAMBIA NADA
Los opositores al acuerdo de paz esgrimen como argumento que lo pactado cambia el modelo de la economía del país y el rol de las Fuerzas Militares y modifica las reglas para las grandes empresas, pero Granda opina todo lo contrario. Es más, dice que el acuerdo de «revolucionario no tiene nada, absolutamente nada».
«No se cambia el modelo económico, no se cambia el rol de las Fuerzas Militares, no se amenaza la estabilidad económica de todos los grupos de poder en el país, lo que pedimos ahí son unas reformas que todo el mundo conoce», subraya.
PROBLEMA DE TIERRAS Y DINERO
Según Granda, el único país de América Latina que no ha hecho una reforma agraria integral es Colombia y explica que hasta el momento se han entregado 39.000 hectáreas de tierras a los campesinos, de los tres millones inicialmente acordados.
«Eso es lo que se ha hecho», lamenta, y agrega que los avances para formalizar otros siete millones de hectáreas de tierras han sido mínimos.
A lo anterior se suma el hecho de que «la paz está desfinanciada. Eso no lo decimos nosotros, lo dice la Contraloría General (tribunal de cuentas)», afirma.
La falta de tierras y de dinero, explica el dirigente de la FARC, lleva a que los proyectos productivos no arranquen y a que los 16 que están en marcha beneficien solamente a un 20 o 30 % de los desmovilizados.
FALTA VOLUNTAD POLÍTICA
Granda, que asegura que las FARC no regresarán a las armas pese a los problemas por los que pasa el acuerdo de paz, achaca también a la falta de voluntad política la demora en la implementación total del acuerdo.
Recuerda que no se ha reformado el sistema electoral colombiano y «todos los días la democracia está más constreñida y, aprovechando la pandemia del coronavirus, se han sacado unos 187 decretos y leyes que van constriñendo cada vez más» los derechos.
Pese a todo, considera que entre las cosas positivas del acuerdo, la más importante fue «haber alcanzado la paz».
«Sí, hay violencia, yo no estoy negando que hay violencia, pero es que la guerra en los términos en que se estaba dando en la confrontación con las FARC era de una magnitud asombrosa», afirma.
¡No Para La Violencia! Líder Social Fue Asesinado En El Putumayo
La tarde de este de este lunes fue asesinado el líder Social Edgar Hernández, quien se desempeñaba como presidente de la junta de acción comunal de la vereda La Independencia en el municipio de Puerto Caicedo departamento del Putumayo.
El hecho violento ocurrió sobre las 5:00pm en la vereda el Coqueto, en la vía del corredor San Pedro Arizona, donde fue atacado con arma de fuego el líder social, que viajaba como parrillero en la moto de un amigo, quién también resulto asesinado.
Edgar Hernández
23 de noviembre de 2020
Puerto Caicedo, PutumayoSe desempeñó como presidente de la vereda La Independencia, de Puerto Caicedo y hacia parte de la asociación de trabajadores campesinos del Alto Mekaya, pertenecía a fensuagro y la coordicion de marcha Patriótica. pic.twitter.com/Z4IIuxYC9Z
— ? ? ? ? ? ? ? (@Indepaz) November 24, 2020
A diez asciende el número de víctimas de la masacre de Betania, Antioquia
Dos de los heridos que dejó el ataque armado en la finca La Gabriela del municipio de Betania, perdieron la vida en un centro asistencial de Medellín, con lo que asciende a diez el número de víctimas mortales de esta masacre, ocurrida en la madrugada del domingo en el suroeste antioqueño.
El gobernador de Antioquia, Anibal Gaviria, reiteró que continúan en la búsqueda de los diez hombres que ingresaron a un cambuche de esta finca cafetera y dispararon indiscriminadamente contra las personas que dormían allí.
Siete personas murieron en el lugar de los hechos, la octava víctima fatal que era trasladada a un centro médico, no logró llegar.
A las declaraciones del alcalde Carlos Villada que asegura que ya habían emitido alertas tempranas sobre los riesgos del microtráfico en esta localidad, el gobernador aseguró que “la respuesta no ha sido suficiente. Lo que esperamos es que se dé la captura de los homicidas en Betania”.
El alcalde Villada explicó que el hecho violento es resultado de una disputa interna entre integrantes del Clan del Golfo que pretenden ejercer el control del microtráfico.
En este caso, el objetivo era un hombre conocido con el alias de ‘El Mostro’ que está entre las víctimas mortales.
Según el mandatario local, “a los mayordomos de estas fincas los obligan a quedarse callados y permitir la estadía de estos delincuentes en los predios”. Manifestó que es una problemática que también afecta a localidades como Andes, Jardín e Hispania.
Luego de liderar un consejo de seguridad en la zona, el ministro de Defensa, Carlos Hollmes Trujillo, anunció una recompensa de 50 millones de pesos por los responsables de la masacre y 200 millones por alias ‘Rubén’, principal cabecilla de la subestructura del Clan del Golfo en el suroeste del departamento.
Además de los incentivos económicos, Trujillo aseguró que se revisarán los antecedentes judiciales de las personas que lleguen a los municipios cafeteros con ocasión de la cosecha.
Tres personas murieron en Soledad, Atlántico, tras ataque sicarial
Tres personas fueron asesinadas en el municipio de Soledad, Atlántico, Área Metropolitana de Barranquilla. Los hechos ocurrieron en una cancha de fútbol, ubicada en la calle 21 con carrera 25, barrio Pumarejo.
Los sicarios, que se movilizaban en una motocicleta, abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraba en la tarde del domingo 22 de noviembre a un lado de una cancha de fútbol. La Policía Metropolitana de Barranquilla (Mebar) llegó hasta el lugar para atender el hecho.
“Dentro de las hipótesis que maneja la Policía Metropolitana es que se trata de retaliaciones entre bandas dedicadas al comercio de estupefacientes en la zona. Las investigaciones se iniciaron con la Fiscalía General de la Nación y estaremos informando”, dijo el general Ricardo Alarcón, Comandante de la Policía Mebar.
Las víctimas fueron identificadas como Cindy Paola Monsalvo De Alba, de 32 años, quien murió mientras era trasladada al Hospital Materno Infantil. Gustavo Alexis Zúñiga Julio de 26 años de edad y John Jairo Cantillo Robles de 39 años.
Pese a que se alertaron las unidades en servicio para lograr la captura de los responsables, Diamante 6, comandante de Estación, comandante de CAÍ, Patrulla de cuadrante, SIJIN, SIPOL y unidades de levantamiento., no se pudo dar con el paradero de los sicarios.
