Chile | Cinco grandes temas pendientes de la Convención Constitucional
En qué están cinco de los principales nudos de la Convención Constitucional
Por Maximiliano Vega y Sophia Maraboli
Quedan menos de cinco meses para la elección de los convencionales constitucionales del próximo 11 de abril. Pero pese a que ganó el Apruebo aún hay cosas pendientes que debieran estar listas antes de la Convención, o que para algunos, debieran al menos estar siendo debatidos.
Aunque se estableció que la Convención Constitucional tiene 155 cupos, hoy se debate si los escaños reservados para los pueblos originarios serán parte de estos 155 o se sumarán llegando a 179 constituyentes. Desde la oposición buscan que se sumen 24 más a los 155 establecidos, mientras desde Chile Vamos esperan que los escaños estén dentro de los 155 cupos y que sean 10% del total de la convención. Se trata de uno de los temas que quedaron fuera del acuerdo de noviembre del año pasado, como también ocurrió con la paridad. El proyecto está en segundo trámite legislativo.
Una de las críticas desde el oficialismo es que se estarían cambiando las reglas del juego frente a lo que se acordó. El fin de semana la presidenta de la UDI Jacqueline Van Rysselberghe dijo que por qué no entonces incluir también escaños a evangélicos. Más allá del episodio, hay que considerar que el 30 de octubre se aprobó en la comisión de Constitución del Senado los escaños reservados para personas con discapacidad.
Se ha estudiado la experiencia internacional como Nueva Zelanda. En ese país por ejemplo, desde 1993 los maoríes pueden inscribirse en la Maorí Electoral Option, que otorga escaños reservados proporcionalmente a la cantidad de inscritos, ó, si así lo prefiere el candidato maorí, puede participar en las elecciones comunes.
Salvador Millaleo, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y consejero del INDH, opina que el tema de cupos extra o dentro de los 155 “no es lo más importante”. En cambio sí lo es que se respete el porcentaje representativo a los pueblos indígenas, de un 12,8%, o cercano. Además, para el académico es primordial que “estén todos los pueblos representados, que no quede nadie abajo”, y que se considere también la paridad.
La importancia del Reglamento Interno
Sin duda es uno de los puntos más importante para la Convención Constitucional detrás de la redacción de la nueva Carta Fundamental. Con el reglamento se establecerán los tipos de quórums para operar internamente, las comisiones, la transparencia, las comunicaciones, la forma de funcionar. Y si bien se han escuchado voces que hacen hincapié en no repetir lo ocurrido en Bolivia, que demoró siete meses en acordar su reglamento, lo cierto es que aún no pareciera ser un tema prioritario de todos los sectores políticos. Una razón sería que la misma discusión del reglamento recae en la Convención y adelantar el debate sería un ejercicio ineficaz.
De acuerdo a fuentes consultadas, otra razón por la cual no se ha escuchado con tanta fuerza propuestas partidistas sobre el reglamento interno es la sensación de que cualquier propuesta que se conozca antes de las elecciones de abril sea cuestionada. Por eso, muchos esperarían presentar sus propuestas cuando ya estén los resultados y se sepa quiénes y cómo estarán distribuidos los convencionales, cuántos serán de cuál partido o qué tipo de independientes saldrán electos.
¿Y el temor a lo que pasó en el proceso boliviano? El abogado y profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Valparaíso, Jaime Bassa considera que la Convención “no debiese demorarse más de un mes en la elaboración del reglamento”.
Desde partidos como la DC (ex Nueva Mayoría), Evópoli (Chile Vamos) y RD (Frente Amplio) se ha estudiado al respecto buscando propuestas. Algunas de las ideas que se trabajan son crear una comisión transversal de juristas con apoyo del Congreso y Ejecutivo, o que las facultades de Derecho desarrollen seminarios para abarcar este tema y el resultado entregárselo al presidente de la Convención.
Respecto a las universidades, está en pleno desarrollo unas charlas para los meses de noviembre, diciembre y enero organizadas por las universidades de Chile, Católica y Valparaíso enfocadas precisamente en el reglamento interno. En ellas participan muchos expertos que han analizado el proceso constituyente como Sebastián Soto, Jaime Bassa, Ana María García, Marisol Peña, Francisco Soto, Constanza Hube y Patricio Zapata, por solo nombrar algunos.
Una “Convención abierta”: El dilema de la participación ciudadana
Audiencias públicas, rendición de cuentas territoriales, encuentros y foros temáticos públicos, virtuales o en sectoriales son solo parte de la lista de la participación de la ciudadanía durante el proceso constituyente. Hasta ahora no hay nada zanjado, y es que para algunos, esto es materia del mismo Reglamento Interno como ha resaltado Francisco Zúñiga, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile.
Pero hay otros que consideran muy importante tener avances, ojalá pronto, pues se estaría contra el tiempo. Así lo ve el abogado Francisco Soto, miembro del comité asesor de Re:Constitución, quien afirma que sistematizar un mecanismo para que la ciudadanía participe puede tomar cinco o seis meses. Para Soto “es uno de los temas que más desarrollo ha tenido en la experiencia comparada”.
“Desde 1960 en adelante, todos los procesos constituyentes que se han desarrollado en democracia han integrando mecanismos de participación y han buscado de alguna manera conectar con la ciudadanía con una asamblea representativa”, dice Soto. Por eso cree que es necesario que la participación se transforme en uno de los principales “temas de campaña” ante la elección de convencionales constitucionales.
Se ha considerado tomar lecciones del proceso de Michelle Bachelet, en la que hubo tanto experiencias territorial como procesos a través de las redes sociales. En octubre el diputado Gonzalo Winter del Frente Amplio señaló que podrían reactivarse los cabildos ciudadanos, en el entendido que un proceso sin la ciudadanía podría terminar siendo cuestionado en su legitimidad.
Una de las instancias que está trabajando sobre el tema es el Laboratorio de Controversias Constituyentes que lleva a cabo la Universidad de Chile. Además académicos como Claudio Fuentes y Gonzalo Delamaza han resaltado avanzar hacia una Convención Abierta, señalando en un artículo en CIPER Académico que “el proceso constituyente debe traducirse en un ejercicio democrático participativo, deliberativo e incidente. Si no se cumple esta condición, el proceso se convertirá en una nueva derrota”.
¿Con o sin sesiones confidenciales? La transparencia de la Convención
En métodos de transparencia tampoco hay asuntos zanjados. Sin embargo, desde distintos sectores se propone una réplica de lo que pasa actualmente en el Senado y la Cámara de Diputados donde se transparenta a través de una página web.
Sin embargo, uno de los puntos que ha generado controversia es la propuesta del profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, Sergio Verdugo, quien expone en “Algunos Criterios para el Reglamento de la Convención”, la idea de desarrollar sesiones confidenciales, todo esto con el fin de “generar las condiciones adecuadas para que se produzcan acuerdos entre rivales que deben deliberar “hacia dentro” para poder generar las confianzas que hagan ello posible”.
Consultado, Verdugo aclara que su propuesta es para “casos excepcionales y eventuales”, pero resalta que “es importante no demonizar esta idea” de sesiones reservadas. “Por supuesto que la regla general debe ser la transparencia (…) es importante no demonizarlo porque el éxito del proceso constituyente depende de la capacidad de las distintas facciones de llegar a acuerdos transversales, y para esto es importante que exista una deliberación hacia adentro, donde el diálogo que ellos puedan tener sea dado con sinceridad”.
Opinión contraria la tiene la decana de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado Miriam Henríquez, quien considera que las sesiones deben ser públicas: “El Presidente o la Presidenta de la Convención podría disponer que algunas sesiones, por su importancia, sean transmitidas por los medios de comunicación social o por streaming”.
Lo importante, según Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, es que se considere la trazabilidad de la votación final: “Por ejemplo, si hubo lobby, con quienes se reunieron, quienes expusieron, cuáles fueron los informes que tuvieron a la vista, quienes fueron los asesores y así finalmente llegar a la votación”, afirma el abogado.
De igual forma, María Jaraquemada, directora de Incidencia de Espacio Público cree que, si bien es un tema que deben zanjar los futuros convencionales, este “va a depender del presupuesto que tenga la Convención para implementar todas las medidas de transparencia, publicidad y comunicación con la ciudadanía”.
ExCongreso, el Palacio Pereira y la sede del proceso constituyente
En enero el debate era Talca, Concepción o Cerrillos, pero mientras avanzaba el año la carrera por qué lugar será la sede del proceso constituyente estaría dividida en solo dos contrincantes: ó el Palacio Pereira ó el exCongreso en Santiago. sin embargo, al parecer cada vez quedaría más claro que sería éste último quién se alzaría. El Artículo 133 sobre el funcionamiento de la Convención Constitucional indica que «el Presidente de la República convocará, mediante decreto supremo exento, a la primera sesión de instalación de la convención, señalando, además, el lugar de la convocatoria.
Una razón de por qué el exCongreso tiene mejores posibilidades de ser elegido sería que desde el Gobierno ven que esta es la posibilidad más obvia y a la vez la más económica dado la crisis actual, por lo cual desde la Segpres evalúan hasta ahora en forma positiva el recinto, además se agrega que, dado que trabaja el actual Parlamento en el recinto, ya existe una mecánica de funcionamiento interno que ayudaría a agilizar la puesta en marcha del trabajo constitucional. Esto no quiere decir que no se haya discutido que existan subcomisiones, comisiones, o sesiones que se hagan en regiones, algo que dejó entrever el doctor en derecho, académico y Premio Nacional de Humanidades (2009), Agustín Squella en conversación con La Tercera semanas atrás. Más aún cuando la regionalización y la descentralización pareciera ser un tema que todo el espectro político desea impulsar.
Convención constitucional: Las trabas que aún no se resuelven
Por Isabel Caro y Paula Catena
Varios son los temas que aún están por resolverse antes de que -en abril- se elija a los integrantes de la convención que redactará la nueva Constitución. Algunos de ellos dicen relación con las reglas bajo las que se conformará el organismo, por ejemplo, los requisitos que tendrán que cumplir los independientes que quieran postular o la fórmula para asegurar escaños reservados a los pueblos originarios, debate que esta semana nuevamente se terminó aplazando en el Congreso.
Pero esos no son los únicos pendientes. Un tema que preocupa al gobierno, cuando ya quedan cinco meses para la elección, es el lugar en el que finalmente trabajarán los -hasta ahora- 155 convencionales que integrarán la instancia. Si bien el Presidente Sebastián Piñera evaluó varios lugares, entre ellos el Palacio Pereira, finalmente se inclinó por la sede del Congreso en Santiago.
Sin embargo, pese a las conversaciones que ha sostenido el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, con las mesas de ambas cámaras, el Ejecutivo no ha logrado el consenso político que esperaban para iniciar el proceso de acondicionamiento antes de que los plazos se acoten aún más. De hecho, hace algunas semanas la mesa del Senado ya había manifestado públicamente en The Clinic su resistencia a facilitar el edificio institucional para esos efectos.
En este contexto, el vicepresidente de la corporación, Rabindranath Quinteros (PS), explica que “lo que le dijimos en su oportunidad al ministro Monckeberg es que usaran el Palacio Huneeus, porque el Senado ocupa ese edificio (la sede del Congreso en Santiago) los lunes, viernes y sábados, entonces, habría problemas de funcionamiento”.
La aprensión del legislador es compartida por varios miembros del Senado, que preside Adriana Muñoz (PPD). Desde la corporación han advertido que no habría condiciones materiales para el buen desarrollo de la convención en el ex Congreso y que, asimismo, no contaría con las condiciones sanitarias para operar en caso de que la pandemia se mantenga.
“No hemos vuelto a retomar esas conversaciones”, agrega Quinteros, a la vez que explica que como esta es una decisión inédita y no está reglamentado cómo se debe tomar, probablemente la mesa haga una propuesta a la Comisión de Régimen Interior para zanjar el asunto.
En la Cámara, en cambio, la mesa liderada por Diego Paulsen (RN) se ha mostrado disponible. Y en esa corporación dicen que durante la pandemia quedó en evidencia que el Congreso puede funcionar sin mayores dificultades, prescindiendo de las instalaciones de Santiago, edificio que se ha mantenido cerrado desde fines de marzo.
Las mismas fuentes señalan que existiría un principio de acuerdo para que, si las condiciones sanitarias lo ameritan, las comisiones puedan sesionar vía telemática el próximo año, lo que descomprimiría la necesidad de utilizar el edificio de la capital. “Para el Parlamento sería fantástico que se utilizaran las instalaciones del ex Congreso”, sostuvo el vicepresidente de esa corporación, Francisco Undurraga (Evópoli).
Dudas sobre financiamiento
Hasta ahora, desde Hacienda aún no oficializan de dónde se sacarán ni cuántos serán los recursos que se destinarán en el Presupuesto 2021 para el funcionamiento de la convención constitucional.
En medio de las trabas que ha enfrentado el Ejecutivo en la partida de Tesoro Público, de hecho, en el gobierno reconocen que el tema se ha terminado dilatando. Pese a eso, en La Moneda se evalúan varias fórmulas de financiamiento: entre ellas, la posibilidad de que se haga a partir de fuente mixta, es decir, vía glosa Segpres y el resto imputable al Tesoro Público. Otra posibilidad es que se cargue a una de esas partidas.
Lo que sí está claro es que el monto será aproximadamente entre $ 8 mil y $ 10 mil millones, lo que va en línea con distintas estimaciones realizadas por la Cámara y la Segpres.
