Bolivia | Dictan prisión domiciliaria a general acusado por la masacre de Sacaba
Detención domiciliaria sin derecho al trabajo y con vigilancia policial para general acusado por caso Sacaba
Por Carlos Corz
El comandante de la guarnición militar de Cochabamba, general Alfredo Cuéllar, fue beneficiado con la detención domiciliaria sin derecho al trabajo y con custodia policial, en la audiencia cautelar por el caso de la violencia y muerte de 2019 en Sacaba. Además deberá pagar una fianza de Bs 250.000.
Fue aprehendido el martes, luego de prestar declaraciones informativas en la Fiscalía de Sacaba, en Cochabamba. En sus declaraciones aseguró que durante los conflictos de noviembre de 2019 cumplía funciones administrativas y que era el quinto hombre en la cadena de mando.
Está acusado por el delito de asesinato. La Justicia le concedió detención domiciliaria, deberá acudir a firmar el registro de la Fiscalía dos veces a la semana, está prohibido de comunicarse con testigos y concurrir a determinados lugares.
Las víctimas de Sacaba hacían una vigilia en puertas de los juzgados a la espera de la decisión judicial. Durante los conflictos perdieron la vida ocho personas por impactos de bala, en medio de la intervención policial-militar a una marcha de cocaleros que intentaba ingresar a la ciudad de Cochabamba en apoyo a Evo Morales, que ya había renunciado.
Se resolvieron varios incidentes procesales antes de dar inicio a la audiencia cautelar que fue seguida por un grupo números de familiares de las víctimas, que posteriormente expresaron su rechazo a la decisión judicial.
Un día antes, el miércoles, junto a su Alto Mando, el comandante de las Fuerzas Armadas, general Jaime Zabala, calificó a nombre de su institución de “desconcertante” la aprehensión del general Cuéllar, por la violencia y muerte de 2019 en Sacaba, y aseguró que no actúan “de forma arbitraria”, sino “cumpliendo acciones de mando dispuestas por el Capitán General de las FFAA”.
“Como fieles cumplidores de la ley estaremos a la espera de los resultados finales de las investigaciones que se están efectuando”, afirmó Zabala e hizo uso de una frase para mostrar que ahora los militares son procesados luego de ser llamados para restablecer el orden: “Cuando los conflictos son inminentes invocamos a Dios y llamamos al soldado, cuando el conflicto pasó olvidamos a Dios y buscamos al soldado”.
Familiares de víctimas de Sacaba apelan detención domiciliaria de jefe militar
«¡Para los pobres no hay justicia!» exclamó una viuda de los fallecidos en el puente Huayllani en noviembre de 2019 después de que se enteró de que un juez determinó la detención domiciliaria el comandante de Guarnición Militar de Cochabamba, Alfredo Cuéllar. «Para los pobres no hay ese privilegio (detención domiciliaria) por eso me da rabia, para los asesinos sí hay (privilegios» protestó con lágrimas en los ojos la hermana de Juan Apaza, una de las víctimas.
La justicia determinó hoy en una audiencia de medidas cautelares la detención domiciliaria para Cuéllar. Según la resolución judicial, el jefe militar debe presentarse a firmar dos veces a la semana, no comunicarse con testigos y pagar una fianza de Bs 250 mil, además de no tener derecho a trabajar en las Fuerzas Armadas.
El abogado de los familiares, Pérez, anunció que apelarán la decisión judicial. «A criterio nuestro la decisión del juez está errada por eso hemos planteado apelación, evidentemente esta decisión será valorada y puesta en conocimiento de un tribunal superior».
El jurista advirtió que con la determinación del juez existe riesgo de obstaculización y denunció que durante un año se negó el acceso a la documentación e identidad de los que participaron en el hecho.
La determinación judicial fue asumida un día después de que las Fuerzas Armadas se declararon «desconcertadas» por la aprehensión del general Cuéllar por los delitos de asesinato y otros por las muertes ocurridas en Sacaba en noviembre durante la crisis política.
El Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Jaime Alberto Zabala, declaró que los miembros de la entidad castrense cumplen órdenes de resguardar y proteger constantemente el bien común enmarcados siempre en los principios de legalidad, necesidad y prooporcionalidad.
La determinación del juez indignó a las viudas, madres y amigos que siguieron de cerca el desarrollo de la audiencia. La mayoría de ellas llevó fotos de sus familiares fallecidos, algunas se arrodillaron, gritaron y lloraron de impotencia. Poco después de esa indignación derivó en protestas y la Policía tuvo que usar gases lacrimógenos para dispersarlos.
