Un voto masivo al rescate de la democracia – El Vocero, Puerto Rico
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Nunca antes unos comicios generales habían tenido tantos retos ni habían colocado en tal nivel de urgencia la necesidad de cambios sociales y económicos para Puerto Rico, como los convocados para el martes 3 de noviembre.
En esta coyuntura histórica, el desafío mayor, sin embargo, no lo tienen los candidatos, en particular, ni la clase política, en general. El peso de ese desafío lo tiene en sus hombros el electorado, con su inexcusable deber de asistir consciente y masivamente a las urnas, teniendo como misión el rescate, adecentamiento y transformación de la democracia puertorriqueña.
Tras la superación gradual de una serie de escollos en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el camino luce expedito hacia un evento para el que figuran inscritos sobre 2,355,000 electores. De esa cifra, más de 120,000 corresponden a nuevos votantes, mientras que cerca de 78,000 son electores reactivados.
Con el poder decisional que, en la historia reciente, se ha demostrado que puede emanar de la voluntad ciudadana, el voto en esta coyuntura no puede ser un cheque en blanco para ser utilizado a su antojo por un nuevo o una nueva inquilina de La Fortaleza. Tampoco como “patente de corso” para los incumbentes de los gobiernos municipales y la Asamblea Legislativa, entre otras instancias del Estado.
Más que cualquier otro, el voto del próximo noviembre tiene que emitirse expresamente como un mandato a la clase política sobre la transparencia, la honradez, la justicia y la efectividad con que está obligada a administrar el dinero público y conducir el gobierno.
Porque son muchas las cosas que están en juego en este trascendental momento de la vida nacional puertorriqueña.
A saber, urge en el País la prevalencia de los derechos ciudadanos, los cuales está demostrado que no pueden ser garantizados, protegidos ni servidos bien si no es mediante una nueva gobernanza que transforme en una verdadera democracia participativa la desvaneciente e inestable democracia representativa que tenemos.
Es necesario esto porque no sirve bien a los propósitos sociales, económicos y, sobre todo, humanos aquella democracia en la que los ciudadanos no tienen participación directa en la toma de decisiones y solo son importantes para elegir cada cuatro años a la misma estirpe de nuevos funcionarios que los mantendrá excluidos.
La agenda de cambios que deben trazar los propios electores tiene que contemplar una integral reforma gubernamental. Tiene que impulsar una regeneración del modelo de salud, que sea capaz de reinvertir en los pacientes los recursos presupuestarios, garantizando así la atención adecuada y desterrando con ello la injusta práctica del racionamiento de servicios.
El sistema público de enseñanza, por igual, tiene que ser reformado, pero no desde la óptica de innecesarios contratistas y mercaderes, sino desde la óptica del interés público, que radica en dotar de recursos a las escuelas, elevar las condiciones laborales y de vida de los maestros y garantizar la educación de calidad a que tienen derecho nuestros niños y niñas.
El crisol de los cambios, en fin, tiene que alcanzar también la seguridad pública, los servicios sociales y todas las demás agencias y áreas del aparato gubernamental, incluyendo las corporaciones públicas.
Por eso es que es tan importante la participación masiva de los ciudadanos en estos comicios. Deben hacerlo con la visión de que su voto es un mandato, para cuyo cumplimiento los electores —pasado el martes de los comicios— quedarán constituidos, desde sus comunidades, en una especie de Comisión Suprema de Rendición de Cuentas.
