Quiénes son los candidatos y cómo llega Bolivia a las elecciones del domingo
Elecciones en Bolivia 2020: quiénes son los candidatos y los partidos que se postulan
Este domingo habrá finalmente elecciones presidenciales en Bolivia, a un año del Golpe de Estado que sufrió el depuesto mandatario Evo Morales. Quiénes serán los candidatos, quiénes los favoritos y cuáles son los partidos y coaliciones que competirán.
Los candidatos
Finalmente, entre los nueve precandidatos quedaron seis presidenciables oficialmente para votar este domingo en Bolivia. Ellos son: Luis Fernando Camacho, María de la Cruz Bayá, Luis Arce, Chi Hyun Chung, Feliciano Mamani y Carlos Mesa.
Luis Arce
El candidato del Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) es quien encabeza todas las encuestas. En Bolivia, para ser presidente hay que ganar las elecciones con el 50% de los votos válidamente emitidos ó un mínimo del 40% con una diferencia del 10% frente al segundo. Si no, se realizará una segunda vuelta electoral.
Arce fue Ministro de Hacienda desde que Evo Morales asumió como Presidente del país en 2006. En 2009 asumió como Ministro de Economía y Finanzas Públicas. Estuvo en el cargo durante los mandatos de Morales, con una corta interrupción entre 2017 y 2018. Tiene 56 años.
Carlos Mesa
Todas las encuestas lo dan como el segundo candidato más votado y con serias chances de llegar al balotaje contra Arce. Entre cinco y diez puntos abajo, en todos los estudios. Es el postulante del partido CC (Comunidad Ciudadana). Tiene 67 años.
Fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada por el MNR en 2002 y tras la renuncia en 2003 de éste último, quedó como mandatario hasta 2005. Se fue en medio de presiones sociales.
Luis Fernando Camacho
Es el candidato de perfil más alto. Tomó notoriedad por el Golpe de Estado de 2019 a Evo Morales, que terminó con la presidencia de facto de Jeanine Añez. Camacho, un dirigente de ultraderecha con discurso mesiánico, fue líder mediático de las revueltas civiles contra el líder cocalero.
Hoy es candidato por la alianza Creemos. Tiene 41 años. Es abogado, docente universitario y empresario. Tras las elecciones de octubre de 2019 que ganó Morales y fueron invalidadas por la OEA, convocó a un paro cívico indefinido. Tres semanas después, Evo renunció a la presidencia.
Chi Hyun Chung
Forma parte del FPV (Frente Para la Victoria). Tiene 50 años y nació en Corea del Sur. Vive en Bolivia desde los 12 años y es médico cirujano general. Además dedicó gran tiempo a la teología.
Chung es miembro fundador de 70 iglesias evangélicas presbiterianas en Bolivia. Su primera candidatura fue para las elecciones de octubre de 2019, cuando fue presentado como candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC).
Feliciano Mamani
Será el candidato de PAN-BOL (Partido de Acción Nacional Boliviano). Este hombre nacido en Potosí tiene 44 años y es el más joven de los presidenciables. Tiene una carrera sindical: fue secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Cooperativistas Mineros (Fedecomin) de Oruro. Es su primera vez como candidato a mandatario.
¿Cómo llega Bolivia a sus elecciones generales?
Bolivia celebrará el próximo 18 de octubre sus elecciones generales donde serán elegidos presidente, vicepresidente, senadores y diputados para el período 2020-2025. El país arriba a estos comicios con una situación social y política deprimida y una crisis económica agravada por la pandemia de la Covid-19. Un escenario complejo ante las venideras votaciones.
Desde el 13 de noviembre de 2019, la exlegisladora opositora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta interina y desde entonces el Gobierno de facto boliviano ha sumido al país en un clima de incertidumbre política que se han reflejado en todas las instancias de la vida nacional.
A finales de agosto, la alta comisionada de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advertía que “Bolivia necesita superar la polarización que ha marcado al país durante tanto tiempo y avanzar hacia una sociedad basada en el diálogo, donde todos sean integrados y reconocidos».
Mientras, la secretaria de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, afirmó que es necesario que haya un gobierno legítimo, cualquiera que este sea, y “no uno de transición, porque ahí es donde creo que sí las políticas no podrían ser duraderas”.
Economía en crisis y deterioro cultural
El desarrollo económico y los programas sociales que fueron alcanzados durante 14 años de Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) fueron destruidos en tan solo nueve meses del Gobierno de facto de Jeanine Áñez.
El 2020 ha representado para Bolivia su peor año económico en décadas, caracterizado por los despidos de trabajadores, así como el cierre o reducción de empresas, situación agudizada por la crisis ocasionada por la pandemia de la Covid-19.
De acuerdo con datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), con sede en La Paz, en el país se ha agravado la pobreza y la tasa de desempleo urbano se acrecentó en un 5,2 por ciento para situarse en un 9,4 por ciento. Mientras, la informalidad es de aproximadamente el 80 por ciento de la población económicamente activa.
En tanto, el Banco Mundial vaticinó que la recesión en Bolivia provocará en 2020 una caída del 5,9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra solo comparable con los años 80, cuando se vivió una devaluación e inflación histórica y, sin embargo, la peor tasa registrada fue de menos cuatro por ciento.
Asimismo, el Fondo Monetario Internacional pronosticó que el desempleo en el país crecerá hasta el ocho por ciento durante el 2020, en un país con una de las economías informales más altas del mundo, con cerca del 62 por ciento de trabajadores de la economía sumergida.
En este contexto, la consultora con sede en Nueva York, Estados Unidos, Torino Economics, reveló que la contracción de las inversiones podría llegar al 6,3 por ciento, debido a impactos negativos de la pandemia en los sectores de gas y petróleo, minerales, comercio y servicios, industrial y manufactura, así como a las significativas caídas en la recaudación fiscal.
Por otra parte, al iniciar la cuarentena por la Covid-19 en Bolivia el pasado marzo, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba advertía que el 80 por ciento de unas 5.000 empresas registradas entraba en crisis.
Esta realidad contrasta con lo vivido entre los años 2010 y el 2018, durante la presidencia de Evo Morales, cuando la economía boliviana creció anualmente por encima del cuatro por ciento, e incluso, en el 2016 alcanzó un pico de 6,7 por ciento.
En tal sentido, el exmandatario denunció el pasado septiembre que la crisis económica en el país es tan graves, que ha generado más de un millón de nuevos pobres.
Mientras, el candidato presidencial por el MAS, Luis Arce, declaró que Bolivia debe rescatar el alto poder económico alcanzado durante los mandatos de Evo Morales, pues el gobierno de facto de Áñez tomó decisiones y llevó al país a una desestabilización política y económica, ocasionando una “reducción de ingresos al país” que “provoca desempleo y hambre en el pueblo”.
En tanto, la cultura también ha atravesado por un período de crisis tras el cierre a principios de junio del Ministerio de Culturas, por falta de presupuesto, medida a la que reaccionaron de manera masiva los artistas y ciudadanos.
En palabras de la exministra del sector, Zulma Yugar, “quiero creer que la decisión de la Presidenta no es más que un mal asesoramiento, porque un pueblo sin cultura es un pueblo sin alma”.
Mientras tanto, el Museo Nacional de Arte (MNA) y el Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), con sede en La Paz, Bolivia, quedaron sin dirección en plena pandemia, pues ambas entidades se supeditaban al Directorio de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FCBCB), donde se registraron renuncias forzadas de los directores Max Jorge Hinderer Cruz, del MNA y Elvira Espejo Ayca, del MUSEF.
Estallido social y caos político
Las masacres acaecidas en noviembre del 2019 ofrecen un panorama de la situación social del país. Con más de 35 muertos y 600 heridos, detenidos y desaparecidos, los hechos de Senkata y Sacaba fueron solo una muestra de la persecución política y judicial del régimen golpista que ha continuado meses después en contra de funcionarios del gobierno del exmandatario Evo Morales.
El Gobierno de facto ha aplicado presión a fiscales y jueces para que actúen favorable a sus intereses, y se han abierto más de 150 investigaciones penales por los delitos de sedición o terrorismo contra partidarios y personas vinculadas al Gobierno del expresidente.
En este sentido, de acuerdo con organizaciones humanitarias, se detectaron en las investigaciones contra exmiembros del Gobierno de Morales y simpatizantes evidencias “de cargos infundados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva”.
La inestabilidad económica y política activó también las protestas sociales en Bolivia. En plena pandemia trabajadores que se movilizan en las calles para exigir acciones por parte del Gobierno de la presidenta de facto Jeanine Áñez.
Además, se han realizado desde junio en el país multitudinarias movilizaciones convocadas por diferentes organizaciones sociales, sindicales y políticas para exigir la realización de elecciones, la salida del Gobierno de los golpistas, así como el cese de la persecución política y la corrupción.
Igualmente, han denunciado que el Gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez se roba los recursos del país, y ha manejado mal la pandemia.
En cuanto a la Covid-19, la nación suramericana ha visto colapsado su sistema sanitario, ocasionando la muerte de miles de personas. Mientras, se han reportado casos de corrupción relacionados con el manejo de la pandemia, como el “caso respiradores”, en el cual estuvieron implicados altos funcionarios del Gobierno de facto.
Al respecto, la exsenadora y exministra de Salud boliviana, Gabriela Montaño, afirmó que la crisis sanitaria ha sido mal administrada por el «Gobierno golpista» con hechos de corrupción «absolutamente imperdonables».
En medio de este escenario, la crisis política derivada del golpe de Estado en el 2019, se vio agravada tras el aplazamiento de las elecciones tres veces.
Incluso, dentro del Gobierno de facto ha existido también una crisis, pues las renuncias registradas evidencian las fuertes disputas internas.
Bolivia llega a las elecciones en la peor situación económica en décadas
Por Marianela Mayer
Las elecciones generales en Bolivia del próximo domingo se darán en el peor escenario económico en décadas, marcado por el desplome de la actividad, el cierre de empresas y una ola de despidos exacerbada por la pandemia del coronavirus.
Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística (INE), el desempleo urbano casi se duplicó desde fines de 2019 y alcanzó el 8,4% en el segundo trimestre de 2020, lo que agravó los niveles de pobreza de la población activa de este país, que tiene una de las economías informales más altas del mundo, con cerca del 62% de trabajadores en negro.
En tanto, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó a -11,1% en el segundo trimestre y el saldo comercial exterior de agosto se situó en -30 millones de dólares.
Si bien todas las actividades económicas se contrajeron, las cifras publicadas por el INE muestran que los sectores más golpeados por la crisis son la minería, la construcción y los servicios de recreación y alimentos.
(FW)Los sectores más golpeados por la crisis son la minería, la construcción y los servicios de recreación y alimentos(A)
Ante este contexto de recesión, los pronósticos sobre la caída total del PIB boliviano en 2020 varían según los diferentes organismos multilaterales.
Mientras la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) la situó en -5,2%, el Banco Mundial vaticinó una contracción del 7,3% y el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 7,9%.
En todo caso, todas estas cifras adelantan un declive récord, ya que el peor registro que tuvo el PIB boliviano fue de -4% en 1983, cuando el país enfrentó una devaluación e inflación históricas. Un dato que quedaría lejos de las mejores predicciones para 2020.
Tras la bonanza vivida por el precio de las materias primas que hizo crecer al país por encima del 4% entre 2010 y 2018, un período en el que se redujo la pobreza y la desigualdad, la economía boliviana había empezado a ralentizarse en los últimos años.
El peso de la pandemia en la economía
Pero la Covid-19 profundizó la ya difícil situación que atravesaba desde la anulación por supuesto fraude de los comicios de octubre de 2019, que derivó en la renuncia forzada del entonces presidente Evo Morales y en la formación de un Gobierno de facto, a cargo de Jeanine Áñez.
Los cincos meses de cuarentena estricta impuestos entre marzo y agosto por las autoridades para frenar el avance del virus complicaron aún más esta situación, agravada además por la contracción económica mundial y el desplome de los precios del petróleo, señaló el Banco Mundial en un informe.
Aunque el Gobierno de facto está elaborando un estudio sobre el impacto económico que está teniendo la crisis de la pandemia en el país, diferentes relevos de agrupaciones empresarias dan cuenta de una situación crítica.
«Se cerraron 120.000 unidades productivas pequeñas a nivel nacional, otras cambiaron de rumbo. Lamentablemente a eso nos están obligando», dijo el mes pasado el presidente de la Confederación de Micro y Pequeñas Empresas, Néstor Conde, citado por el diario La Razón.
En consecuencia, Conde afirmó que creció el comercio informal «porque se ha generado desempleo en muchas unidades productivas» en el país.
Algo ratificado por la gerente general de la pyme de tejidos de alpaca Orígenes Bolivia, Claudia Méndez, quien aseguró que sus proveedores, artistas y artesanos se volvieron informales por la crisis.
«Este ha sido el último golpe, ya fue muy duro a partir de los conflictos de octubre», dijo en referencia a la crisis política desatada en 2019, desde la cual sus actividades productivas y comerciales no fueron las mismas.
Por otra parte, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) estimó que en aproximadamente 70 días de confinamiento el sector empresarial perdió al menos 400 millones de dólares y se pusieron en riesgo unos 200.000 empleos.
En una encuesta previa difundida en abril, la CNC dijo que un 60% de las empresas consultadas redujo sus ingresos en más del 70% durante la cuarentena; mientras que ocho de cada diez analizaba despedir personal y un 17% dijo que tendría que cerrar.
Desde el inicio del brote, las autoridades desplegaron diferentes iniciativas para proteger a la población más vulnerable, como el diferimiento de pagos de algunos impuestos, el pago parcial de las facturas de agua y electricidad y transferencias complementarias a hogares con niños en escuelas públicas, ancianos, mujeres embarazadas, y personas con discapacidades.
El Banco Mundial advirtió que los limitados amortiguadores macroeconómicos con los que cuenta Bolivia acotan el espacio de política
Dada la emergencia de salud, el organismo consideró que el país debe usar todos los mecanismos posibles para reducir el costo humano de la crisis y sentar las bases para una recuperación económica. No obstante, en el mediano plazo, la entidad multinacional alertó que el país requiere consolidar la estabilidad macroeconómica reduciendo sus déficits fiscales y externos, promover el desarrollo de la inversión privada para diversificar la economía, generar empleos de calidad y establecer mecanismos tanto para proteger a los vulnerables como para hacer más resilientes a las familias ante los shocks de diversa índole.
Este desafío quedará en manos del futuro presidente, que será elegido por los bolivianos el próximo domingo en las urnas, en un contexto marcado por la tensión política y la peor recesión económica de los últimos 40 años.
Denuncia contra Luis Almagro y la Misión de observadores de la OEA por provocar masivas violaciones a los Derechos Humanos en Bolivia en las elecciones presidenciales de 2019.
La Asociación de Madres de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante Michelle Bachelet, en su calidad de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La denuncia fue formulada en contra del Secretario General de la OEA, Luis Almagro Lemes, la Misión de Observadores Electorales de la OEA, encabezada por Manuel González, y los auditores y responsables de la suscripción de los Informes preliminares e Informe final de dicho organismo sobre las elecciones generales de 2019 en Bolivia por haber cometido acciones de intervencionismo contra la soberanía de Bolivia que aluden a un supuesto fraude electoral el cual no han podido probar.
La denuncia sintetiza ocho informes técnicos internacionales de varios centros estadísticos de universidades y periódicos de prestigio mundial entre los cuales resaltan los elaborados para el New York Times, el Washington Post, el MIT (Universidad de Massachussets) y el Centro de Investigación Económica y Política (CEPR) a lo que se suma la petición de congresistas estadounidenses para que se investiguen las acciones de la Secretaría General de la OEA. Los estudios desmienten contundentemente las acusaciones de fraude de la OEA en las elecciones del 2019 que llevaron al derrocamiento de un Gobierno Constitucional, la desestabilización de la democracia que concluyó en un Golpe de Estado, la muerte de 37 personas, más de 860 heridos, más de un millar de detenidos ilegalmente, la persecución policial y judicial con fines políticos y el exilio de cientos de dirigentes políticos y sociales.
Los denunciantes señalan: “La Secretaría General de la OEA, encabezada por Luis Almagro, ha vulnerado abiertamente la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y resoluciones generales de la OEA, transgrediendo el Derecho Internacional y la Soberanía nacional del Estado Plurinacional de Bolivia.
Los actos de intervencionismo cometidos por la Secretaría General de la OEA, encabezada por Luis Almagro, han tenido consecuencias nefastas en Bolivia provocando un quebrantamiento del Estado; la desestabilización de la democracia, el flagelo a la población, uso irracional del poder y el desmantelamiento de la Constitución Política del Estado, llevando a un Golpe de Estado y a la instauración de un gobierno transitorio que comete sistemáticamente delitos contra la población.”
A tiempo de presentar la denuncia, los firmantes del documento solicitan al Alto Comisionado de Naciones Unidas que acoja estas graves denuncias contra la Secretaría General de la OEA por los delitos contra los derechos civiles, políticos y sociales al acusar de un presunto fraude, sin pruebas y con un sesgo marcadamente político. Exigen que la OEA, como un organismo intergubernamental, respete a las organizaciones políticas populares, a las instituciones nacionales, a la democracia y a la soberanía de los pueblos de uno de sus Estados Miembros, y de su gobierno constitucional.
Asimismo, piden al Alto Comisionado de Naciones Unidas que se forme un grupo de expertos para lleve a cabo una investigación independiente y transparente sobre los informes de la Secretaría General de la OEA y los graves hechos que han causado muerte, persecución, cárcel y exilio en el Estado Plurinacional de Bolivia.
Copa: Suspensión de votación en Panamá y parte de Chile afectará al MAS, el TSE debe dar explicación
Por Carlos Corz
Tras confirmarse que 28.581 personas no podrán votar en Chile y Panamá, la presidenta del Senado, Eva Copa, informó que esa situación afectará al Movimiento Al Socialismo (MAS) porque tiene un importante respaldo en el exterior, por lo que solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) un informe.
“Hemos mandado una nota al Tribunal Supremo Electoral para que nos dé una información de cuáles han sido las razones (para negar el voto en esos países). Efectivamente nos va a afectar al MAS, porque es nuestro fuerte (el exterior), ahí tenemos un buen caudal de votos”, sostuvo.
El miércoles, a cuatro días de las elecciones generales, el ente electoral confirmó la suspensión de la votación de al menos 28.581 bolivianos en Panamá y en cinco ciudades del norte de Chile por la pandemia del COVID-19. Aún se gestiona el permiso para la votación en la provincia de Mendoza, Argentina.
Se suspendieron las elecciones en Arica, Iquique, Antofagasta, Calama y Copiapó, en Chile, y en Panamá.
De acuerdo al Padrón Electoral habilitó a 7.332.925 bolivianos para participar en las elecciones del domingo. Seis candidatos buscan el respaldo ciudadano para llegar a la presidencia: Luis Arce (MAS), Carlos Mesa (CC), Luis Fernando Camacho (Creemos), Chi Hyun Chung (FPV), María de la Cruz Bayá (ADN) y Feliciano Mamani (Pan-Bol).
Copa informó que esperará un informe del presidente del TSE, Salvador Romero, para conocer de forma oficial las causas del por qué no se logró garantizar el derecho de los bolivianos a votar en Chile y Panamá.
Restricciones y polémica rodean los comicios de residentes bolivianos en Argentina
Bolivia acudirá el próximo domingo a las urnas para elegir a su presidente, en unos comicios que se vivirán intensamente en Argentina, país con la mayor comunidad boliviana en el exterior. Según los datos oficiales un total de 142.568 bolivianos están registrados para ejercer su voto.
Las restricciones a la movilidad para frenar la pandemia del coronavirus, que en Argentina superan ya los siete meses, harán de esta una votación atípica. No hubo actos de campaña y los votantes deberán acudir a su respectivo colegio electoral en una franja horaria determinada, según su número de documento, y deberán tramitar previamente un permiso especial de circulación.
La ubicación de los colegios electorales ha sido, en los últimos días, objeto de polémica. Miembros de la comunidad denuncian irregularidades en el listado oficial proporcionado por el Órgano Electoral boliviano; afirman que algunos colegios han sido suprimidos, otros aparecen con direcciones incorrectas y algunos incluso duplicados.
Acusaciones cruzadas
El expresidente Evo Morales, quien reside en Argentina desde diciembre tras renunciar a la Presidencia ante las acusaciones de irregularidades en los comicios del año pasado, denunció esta situación a través de su perfil de Twitter.
«El derecho al voto de la comunidad boliviana en Argentina en riesgo de ser violado por el @TSEBolivia que envió lista de recintos electorales con cambios de última hora y errores que han dejado a ciudadanos sin lugar donde votar. Y hay más irregularidades registradas», publicó el político, que ha ejercido a la distancia como jefe de campaña de su partido.
La Embajada boliviana en el país, formada por funcionarios designados por la presidenta interina Jeanine Áñez, salió al paso de estas acusaciones con un comunicado en el que afirma que están dadas las condiciones para unas elecciones «limpias, transparentes, y libres de sospecha de fraude, a diferencia de lo sucedido en las últimas elecciones generales del año 2019».
Un bastión del MAS
Argentina ha sido un bastión histórico del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales que para estos comicios lleva como candidato a Luis Arce. Los miembros del partido consideran que las supuestas irregularidades con la designación de colegios electorales buscan «que la menor cantidad de personas voten».
«Estamos viendo una serie de hechos, para nosotros adrede, que se hicieron para perjudicar y mermar que la menor cantidad de personas voten en el exterior», indicó a Efe Leandro Ruiz, líder de la agrupación Generación Evo Argentina, quien recordó que en los comicios de 2019 el MAS obtuvo un 82% de los votos de la comunidad boliviana en Argentina.
Ruiz denuncia también irregularidades en el listado de ciudadanos inhabilitados para el voto, que concentra en Argentina a casi la mitad de los más de 51.000 bolivianos en todo el mundo que no podrán votar por no participar en las elecciones anteriores o por no tener completado el empadronamiento.
«La observación que hacían supuestamente era porque esas personas no habían votado en 2014 ni en 2016, sin embargo, muchas de las personas aseguran y tienen el comprobante de que habían votado tanto en 2014 como en 2016», agregó, y detalló que los inhabilitados «son 50.000 a nivel mundial, casi 25.000 en Argentina y 20.000 en Buenos Aires, y justamente en los lugares donde se concentra la población».
Trabajo en minoría
A pesar de la amplia predominancia de simpatizantes del MAS, entre la comunidad boliviana en Argentina hay también seguidores y activistas de Comunidad Ciudadana, que con el candidato Carlos Mesa se presenta como la una de las principales candidatas a la victoria, como hace Marco Blacutt, quien se pone como objetivo para el domingo «sacarle algunos votos» al partido de izquierda.
«Considero y creo que vamos a tener una buena elección, evidentemente sigue siendo un bastión masista, como decimos en Bolivia. Este es el peor lugar para hacer campaña siendo opositor al MAS, pero nos está yendo bien y estamos confiados en que el próximo domingo vamos a sacarle algunos votos», señaló a Efe.
Blacutt fue uno de los impulsores de la denuncia por irregularidades en las actas en las elecciones del año pasado, que fue recogida por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y que acabó desencadenando la renuncia de Evo Morales y el nombramiento de un Gobierno transitorio liderado por Áñez.
Ahora Blacutt se dirigió al Tribunal Supremo Electoral de Bolivia para denunciar que los funcionarios contratados para supervisar las elecciones de este año son los mismos del 2019, a los que acusa de contribuir a un fraude electoral.
«Tenemos una preocupación importante, que es que los mismos árbitros del año pasado, los que fungieron de notarios electorales, han sido contratados nuevamente. Han incorporado a exfuncionarios del consulado y viceconsulados de acá del régimen masista para que sean también autoridades del Tribunal Supremo Electoral acá en Argentina», manifestó.
Votar con confianza
Pese a todas las acusaciones de irregularidades por ambos bandos, la comunidad boliviana confía en que el próximo domingo se vivan unas elecciones limpias, para lo que piensan tomar todos los recaudos, como indicó Zulema Iriarte, radicada en Argentina desde 1976 y que vive en la localidad bonaerense de Ezeiza, uno de los lugares con mayor presencia de la colectividad.
«Particularmente se están tomando recaudos con un sistema digital bastante específico sobre cada acta, se va a hacer un seguimiento especial para que no vuelva a ocurrir como ocurrió en octubre pasado (…). Me parece también que los que vayamos a votar podamos sacar una foto del acta de escrutinio para verificar realmente que se respete el voto como tiene que ser», precisó.
En su caso afirma estar viviendo estas elecciones «con mucho nerviosismo» pero feliz porque «se pudo asegurar la fecha de votación, que eso es lo más importante», y espera que el resultado contribuya a pacificar la situación de su Bolivia natal tras un año convulso que los migrados vivieron con especial angustia a la distancia.
