Perú | Martín Vizcarra denuncia que el Congreso quiere sacarlo para «asumir decisiones y postergar las elecciones»
Martín Vizcarra: La intención es sacarme para que el Congreso postergue las elecciones
El presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, sostuvo que uno de los objetivos de las imputaciones en su contra es permitir que el actual Congreso asuma la dirección del país y pueda tomar decisiones como la postergación de las próximas elecciones generales de 2021.
En declaraciones a la prensa desde Cajamarca, reiteró que su gobierno ha trabajado de forma honesta y que los testimonios que lo involucran en presuntos actos de corrupción tienen detrás a “grandes poderes” que quieren sacarlo del cargo.
“La intención es tratar de sacar al presidente para que el Congreso pueda asumir decisiones como postergar las elecciones un par de años más. La idea es cambiar la estructura política dejando la actual gestión de gobierno por un tiempo adicional y eso no es conveniente para la democracia”, mencionó.
Martín Vizcarra enfatizó que su gestión ha liderado la lucha contra la corrupción y que él fue quien emitió normas para evitar que la organización criminal Club de la Construcción continúe operando y beneficiándose con el dinero nacional.
“Desde un inicio hemos trabajado combatiendo la corrupción y hemos afectado muchos intereses económicos. (…) Tomamos esa difícil decisión de cerrar el Congreso de la República. Quien ha combatido el Club de la Construcción soy yo. (…) Hay poderes muy grandes que están buscando cualquier oportunidad para tratar de eliminar al presidente Vizcarra”, mencionó.
El mandatario mencionó que la prioridad de su gobierno es satisfacer las necesidades de la población, hecho que no les conviene a quienes, indica, buscan retirarlo de la Presidencia.
“Dando la importancia que el tema merece, no nos desviamos de nuestra principal atención; trabajar a favor del pueblo. Eso es lo que se quisiera evitar, quisieran lograr que el próximo presidente sea diferente, que mantengan la posición en la que estaban”, reiteró.
Asimismo, resaltó que el orden democrático debe continuar y que todo gobierno, ya sea del Ejecutivo como del Parlamento, debe respetar su periodo de mandato y no buscar quedarse más tiempo en el cargo. “Cinco años debe ser un gobierno y debe dar la posta, cinco años debe ser un Congreso y debe ser la posta”, señaló el jefe de Estado.
Agregó que “seguramente” con la intención de que el Legislativo continúe por más años en el mandato se está promoviendo una nueva vacancia en su contra, esta vez referida al testimonio de un aspirante a colaborador eficaz.
“Tienen que rendir cuentas al pueblo que los eligió y que han sido elegidos para terminar un periodo hasta el 28 de julio de 2021. Ellos y yo, ese día tenemos que irnos”, subrayó Martín Vizcarra.
Moción de vacancia contra Martín Vizcarra se queda sin respaldo
Luego de conocerse que un aspirante a colaborador eficaz afirmó que el jefe de Estado, Martín Vizcarra, recibió un millón de soles a cambio de otorgar la buena pro de una obra en Moquegua cuando fue gobernador regional, José Vega, vocero de Unión por el Perú (UPP) anunció que presentaría una moción de vacancia presidencial. Sin embargo, todo apunta a que esta iniciativa no recibiría el respaldo que esperaba el parlamentario upepista.
Representantes y portavoces de diferentes bancadas que se pronunciaron en medios y/o en redes sociales coincidieron en que no es el momento para evaluar una eventual destitución del mandatario. Incluso, agregaron que no es el Parlamento el que se debe encargar del caso, sino la Fiscalía.
Voces
Tal es el caso de Fuerza Popular (FP), uno de los grupos parlamentarios opositores al Gobierno, el que adelantó que no apoyaría la moción.
El constitucionalista Carlos Mesía, también legislador “naranja”, consideró que no hay mérito para la presentación del documento.
“No lo voy a firmar definitivamente. La bancada tiene una posición tomada sobre ese tema, no vamos a intervenir en el Gobierno”, aseguró.
En diálogo con Correo, manifestó que “sería entrar otra vez en lo mismo”, en referencia a la moción de vacancia anterior por el caso “Swing”.
“No es el momento conveniente ni oportuno”, sostuvo.
Luis Dioses, portavoz de Somos Perú (SP), refirió que si bien su bancada no tiene una postura final sobre el sentido de la votación de la eventual moción, sí lo tienen en relación a cualquier indicio o hecho de corrupción. “Quien debe intervenir es la Fiscalía de la Nación”, aseguró.
Agregó que espera que la instancia a cargo de Zoraida Ávalos pueda tomar acciones, como lo hizo al anunciar una investigación preliminar al presidente Vizcarra por las contrataciones de Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura (Mincul).
Dioses recordó que el Perú está en una crisis sanitaria y económica. “No hemos firmado ningún documento porque consideramos que no es pertinente para la estabilidad del país”, sentenció.
En tanto, el congresista Daniel Oseda (Frepap) aseguró que en su bancada son firmes en tener tolerancia cero con la corrupción.
“Las denuncias recientes y serios indicios de corrupción del presidente, exigen una investigación imparcial y oportuna”, tuiteó.
Sin embargo, añadió que el “debilitamiento de la legitimidad presidencial afecta negativamente la democracia”.
Números
Como se recuerda, el último domingo los voceros de algunos grupos parlamentarios ya se habían pronunciado al respecto.
Ricardo Burga (AP) adelantó que no apoyarían la iniciativa, pues “la Fiscalía debe corroborar la información”, mientras que Francisco Sagasti (PM), consideró que se debe esperar que la justicia “pruebe” los hechos.
En tanto, Fernando Meléndez (APP) indicó que el Ministerio Público debe hacer su trabajo para que el Congreso pueda pronunciarse.
A su turno, Rocío Silva Santisteban, Frente Amplio (FA), calificó el tema de “muy grave”, pero coincidió en que la Fiscalía efectúe una investigación profunda.
De acuerdo con las declaraciones de representantes de FP, SP, Alianza para el Progreso (APP), PM, AP, FA y el Frepap, dichas bancadas no apoyarían una vacancia.
Podemos Perú es la única bancada que no se ha pronunciado al respecto.
Se requieren 26 firmas como mínimo (20% del número legal de congresistas) para presentar la moción.
UPP tiene 13 legisladores y podría sumar el respaldo de los once miembros de Podemos, así como de los tres congresistas independientes, con lo que podrían cumplir, aunque a duras penas, la cuota mínima.
Esta cifra, no obstante, evidenciaría que aunque el documento se presente, no alcanzaría el mínimo de 40% del número de parlamentarios hábiles -sin contar a los que están con licencia y a los suspendidos- para que el pedido sea admitido y pase a un debate en el Pleno.
Pedido
Por otro lado, el vocero alterno de AP, Ricardo Burga, le solicitó a Edgar Alarcón, presidente de la comisión de Fiscalización, que su grupo se inhiba de investigar la denuncia del aspirante al colaborador eficaz sobre el presidente Vizcarra.
El acciopopulista recordó ya existe un grupo específico para investigar al “Club de la Construcción” y que hoy se instalará formalmente.
“Creo que esta denuncia calza perfectamente en esta comisión”, dijo en RPP.
AMPLIACIONES
Por otro lado, este diario pudo conocer que, según la Contraloría General de la República, durante la ejecución de la obra en cuestión, Lomas de Ilo, se concedieron 15 ampliaciones al plazo contractual solicitadas por el consorcio Obrainsa-Astaldi.
Así lo detalla el portal Infobras del citado órgano de control, en el que también se precisa el motivo de los pedidos de aplazamiento aprobados entre el 2014 y el 2015.
Dos son las justificaciones recurrentes para el trámite de las ampliaciones: cuando se aprueba la prestación de un servicio adicional o complementario y por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
En este último punto se incluyen, por ejemplo, paralizaciones a raíz de movilizaciones en todo el país de sindicatos de trabajadores de construcción civil, demora en la entrega de materiales, modificaciones en el expediente técnico, entre otros.
En un principio, el contrato -suscrito en diciembre del 2013- señalaba que el plazo de ejecución de la obra era de 300 días calendario (10 meses) a partir del cumplimiento de todas las condiciones que señala la Ley de Contrataciones del Estado. Sin embargo, tras las extensiones, los trabajos se extendieron por casi dos años.
A la fecha, el portal de la Contraloría señala que avance
Analizarán denuncia contra Vizcarra
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó analizar la denuncia constitucional en contra del presidente Martín Vizcarra, el expremier Salvador del Solar y su gabinete, efectuada tras la disolución del Congreso de la República, el pasado 30 de septiembre de 2019.
La acusación fue presentada por la excongresista Yeny Vilcatoma De la Cruz contra las citadas personas por el presunto delito de función, conspiración y abuso de autoridad, así como por infracción del artículo 117.
La decisión se tomó luego que el legislador de Podemos Perú, Carlos Almerí, planteara una cuestión previa para que el informe de calificación que declaraba improcedente la denuncia constitucional N° 350, retorne a la asesoría técnica a fin de que se realice un mayor estudio.
Durante la sesión, Almerí dijo que se trata de un tema de relevancia política, constitucional y reglamentaria, por lo que estimó que el informe presentado en la sesión podría ser modificado.
NUEVA REVISIÓN
Carlos Almerí sustentó la cuestión previa, señalando que si bien el Tribunal Constitucional es el órgano máximo de interpretación en cuanto a la formalidad de la ley, los parlamentarios, quienes están investidos del control político, deben constatar si existen infracciones a la Constitución.
Club de la Construcción: claves para entender la nueva denuncia contra Martín Vizcarra en el caso Obrainsa – Astaldi
l presidente Martín Vizcarra se ve envuelto en otra grave denuncia. El aspirante al colaborador eficaz Nº 10-2018, aseguró que se desembolsó más de un millón de soles para favorecer al consorcio Obrainsa – Astaldi cuando el actual mandatario era gobernador de Moquegua, en 2013. Cabe recordar que la empresa Obrainsa es investigada actualmente por el caso “Club de la Contrucción” y mientras estuvo asociada con la empresa francesa Astaldi, hicieron un supuesto desembolso ilícito para la buena pro en la ejecución de la obra Lomas de Ilo.
A continuación, cinco claves para entender cómo se realizó esta ilícita operación que difundió el programa Panorama.
El Cartel en Moquegua
El último testimonio sobre el caso “El Club de la Construcción” pone a Moquegua en la lista de regiones donde operaba este cartel de empresas nacionales y extranjeras para la repartición de millonarias adjudicaciones de obras públicas a cambio de coimas.
En el 2013, el consorcio COA (Obrainsa-Astaldi) ganó la licitación de la Construcción de la Línea de Conducción Nº 01 Juguay – Lomas de Ilo y Sistema de Riego de I Etapa del Proyecto Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo, por un monto de S/ 80, 981.137 la cual se culminó en enero de 2017.
Durante el 2019, la Comisión de Fiscalización del Congreso disuelto encontró indicios de coordinaciones entre el consorcio Conirsa y Odebretch; entre esas negociaciones, la que la empresa CYM Vizcarra habría sido beneficiada.
Contacto privilegiado
El aspirante a colaborador eficaz indica que Elard Tejeda, entonces gerente general de Obrainsa, se reunió personalmente con el entonces gobernador regional de Moquegua, Martín Vizcarra, y que este último tenía información privilegiada que lo ayudaría a ganar con seguridad el concurso público. Esta sostenía que el gobierno regional contaba con un presupuesto de S/ 90 000 000 para la obra y ‘recomendaba’ presentar una cotización de S/ 81,000.000 y no de S/ 86,454.818 como estaba planteado.
A cambio de esta información, se menciona que Martín Vizcarra solicitó el 2% del costo de la obra, que era el pago regular para este tipo de situaciones. Es decir, debía recibir la suma de S/ 1,016.212 La empresa Obrainsa – Astaldi ganó la buena pro de la obra en noviembre del 2013 por un monto de S/ 80,981.137
El pago fantasma
La denuncia indica que el actual prófugo de la justicia, Elard Tejeda, habría realizado el pago del «pacto» en dos armadas después de la aprobación de la obra. Estas se realizaron a través del conserje, Tobías Puerta Gutiérrez, quien realizó el cobro de dos cheques que se terminarían entregando a Martín Vizcarra. El conserje informó que no sabe a quién se entregó el dinero que cobró, puesto que solo recibía órdenes y varias veces habría realizado presuntas transacciones. Según el aspirante a colaborador eficaz, el pago se entregó en efectivo dentro de dos sobres manilas a inicios del 2014, el primero se ejecutó con una cantidad de S/ 400 000.00 y el segundo con S/ 600 000.00.
Una testigo clave es Ana Ellen, secretaria de Obrainsa, quien tuvo comunicación vía correo electrónico con el presidente Martín Vizcarra y aseguró verlo en dos ocasiones en las oficinas de San Isidro.
Pruebas contundentes
Hasta el momento, está en investigación la veracidad del cobro y del contacto que haya efectuado el gobernador regional de Moquegua de ese entonces. Sin embargo, existen pruebas fehacientes de un ‘favor’ que solicitó Martín Vizcarra ‘a cuenta de lo pactado’ el 2 de diciembre del 2013, meses previos al primer pago.
La prueba es clara en los correos electrónicos donde el gobernador pidió que le cotizaran el alquiler de una avioneta para el traslado de una comitiva de Lima a Tacta o Ilo, la cual ascendió al monto de S/ 35 985.64 para la empresa ATSA.
Mediante correos electrónicos, la empresa ATSA solicitó la lista de pasajeros, la misma que el exgobernador regional respondió con:
– Luis Arce Catacora (ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia)
– Viviana Caro Hinojosa (ministra de Planificación de Desarrollo de Bolivia)
– Edwin Rojas Ulo (visceministro del Tesoro y Crédito Público de Bolivia)
– Jorge Manrique Arduz (consejero y jefe de la Cancillería de la Embajada de Bolivia)
– Roxana Mallena Mamani y Saúl Linares Beza
La respuesta de Vizcarra
El día de ayer, desde muy temprano, el presidente Martín Vizcarra reiteró de manera efusiva que no había incurrido en ningún acto ilícito, incluso minimizó la denuncia cuestionando que no es ‘casualidad’ que salgan este tipo de titulares justo días después que toque el tema de Odebrecth y su lento avance.
Además, en entrevista a Panorama, reiteró que su Gobierno tiene una lucha clara contra la corrupción, resaltando que él fue el primero que denunció al “Club de la Construcción”. Sin embargo, durante la entrevista no logró responder ciertas preguntas, cayendo en contradicciones al decir que no tenía conocimiento sobre el monto que tenía la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, según siglas en inglés), para dicho proyecto y en otro momento indica que tenía conocimiento de un monto ‘referencial’.
Por otra parte, indicó que actualmente las empresas manejan una cultura de «responsabilidad social» y que la solicitud del alquiler de la avioneta se efectuó en ese marco, puesto que iba a trasladar a funcionarios bolivianos que estaban interesados en el puerto de Ilo. Actualmente existe interés en la bancada UPP para juntar firmas y solicitar una nueva vacancia presidencial por incapacidad moral.
