Lamentable omisión – La República, Perú
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Gilmer Trujillo, de Fuerza Popular, ha señalado que si se sometiese a votación la aprobación del Acuerdo de Escazú, sería rechazado por una amplia mayoría. Ha anotado que esta es la conclusión de la ronda de consultas realizada.
De acuerdo con esta información solo dos bancadas, el Frente Amplio y el Partido Morado, estarían a favor de la aprobación, en tanto que el resto –Acción Popular, Frepap, Alianza para el Progreso, Podemos, Somos Perú, UPP, y Fuerza Popular– estaría en contra.
Este primer saldo del debate es lamentable, y se debe al nivel alcanzado por la campaña de desinformación; refleja al mismo tiempo la falta de voluntad del Gobierno y de la Cancillería, que se resistieron a liderar un proceso destinado a concretar una de las apuestas más integradoras para una defensa eficaz del ambiente y de nuestros recursos naturales.
Desde que el Ejecutivo enviara al Congreso el pedido de aprobación, el 2 de agosto del 2019, fue creciendo la resistencia al Acuerdo de Escazú, un pacto regional de países sobre los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales, el cual fue suscrito por el Perú en setiembre del 2018. El principal argumento es que el acuerdo atenta contra nuestra soberanía.
Se ha dicho reiteradamente, con la evidencia del mismo texto, que eso es falso, que respeta los estándares nacionales adoptados y que, en cambio, establece la cooperación y colaboración entre Estados y acuerdos, en caso de controversias. No ha dejado de llamar la atención; sin embargo, que los sectores que hace más de una década respaldaron la llamada ley de la selva –cuya imposición llevó a los luctuosos sucesos de Bagua, el ‘Baguazo’ en 2009– se muestran ahora resistentes a una norma que, precisamente, cautela los derechos de la poblaciones en relación con el territorio, los recursos hídricos y los medios de vida.
Es penoso que el Parlamento se resista a aprobar un marco jurídico para la protección de los defensores del ambiente cuando varios de ellos son asesinados, el más reciente Roberto Pacheco Villanueva, hijo del ambientalista Demetrio Pacheco, asesinado en su concesión forestal presuntamente por invasores.
