Décimo día de protestas contra el FMI: organizaciones mantienen los bloqueos y piden una mesa de diálogo
Deciden mantener protesta en Costa Rica contra FMI
Representantes del Movimiento Rescate Nacional (MRN) decidieron mantener la protesta en Costa Rica contra el Fondo Monetario Internacional (FMI), pese al retiro del hasta ahora máximo dirigente de la agrupación, José Miguel Corrales.
Desde el 30 de septiembre pasado, integrantes del MRN, una organización de la sociedad civil con el respaldo reciente de algunos sindicatos, iniciaron una protesta con bloqueos de vías en todo el país para exigirle al Gobierno desistir de negociar cualquier plan con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir un crédito por mil 750 millones de dólares.
El Gobierno reveló el 17 de septiembre pasado su plan, el cual recibió un casi unánime rechazo de todos los sectores del país por los nuevos impuestos y la venta de activos del Estado, lo cual para muchos significará un mayor endeudamiento, la privatización de importantes empresas y un mayor empobrecimiento de la clase trabajadora.
Ante ese rechazo, el presidente Carlos Alvarado anunció que no seguiría adelante con su propuesta inicial. ‘Esto con el fin de dialogar y balancear las respuestas que necesita el país para resolver la situación’, añadió.
Por esto último, los manifestantes y otros sectores decidieron mantener la protesta, pues significa que Alvarado no desiste de negociar ese préstamo del FMI, el cual buscará ahora con el llamado a un diálogo nacional.
Sin embargo, en un vídeo en redes sociales, José Miguel Corrales, uno de los líderes del MRN, pidió ayer por la tarde-noche ‘deponer de inmediato toda protesta en las calles’ y añadió que el país tiene que ‘recobrar la calma y reflexionar serenamente’.
A ello, Célimo Guido, el otro dirigente del MRN, respondió al Semanario Universidad que la sola decisión de Corrales no es suficiente para deponer el movimiento. ‘Ni él, ni yo, ni el comité central podemos de ninguna manera deponer el movimiento, eso sería una traición a la gente que está en la calle, llevando agua y gas’, aseguró.
Tras considerar una ofensa decir que el MRN ha sido infiltrado por el narcotráfico, Guido indicó que ‘me duele lo de José Miguel, pero no echo para atrás y aquí no se levanta nada, voy hasta el final’.
Resaltó que ‘esto es una bofetada al movimiento social… Este movimiento no se entrega’.
En conferencia de prensa posterior, junto a otros dirigentes del MRN, Guido reiteró que continúa la protesta en Costa Rica, así como la marcha convocada para el próximo lunes.
Sectores piden al Gobierno convocar Consejo Económico y Social para instaurar el diálogo
Diversos sectores piden al Gobierno convocar al Consejo Consultivo Económico y Social (CCES), una instancia para el diálogo y generación de acuerdos, en la que tendrían participación trabajadores, empresarios, academia y sociedad civil.
El CCES fue creado mediante un decreto emitido por Casa Presidencial en enero del 2019; sin embargo, a la fecha sigue sin activarse.
La idea de convocar el Consejo es apoyada por la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA), la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) y representantes del el Consejo Universitario de la Universidad Técnica Nacional (UTN).
Asimismo, promueve una instancia de diálogo la Asamblea Nacional de Trabajadores del Banco Popular, que reúne a los sectores patronal, solidarista, cooperativo, sindical, comunal y de trabajadores independientes.
Por su parte, la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) indicó que apoya firmemente la participación del sector privado en una mesa de diálogo, representados por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).
“Es importante y urgente aportar propuestas para lograr un diálogo sincero, abierto, inclusivo, constructivo, solidario y multisectorial. La CICR hace público nuestro compromiso de trabajar unidos en Uccaep para proponer una solución a los problemas que nos afectan como país, y contribuir con una hoja de ruta para el desarrollo sostenible de Costa Rica”, agregó Enrique Egloff, Presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica.
Noel Cruz, presidente de la FEUNA, aseguró que la activación del CCES sería una forma de encontrar salidas a la actual crisis.
Luego de que Carlos Alvarado anunció del retiro de la propuesta del Ejecutivo para negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno anunció la apertura de un diálogo multisectorial.
Tras la firma del decreto en el 2019, el presidente Carlos Alvarado indicó que el Consejo se trataba de un instrumento de apoyo al Estado costarricense para la construcción permanente del diálogo social con representación de los sectores.
Esta instancia debía ser presidida por una persona designada por el mandatario ym entre sus miembrosm figurarían representantes de la academia, cooperativas, productores agrícolas, asociaciones solidaristas, sindicatos, cámaras, asociaciones y alianzas empresariales, confederaciones y federaciones.
El plan era que cada rama eligiera a sus representantes, quienes se desempeñarían su cargo ad honorem, teniendo voz y voto en el Consejo Pleno.
Impuestos hacen estallar malestares acumulados en protestas desde lo rural del país
Por Fabiola Pomareda G.
Las molestias ya sumaban, pero sin duda fue el anuncio de nuevos impuestos a salarios, bienes inmuebles y transacciones bancarias, para responder a un inminente préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que hizo estallar días de manifestaciones y bloqueos surgidos principalmente desde la ruralidad del país, bajo el nombre del Movimiento Rescate Nacional.
Agricultores, camioneros, comerciantes, estudiantes, finqueros y personas desempleadas aglutinan este nuevo y diverso movimiento de efervescencia social en la calle, justo al cumplirse dos años de las protestas contra el “combo fiscal”, conjunto de leyes tributarias que crearon y ampliaron la base del impuesto al valor agregado (IVA), entre otros gravámenes.
Las protestas que corean “No más impuestos” y “No al FMI” y los bloqueos se mantienen desde el 30 de setiembre, mientras el presidente, Carlos Alvarado, se negó a recibir la carta de peticiones del nuevo movimiento de manos del Obispo de San José, Monseñor, José Rafael Quirós.
La Iglesia Católica se ha ofrecido como mediadora para el diálogo en un país, donde un 52,5% de la población es católica practicante y 27,1% es de credo evangélico, según un estudio de 2019 del Instituto de Estudios en Población de la UNA.
La pregunta que plantean analistas es ¿cuál es el detonante y hacia dónde va este movimiento?
La respuesta es muy sencilla para la docente e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carmen Caamaño, quien sostiene que está claro que la agenda es diversa, ya que son muchos sectores que confluyen básicamente en la indignación, porque la gente “ya no soporta más”.
Para Caamaño, la base es “un sentimiento más de rabia, de desesperación, de impotencia, frente a un gobierno que no es inclusivo y que simplemente está con sus amigotes, que son los mismos de siempre, cada vez con más descaro apropiándose de todos los recursos de este país”.
Mientras que Rotsay Rosales, docente y coordinador del Observatorio de la Política Nacional de la UCR, comentó que las manifestaciones son producto de un proceso de acumulación y no resolución de malestares de amplios sectores diversos de la sociedad —muchos de ellos hasta hace poco con posiciones contradictorias con respecto a algunos temas puntuales— “pero que convergen en un detonante concreto, la presentación de la propuesta del gobierno ante el Fondo Monetario Internacional, sin que se hubiese activado ningún mecanismo de consulta hacia la ciudadanía en general y hacia esos sectores en particular”.
En el puente sobre el río Térraba, en el cantón de Osa, por ejemplo, un grupo de campesinos declaró: “Este gobierno de Carlos Alvarado ha venido a distorsionar la paz y el sustento de nuestras familias, amenazandonos con más impuestos y poniendo a luchar al pueblo contra el pueblo; mientras hay confusión y desesperanza, ellos están en sus cúpulas disfrutando un rico desayuno, un buen sillón y una gran televisión, riéndose a carcajadas de lo que le están haciendo al pueblo”.
Mientras esto ocurre en distintas regiones, el presidente Carlos Alvarado envió un mensaje al país en cadena nacional el domingo en la noche, en el que dijo que solo hablaría con “quienes respalden las vías institucionales”, en un claro desconocimiento de la nueva dirigencia.
El mandatario decidió convocar a reuniones con diferentes sectores muy específicos; por ejemplo, pescadores, agricultores de la zona sur, productores de la zona norte, cooperativas y solidaristas -estos últimos se negaron a acudir a la cita en Casa Presidencial-.
Los rostros más visibles del Movimiento Rescate Nacional son el abogado José Miguel Corrales Bolaños, candidato presidencial por el Partido Liberación Nacional en 1998, firme opositor al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC), quien lideró la iniciativa del referéndum en 2007; y Célimo Guido Cruz, diputado por el Partido Fuerza Democrática 22 años atrás y quien también protagonizó un movimiento de protesta contra la empresa española Riteve y el TLC con EE.UU.
El movimiento defiende su articulación espontánea y sostiene que no existen únicos liderazgos, como lo resume la comerciante y activista anti TLC, Flora Fernández, que así lo explicó en una conferencia de prensa el lunes por la mañana, antes de que el Movimiento entregara el pliego de 15 peticiones a la administración Alvarado.
«Aquí todos somos líderes, la gente que está en los bloqueos, la gente que está en las calles, la gente desempleada, las 600 mil personas desempleadas son una bomba de tiempo y el Gobierno no quiere escuchar», señaló.
ADICTOS A LA DEUDA
La dueña de la Relojería Julio Fernández, con 115 años de existencia, contó que desde que empezó la pandemia no habían despedido a un solo trabajador, estaban al día con las cuotas de la Caja Costarricense del Seguro Social y con los impuestos.
«¿Cuál es el secreto?», planteó Fernández. «Ni una sola deuda». «Y ahora el Gobierno nos ofrece endeudarnos de una manera imposible de pagar. No se vale. Yo sé de negocios, yo sé lo que es trabajar, sé lo que es ahorrar y esa fue la manera en que logramos sobrevivir este año, reinventándonos, haciendo trabajo a domicilio, y el gobierno quiere seguir adelante, haciendo las cosas de la misma manera mal hecha», declaró.
«Está la renta mundial pendiente, ah pero ahí no, porque tocan grandes intereses, están las falsas zonas francas, que hacen sociedades anónimas de mentirillas y vienen a acogerse a los mismos beneficios y siguen con incentivos creando una competencia desleal contra el comercio establecido», denunció Fernández.
Coincide Guillermo Víquez, dueño de la empresa Portones de Acero, quien contó que la industria metálica del país se vino al suelo. “Nadie está trabajando, nadie está produciendo; la gente que fundía metal ya no lo está haciendo”. Todo fue cambiado por la importación de productos de China, afirmó, y añadió que lo mismo sucede en la agricultura.
“Todos encuentran mucho más fácil pedir plata prestada y eso tiene que acabarse. Creemos que la deuda nos maniata. Simpatizamos con los economistas que promueven arreglar la deuda interna primero. Formo parte de un grupo Transparencia Internacional, que está luchando para que se haga una auditoría de la deuda de este país. Lo que tenemos que hacer es valernos por nosotros mismos, hacer lo que sabemos hacer y no salir a pedir plata prestada», declaró Víquez.
¿CÓMO LLEGAMOS AQUÍ?
Considerando solo los últimos dos años, el proceso de acumulación de malestares que menciona Rotsay Rosales arranca con la discusión y aprobación el 3 de diciembre de 2018 del Combo Fiscal (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas), antecedido por una larga huelga de 90 días.
Luego vino la casi inmediata aprobación de iniciativas de ley tendientes a penalizar los bloqueos callejeros por parte de una Asamblea Legislativa, a la que acusaron de “venganza y criminalizar la protesta social”.
Dice Rosales que este año hubo un primer periodo, desde que apareció el primer caso de coronavirus en marzo hasta el 3 de mayo, en el que el Gobierno gozó de un colchón de tolerancia, condescendencia y aprobación ciudadana, con el que no había contado nunca.
Pero, según el politólogo, ese tiempo de bonanza no le duraría mucho a la administración Alvarado debido al aumento en el desempleo, la pobreza y la caída en la producción, lo que provocó que el 4 de mayo hiciera un viraje para comprometerse con un “diálogo nacional, social, ampliado, incluyente”.
“Su gobierno de unidad tripartita (partido Liberación Nacional, Unidad Socialcristiana y el oficialismo) se iba a venir abajo en función de los intereses corporativos”, comentó.
“El 9 de agosto, el anuncio-amenaza de una propuesta ante el FMI” motiva un supuesto diálogo nacional, “proceso que nació muerto, porque era con la misma intención de engañar”, opinó Rosales.
¿QUIÉNES SE PODRÍAN BENEFICIAR?
En su mensaje de cadena nacional, el presidente Alvarado dijo que reduciría el gasto público, que no se vendería el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS) ni los bancos públicos, pero no se refirió a demandas de grupos sociales como eliminar los beneficios tributarios a las zonas francas ni a la evasión y elusión fiscal. También está en la agenda del FMI los proyectos de venta de la estatal Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa),que opera en Panamá.
Para Carmen Caamaño, quienes podrían beneficiarse de esta crisis son sectores vinculados al comercio exterior, pues lo que prevé es que una nueva propuesta del Gobierno ante el FMI elimine las medidas que significaban poner impuestos a dichos sectores.
En eso coincide Rotsay Rosales, quien apuntó a los sectores empresariales más poderosos del país, que han participado con el gobierno en el bloque de poder.
“Los sectores corporativos, financieros, económicos y de comercio exterior adosados al capital transnacional; entiéndase quienes han gobernado en Casa Presidencial a través de Horizonte Positivo y de un sindicato empresarial llamado Uccaep”, aclaró el investigador y añadió que “todo encaja dentro de la concepción de gobierno corporativo que tiene AED (Alianza Empresarial para el Desarrollo) y además tienen como el gran coordinador, como el gran ministro de este gobierno a André Garnier”.
Para ellos, explicó Rosales, es una amenaza inaceptable la propuesta de gravar capitales de manera progresiva a las empresas y gravar las zonas francas, pues “abriría la puerta para buscar mayor recaudación donde a ellos no les conviene”.
Según analiza Rosales, grupo como el Movimiento Rescate Nacional encontraron propicio hacer una alianza específica de “no a los impuestos” con el resto de la ciudadanía. “Son absolutamente estratégicos”.
Abren paso intermitente en Pérez Zeledón por 24 horas y envían peticiones al presidente Alvarado
Por Fabiola Pomareda García
Los integrantes del Movimiento Rescate Nacional que mantienen los bloqueos en Pérez Zeledón anunciaron esta tarde que permitirán el paso intermitente de todo tipo de vehículos durante una hora, cada seis horas, en el sector de Loma Verde y Los Pinos, en la Carretera Interamericana Sur, a partir de las 2 p.m. de este jueves y hasta hoy a las 2 p.m.
Los manifestantes, que se reunieron con el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Producción (CNP), Rogis Bermúdez, durante toda la mañana en la Casa Sinaí, en San Isidro de El General, enviaron un pliego de peticiones al presidente Carlos Alvarado. El documento contiene varios puntos y dieron de plazo al presidente hasta el viernes 9 de octubre a las 2 p.m. para que se pronuncie sobre el mismo.
Así lo dio a conocer esta tarde Wilberth Vargas, uno de los dirigentes de Rescate Nacional, en una transmisión vía Facebook de TV Sur Noticias, en la que declaró: “Reitero, el movimiento no se ha levantado ni se va a levantar hasta tanto no ver lo que le dice mañana el Presidente de la República al pueblo de Costa Rica”.
“No se ha logrado nada; nada se ha logrado”, insistió Vargas.
Vargas leyó el documento enviado al presidente y explicó que le solicitan dar su visto bueno y comprometerse a cumplir tres puntos principales: Eliminar la propuesta sobre el préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI); no imponer más impuestos al “pueblo” durante el resto de su mandato; e impulsar una reactivación económica que incluya eliminar la restricción vehicular, abrir el comercio, y reducir en un 50% el monto del pago del marchamo.
“Estos son los tres puntos que tiene que firmar para que se levante el bloqueo mañana a las dos de la tarde. Una vez recibida su respuesta positiva a esas peticiones, levantaremos el bloqueo completo”, dijo Vargas.
El documento dirigido al mandatario también incluye otros puntos que se negociarían en una mesa de diálogo posterior:
• Aprobar una ley contra la corrupción para que los delitos contra Hacienda no prescriban.
• Atacar frontalmente la evasión fiscal.
• Empezar a usar los escáneres para detectar el contrabando.
• Reactivar el informe legislativo de los “Papeles de Panamá”.
• Retirar de la corriente legislativa la ley de empleo público y de flexibilización laboral y mantener la jornada laboral de ocho horas.
• Atender inmediatamente las deudas de los sectores agropecuario, transporte y pesquero.
• Aprobar el proyecto de ley de soberanía alimentaria.
• Aprobar la ley para el referéndum revocatorio del mandato presidencial.
• Aplicar la ley correpondiente en la prohibición de las pensiones de lujo para que las personas solo se pensionen con lo que han cotizado.
• Apobar el proyecto de ley de fortalecimiento del CNP.
• Que el transporte de carga en el país se realice por vehículos con placas costarricenses, con precios regulados en el kilometraje por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
De acuerdo con Vargas, el Movimiento Rescate Nacional ha solicitado al Gobierno que se garanticen ciertas condiciones para poder negociar, entre ellas que no se tomen represalias contra ningún participante en las manifestaciones, que se convoque a negociar a varios sectores y a representantes de Rescate Nacional, que se reúnan en un lugar neutral escogido por Rescate Nacional, que Rogis Bermúdez continúe como moderador de la negociación, y que se alcancen acuerdos en un plazo no mayor a 15 días hábiles.
“Yo esperaría que después de las dos de la tarde de mañana se concrete algo, de tal forma que se enrumbe nuestro país a tener una paz más sólida, una soberanía que defenderemos, y una democracia que fortaleceremos de una forma igualitaria para todos los que tenemos la dicha de vivir en este país”, expresó Vargas.
Las reuniones en Casa Sinaí han sido mediadas por Rogis Bermúdez, del CNP, la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura de Pérez Zeledón y el obispo Gabriel Enrique Montero.
Rogis Bermúdez ha estado en la zona desde el domingo, sin que se pudiera alcanzar algún acuerdo hasta hoy.
Alcalde de Cañas: Por Dios la Fuerza Pública está atacando al pueblo
El alcalde de Cañas, Luis Fernando Mendoza, denunció que oficiales de la Fuerza Pública que se encuentran intentando levantar los bloqueos están agrediendo a personas del pueblo que no tenían relación alguna con las manifestaciones.
Aseguró que los manifestantes se encontraban en la carretera en un grupo de diez o doce pero que no estaban cerrando la calle y afirma que «la emprendieron con gases lacrimógenos, la emprendieron contra tres barrios de Cañas que nada tenía que ver con la manifestación».
Además, señaló que los antimotines se encontraban por todo el centro de Cañas y que los lugareños corren sin saber qué es lo que sucedía.
El alcalde recalcó que «solicito por favor la colaboración y el respaldo de todos ustedes para que de una vez por todas se promueva el proceso de negociación y conversación y de una vez terminemos con esta aplicación de la fuerza bruta donde nada tiene que ver con la situación».
