Costa Rica | Pese a las protestas, el Congreso avanza con los recortes presupuestarios
Diputados recortan presupuestos de Cultura, Comex y Contraloría
Por Carlos Mora
Los diputados realizaron sustanciales recortes en los presupuestos de los ministerios de Cultura, Comercio y la Contraloría General de la República (CGR) para el 2021.
La noche de este martes los legisladores de la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobaron recortar en ₡4 126 307 877 el presupuesto del Ministerio de Cultura. En la cartera de Comercio fueron ₡750 850 755 los recortes, mientras que en la CGR por los ₡423 609 533.
En las 3 instituciones los recortes abarcan partidas en el pago de tiempo extraordinario, viáticos y transporte tanto a lo interno del país como en el extranjero, servicios de asesorías, becas para sus funcionarios, servicios informáticos, actos protocolarios y sociales y alimentos y bebidas.
Además, los legisladores aprobaron una moción que obligará a todas las instituciones negociar a la baja los contratos por concepto de alquiler que deban renegociarse en 2021.
A la vez, se aprobó una moción para prohibir la firma de nuevos contratos para asesorías y la prohibición para que a las actuales se les hagan adendas.
Este martes además se aprobó una moción para que todas las instituciones en 2021 hagan sus compras por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
La intención, según los congresistas es transparentar el proceso y ahorrar recursos. La iniciativa fue presentada por la legisladora de Liberación Nacional, Yorleny León Marchena en el marco de la discusión del presupuesto de la República para 2021.
Los diputados aprobaron además otra moción para hacer una evaluación costo-beneficio de los alquileres de las instituciones. Esta evaluación estará a cargo del Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República.
A la hora de esta publicación los legisladores discutían una rebaja de ₡11 889 391 en el presupuesto de la Defensoría de los Habitantes.
Los diputados deben concretar una rebaja de ¢150 mil millones. Esta tarde la Casa Presidencial y los diputados oficialistas de Acción Ciudadana acordaron con las bancadas de oposición buscar un recorte en el plan de gastos por medio de este presupuesto y no por medio de un presupuesto extraordinario, como lo pretendía el Poder Ejecutivo.
El Presupuesto Nacional para el 2021 es de poco más de ¢11,4 billones. El 55% de estos gastos son nueva deuda.
Universidad de Costa Rica rechaza recortes presupuestarios a la educación superior
La moción fue presentada por la legisladora en el seno de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, que discute el presupuesto nacional para el año próximo.
Un eventual recorte al monto consensuado con el Gobierno de la República para el FEES, llevaría a un escenario de afectación radical de la actividad sustantiva de la institución, lo que implicaría entre otros, la reducción de cupos de ingreso para nuevos estudiantes el próximo año, señaló Araya en un mensaje enviado a la comunidad universitaria y nacional.
“Somos absolutamente conscientes de la crítica situación por la que atraviesa el país producto de la pandemia y sus consecuencias sociales, económicas y políticas, pero se hace necesario recordar que el sector educación y dentro de él, las universidades públicas, hemos mostrado una elevada solidaridad en el contexto que vivimos, lo que ha implicado, como ya es público, una significativa afectación del FEES 2021, dentro de los márgenes constitucionales”, recalcó Araya.
Agregó que esas mociones afectan, en principio, la capacidad nacional para atender con innovación y tecnología los retos que impone la crisis sanitaria, así como la promoción de la reactivación económica y la atención de grupos vulnerables que se realizan día a día desde las universidades públicas.
Bajo estas consideraciones, el rector de la UCR hizo un llamado a los diputadas y diputadas a no afectar con su voto las posibilidades de formación académica de las próximas generaciones, así como los programas de investigación y de extensión social tan importantes en esta difícil coyuntura.
La moción de Solís pretende un rebajo de ¢49.000 millones al FEES para el año próximo, más otros ¢215,7 millones a cada una de la UCR, la UNA, el TEC y la UNED, más 3.000 millones a la UTN.
La jefe de la Oficina de Planificación Universitaria, Carolina Calderón Morales, señaló que una disminución de una disminución de esta magnitud en el FEES significaría una afectación grave a toda la operación de la UCR.
Varios programas de alcance nacional, como el Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos (CITA) y el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME), así como la regionalización universitaria se verían imposibilitados de seguir funcionando.
El Vicerrector de Administración, Francisco Aguilar Pereira, explicó que ya el presupuesto 2021 de la UCR contempla una disminución total de ¢22 mil millones de colones de los cuales 12,6 mil millones de colones corresponden a ingresos provenientes del FEES y ¢9,6 mil millones por ingresos propios, esto en relación al presupuesto 2020.
Dentro de los principales recortes se estableció un 20% menos para tiempos extraordinarios y combustible, un 68% menos en viáticos y transporte al exterior, así como un 50% menos a proyectos institucionales y apoyo a las vicerrectorías, entre otros.
De igual manera, no se asignan recursos en las diferentes partidas de equipos; por tanto, no se cumple con la atención del Programa de Renovación de Equipo Científico y Tecnológico (PRECT), que, por norma institucional, se debería asignar el 4% del FEES Institucional a este Programa.
Es importante indicar que, la institución presenta un crecimiento en gasto corriente de 3,92 %, el cual es inferior al límite estimado por el Ministerio de Hacienda (4,13%) correspondiente a la Regla Fiscal.
Complementariamente, en el aspecto de “remuneraciones”,se aplican las siguientes medidas: no se incorpora estimación por ajuste salarial de costo de vida, ni reserva, no se consideran ajustes en los componentes del grupo de partidas de sueldos al personal permanente y no se crean plazas nuevas.
Además, en el 2020 como parte de las acciones para enfrentar la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, las universidades estatales acordaron reducir y postergar sus gastos e inversiones previstos para el presente ejercicio económico, en la suma de ¢48 mil millones.
