Costa Rica | Convocan a nuevas manifestaciones en rechazo a los impuestos y al acuerdo con el FMI
Rescate Nacional retomará manifestaciones en las calles
Por Luanna Orjuela Murcia
El Movimiento Rescate Nacional retomará las manifestaciones en las calles, así lo anunciaron en un comunicado de prensa.
Este sábado 31 de octubre, convocan a una gran caravana vehicular. Saldrán a las 8 a. m. del Parque de San Ramón, recorrerán Palmares, Naranjo, Sarchí y Grecia rumbo al Parque del Agricultor en Alajuela.
Según una publicación en el perfil de Facebook, los organizadores planean la incorporación de vecinos de Atenas, San Mateo y Orotina a su paso por la Ruta 27.
Las razones que motivan esta manifestación son «no más impuestos, no más despilfarro de recursos, equidad tributaria y que cada quien pague como le corresponde».
Otra caravana
En las redes sociales también convocan a dos grandes caravanas del sector agrícola el próximo martes 3 de noviembre.
La primera saldrá a las 5 a. m. de Los Talleres, en La Esperanza de Acosta. La segunda saldrá a las 7 a. m. del Hotel Sheraton en Guachipelín de Escazú.
Ambas se encontrarán en San José, frente al Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el sector de Sabana.
«Esperamos a los agricultores, boyeros, caballistas, caficultores y carrozas típicas», indicó el movimiento en su publicación.
«El Movimiento Rescate Nacional mantiene su mismo pliego de peticiones y consignas, en vista de la falta de apertura de parte del Gobierno de la República hacia el diálogo con nuestro movimiento nacional, los cuales sí estamos promoviendo a través del diálogo con otras entidades y organizaciones de la sociedad costarricense como la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, el movimiento cooperativo, organizaciones sindicales, comunales, ambientales, empresariales, diputados e iglesias», agregaron.
Estas son algunas exigencias de ‘Rescate Nacional’ al Gobierno
Por Juan Diego Córdoba González
Al sentarse en una mesa de diálogo con el autodenominado Movimiento Rescate Nacional, el Gobierno deberá dar respuesta a un pliego de exigencias de los dirigentes de ese grupo.
El máximo representante de la organización detrás de los bloqueos en carreteras, Célimo Guido, afirmó que mantendrán algunos de los planteamientos enviados a Zapote, meses atrás.
Resaltan tres: descartar cualquier negociación de asistencia económica con el Fondo Monetario Internacional (FMI), frenar cualquier proyecto para vender activos estatales y desechar la reforma al empleo público.
Guido había advertido en reiteradas ocasiones, que si el Gobierno los atendía no se conformarían con promesas, sino que presionarían hasta que los acuerdos se pusieran en marcha.
El grupo también se opone a la creación o aumento de impuestos indirectos, es decir, aquellos que gravan el consumo de bienes y servicios, como el impuesto al valor agregado (IVA).
En cambio, buscan un sobreimpuesto del 10% a los grandes capitales. También pidieron “erradicar” la evasión fiscal.
No obstante, detrás de esos planteamientos, “Rescate Nacional” guarda una agenda de proyectos particulares.
Por ejemplo, promueve la reforma parcial a la Constitución Política para remover presidentes, diputados, alcaldes, regidores y síndicos vía referendo.
Recién en marzo pasado, José Miguel Corrales, Célimo Guido y Xinia López, fundadores de “Rescate Nacional”, trataban de agilizar la discusión de esa propuesta en el Congreso, mediante el Grupo Pro Revocatoria de Mandato.
Esa agrupación daría origen, cuatro meses después, al movimiento detrás de los bloqueos que dejaron un centenar de policías heridos, así como patrullas, camiones y maquinaria quemadas, entre otros hechos violentos.
Guido confirmó que esa reforma será uno de los tópicos en la mesa de diálogo con el Gobierno.
«Vamos a plantear entre otros ese proyecto, porque ese es un proyecto para la paz. El referendo de mandato simplemente es que si con un lapicero se pone a un presidente, a un diputado, un regidor, con un lapicero se quita y no habría confrontación.
“Es un proyecto urgente que, aunque se aprobara ahorita, no se le podría aplicar a esta Administración porque necesita una reforma constitucional, eso va para largo, pero algún día tiene que darse”, afirmó Guido.
Corrales, quien presentó el proyecto con las firmas de varios diputados en 2018, había aseverado que ese mecanismo es la única vía para remover mandatarios sin una guerra civil.
Con su plan, el pueblo podría decidir remover a un presidente o diputado, en caso, por ejemplo, de considerar que aprobara o firmar una ley “contra el interés público”. Igualmente, si fueran denunciados por supuestos actos irregulares, incluso sin que exista una sentencia judicial que lo confirme.
El ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, evitó adelantar criterio sobre dicha iniciativa, que se encuentra varada en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.
“El Gobierno se mantiene en su política de no hacer comentarios previos al trámite legislativo del proyecto de ley, por un motivo de respeto a la independencia de poderes”, afirmó Prieto.
Otra de las exigencias de las cabecillas de “Rescate Nacional”, es que no se tercericen más servicios, como los Ebáis, en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Antes de que el Ministerio Público abriera causas contra ocho de los dirigentes del movimiento, entre ellos Guido, Corrales, López y Francisco Villalobos, la agrupación pedía como condición al Ejecutivo, que “no existiera procesamientos penales ni sanciones disciplinarias o administrativas para los manifestantes”.
Estos son otros de los planteamientos de los dirigentes, que se autoproclaman la representación del pueblo costarricense:
Fortalecer el Consejo Nacional de Producción (CNP).
Ejecutar el proyecto constructivo del Canal Seco.
No avanzar con el plan del tren eléctrico metropolitano.
No aprobar ningún nuevo empréstito internacional.
Archivar la propuesta de Ley Hídrica.
Impulsar moratorias y cancelación de deudas para el sector agropecuario.
Apoyar el proyecto de ley de soberanía alimentaria.
60 propuestas para abordar la crisis del país llegan al Foro Multisectorial del Popular
Fernando Faith, presidente de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular, resaltó la importancia del foro como espacio de encuentro, análisis y construcción desde la sociedad civil, el cual impulsa una agenda y un enfoque con sus propias prioridades y que podría complementar los esfuerzos del gobierno en los temas relevantes del país, como el déficit fiscal, el endeudamiento, el empleo, la pobreza, la crisis económica, educación y salud.
“Estamos construyendo propuestas por el bien común, el objetivo es entregarlas en las próximas semanas al Poder Ejecutivo, Asamblea Legislativa y a los costarricenses”, dijo el presidente de la ATTBPDC.
Faith asistió el fin de semana anterior, al diálogo del Gobierno con sectores donde explicó que asistía en respuesta a la invitación del presidente Carlos Alvarado, pero en calidad de observador ya que su participación en el foro ciudadano es su prioridad, y agregó que no descarta un posible encuentro más adelante entre ambos espacios.
El Foro Multisectorial convocado por el Banco Popular se autodefine como un esfuerzo de los sectores productivos y la sociedad civil para elaborar propuestas que permitan la reactivación económica y superar la grave crisis social que profundizó la pandemia de la COVID-19 en el país.
Faith consideró un avance significativo del Foro Multisectorial del Diálogo Nacional convocado por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC), la recepción de 60 propuestas para atender diversos aspectos de la crisis, que las organizaciones participantes están aportando.
El interés, señaló, de construir por el bien común y buscar una salida positiva a la crisis que enfrenta Costa Rica motivó a 25 organizaciones de Ambiente, Turismo, Sindicatos, Agricultura, Sociedad Civil, Colegios Profesionales, Industria, Transporte, Cooperativas y Mipymes, a presentar las primeras propuestas al proceso de diálogo.
“El martes, ya habíamos recibido 57 documentos de las áreas de servicios sociales, desarrollo local, administración financiera, desarrollo económico, servicios públicos generales e infraestructura”, dijo Faith.
El plazo para enviar propuestas sobre temas de impacto nacional cerró, para dar paso a la siguiente fase que será agruparlas e integrar las comisiones que analizarán las propuestas en cada tema. Las mesas iniciaran su trabajo la próxima semana.
De forma paralela, según se informó, el Foro está realizando una consulta a cada organización sobre las acciones que plantean en las áreas de Servicios Sociales, Desarrollo local, Administración financiera, Desarrollo económico. Así como en áreas de Servicios Públicos generales, Ambiente y Energía e Infraestructura.
En este momento lo esencial es recibir las propuestas de los sectores para que sean incluidas en las sesiones de análisis y trabajarlas en de las mesas de diálogo que empezarán a trabajar la próxima semana, cumpliendo así, con la metodología ya definida.
Nueva reunión
El Foro Multisectorial del Diálogo Nacional informó además que finalizó el proceso de capacitación de más de 300 personas participantes y confirmó para la próxima semana la nueva reunión.
El objetivo será conversar sobre el resultado de las capacitaciones y ver los avances. Además se verán detalles de las mesas de diálogo. La reunión será virtual y será transmitida por Facebook Live desde el perfil de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
REPRESENTATIVIDAD
La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras es la máxima autoridad del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Desde el año 1986 está encargada de dictar el rumbo estratégico de la organización.
Es considerada uno de los foros de diálogo más representativos de Costa Rica, al estar conformado por líderes y lideresas de 10 sectores sociales: artesanal, comunal, cooperativo tradicional, cooperativo de autogestión, magisterio nacional, sindical confederado, sindical no confederado, profesional, solidarista y personas trabajadoras independientes.
Representa a más de 1,5 millones de personas trabajadoras de Costa Rica, que son copropietarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
